Nuestro Planeta

Fernando Fernández
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Según los informes internacionales del Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), FIDA, Banco Mundial y otros, el 70 por ciento de los pobres del mundo viven en zonas rurales y un 75 por ciento de ellos son pequeños agricultores, pescadores artesanales, pastores, sin tierra o indígenas que realizan actividades extractivas básicas de los bosques y selvas donde residen. De acuerdo al número son más numerosos en Asia, seguido de África y después América Latina. Son campesinos y campesinas que se encuentran en esta situación delicada por falta de acceso a recursos como la tierra, el agua o las semillas, que se enfrentan a la destrucción de los mercados locales y nacionales debido a sus dificultades para acceder al crédito o a las tecnologías adecuadas que les permitan desarrollar su actividad de manera digna. Las comunidades campesinas se enfrentan indefensas a la desaparición de las políticas públicas agrarias que eran implementadas por los gobiernos, y que con escasos medios permitían generar redes de abastecimiento y almacenaje de productos o controlar la demanda para evitar el desplome de los precios o apoyar a las familias campesinas con determinados subsidios básicos.
El proceso la liberalización de los mercados de los productos agrícolas a nivel mundial impuesto por la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional hace aumentar el nivel de importaciones de productos agrarios en un contexto de precios bajos, lo que genera la reducción de los precios internos que afecta de manera negativa a las rentas en medio rural. La concentración de la propiedad de la tierra, el agua y otros recursos productivos es la asignatura pendiente en la mayor parte de los países en desarrollo, impidiendo a gran parte de la población rural participar en el sistema de producción.

Aumentan las violaciones de derechos humanos

En este contexto, la violencia en el campo se ha multiplicado en los últimos años. Las organizaciones de base campesina de todo el mundo han constatado un aumento de las violaciones de derechos humanos contra sus dirigentes a los que hoy se amenaza al enfrentarse a los intereses económicos representados por las empresas multinacionales o por los gobiernos. El pistolero al servicio del latifundista o la gran multinacional impone el orden en el medio rural de medio mundo. Los grandes beneficiados son los tradicionales latifundistas que, camuflados bajo formas jurídicas societarias, han racionalizado o industrializado los procesos productivos en el campo practicando una agricultura con una elevada inversión en capital y tecnología. Valores que antes fueron sustanciales para el modelo campesino -como son la tierra, el agua, las semillas o el propio trabajo-, se convierten en bienes inmuebles o capital circulante de estas nuevas empresas.
Por otra parte, este sector agroindustrial ha vivido un proceso de integración de forma que las multinacionales controlan desde la producción en cientos de miles de hectáreas hasta la distribución de los alimentos finales, pasando por la producción de insumos, el control de las semillas o la comercialización en sus distintos niveles, convirtiendo a la clase campesina en una nueva clase asalariada. Nos encontramos ante un proceso de proletarización sin precedentes. Tanto el pequeño propietario de una granja de cerdos industriales de Vic (Cataluña) como el pequeño productor de media hectárea de cacahuetes en Senegal trabajan realmente para Oscar Mayer o para Borges que son las que realmente imponen los precios a nivel mundial

Una nueva esperanza campesina popular

Este aumento de la violencia estructural en el campo, sin embargo, no ha frenado el proceso de estructuración creciente del movimiento campesino, indígena y sin tierra a nivel internacional. Más bien lo ha fortalecido. Las organizaciones campesinas e indígenas de todo el mundo han sido capaces de articular una alianza global basada en el derecho a vivir en el medio rural, el derecho a producir alimentos y a la defensa de un modelo de vida digno en el campo.
En el año 1992, varios líderes campesinos de Centroamérica, Norteamérica y Europa se reunieron en Managua en el marco del Congreso de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), resolviendo la urgencia de una acción política global desde las masas de empobrecidos que sufrían las consecuencias de un modelo destructor de su forma de vida y de sus derechos. En mayo de 1993, se realizó la Primera Conferencia de la Vía Campesina en Mons, Bélgica, donde se constituye como organización mundial y se definen las primeras líneas estratégicas de trabajo, así como sus estructuras.
En junio de 2004 se celebró la IV Conferencia Mundial de la Vía Campesina con la participación de más de 600 delegados de 140 organizaciones miembros y de otras 100 organizaciones invitadas, que han iniciado el proceso de acercamiento e incorporación. En este momento, la Vía Campesina reúne a 180 millones de campesinos y campesinas afiliados a las organizaciones miembros.

La lucha por la soberanía alimentaria

La Vía Campesina lanzó en el año 1996 el grito de la lucha por la soberanía alimentaria. La defensa de este objetivo como derecho político de los pueblos está siendo dura, no sólo frente a los gobiernos e instituciones multilaterales, sino que en ocasiones frente a grandes organizaciones sociales y a ONGD que practican un modelo de cogestión de las políticas de desarrollo que no hacen sino impulsar el mismo modelo con un "rostro humano".
La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable, a decidir en qué medida quieren ser autodependientes, a impedir que sus mercados se vean inundados por productos excedentarios de otros países que los vuelcan al mercado internacional mediante la práctica del dumping, y a darle preferencia a las comunidades locales pescadoras respecto al control del uso y los derechos sobre los recursos acuáticos.

El papel de la cooperación y de las ONGD

En este contexto marcado por la globalización neoliberal -y también por la estructuración de un fortísimo movimiento campesino internacional que la hace frente- es necesario replantear, igual que en otros ámbitos, el papel de las ONGD, tanto en su presencia y forma de relacionarse con los movimientos sociales, como en su trabajo cotidiano en los proyectos de desarrollo. Desde las organizaciones miembros de Vía Campesina defensoras del objetivo de la soberanía alimentaria consideramos necesario un nuevo marco en la cooperación al desarrollo que fortalezca nuestras reivindicaciones, visiones y objetivos estratégicos a largo plazo.
En ocasiones no estaremos hablando de un cambio radical en las formas de hacer o en los objetivos o actividades concretas de los proyectos, sino que quizás lo que sea positivo es entender que la lucha por la soberanía alimentaria implica una dinámica campesina integradora y que las diversas partes o estrategias de las que se conforma un proyecto de acción juntas hacen avanzar a un pueblo hacia su soberanía alimentaria.
Fernando Fernández, Coordinador político de la Plataforma Rural y colaborador de ACSUR