Diego Mansilla
Moreno*

Según los datos oficiales de la Secretaría de Energía, las reservas comprobadas de petróleo y gas natural de Argentina están cayendo desde el 2000. No sólo se estarían perdiendo reservas relativas desde 1989 (el horizonte de reservas, es decir cantidad de años de extracción que permiten las reservas, cayeron de 14 a 9 años para el petróleo y de 36 a 10 años para el gas natural) sino que también en los últimos años están cayendo las reservas absolutas. De esta manera, las reservas de petróleo descendieron un 25% y las de gas natural lo hicieron en un 28% en sólo 5 años.

Ante esta caída de reservas que amenaza seriamente el autoabastecimiento hidrocarburífero nacional, diversas voces se han levantado. Desde las empresas (y sus centros de difusión) se trata de utilizar esta caída de reservas para aumentar el plazo de las concesiones y obtener beneficios impositivos para las nuevas inversiones en búsqueda de recursos. Justifican la caída de reservas por la falta de medidas que beneficien al sector privado y al "ambiente de negocios".

Sin embargo, esta disminución fue provocada por el propio sector privado. Luego de la desregulación y privatización de YPF, las empresas privadas no buscaron la preservación futura del recurso sino que se limitaron a aumentar la extracción en el corto plazo gracias a las inversiones de riesgo ya realizadas por la petrolera estatal.

Por tanto, la causa de la citada caída relativa (y absoluta) de las reservas fue la falta de esfuerzo exploratorio del sector privado, sumado al enorme aumento de la extracción (51% para el petróleo y 150% para el gas en sólo 15 años) y no por un agotamiento de las reservas nacionales. La caída de riqueza natural argentina fue generada por una estrategia de extracción mucho más extensiva.

Para demostrar esto, debemos comprender el comportamiento de las reservas, por lo que es necesario interiorizarse en las inversiones productivas que realizó el sector. Como no existen estadísticas concretas sobre el monto total de las inversiones, debemos investigar la evolución de sus resultados como proxy. Es decir, debemos indagar el comportamiento de los pozos perforados (inversión productiva por excelencia del sector). Pero sobre todo debemos prestar particular atención en los pozos de exploración que son los que permitirán contar con nuevas reservas en el futuro.

El sueño neoliberal: Aumentar la explotación sin exploración ni riesgo

Los pozos se dividen en pozos de exploración, de avanzada y de explotación. Los pozos de exploración son las perforaciones realizadas para buscar nuevas reservas y su riesgo minero es muy alto dado que se realizan únicamente sobre informes de compatibilidad geológica. Si bien las nuevas tecnologías han permitido perfeccionar y hacer cada vez más precisas las predicciones, el riesgo continúa siendo alto. Los de avanzada se realizan con el objetivo de delimitar la reserva en las zonas donde, gracias a los pozos de exploración, se conoce la existencia de hidrocarburos. Su riesgo minero es medio (un 50% de éstos pozos resultan productivos) Los pozos de explotación, finalmente, se encargan de extraer el petróleo en zonas ya delimitadas, donde se tiene la seguridad de la existencia de petróleo. Su riesgo minero es muy bajo.

De esta manera, los pozos a los cuales debemos prestar particular atención son los de exploración. Esto es, las inversiones de riesgo que permiten el establecimiento de nuevas reservas. Un aumento en los pozos de explotación sólo significa un uso más intensivo de una reserva ya conocida, si no está acompañada de una mayor inversión exploratoria.

Las estadísticas del sector nos demuestran un claro aumento de los pozos de explotación sin riesgo (un 56% en 15 años) mientras que los de avanzada se mantienen y los de exploración (inversión de riesgo para descubrir nuevos yacimientos) caen estrepitosamente (en el 2004 sólo se perforó un 70% menos que en 1989)

Como resultado de esta evolución, los pozos totales aumentaron un 34%, pasando de 809 pozos anuales en 1989 a 1.082 pozos anuales en el 2004, llegando a un máximo de 1.788 en 1995. Sin embargo, mientras que en 1989 el 12,1% de los pozos perforados eran de exploración (unos 98 pozos), en el 2004 sólo son perforados el 3,1% (apenas 34 pozos) para exploración (es decir para la búsqueda de nuevas reservas) Por el contrario, los pozos de explotación (cuyo único objetivo es la extracción y comercialización de reservas existentes) pasan del 73,8% en 1989 al 86% en 2004.

Resulta llamativo el aumento en la efectividad general de la perforación entre 1989 y 2004, particularmente la de los pozos de exploración. Mientras que en el año 1989 sólo el 25% de los pozos de exploración era productivos, esa cifra ha ido creciendo hasta llegar al 76% en el 2004. Estos valores son excesivamente grandes, comparados con el porcentaje de éxito obtenido por YPF en los años anteriores a la privatización (20-25%) y aún con los valores internacionales.

