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¿Adónde nos lleva la Bioseguridad?
Grain/Ecoportal.net
En estos tiempos de Leyes Monsanto, la esperanza de una bioseguridad real
está en las organizaciones populares
Cuando el 29 de enero de 2000 se firmó y dio origen al Protocolo de Cartagena,
fue aclamado ampliamente como una victoria de quienes querían poner freno a los
transgénicos u organismos modificados genéticamente (OMG). El Protocolo tenía
limitaciones y lagunas por llenar, pero en general había acuerdo en que suponía
que el trabajo futuro en materia de bioseguridad estaba bien encaminado
–incorporando el principio de precaución, reconociendo la importancia de
consideraciones socioeconómicas y consultas públicas y dejando la puerta abierta
para que los países instrumentaran reglamentaciones más estrictas que el mínimo
establecido en el Protocolo. Nada espectacular, pero por lo menos un piso mínimo
a partir del cual construir.
Cinco años después, gran parte de este proceso multilateral está obstaculizado.
La última ronda de negociaciones se frustró por apenas un par de países que
actuaron en nombre de la industria de la ingeniería genética y todos los
indicios señalan que este tipo de táctica se está intensificando. Por lo tanto,
las posibilidades de avances futuros en las negociaciones son restringidas. Pero
lo que es mucho peor, a nuestro juicio, es que el Protocolo no está generando la
legislación anticipada efectiva a escala nacional. Vemos que en país tras país
se instalan leyes y políticas que facilitan el ingreso de cultivos transgénicos,
aún cuando los gobiernos proclaman su preocupación por la bioseguridad y su
adhesión al Protocolo. Los pueblos latinoamericanos llaman a estas leyes, las
"Leyes Monsanto".
El punto de partida de GRAIN y de nuestros compañeros en todo el mundo es que
los cultivos transgénicos son completamente incompatibles con los principios de
la soberanía alimentaria [1]. Los cultivos transgénicos son creaciones
patentadas de una industria de alta tecnología, que no pueden integrarse a los
sistemas agrícolas de base local y dirigidos por los agricultores, sin
perjudicarlos. En efecto, los cultivos transgénicos son una amenaza decisiva
para esos sistemas. Los cultivos transgénicos plantean riesgos inherentes
-riesgos a la salud, riesgos ambientales, riesgos socioeconómicos y riesgos
culturales. No hemos visto un solo cultivo transgénico en el mercado o en
trámite de investigación, que justificara tales riesgos, en especial para países
pobres con grandes poblaciones agrícolas. En este contexto, un régimen de
bioseguridad verdaderamente efectivo mantendría alejados a los cultivos
transgénicos. No es posible tener las dos cosas a la vez: si entran los cultivos
transgénicos, entonces la bioseguridad queda fuera. El problema es que los
gobiernos –crecientemente presionados por el agresivo grupo de interés de la
industria de la ingeniería genética– cada vez más a menudo hacen lo contrario:
utilizar la legislación en materia de bioseguridad para santificar el ingreso de
los cultivos transgénicos.
En Africa…
El Grupo Africano de países fue la fuerza motora de un Protocolo de Bioseguridad
fuerte, y la Ley Modelo de la Unión Africana de 1999 fue la primera en
establecer un marco para las leyes nacionales de bioseguridad apoyado en las
realidades y no en la alharaca y las promesas de la industria de la ingeniería
transgénica. Pero desde entonces Africa se ha convertido en blanco de dicho
grupo, desesperado por abrir nuevos mercados y mejorar sus relaciones públicas.
La solidaridad entre los gobiernos africanos y las buenas intenciones están
acorraladas.
Si bien varios años atrás había un acuerdo común en las instituciones y
gobiernos de Africa en cuanto a que la ingeniería genética es una tecnología
complicada con la cual hay que tener cuidado, actualmente algunos gobiernos,
como los de Kenya, Burkina Faso, Tanzania y Uganda, rivalizan por ser los casos
modelo de la industria de la ingeniería genética en Africa. Este cambio es en
gran medida el resultado de las presiones implacables de la industria de la
ingeniería genética y organismos de ayuda tales como la USAID [2].
