No es casualidad, que la revolución verde tuviera su época dorada tras la
segunda guerra mundial. Algunos investigadores, aseguran, que muchos químicos
creados para acabar con la vida humana en épocas hostiles, fueron rediseñados y
reformulados para sepultar bichitos y malezas impertinentes. De peligrosas y
detestables armas, se transformaron en imprescindibles y milagrosas herramientas
para el agricultor moderno. La tecnología militar se filtraba a campos mucho más
pacíficos, alterando los patrones productivos y perifoneando las ventajas de un
modelo agrícola que pretendía subsanar en un plis plas, los graves
problemas estructurales que envolvían el mundo.
Además, las banalidades del mercado exigieron siempre una fruta grande y sin
manchas. Cosméticamente perfecta. Que se comiera por los ojos. Desechando las
que no alcanzaban unos estándares estéticos mínimos. Vamos, como una especie de
Enrique Iglesias, pero en forma de plátano, papaya, etc... Es así como los
cultivos se han sometido a una especie de cirugía estética, a base de una dosis
extra de agroquímicos.
Ahora, varias décadas después, la sartén ya se destapó. Se descubrió la doble
cámara en la chistera. La paloma no aparecía por arte de magia. Se hallaba
escondida. Hábilmente, el mago le abría la puerta para que pudiera escapar,
perdón, el ilusionista. Todo era un truco. Una falacia sin milagro que amarró al
agricultor a la tecnología, mientras ocasionaba numerosos y monstruosos impactos
en el humano y el medio.
El 1,2-dibromo-3-cloropropano (DBCP), es uno de esos hijos bastardos del milagro
de los panes y los peces químicos. De la mente inquieta de científicos
reconocidos, que querían abrirse paso entre la historia, sin importarles las
esquelas, los velatorios y las camas de los hospitales.
Aunque se había sintetizado anteriormente; en la década de los cincuenta, los
laboratorios de Shell Oil Company y Dow Chemical Company,
observaron la efectividad del DBCP para combatir a los nemátodos; de la misma
forma que también detectaron la efectividad para causar diferentes patologías en
animales de laboratorio. Sin embargo, el silencio se volvió sepulcral y algunas
pruebas se omitieron y obviaron.
En 1955, Shell inició su producción y en 1964 fue registrado el producto,
tras unos controles médicos a los trabajadores en la planta de Denver. No
obstante, nadie advirtió al médico que analizara el blanco más vulnerable para
el DBCP: el aparato reproductor masculino. Así, Shell bautizó su engendro
con el nombre de nemagón y Dow con el de fumazone. Iniciaba
la tragedia.
En 1969, el DBCP desembarcaba en Centroamérica a través de la transnacional
agroexporadora Standard Fruit Company, que aplicaría el producto en sus
feudos y fincas bananeras. Otras empresas como Del Monte y Chiquita
Brands, repitieron los pasos en varios países del sur. Nadie advertiría a
los trabajadores a que se exponían y aún menos les proporcionaron equipos de
protección individual, que los aislara del químico y sus efectos.
Los países que utilizaron el DBCP fueron: Guatemala, Costa de Marfil, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, Filipinas, Santa Lucía, Francia,
Israel, República Dominicana, España, Brasil, Estados Unidos, San Vicente y
Burkina Faso.
A principios de los setenta, más estudios médicos alertaron sobre los efectos
del DBCP. En 1977, en una planta de Occidental -otro productor del
químico gracias a un acuerdo con Dow Chemical- se detectó un elevado
índice de infertilidad masculina. Las alarmas saltaron. En Estados Unidos, el
químico se prohibió para muchas aplicaciones ese mismo año. En 1979, el DBCP
sólo se autorizaba para el cultivo de piñas en Hawai y en 1985 se canceló
definitivamente.
A pesar de la inquietud reinante en Estados Unidos, el químico se siguió
empleando en otros países como Honduras o Nicaragua, durante la década de los
ochenta. En Filipinas fue detectado en 1986 y 1991. En Panamá en 1997.