Hasta los datos estadísticos han privatizado

La elevada probabilidad de éxito de los pozos en la década de los noventa estaría indicando que, en realidad, éstos no se tratan de verdaderas perforaciones en búsqueda de hidrocarburos, sino que en muchos casos se trataría de exploraciones sobre reservas ya conocidas. Como estos datos son entregados a la Secretaría de Energía por las mismas empresas privadas sin fiscalización alguna, no tenemos forma fehaciente de confirmar esta suposición. Se podrá fundamentar nuestras sospechas cuando veamos la falta de correlación entre la perforación de pozos de exploración y el aumento de las reservas.

Al observar la evolución de la cantidad de pozos totales (incluyendo productivos e improductivos) según su tipo, nos permite comprender cuál fue la estrategia de inversión del sector. Al igual que en el análisis anterior, descubrimos que los pozos que más crecieron luego de la desregulación fueron los de explotación que llegaron a duplicarse en el 2001 y a multiplicarse 2,5 veces en 1995 con respecto a 1989.

Los pozos de explotación perforados en el año 2004 representan el 56% más de los de 1989. Por el contrario los pozos de riesgo medio de avanzada se mantuvieron mientras que los pozos de riesgo de exploración cayeron significativamente resultando, en el 2004, aproximadamente un tercio de los efectuados en 1989 (con un piso del 25% en el año 2003, con apenas 25 pozos en el año) Esto nos habla de un marcado abandono de las inversiones de riesgo, ligadas con el mantenimiento del recurso en el mediano y largo plazo, siendo las inversiones de "corto plazo" con poco riesgo y de carácter extractivos las que acapararon los recursos de las empresas.

Se podría argumentar que la desregulación logró aumentar las inversiones sectoriales. Esto es correcto, ya que el número total de pozos perforados aumentó de 809 en 1989 a 1.082 en el 2004, llegando a 1.788 en 1995. Sin embargo, más importante que observar el aumento o no de la inversión es analizar en qué consistieron esas mayores inversiones. De esta manera descubrimos que las inversiones productivas del sector se dirigieron preponderantemente a la perforación de pozos de explotación, relegando las inversiones de riesgo en exploración. Mientras que en 1989 los pozos de explotación significaban el 73,8% de los pozos totales, en el año 2004 representan el 86%.

Analizando la evolución y distribución de los pozos perforados, podemos concluir que las inversiones que se están llevando a cabo se efectúan con el objetivo de aumentar la producción y no de acrecentar las reservas. Las empresas privadas están concentrando las inversiones en la extracción y no en la exploración. Tratan de aumentar la utilización de los yacimientos ya encontrados antes que buscar nuevas reservas. El aumento de las inversiones posterior a la desregulación y privatización de YPF se dirige a las actividades con muy poco riesgo minero para maximizar la extracción de petróleo y gas en los yacimientos encontrados por las anteriores inversiones de riesgo realizadas por la petrolera estatal.

Las empresas privadas se dedicaron a invertir para lograr una mayor producción antes de tomar los riesgos de llevar a cabo nuevas búsquedas. Con esto demostramos que el sector privado, al hacerse cargo de la estrategia de agotamiento de los recursos energéticos, sólo buscó maximizar el valor presente de sus concesiones, aumentando la producción y la inversión en pozos de Explotación; relegaron las inversiones de riesgo de mediano y largo plazo, sin ninguna preocupación por la preservación del recurso.

Caídas de reservas por falta de inversión

La caída de las reservas no es un "accidente" ni indica un agotamiento de las capacidades naturales de la Argentina. El descenso es producto de la falta de inversiones de riesgo luego de la desregulación y privatización de YPF. Al no estar la petrolera estatal para realizar las tareas de exploración de nuevos yacimientos las reservas caen, ya que los privados se limitan a maximizar sus beneficios en el corto plazo sin importar el futuro de las riquezas naturales argentinas.

Un análisis más minucioso nos permite dudar del declarado leve aumento de las reservas post-desregulación de petróleo. Si se cotejan los resultados obtenidos del análisis de los pozos perforados con los datos de las reservas, podemos deducir que el crecimiento de las reservas experimentado en el período no se condice con el aumento de las inversiones de riesgo exploratorias. La evolución de los pozos de exploración no alcanza para justificar el grado de crecimiento de las reservas.

Por ejemplo, podemos analizar la ya abrupta caída de reservas del año 1990 y su recuperación, en el caso del petróleo, en 1992. Esta espectacular caída de reservas del 27% en sólo un año, no puede explicarse por mayor producción (ya que sólo aumentó casi un 5%) ni por una menor exploración, ya que los pozos de exploración productivos fueron un 14% más que en 1989. La razón de la caída es la reducción efectuada por la consultora Gaffney, Clines & Asociados cuando recalculó el nivel de reservas de YPF. Para tener una idea de la pérdida de reservas sufridas ese año, podemos mencionar que la caída en las reservas de YPF representa la producción nacional de casi 3 años y medio.

De la misma manera, nos es imposible explicar el aumento de las reservas, luego de la privatización de la petrolera estatal por las inversiones productivas.

