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Lucrando con la destrucción del medioambiente
Ricardo Cifuentes Villarroel
Estrategias para lucrar con la destrucción del medioambiente
En dos proyectos altamente contaminantes que han sido cuestionados durante los
últimos meses en Chile, se atisban las primeras fisuras en una estrategia que
hasta ahora les ha dado buenos resultados a las corporaciones. Se trata de una
planta de Celulosa del grupo Angelini e International Paper, que funciona en la
zona fluvial de Valdivia, y la mina de oro Pascua Lama de Barrick Gold
Corporation que se instala en la Cordillera de Los Andes, sobre el límite
internacional chileno-argentino.
Para lograr su afianzamiento económico en el país ambas empresas han aprovechado
al máximo las condiciones que proporciona el modelo neoliberal
transnacionalizante impuesto a la fuerza por la pasada dictadura militar y que
luego han seguido administrando y perfeccionando los gobiernos civiles. Dentro
de este esquema el estado ofrece una variedad de ventajas al inversionista entre
las que se cuentan el bajo precio de la fuerza de trabajo y las posibilidades de
hacer uso de una variada desregulación en términos laborales, financieros y de
fiscalización.
Para facilitar la explotación forestal la dictadura militar dictó en 1974 el
decreto Ley 701, que modificó la Ley de Bosques 4.363 del año 1931. Con respaldo
de esas nuevas disposiciones se privatizaron a partir de 1974 las seis empresas
estatales del sector forestal: Celulosa Arauco, Celulosa Constitución, Forestal
Arauco, Inforsa, Masisa y la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones
(CMPC). Para complementar lo anterior, según consigna, José Araya, en su trabajo
"La invasión de las plantaciones forestales en Chile", "se modificó la tenencia
y uso de la tierra entre la VIII y X regiones donde se concentra hoy la
población mapuche que vive en comunidades. Surgieron de los antiguos latifundios
y tierras del Estado las grandes empresas forestales que lideran el mercado y
cuyos dueños son dos de los grupos económicos más importantes del país. El grupo
Angelini que controla la mayor inversión forestal a través de Forestal Arauco y
Celulosa Arauco, y el grupo Matte que controla forestal Mininco y Celulosa CMPC.
Ambos grupos controlan mas del 60 % de la actividad forestal y lideran las
exportaciones." (1)
A las privatizaciones se agregaron los subsidios y otros mecanismos financieros
que facilitaron la ampliación de las propiedades de las forestales y
contribuyeron a hacer más lucrativo el negocio. Así fue como Celulosa Arauco y
Constitución (Celco) llegó a ser la empresa más grande del sector en el país.
Celco es a su vez filial de COPEC, la ex compañía petrolera estatal también
privatizada por la dictadura y que hoy es uno de los conglomerados empresariales
más grandes que operan desde Chile. La propiedad de COPEC es compartida por el
grupo Angelini con el gigante forestal International Paper, que fue incluido en
la lista de las 100 principales corporaciones criminales de los 90, debiendo
pagar US $2.2 millones en multas por daños ambientales (2).
Paralelamente, en el plano de la minería la dictadura decretó un conjunto de
disposiciones que los gobiernos civiles reconocieron como legales. Las
principales son Decreto Ley 600, de 1974, que da facilidades en general a los
inversionistas extranjeros; Ley Minera 18.097, de 1892 y Código de Minería de
1983, que en la práctica dan amplias libertades a las corporaciones para
llevarse los recursos minerales del país. A tanto llegan esas facilidades que a
las corporaciones les basta declarar que tienen pérdidas para no pagar impuesto
alguno al país. Al presentar su libro "Cobre NO, es de Chile", el senador Jorge
Lavandero dijo: "Chile es el paraíso de quienes no pagan sus contribuciones", al
referirse al fraude "legal" que efectúan impunemente las grandes compañías
mineras. Como ejemplo señaló el caso de la explotación minera El Indio de la
Barrick Gold que durante dieciséis años declaró pérdidas para no pagar
impuestos. Según afirmó, ese truco tributario es empleado por 44 de las 47
mineras que operan en Chile. Para formalizar su denuncia, el parlamentario
entregó al Servicio de Impuestos Internos un documentado informe sobre los
métodos empleados por las corporaciones mineras para evadir la tributación
(3). Por lo demás el historial de Barrick Gold está asociado desde sus
orígenes al aprovechamiento de situaciones como éstas que han afectado a pueblos
de distintos lugares del planeta (4).