Hoy se calcula que podría haber cerca de 65.000 afectados. En humanos, la
ciencia sólo le atribuye al DBCP la infertilidad masculina y la toxicidad
genética. Los afectados denuncian que hay más efectos negativos. Sobretodo,
porque las pruebas efectuadas en animales, si demuestran un poder devastador
escalofriante, con afectaciones en hígado, riñón, sistema respiratorio, aparato
digestivo, piel, cáncer de varios tipos, disruptor endocrino, etc…
Presente
Nicolasa Caballero es nicaragüense. Trabajó en el banano desde 1973 hasta 1988.
Tiene problemas con unas manchas negras en los pies, en las piernas y en los
brazos. Sufre dolores en los huesos y en la cabeza. Comenta que tuvo dos hijos
que nacieron con deficiencias físicas y que murieron con 6 meses y con un año de
edad. Trabajaba de 6 de la mañana a 12 de la noche. Pesaba el banano y realizaba
otras labores del proceso productivo. En su trabajo tuvo contacto con el veneno,
sin ningún tipo de protección y a veces acababa su jornada empapada. Asegura que
el DBCP es la fuente de sus desgracias.
Ahora, sus gastos médicos mensuales rondan los 500 córdobas. En su humilde casa
viven hacinados hijos y nietos. Unos trabajan en lo que hay y otros estudian en
busca de un futuro mejor. A pesar de su enfermedad y de su edad, tiene que salir
por las calles y los mercados a vender elotes y tamales. Todos los días de la
semana, a las doce del mediodía, Nicolasa acude puntualmente a su esquina en el
Mercado "Los Bisnes" de Chinandega. Allí, en un modesto banco de madera, instala
su pana llena de elotes y espera a los clientes hambrientos. A las seis de la
tarde regresa a casa. En su bolsa, 40 córdobas (3 euros aproximadamente) para
comer, vivir, medicarse y poco más.
Antes de esto, Nicolasa se ha levantado a las cinco de la mañana, para comprar
el maíz que posteriormente cocina y condimenta. También lava la ropa, barre la
casa y prepara la comida. Su familia le ayuda, a pesar de que son pobres como
ella.
La enfermedad no solo ha limitado físicamente a sus víctimas. También las
mantiene discriminadas. A pocas les conceden trabajo. Ven en ellas a personas
deterioradas, incapaces de desenvolverse como el resto. Nicolasa confiesa que
cuando le observan sus piernas cancerosas, ciertas personas sienten asco por
ella.
Moisés de Jesús Maradiaga y Teresa Espinales viven El Viejo (Nicaragua).
Cumplieron hace poco sus bodas de plata, pero no tuvieron hijos con quién
celebrarlas. Además, la efeméride se ve envuelta de frustración y enfermedad. El
pierde peso, ha pasado de 77 kg. a 53 en poco tiempo y la cosa empeora. Tiene
problemas en los riñones y en la vista. Padece de gastritis crónica, le cuesta
caminar y sufre cambios bruscos en la temperatura corporal. Todo eso a sus 47
años.
Inició en el banano en la década de los 70 y lo hizo durante 21 años. Trabajaba
en el tratamiento de las fincas con el químico. No les advirtieron del riesgo
que corrían y no les dieron en ningún momento equipos de protección. El contacto
lo sufría al manipular el DBCP en los barriles.
El gran sueño de Moisés y de su esposa es tener un hijo. Es su única y
permanente obsesión. Desde el prisma médico y científico eso es imposible. El
DBCP lo castró, lo dejó infértil. Por eso, no tiene más remedio que recurrir a
la espiritualidad y al poder de Dios.
En su casa viven dos sobrinas jóvenes que estudian en Chinandega. Así suple
temporalmente la algarabía y el cariño de los hijos que no puede tener. Durante
dos veces intentó adoptar a dos niños, pero vinieron sus padres biológicos y se
los volvieron a llevar. Confía en su "compadre" (un vecino que vive junto a su
casa), para que deje a su hija pequeña a cargo de su esposa y de él. Hecho
bastante habitual por estas tierras.
Biológicamente hablando, Moisés está vivo. Sus células aún funcionan. Pero el
ser humano que hay dentro de ese amasijo de huesos y carne, agoniza y se tortura
por las circunstancias. No es el único. La sensación general con los otros
afectados es la misma. Algunos no tienen esperanzas ni en la victoria en el
juicio, que les permitiría holgadamente visitar mejores médicos, comprarse
nuevas casas y dar a sus hijos el mejor de los futuros.
