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Bajo fuertes señalamientos de que el Gobierno de Guatemala ha utilizado el caos provocado por la tormenta tropical Stan para actuar a espaldas de la población, a finales de la semana pasada apareció publicada en el Diario Oficial la sanción del presidente guatemalteco al decreto que ratifica la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena. La noticia ha desatado una ola de críticas de organizaciones ecologistas locales e internacionales, que denuncian que la aprobación de dicha convención ha estado rodeada de una serie de hechos escandalosos que involucran al Congreso, el Ejecutivo y a funcionarios públicos del organismo estatal de pesca.

La publicación en el Diario Oficial se dio una semana después de que Guatemala haya sido azotada por la tormenta tropical Stan, que ha causado miles de víctimas mortales desplazados. "La ratificación de la convención se ha dado justo en el momento en el que la opinión pública guatemalteca tenía menos posibilidades de reaccionar. Esta es una muestra más de que el presidente del gobierno está actuando deliberadamente a espaldas de la población, en un intento claro de apoyar las pretensiones japonesas por encima de los intereses de los guatemaltecos", declaró Carlos Albacete, representante de Trópico Verde.

Al mismo tiempo, Trópico Verde manifestó que la aprobación de la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena supone desviar fondos necesarios para la reconstrucción de Guatemala, hacia un foro internacional que es de nula prioridad para el país. "La aprobación de la convención supone un escándalo, ya que no existe ninguna justificación para pagar una cuota anual para tener derecho a voto en ella, cuando hay cientos de miles de afectados que necesitan urgentemente ese dinero", expuso Albacete.

Durante las últimas semanas, Trópico Verde junto con otras organizaciones guatemaltecas e internacionales han denunciado a los medios de comunicación que la ratificación de la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena está plagada de graves irregularidades llevadas a cabo por autoridades del país. Las acusaciones alcanzan a varios diputados, a los que se señala de haber ocultado deliberadamente información y de incluir veladamente la discusión de dicho tratado en el congreso para evitar la reacción de la opinión pública. "A finales de septiembre, cuando el presidente del Congreso presentó a los medios de comunicación el estado de cuentas del legislativo, se ocultó la información del viaje realizado por el Diputado Víctor Ramírez a Japón para conocer un supuesto programa de protección de las ballenas.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Ambiente del Congreso, Lucrecia de Palomo, aseguró a los medios de comunicación que la convención serviría para proteger a estos cetáceos, lo que muestra desconocimiento del asunto o connivencia con los intereses de Japón", denunció Albacete. Junto con lo anterior, la organización ecologista desveló que la aprobación de la convención se llevó a cabo en una semana de fiesta nacional en la que el Congreso trabajó día y medio, y que la propuesta se incluyó a última hora pues estaba fuera de la agenda publicada oficialmente.

Las críticas alcanzan al presidente guatemalteco, Oscar Berger, que reconoció ante la prensa haber recibido al embajador japonés para hablar sobre el asunto y mostró su acuerdo con el programa nipón para la caza de ballenas. "El presidente ha decidido aceptar la palabra de un país que tiene intereses comerciales en la caza de ballenas, sin siquiera querer oír que la Comisión Ballenera Internacional instó hace unos meses al gobierno japonés a terminar inmediatamente con la matanza de ballenas y puso en duda los resultados del supuesto programa científico nipón. Amparado en un sospechoso dictamen del organismo guatemalteco de pesca, Berger le ha dado la espalda al pueblo de Guatemala, que durante las últimas semanas ha reclamado insistentemente que no se ratifique la convención", declaró Albacete a los medios de comunicación.

La Convención Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena se creó en 1946, cuando 14 países la firmaron e instituyeron la Comisión Ballenera Internacional (CBI). La CBI es el único órgano reconocido internacionalmente para controlar la caza de ballenas. Está organización se encuentra abierta a cualquier país del mundo que se adhiera a la Convención de 1946, y sus miembros están representados por un comisario en las reuniones que se celebran anualmente. La reducción de las poblaciones de ballenas debido a los abusos que cometían los países balleneros llevó a que en 1986 entrara en vigor una moratoria para la caza de estos cetáceos, la cual continúa hasta la actualidad. Sin embargo Japón, Islandia y Noruega se amparan en las excepciones previstas en esta convención, que permiten a los gobiernos emitir permisos de caza con fines de investigación para continuar con esta actividad
Hace tres semanas ecologistas guatemaltecos, junto con la organización internacional Greenpeace, denunciaron que había evidencias de que el Gobierno de Japón estaba presionando para que Guatemala ratificara la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena. Según las organizaciones ecologistas, desde el año 2000 el gobierno de Japón lleva a cabo una estrategia para lograr que la CBI dé por finalizada la moratoria, para lo cual empezó a reclutar países en vías de desarrollo con el fin de que votaran a favor de sus pretensiones.

A finales de la 57ª reunión de la CBI, que finalizó el 24 de junio pasado, Japón anunció que proseguirá y aumentará la caza de ejemplares con "fines científicos", una medida puesta en marcha en 1987 para evadir la veda internacional y abastecer los mercados y restaurantes asiáticos de carne de ballena. El voto de Guatemala en la CBI podría ser determinante para que la CBI decrete el fin de la moratoria de la caza de ballenas, pues en la actualidad los países reclutados por Japón están equilibrados con aquellos que, dentro de la CBI, abogan por la protección de los cetáceos. Trópico Verde hoy el inicio de una campaña permanente a nivel nacional e internacional para impedir que el voto de Guatemala en la próxima reunión de la CBI, que se llevará a cabo en 2006, favorezca los intereses japoneses