Desprecio por las comunidades afectadas
En las dos situaciones las empresas han procedido con un total desprecio por las
comunidades locales a las que de antemano saben que perjudicarán severamente con
sus actividades. Tanto la legislación existente como la actuación de las
autoridades les proporcionan a estas compañías una suerte de inmunidad, puesto
que los proyectos se ubican en dos de los rubros más importantes -minero y
forestal- de una economía nacional orientada a la exportación de recursos a como
dé lugar. Se trata como se indicó antes de leyes decretadas por la dictadura y
que los gobiernos civiles aplican en beneficio de las grandes empresas, ante lo
cual las comunidades afectadas se encuentran en situación desmedrada.
A pesar de que en ambas situaciones los proyectos mencionados ponen en peligro
actividades productivas ya existentes, las comunidades de las dos zonas
afectadas no fueron informadas debidamente sobre los efectos nocivos de los
procesos aplicados por estas compañías ni tuvieron participación en las
decisiones para su aprobación de funcionamiento, ni siquiera fueron consultadas.
Por el contrario, estas empresas someten a la ciudadanía a campañas de
desinformación montadas sobre necesidades reales de los vecinos para promover
los supuestos beneficios de sus proyectos. Las dos firmas recurren al uso
intensivo de propaganda en los medios de comunicación y otros métodos para
amenazar a quienes protestan o para captar partidarios. Barrick Gold agregó a
estas prácticas la oferta de creación de un fondo de US$ 20 millones, que
repartiría en partes iguales para obras sociales entre la provincia argentina de
San Juan y la región chilena de Atacama, en caso que se aprobara finalmente su
proyecto (5). Al observar el desarrollo de estas campañas se puede
constatar el rol obsecuente y cómplice que juegan las autoridades
gubernamentales y la elite política. Por lo demás las corporaciones saben que ha
sido gracias a facilidades estatales como las ya mencionadas, propias de los así
llamados "paraísos de contaminación", que sus experiencias anteriores les
resultaron.
Uso de procesos contaminantes rechazados internacionalmente
Está claro que desde antes de iniciar cada proyecto destructivo ambas
corporaciones conocen con precisión el daño que causan sus procesos dado que
tienen experiencias anteriores similares y poseen los conocimientos técnicos
para medirlos en detalle. En los dos casos se utilizan tecnologías altamente
contaminantes y destructivas del medioambiente, aunque ambas empresas proclaman
en todos los tonos que no es así. Los procesos utilizados para el blanqueo de la
celulosa en las plantas del grupo Angelini están prohibidos en los países
desarrollados. Existen y se están empleando en aquellos países procedimientos
mucho menos dañinos. De igual manera el sistema de mina a tajo abierto que usa
Pascua Lama está siendo prohibido cada vez en más países debido a los graves
daños y peligros que representa.
La materia prima para las plantas de celulosa proviene de vastas plantaciones de
monocultivo de pino y eucaliptos, especies invasoras de crecimiento rápido. El
desarrollo de esas plantaciones ha implicado la destrucción de miles de
hectáreas de bosque nativo, junto con el exterminio de numerosas especies de
fauna autóctona. Según relata Ernesto Carmona en su libro Los dueños de Chile,
"Las forestales de Angelini aparecen con la mayor responsabilidad en la tala de
7 mil hectáreas de bosque nativo que se pierden anualmente en Chile. En 1999
acumularon 43 infracciones (20 de Celco, 15 de Forestal Valdivia y 8 de Bosques
Arauco). El 16 de abril de 2001, Celulosa Arauco anunció que no seguirá
plantando en Chile, donde ya posee 956.000 hectáreas plantadas, el 1,5% de todo
el territorio, 12.000 km2, 50% más de superficie que las 609.364 de Eliodoro
Matte Larraín, quien sólo tiene sembradas 320.000 con pinos y 71.000 con
eucaliptos. Para 'diversificar el riesgo geográfico' decidió ampliar sus bosques
en 50.000 hectáreas,... en Argentina" (6).