Respaldados por cantidades ilimitadas de dinero y generosos apoyos a cualquier
proyecto de investigación en transgénicos que los científicos nacionales puedan
fantasear, esos intentos parecen dar buenos resultados. Numerosos gobiernos
africanos consideran la legislación de bioseguridad como una forma de crear
capacidad de investigación local en ingeniería genética para sus científicos,
quienes de otra forma carecen totalmente de fondos. Burkina Faso estaba tan
ansiosa por unirse a Monsanto para introducir el algodón Bt que comenzó con los
ensayos de campo antes de que su comité nacional de bioseguridad tuviera la
opción de elaborar una política. Las reglamentaciones en materia de bioseguridad
fueron emitidas luego por un Decreto Ministerial, sin insumos públicos. No causa
sorpresa que el preámbulo del Decreto sea como leer una página de un panfleto de
Monsanto y que las reglamentaciones estén vacías cuando se trata de trazabilidad,
participación pública, transparencia y responsabilidad, pero llenas de detalles
cuando se trata de decidir cómo las compañías de la ingeniería genética deben
contratar y compensar a los científicos de Burkina –¡los mismos científicos a
cargo de las aprobaciones! Tanzania y Kenya, que para los Estados Unidos son los
blancos más importantes de sus programas de organismos modificados
genéticamente, también están estafando la bioseguridad en favor de los intereses
de proyectos de "investigación" [3].
Todos esos países aducen actuar conforme al Protocolo de Bioseguridad y la
mayoría de ellos han sido parte del proceso de creación de capacidad del
Protocolo, coordinado por el Programa de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente (PNUMA) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) –un proceso
que fracasó totalmente en cuanto a apoyar el desarrollo de una capacidad real en
materia de bioseguridad en Africa. La mayoría de los "expertos" del PNUMA-FMAM
actúan haciendo una apología de la industria de la ingeniería genética,
ofreciendo asesoramiento incorrecto y santificando a los gobiernos que dan
rienda libre a los transgénicos, mientras que apenas si apoyan los requisitos
mínimos del Protocolo de Bioseguridad. Lesotho es tan solo un ejemplo de cómo el
PNUMA-FMAM ayudó a convertir un proceso de bioseguridad decoroso, en una
estructura administrativa simplificada destinada a dar el sello de aprobación a
las liberaciones de transgénicos [4].
Hay países africanos en los que el grupo de presión de la ingeniería genética
todavía no se ha apropiado de los procesos legales en materia de bioseguridad.
Zambia ha resistido valientemente la enorme presión ejercida desde el exterior
para que acepte la ayuda alimentaria de transgénicos. El marco nacional de
bioseguridad y el proyecto de ley de bioseguridad de Mali son totalmente
opuestos a los de Burkina Faso, su país vecino. La ley de Mali es una de las
pocas de Africa inspirada directamente en la Ley Modelo de la Unión Africana y
es estricta en materia de etiquetado, responsabilidad y participación pública.
Dentro de la subregión de Africa occidental, al igual que en otras subregiones
de Africa, el escenario de los regímenes nacionales de bioseguridad es bastante
combinado: el marco de bioseguridad de Togo se inclina a la precaución y presta
especial atención a los riesgos socioeconómicos; el marco de Ghana es
decididamente pro transgénico; Benin tiene una moratoria de 5 años sobre los
cultivos transgénicos. Pero lo que importa no es la ley sino la voluntad
política. El gobierno de Benin no ha hecho nada para poner en vigor la
moratoria, e incluso está trabajando encubiertamente con USAID para la
introducción de algodón Bt. Mali tiene un marco fuerte en el papel, pero el país
acaba de unirse al resto de los países de la ECOWAS [5] para anunciar el
apoyo a la agricultura transgénica y para comprometerse a establecer un sistema
de regulación regional armonizado para los OMG en el término de 5 años. En esto,
Africa occidental no está sola. En toda Africa están en marcha los programas de
armonización destinados a crear mercados regionales que funcionen como
ventanilla única para la industria de la ingeniería genética –financiados y
dirigidos por la USAID [6]. En Sudáfrica, uno de los pocos países
africanos con una ley de bioseguridad vigente, las leyes contienen disposiciones
decorosas relativas al acceso a la información y el derecho a la apelación, pero
el gobierno y la industria actúan en connivencia para frenar eficazmente los
esfuerzos populares por ejercer esos derechos [7].
En Asia….