Las reservas de petróleo aumentaron un 32% en apenas 2 años (entre 1992 y 1993) En ese período, sólo fueron productivos 69 pozos petroleros de los 160 pozos de exploración efectuados. Para que entendamos lo que estos números están diciendo, entre el año 1996 y 1997 se efectuaron 91 pozos petroleros productivos de exploración obteniendo un aumento en las reservas de apenas un 9%.

Además, la gran efectividad de los pozos de exploración de esos años nos estaría indicando que no se tratan de verdaderas inversiones de riesgo. Por ejemplo, en 1992 el 70% de los pozos de exploración fueron productivos, valor extremadamente alto (y difícil de creer) e incompatible con una actividad de riego de estas características, como lo es la petrolífera. Tampoco los pozos de avanzada alcanzan para explicar el aumento de las reservas, ya que su número se mantuvo constante a lo largo de la década.

Se demuestra que el aumento de las reservas de 1992 no se corresponde al descubrimiento de nuevas reservas ni con inversiones productivas. Y sería imposible tratar de justificar dicho aumento en la mejora de las técnicas de recuperación secundarias, sobre todo considerando que luego de este aumento que permitió recomponer el nivel de reservas a los valores anteriores a los recalculados por la consultora, el nivel de aumento de las reservas se mantiene casi constante. Estos datos nos permiten dudar, tanto de la disminución de reservas provocada por la consultora como de los niveles de reservas petrolera declarados por las empresas.

Según cálculos, en las 16 áreas petroleras que conforman casi el 100% del aumento de reservas en el periodo posterior a la privatización de YPF, entre 1994 y 2000 (unos 114.641 miles de m³), los pozos de exploración perforados en éstas áreas representan sólo un 25,7% de los pozos de exploración totales. Además, los pozos de exploración llevados a cabo en estas áreas tuvieron altísimos porcentajes de éxito. Este aumento de reservas es 2,4 veces más grande que la ocurrida entre los años 1988 y 2004. Es decir, se está demostrando que el aumento de las reservas no está relacionado con una mayor actividad exploratoria y se confirma la falta de exploración de riesgo luego de la desregulación y la privatización de YPF.

El caso del gas natural es aún más dramático ya que recién en 1999 se logró recuperar el nivel de reservas de 1989 anterior al recálculo de la consultora Gaffney, Clines & Asociados, volviendo a caer desde el 2000 llegando al 2004 con reservas menores a las de 1991, producto de un nuevo recálculo.

Las empresas multinacionales sin control establecen el nivel de producción y de reservas

Considerando los anteriores análisis, no podemos dudar que efectivamente se esta llevando a cabo una estrategia de agotamiento más "depredadora". La mayor extracción se realiza a costa de un menor consumo futuro del recurso no renovable. El ritmo de producción petrolera y gasífera desde la desregulación del sector demuestra la falta de preocupación de las empresas por el problema del agotamiento y del "uso racional" del recurso. El Estado permitió que las empresas privadas decidan tanto el nivel de producción como de reservas sin mediar ningún tipo de control. No existió la voluntad por parte del Estado de regular las existencias de los hidrocarburos nacionales, dejando el "horizonte de reservas" a total control de las empresas privadas concesionarias de las reservas (y no dueñas, ya que los yacimientos ahora pertenecerían a las provincias)

De esta manera, no se buscó resguardar el problema del agotamiento del patrimonio energético nacional. La caída de las reservas no significa un gradual agotamiento del recurso, sino que depende exclusivamente de la decisión de las empresas y del Estado de restar todo agregado estratégico al petróleo, tratándolo como una mercancía más.

Con estos datos, es claro que el petróleo y el gas han dejado de tener la importancia estratégica que venían manteniendo desde los albores de la industria petrolera nacional. Anteriormente, los hidrocarburos eran concebidos como recurso estratégico, por lo que eran totalmente regulados por el Estado, con el objetivo de garantizar su "uso racional" y permitir la apropiación pública de su renta. Es más, las políticas petroleras fueron centro de varias discusiones a lo largo de la historia ya que eran un claro indicador del modelo de país que se deseaba llevar adelante. Sin embargo, en la década de los noventa se le quita toda significación estratégica.

De esta manera, los hidrocarburos, y en especial el petróleo, pasaron a ser nada más que mercancías sin valor estratégico alguno. Una estrategia de agotamiento que permita el mantenimiento de las reservas dejó de ser una política pública, para permitirse un uso indiscriminado y sin consideración de las particularidades del recurso energético.

Ante estos datos es ridículo otorgar a las empresas privadas (preponderadamente extranjeras) nuevos beneficios para que realicen las inversiones que no hacen desde hace 15 años. En este período, las empresas han logrado rentabilidades extraordinarias que difícilmente se obtengan en algún otro sector. Por ejemplo, entre 1992 y el 2004 las empresas transnacionales del sector petrolero obtuvieron una renta de 15.336 millones de dólares (el 70% del total percibido por todas las transnacionales en el país)

A pesar de esto, las empresas no realizaron inversiones de riesgo para conservar el recurso sino que se limitaron a invertir para aumentar la extracción sobre las inversiones ya realizadas por YPF estatal.

* Diego Mansilla es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Integrante de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche en dicha facultad.

/ La Fogata