En el proceso de blanqueo de la celulosa la planta de Valdivia emplea el sistema
llamado ECF (que utiliza dióxido de cloro) que lanza emanaciones tóxicas a la
atmósfera y a las aguas y que está prohibido en países desarrollados. Junto con
la planta de Valdivia, el grupo Angelini posee otras fábricas de celulosa con la
misma tecnología contaminante en Chile (Licantén, Constitución, Itata, Arauco) y
en Argentina (Alto Paraná, en Misiones). En cada uno de esos lugares la empresa
ha debido enfrentar a las comunidades debido a los efectos de la contaminación
de sus plantas (7).
De modo similar, el volumen de material que necesita explotar una mina de oro a
tajo abierto es tan enorme que es necesario destruir miles de toneladas de roca
y utilizar millones de litros de agua cada día, los que luego son dejados
inservibles. Para esa inmensa destrucción se necesitan diariamente toneladas de
explosivos junto con toneladas de otras substancias igualmente peligrosas tales
como cianuro de sodio, azufre, ácido clorhídrico y soda cáustica (8).
A esto hay que agregar el daño adicional que causan los enormes depósitos de
desechos que generan las explotaciones de esta índole. Esa escoria, conocida
como pasivos ambientales mineros, continuará deteriorando el entorno hasta
muchas décadas después del cierre de la mina. Barrick Gold explota minas de oro
con este sistema altamente destructivo de tajo abierto en distintas partes del
planeta (Argentina, Australia, Kirguistán, Perú, Tanzania).
Resulta ilustrativo al respecto dar un vistazo a un estudio efectuado en 2001
sobre el impacto de la minería en Kirguistán, en una zona de características muy
similares a las del emplazamiento de Pascua Lama. Kirguistán está localizado en
un área cordillerana donde nacen ríos que bajan a través de territorios de
países vecinos. Según los autores del informe, como las compañías mineras se
instalan en la parte superior del nacimiento de los arroyos, su impacto va más
allá de los límites del país, de modo que los vertederos de escoria se están
convirtiendo rápidamente en un problema internacional que actualmente no tiene
ninguna solución. Agregan que ni los gobiernos ni las comunidades de los países
afectados pueden supervisar los vertederos de escoria en Kirguistán, a pesar de
su preocupación sobre la posible amenaza de contaminación a sus territorios.
Sobre el lugar donde operan las mineras asociadas con Barrick Gold señalan: "En
Kumtor, que está situado a 4.000 metros sobre el nivel del mar en la zona de
glaciación alpina, se ven nubes de polvo con nitratos residuales a continuación
de cada tronadura. Los científicos han expresado preocupaciones que el depósito
de este polvo podría provocar una aceleración del deshielo del glaciar. La red
de transporte y la prospección geológica también causan importantes impactos."
(9)
Quiebre de economías, patrimonios ambientales y culturas locales
Los sectores afectados tenían antes de la llegada de estas empresas un nivel de
desarrollo económico basado en la agricultura, el comercio y el turismo, que
podía mejorarse sin necesidad de estos proyectos. Cabe destacar que en ambas
zonas habitan desde mucho antes de la invasión española, comunidades indígenas
que han sabido mantener una relación no destructiva con el medioambiente. En las
cercanías de la planta de Valdivia del grupo Angelini, comunidades mapuches han
visto derrumbarse sus proyectos turísticos y ven peligrar sus actividades
agrícolas y de pesca debido a las descargas y emanaciones de la industria.
Para agravar aun más la situación, la planta de celulosa del grupo Angelini
procedió a lanzar sus desechos en dirección al Santuario de la Naturaleza Carlos
Anwandter en el Río Cruces, que es un sitio que Chile incorporó como Humedal de
Importancia Internacional al momento de adherirse a la Convención Ramsar (Ley de
1981). La muerte masiva de cisnes de cuello negro y otras aves y peces de este
santuario fue el resultado más impactante del accionar de la planta y a la vez
el llamado de alerta de la naturaleza que terminó por movilizar a vastos
sectores de la ciudadanía.
Barrick Gold, por su lado, sin haber sido aprobado el comienzo de los trabajos,
inició la destrucción de glaciares milenarios que constituyen verdaderos
estanques naturales que proveen agua al Valle del Huasco, un sector productivo
en medio del desierto. En la presentación oficial de su proyecto ni siquiera
había mencionado los glaciares, bajo los cuales se encuentra el oro. La minera
también enfrenta juicios por usurpación de tierras de comunidades diaguitas en
las cercanías de su proyecto, además de poner en peligro lugares de alto valor
arqueológico. El proyecto Pascua Lama constituye igualmente una seria amenaza
para la Reserva de la Biosfera San Guillermo, ubicada en territorio argentino y
declarada para la protección del ecosistema en 1981 por la UNESCO. En el sector
se encuentra la mayor concentración de vicuñas salvajes del continente y se
puede observar también un buen número de guanacos, ñandúes y zorros colorados.