Los intentos de lograr una legislación significativa en materia de bioseguridad
han sido en gran medida inexistentes en las experiencias iniciales de cultivos
transgénicos en Asia. En 2001, Indonesia se convirtió en el primer país del
sudeste asiático en permitir la producción comercial de un cultivo transgénico,
con la liberación del algodón Bt de Monsanto. Monsanto intentó sobornar a los
funcionarios para eludir el estudio de impacto ambiental requerido y, después de
dos años de sucesivos fracasos en los cultivos, los agricultores indonesios,
desprovistos de recursos legales para obtener compensación, expulsaron a la
empresa. Esto no impidió que el gobierno aprobara liberaciones limitadas de
algodón Bt en otros distritos. El algodón Bt fue comercializado también en China
con prácticamente supervisión cero–ni siquiera el típico plan de manejo de
resistencia de insectos que se ven en otros grandes países productores de
algodón transgénico. En Filipinas hay un Marco Nacional de Bioseguridad y desde
1990 funciona un Comité Nacional de Bioseguridad, pero en la práctica la
bioseguridad no es tomada en serio. Hace tres años se aprobó el maíz Bt de
Monsanto y el Departamento de Agricultura todavía está por encargarse de algún
tipo de monitoreo posterior a la liberación. En cambio, están en marcha los
planes de traer más variedades transgénicas a Filipinas; un funcionario admitió
–pidiendo se mantenga el anonimato- que ya se aprobó la venta y siembra de una
variedad de maíz Bt de Syngenta[8].
Al igual que en Africa, hay un gran desfasaje entre lo que los gobiernos
asiáticos dicen acerca de la bioseguridad y lo que hacen. Mientras que el
gobierno chino anunció al mundo su decisión de ratificar el Protocolo de
Bioseguridad, en lo nacional instituyó una censura a los informes sobre la
liberación ilegal de maíz transgénico desde sus propios centros de investigación
[9]. El anhelo del gobierno indio de ser una nación líder en transgénicos
también acaba con las cuestiones de bioseguridad. A pesar de la generalizada
oposición pública a los cultivos transgénicos, su nueva Estrategia Nacional de
Biotecnología no hace mención alguna a la responsabilidad de la compañía o a los
problemas de contaminación, y traza un mapa de ruta de 10 años para la
introducción generalizada de cultivos transgénicos. Los grupos de la sociedad
civil están cuestionando ahora la Estrategia del Supremo Tribunal [10].
El proyecto de ley de bioseguridad de Malasia, por otro lado, establece
disposiciones ambiciosas acerca de responsabilidad y reparación, pero es difícil
imaginar que esto se mantendrá o aplicará en un país donde el gobierno dirige su
propia Empresa de Biotecnología de Malasia.
El escenario general en Asia es de presiones externas y aquiescencia de los
gobiernos, enfrentados por una fuerte oposición popular a la agricultura
transgénica. En Tailandia por ejemplo, donde la vigilancia y protesta popular
ante la contaminación proveniente de campos de ensayo de cultivos transgénicos
forzó al gobierno a la adopción de una moratoria, ahora el gobierno ha
manifestado su voluntad de abandonarla con cualquier pretexto. Cuando Estados
Unidos señaló que el levantamiento de la moratoria era una condición previa para
las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y
Tailandia, el Primer Ministro Thaksin inmediatamente acató. La protesta popular
lo obligó a dar marcha atrás, pero un nuevo informe del gobierno, emitido por su
Comité de Política Nacional de Biotecnología, da luz verde a la coexistencia con
la agricultura transgénica, una decisión totalmente opuesta al sentimiento
popular.
En América Latina….
El senado mexicano hizo oídos sordos a la oposición generalizada de académicos,
agricultores y ecologistas y el 15 de febrero de 2005 aprobó una ley de
bioseguridad y transgénicos. Denominada la "Ley Monsanto" por la sociedad civil,
es débil en numerosos sectores, desde sus deficientes reglamentaciones en
materia de etiquetado hasta su falta de un régimen efectivo de responsabilidad y
reparación. En esencia, la ley facilita a la industria la aprobación de sus
cultivos transgénicos. Pero hay una intensa oposición a los cultivos
transgénicos en México, especialmente desde que se descubrió que las variedades
tradicionales del centro de origen del maíz fueron contaminadas con variedades
transgénicas. Las autoridades han sabido de la contaminación desde el año 2001,
pero todavía no han adoptado medidas. Esta nueva ley básicamente legaliza esa
contaminación y valida la situación actual de impunidad.