Moisés recibe una pensión de 1.035 córdobas al mes (menos de 60 euros). Además
de las enfermedades descritas anteriormente, perdió dos dedos en sendos
accidentes laborales cuando trabajaba en la bananera. Junto a su esposa, tiene
una especie de tienda en casa donde venden leña y aperitivos.
Al preguntarle por aquello que siente cuando se entera de la muerte de algún
compañero, la respuesta es contundente: "Seguro que vamos para allá nosotros
también. Después de ellos vamos nosotros". Se sienten acorralados,
atrapados, agobiados, presos. También aludidos. Perciben la muerte por las
calles de sus barrios. Buscando frívolamente al azar, al siguiente compañero de
viaje.
Siente odio hacia aquellas personas que propiciaron toda esta tragedia. "Los
nicaragüenses están muriendo. Ellos vinieron a matar a nuestra gente, a nuestros
hermanos. Por las empresas que vinieron a nuestro país, se está muriendo la
gente", exclama enfurecido.
Se siente feliz con su esposa. Es su revulsivo, su vitamina para poder seguir.
De vez en cuando salen a pasear por el parque. Si ganan la batalla del DBCP,
visitarán a los mejores médicos. Lucharán por cumplir su único gran sueño: Tener
un hijo.
Futuro.
Los afectados siguen buscando justicia. Llevan 22 años. En Estados Unidos lo han
intentado 26.000 trabajadores, de varios países, en cerca de 470 procesos. Las
leyes y las cortes de sus países son incapaces de juzgar casos tan complejos. Si
alguna vez ocurriera e incluso ganaran el juicio, las indemnizaciones podrían
ser irrisorias. Por estos motivos, los grupos de afectados y sus bufetes de
abogados, han iniciado una especie de "invasión" en los juzgados
norteamericanos.
Espléndidamente cubiertas por eficientes departamentos legales, las
multinacionales han podido repeler las causas archivadas por los trabajadores,
mediante la aplicación de un recurso legal denominado "foro no conveniente"
(FNC), por el cual, se debe trasladar el caso al foro (juzgado) más apropiado o
al país donde ocurrieron los casos. Dicho de otra manera más sencilla, es la
mejor forma para que un tribunal norteamericano no pueda juzgar un caso acaecido
en otra nación, aunque tenga jurisdicción y posibilidad sobre el mismo.
En el fondo, esta doctrina guarda otros objetivos. El Doctor José Antonio Tomás
Ortiz de la Torre (Universidad Complutense de Madrid) y el Profesor Francisco
Javier Zamora Cabot (Catedrático de Derecho Internacional Privado, de la
Universidad Jaume I de Castellón – España), apuntan sobre la misma que "…tal
vez el propio FNC funciona en la práctica como un mecanismo para inhibir en los
EEUU las demandas allí planteadas a causa de los múltiples desmanes que sus
corporaciones multinacionales vienen perpetrando a lo largo y ancho del mundo."
En los países de origen por la falta de legislación y en Estados Unidos mediante
la aplicación del FNC, tradicionalmente, las empresas ni tan siquiera han
desenvainado la espada, pues han podido repeler los juicios empleando diferentes
argucias.
Sin embargo, la suerte les está cambiando. En abril de
2004, un grupo nicaragüense logra rápidamente el primer juicio en una corte de
California, gracias a que en su país, desde el año 2000, existe una ley para
emprender estos casos. Lógicamente las empresas no recurren al FNC, pues en
Nicaragua hay texto legal para acusarlas y condenarlas.
En marzo de 2005, un tribunal de Dallas acepta un juicio para 5 trabajadores
costarricenses. Esta demanda fue archivada en una corte de Texas en el año 1993.
Las multinacionales recurrieron al FNC, que fue aceptado por el juez bajo una
condición: si las cortes de Costa Rica rechazaban la jurisdicción, las empresas
se someterían al litigio en Estados Unidos. Así ha sucedido y ahora, estos
trabajadores son los 5 primeros, de los 375 que componen la causa, aparte de
aproximadamente 6.000 englobados en procesos introducidos en cortes de Texas y
Louisiana.
