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Estados Unidos y otros países del Grupo de los Siete (G-7) aplican una política de doble rasero en lo que se refiere a los servicios de agua potable y saneamiento.
Aunque las naciones desarrolladas han reconocido que la inversión pública en estos sectores genera importantes beneficios en términos de salud pública, igualdad social, medio ambiente y crecimiento económico, exigen a los países pobres lo que aún no se atreven a hacer en casa: por medio de organismos financieros internacionales -como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)- presionan a las autoridades locales y condicionan la entrega de recursos a recortar los subsidios, aumentar las tarifas y privatizar servicios, señala un análisis de la organización no gubernamental Globalization Challenge Initiative.
El documento afirma que tanto el BM como el FMI han condicionado la entrega de créditos a la aplicación de programas que implican la apertura de los servicios de agua y saneamiento al sector privado y el incremento de tarifas para que éstas cubran los costos de operación. Sólo en 2000, agrega, se encontraron acuerdos con 12 países solicitantes de préstamos que incluían estas condiciones.
Entre los casos recientes, el estudio destaca el de Nicaragua, donde se aplicó un aumento de 30 por ciento a las tarifas del agua, para cumplir lineamientos del FMI y del BID. En Ghana el incremento recomendado por los organismos internacionales fue de 95 por ciento.
En Tanzania, un proyecto del Banco Mundial propuso "mejorar" las operaciones privadas de abasto de agua mediante "un aumento gradual de las tarifas hasta un nivel comparable con el costo marginal a largo plazo".
Estas políticas están empezando a revertirse contra sus promotores del mundo industrializado: en Estados Unidos, los recientes recortes fiscales y la creciente demanda hacen poco probable que existan suficientes recursos públicos para mantener el servicio sin aumentar los cobros.
De acuerdo con la Red de Infraestrutura Hidráulica (WIN, por sus siglas en inglés), se necesita una inversión anual de 23 mil millones de dólares extras para que ese país cumpla las normas ambientales y de salud pública, y para remplazar la infraestrutura obsoleta.
Si no reciben suficientes fondos, los operadores municipales, distritales y regionales de los sistemas de abasto de agua podrían enfrentar decisiones difíciles, entre ellas la tentación de vender los sistemas a inversionistas privados.
El Banco Mundial sostiene que el agua debe ser considerada una mercancía, que los organismos operadores en los países subdesarrollados son deficientes y están muy endeudados, y que la participación privada, en general, ha aumentado la eficiencia, mejorado el servicio y ampliado la cobertura del servicio.
Sin embargo, los críticos de la privatización señalan que los cálculos del BM tienen numerosas fallas: primero, tarifas más altas obligan a los pobres a reducir su consumo de agua. En Ghana, la población de menores ingresos ha tenido que reducir drásticamente su consumo de agua y es frecuente ver a niños que van a plazas y otros lugares públicos para llenar cubetas y acarrear el líquido a sus casas.
La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año mueren más de 2 millones de personas por enfermedades diarreicas asociadas con la falta de agua y saneamiento.
Además, existen pocas evidencias del supuesto compromiso de las multinacionales con la ampliación de la cobertura, especialmente en zonas pobres.
En cambio, durante su reciente incursión en las naciones en desarrollo han acumulado un historial poco favorecedor en términos sociales y ambientales: en Indonesia, Suez y Thames Water han sido acusados de manipulación de precios. En Sudáfrica se han realizado protestas contra Suez por obtener "ganancias excesivas" mediante cobros extraordinarios.
A Saur (una subsidiaria de Bouygues) se le vinculó con al pago de sobornos a funcionarios públicos como parte de un proyecto para Lesotho.