Operación lavado de imagen
La muerte de los cisnes y la destrucción de los glaciares hicieron más evidentes
los reales procedimientos que ambos proyectos pretendían ocultar. Ambas empresas
tuvieron que redoblar la intensidad de sus campañas y acciones destinadas a
imponer sus proyectos a como diera lugar (10). En su afán por aparecer
con perfiles respetables, las dos empresas no vacilaron en recurrir a la
difusión de declaraciones sin fundamento real e incluso a falsear documentos.
El proceder adquirió características de escándalo cuando la Corte Suprema de
Justicia falló a favor del funcionamiento de la planta de Valdivia con base en
un informe técnico falso que le entregó Celulosa Arauco atribuyéndolo a un
instituto de la Universidad de Concepción que de inmediato denunció el fraude.
La Corte Suprema se encuentra ahora enfrentada a una acusación constitucional
ante el Congreso por haber basado su juicio en un informe falso proporcionado
por el grupo Angelini.
De modo similar, funcionarios de Barrick Gold declararon a los medios chilenos
que poseían vasta experiencia en el manejo de glaciares, ante las protestas por
su la destrucción de los hielos milenarios de la cordillera. Un estudio del
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) demostró la
falsedad de las afirmaciones de la corporación. Se descubrió que los glaciares
no existen en algunos de los países dados como ejemplo por la minera y que donde
los hay, como en Kumtor, Kirguistán, la actividad extractiva de las mineras está
destruyendo esas valiosas masas de hielo.
Como parte de su campaña también, Barrick Gold contrató millonarios espacios
publicitarios en Televisión Nacional de Chile (TVN), consiguiendo con ello poner
a su servicio la mayor cadena del país. Así TVN, aunque es una empresa estatal,
no informa sobre la oposición a Pascua Lama por parte de las comunidades
afectadas y los grupos ecologistas que las respaldan. La situación motivó
protestas ante las autoridades cuando las últimas manifestaciones masivas contra
el proyecto minero efectuadas en Vallenar y Santiago fueron sencillamente
ignoradas por la emisora estatal.
Las maniobras del grupo Angelini y Barrick Gold por imponer sus proyectos no han
tenido hasta el momento los efectos esperados por sus autores pero han servido
para mostrar una vez más la errada política ambiental del gobierno e implicaron
a otras instituciones estatales como el tribunal supremo de justicia y la
televisora. Ahora viene una nueva fase en el esfuerzo por hacer aparecer
aceptables estos proyectos. Desde luego que todo este quehacer forma parte del
negocio y de su realización se encargan empresas de "comunicación estratégica"
especializadas en relaciones públicas y cabildeo o lobby, actividad sobre la que
se ha demorado en legislar en Chile (11).
Las compañías contratadas para este blanqueo de imagen, junto con presionar a
las autoridades pertinentes, usan la estrategia de propaganda llamada "manejo de
la percepción" (perception management) para manipular o controlar la manera en
que la comunidad afectada visualiza el daño ambiental generado por sus clientes.
Esta técnica para orientar la percepción de sectores elegidos de la población es
conocida también como "diplomacia pública" y ha sido perfeccionada por expertos
en guerra psicológica de los servicios secretos estadounidenses luego de su
derrota en Vietnam, a partir de las enseñanzas de Edward Bernays, considerado
por algunos como el "padre" de las relaciones públicas corporativas (12).
El Diccionario de Términos Militares del Departamento de Defensa de Estados
Unidos define "manejo de la percepción" como las "acciones para transmitir y/o
negar información e indicadores seleccionados a públicos extranjeros para
influir en sus emociones, motivos y razonamiento objetivo, así como a los
sistemas de inteligencia y líderes a todos niveles para influenciar estimaciones
oficiales, produciendo finalmente conductas y acciones oficiales extranjeras
favorables a los objetivos del autor. De diversas maneras, el manejo de la
percepción combina proyección de la verdad, seguridad de las operaciones,
encubrimiento y engaño, y operaciones psicológicas" (13).
