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En la provincia surafricana de KwaZulu-Natal se desató en el 2000 la mayor epidemia de cólera de los tiempos modernos a causa del cambio del sistema de agua comunal gratuita por uno privatizado

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En la provincia surafricana de KwaZulu-Natal se desató en el 2000 la mayor epidemia de cólera de los tiempos modernos a causa de una política de Estado: el cambio del sistema de agua comunal gratuita por uno privatizado, en beneficio de una empresa multinacional. Más de 120 mil personas fueron infectadas cuando el nuevo operador suspendió el servicio por la falta de pago de las facturas, y más de 300 de ellas murieron, incluyendo muchos niños.
Poco después, cuando la experiencia se repitió en un suburbio de Johannesburgo al ser cortado el suministro a quienes no pagaron por el operador francés Suez Lyonnaisse des Eaux, se produjo un alzamiento popular que terminó en feroces enfrentamientos con las autoridades.
Un ejemplo más cercano es el de Bolivia, donde la privatización del agua, exigida por el Banco Mundial, generó revueltas en Cochabamba y El Alto, cuyo acueducto también sirve a La Paz.Cuando la multinacional Bechtel de San Francisco (California) empezó a operar el primer acueducto hace cinco años y aumentó drásticamente el precio del agua, la población se lanzó a la calle, hubo fuertes confrontaciones, en las que un joven de 17 años fue muerto por el ejército, y el gobierno debió cancelar el contrato.Este año, ante la ira de los habitantes de El Alto, tuvo que hacer lo mismo con Aguas del Illimani, una subsidiaria de la Suez que había recibido la concesión de su acueducto.
Suráfrica parece muy lejos, Bolivia no tanto. Pero el fenómeno que acechó a esos dos países ya está presente en Colombia. En forma discreta, constante y bien dirigida, desde hace tres años se gesta un proyecto de ley que abre las puertas a las multinacionales del agua para que manejen esta riqueza nacional bajo los mismos parámetros empleados en otras latitudes. El modelo es igual al aplicado en Cochabamba, Johannesburgo y aun en Atlanta (Georgia) y otras municipalidades estadounidenses, donde las multinacionales quieren imponer esquemas de operación privada sobre los recursos hídricos.
Lo sorprendente en nuestro caso es que la ministra del Medio Ambiente, Sandra Suárez, y la representante Nancy Patricia Gutiérrez, ponente del proyecto en la Cámara, parecen ignorar esta realidad. Son coautoras de una iniciativa que no acoge postulados como el del acceso garantizado al agua potable de toda la población, ni metas como las señaladas por las Naciones Unidas en sus Objetivos del Milenio, que consagran dicho acceso como un derecho humano esencial.
El proyecto establece como principio rector la eficiencia en la asignación y uso del agua. Esta es la base del modelo privatizador promovido por el Banco Mundial y el poderoso lobby de las multinacionales del agua. Y opera así: los acueductos cubren con la facturación mensual sus costos de operación, infraestructura y mantenimiento; el Gobierno suspende los subsidios a los deficitarios, que, asfixiados por la incapacidad de funcionar, acceden a las propuestas de las multinacionales, y el recurso que garantiza la vida en la Tierra se convierte en monopolio, con posibilidad de concesiones hasta por 50 años renovables, es decir, a perpetuidad.
¿Cómo garantizan las autoras del proyecto que todos los colombianos tendrán derecho a tomar agua potable? ¿Por qué en un país que es potencia hídrica mundial se abren las puertas para enajenar este bien? ¿Dónde se concretan las consideraciones sociales y de equidad mentadas, a título retórico, en la justificación del proyecto? En todos los casos donde este modelo ha sido adoptado, los precios del agua se dispararon. En Suráfrica, el alza llegó hasta 600 por ciento y se cobró de nuevo la red a usuarios que ya la tenían.
Bien haría la representante Gutiérrez en retirar el proyecto y preparar uno que acoja los principios rectores del acceso al agua. Y a la ministra Suárez le corresponde hacer una reflexión más profunda. Ha dicho el contralor Hernández Gamarra que a su ministerio le falta norte. Aquí nos hemos ocupado de otras iniciativas preocupantes de esa cartera, como la ley maderera y la de los cerros orientales de Bogotá. El informe especial sobre medio ambiente que este diario publicó hace unas semanas mostró una apocalíptica realidad en la gestión de nuestros recursos naturales.¿No es tiempo de meditar sobre los rumbos que se deben marcar al país desde esa posición tan importante dentro del Estado?
La teoría de lograr empleo y desarrollo económico mediante la venta de los recursos naturales ha venido siendo cuestionada desde hace más de 20 años. No parece acertado ni lógico insistir en normas que, como el proyecto del agua, pueden terminar atentando contra un patrimonio vital de los colombianos.

Editorial de El Tiempo, Bogotá (21/11/05)
www.censat.org/A_A_Noticias_Nacionales_276.htm