Mientras tanto en Brasil el 2 de marzo se aprobó otra "Ley Monsanto". La ley era
tan mala que hasta el Ministerio de Medio Ambiente salió a denunciarla
públicamente. En un comunicado [11], el Ministerio manifestó que "se
siente en la obligación de mostrar a la sociedad brasileña los potenciales
riesgos ambientales resultantes del proyecto de ley aprobado". El propósito de
la ley era legalizar el cultivo ilegal desenfrenado de la soja RR de Monsanto,
que desde hace algún tiempo ha continuado en las principales regiones sojeras de
Brasil, con el consentimiento tácito de Monsanto. Procesos similares para
imponer "Leyes Monsanto" se dan en otros países de América Latina, donde la
siembra ilegal de cultivos transgénicos y la contaminación transgénica también
son generalizadas.
Esta imposición de los transgénicos no ocurre sin una férrea resistencia. En
Costa Rica, por ejemplo, una amplia coalición de grupos irrumpió el 24 de agosto
de 2004 en un taller de bioseguridad del PNUMA-FMAM para emitir una comunicado
[12] reclamando "una moratoria permanente a la plantación y liberación de
transgénicos en Costa Rica … [y] la constitución de un marco de bioseguridad
real, que reconozca que bioseguridad es sinónimo de eliminación de los factores
que podrían ser un riesgo para la diversidad biológica y cultural".
La resistencia al Roundup crece desde el pie
En todo el mundo, lo que vemos en la mayoría de los países es que los procesos
políticos que rodean a las leyes y políticas de bioseguridad están desconectados
de las poblaciones que se supone deben servir. Lo que hay es un pequeño grupo de
elites locales sentadas en torno a una mesa donde se toman decisiones, con
tecnócratas de la USAID, FAO y PNUMA-FMAM susurrándoles al oído. La industria de
la ingeniería transgénica está por supuesto ahí, con valijas de dinero, mientras
que los pequeños agricultores han sido dejados completamente al margen del
proceso.
Y aun cuando muchos de los procesos gubernamentales en materia de bioseguridad
están condenados en estos días, el panorama, visto con mayor amplitud, es más
positivo. Hay numerosas razones para tener optimismo en los ámbitos populares.
No solamente está creciendo la resistencia a los transgénicos, sino que los
movimientos sociales se están haciendo más sofisticados en sus esfuerzos. Allí
donde los gobiernos nacionales se niegan a oír, la gente está localizando sus
luchas en donde pueda ejercer más control democrático, como en las zonas libres
de transgénicos. Las comunidades también están tomando la "evaluación de riesgo"
en sus manos, realizando investigaciones, organizando tribunales populares y
cuestionando a los "expertos". De no haber sido por la documentación del fracaso
del algodón Bt en el estado indio de Andhra Pradesh parte de las organizaciones
populares, las autoridades estatales nunca hubieran retirado la aprobación a las
variedades de algodón Bt de Monsanto.
Las preocupaciones ampliamente compartidas acerca de los cultivos transgénicos
han dado origen a nuevas alianzas, y a un compromiso que cuestiona las
estructuras mismas de poder que están en la raíz de los problemas con las leyes
de bioseguridad. Testigo de ello es el reciente Foro Popular de Fana, Mali,
donde los campesinos se unieron con activistas de todos los sectores para
denunciar los intentos de privatizar la compañía nacional de algodón e
introducir algodón transgénico, dos medidas que los participantes ven como
intrínsecamente vinculadas. Y allí donde ya ha ocurrido contaminación con
transgénicos, las comunidades están ahora estudiando estrategias de
descontaminación que harán que sus sistemas agrícolas locales sean más fuertes
que antes, particularmente en México, donde las comunidades indígenas están
definiendo sus propios métodos de resolver la contaminación de su maíz sagrado.
Los procesos de las legislaciones en materia de bioseguridad están siendo
demasiado fácilmente convertidos en herramientas para una industria de la
ingeniería genética ansiosa por imponer sus cultivos transgénicos en el planeta.
El problema fundamental aquí es que esos procesos generalmente ocurren a puertas
cerradas, lejos de las realidades populares, cuando lo que necesitan es bajar a
los campos y a las calles, que es donde los temas adquieren mayor importancia.
No habrá una bioseguridad verdadera hasta tanto no se revierta esta situación.
Referencias
[1] GRAIN, 2005, Food Sovereignty: turning the global food system
upside down, Seedling, abril de 2005,
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