La manipulación de informes científicos para efectuar actividades cuestionadas
ambientalmente no es algo nuevo en el país. En su estudio sobre la empresa
maderera Boise Cascade, George Draffan nos recuerda que "La firma de relaciones
públicas Burson Marsteller, contratada por Boise Cascade, trató de torcer los
resultados de un estudio técnico hecho por el departamento de silvicultura de la
Universidad de Concepción, pero dos días después los forestales universitarios
revelaron la manipulación de su informe técnico, y declararon que el proyecto
era insustentable" (14)
Se trataba esa vez de un proyecto para construir un complejo de astillas y
tableros de madera (OBS) por $180 millones de dólares en Bahía Ilque, Chile. El
plan se formalizó en 1997, entre Boise Cascade y la empresa chilena de Maderas
Cóndor S.A. (Forestal Cóndor, cuyo abogado era Miguel Aylwin, hijo del ex
presidente Patricio Aylwin) en una operación conjunta llamada Cascada Chile (que
después se llamó Compañía Industrial Puerto Montt, o CIPM). Draffan también
menciona en su trabajo que "Un estudio de impacto medioambiental del proyecto
preparado por Dames & Moore (la misma firma consultora que preparó un estudio
para la propuesta de proyecto maderero de Trillium en Chile) analizó sólo los
impactos de construir la fábrica y el puerto, y no los impactos de cortar miles
de acres de madera para alimentar la fábrica. Cascada Chile publicó anuncios
distorsionando la oposición ciudadana, y el periódico local Llanquihue publicó
un editorial apoyando 'Ilque y la gallina de los huevos de oro' y atacando a los
opositores como 'eco-terroristas.' "(15).
Desde luego operaciones similares ocurren habitualmente en otros países. Según
el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), los intereses de la
pulpa y el papel en Indonesia y otros países han recurrido a la represión y
abusos a nivel local mientras contratan empresas de relaciones públicas como
Burson Marsteller para presentar un cuadro más agradable a clientes y
legisladores en Occidente, así como para infiltrar, minar y supervisar a los
grupos medioambientalistas occidentales. Las empresas de relaciones públicas
contratadas por la industria también se encargan de estigmatizar como
"radicales" o "irresponsables" a los movimientos que están por la reducción del
consumo de papel en Occidente (16). En Ecuador el gobierno pagó $180,000
dólares al departamento de cabildeo de Burson-Marsteller (Black Kelly Scruggs y
Healey) por asesoría para hacer frente a las protestas medioambientales y de las
comunidades indígenas por un proyectado oleoducto (17).
La estrategia
Nada de lo arriba expuesto, de parte de forestales y mineras, habría sido
posible sin una apertura realizada en concierto con las empresas por parte del
estado y el sistema político. Eso se materializó en Leyes forestales y mineras
implementadas por el Gobierno Militar y aceptada por los gobiernos civiles que
le dieron todavía mayor extensión.
Todo eso ha implicado, casi de modo natural, espacios de corrupción que las
empresas han consultado en sus presupuestos de inversión. Un logro importante ha
sido obtener a toda costa el rebajamiento de la defensa de cualquier interés
nacional, social o ambiental a corto o largo plazo. Eso, por ejemplo, se ha
reflejado en la extensión y carácter de las concesiones, en la suposición de que
las concesiones implicaban un derecho de propiedad absoluto (uso, goce,
disposición), y una casi completa liberación de impuestos.
Luego, esta estrategia se ha ceñido a principios que tienen su punto de partida
en la dogmática neoliberal globalizante que supone que donde exista un recurso,
este debe ser explotado. Ese es un fin que justifica todos los medios. En este
plan se echó por la borda toda limitación conservacionista de bosques naturales,
o de sostenimiento de tierras cultivables, y la eliminación de poblaciones. En
el caso minero se estimuló el trabajo "productivista" no importando los costos
ambientales, o si se quiere, un trabajo que aumentaba la ganancia y la
productividad a un alto costo ambiental.
Esta estrategia, que puede representarse como sosteniendo la meta de una
creciente apropiación y una alta producción, puede así verse también como una
estrategia consentida de destrucción ambiental. Y en los hechos llega a ser éste
el fin que se alcanza, al margen de las virutas de Angelini o las barras de
Barrick Gold.
Nada de esta estrategia, por supuesto, queda expuesta en las campañas de imagen
de las compañías, pero ese es otro costo que las compañías se ven obligadas a
asumir, un poco para bajar una presión que se volvería contra su sostenedor: el
estado.
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