Absorbidos por las circunstancias de pobreza extrema y enfermedad, los
trabajadores de varios países han recurrido a las protestas, huelgas y acciones.
Algunas de ellas contundentes. En Costa Rica, las reivindicaciones provocaron un
acuerdo entre el gobierno y los afectados para negociar unas compensaciones. En
una de estas protestas, los graves enfrentamientos entre antimotines y
trabajadores provocaron que éstos últimos retuvieran a tres policías. Ahora, la
justicia quiere condenar por secuestro extorsivo a Orlando Barrantes, secretario
del Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros, en lo que ha sido calificado
como un juicio político. Precisamente este grupo, recientemente, también ha
archivado una demanda en Estados Unidos para 1.700 trabajadores más. En
Honduras, el acercamiento es entre los afectados y la empresa Standard Fruit
Company, aunque en este mismo país, otros afectados han iniciado
recientemente un proceso judicial y se ha introducido en la Asamblea Nacional
una ley para tramitar este tipo de casos. No se conocen más noticias sobre este
texto legal, lo que hace pensar que pueda estar engavetado o perdido en algún
armario.
En Nicaragua, de momento, la suerte ha sido mejor. En el año 2000 se aprueba una
ley para tramitar casos de afectados por el DBCP (ley 364). En diciembre de
2002, la justicia sentencia a Shell Oil Company, Dow Chemical Company y
Dole Food Company, a pagar 489 millones de dólares a 583 trabajadores, de
uno de los grupos de afectados denominado OGESA. Las empresas que no se habían
presentado al juicio, no aceptan el veredicto y tildan la ley de
inconstitucional porque no las deja defenderse. Al no estar afincadas en el país
desde la Revolución Popular Sandinista, no se puede proceder a ningún tipo de
embargo, por lo que la impunidad sigue indemne. Desde entonces hasta ahora, se
habrían producido varias sentencias más a favor de los trabajadores de este
grupo, aunque ninguna tan suculenta como la primera.
Para percibir el cobro de la primera sentencia, los abogados inician los
trámites burocráticos para trasladar el veredicto a las cortes norteamericanas.
Sin embargo, en octubre de 2003, una juez de la Corte del Distrito Central de
California desestima la petición de los bananeros, alegando que existen errores
de forma y se han violado los procedimientos jurídicos estadounidenses.
En abril de 2004, el otro grupo de afectados conocido como ASOTRAEXDAN, obtiene
el juicio anteriormente mencionado. En abril de 2005, OGESA da un vital paso
adelante cuando el Tribunal Supremo de Venezuela admite las sentencias que emite
la justicia de Nicaragua. Esto es posible gracias a la figura legal denominada
exequátur, por la cual, las sentencias de un país pueden ser aplicadas en otro.
En Venezuela, dos de las tres empresas acusadas si disponen de bienes y de
hecho, el juez ha anunciado que próximamente se les podrían embargar los bienes,
congelar cuentas, etc…. Esto no es todo. Hay al menos una demanda en Estados
Unidos de trabajadores hondureños, costarricenses y filipinos, que ha esquivado
hábil e ingeniosamente el FNC. A otras dos les fue aplicado, archivaron causa en
sus países de origen y el tribunal se declaró incapaz de resolver los casos.
Ahora, las cortes estadounidenses deberían aceptar realizar el juicio, pues el
foro alternativo denegó la jurisdicción.
En los últimos días, en Nicaragua, otra demanda presentada por un tercer grupo
perteneciente a la Federación de Trabajadores Bananeros de Chinandega (FETRABACH),
ha logrado llegar a buen puerto. La juez ha sentenciado a Standard, Shell,
Dow y Occidental, a 97 millones de dólares para 150 afectados.
Esta resolución gana importancia por otros motivos al meramente condenatorio.
Por una parte, los abogados nicaragüenses asociados al bufete norteamericano
Provost & Umprey, han logrado esquivar aquellos artículos de la Ley 364 que eran
utilizados por las multinacionales para alegar la inconstitucionalidad de la
misma.
La otra razón de especial relevancia, pasa por las pruebas presentadas a juicio,
y sobretodo, por la contundencia de las conclusiones que en base a ellas asevera
Socorro Toruño, juez encargada de dirimir el caso. La periodista nicaragüense
Valeria Imhof, ha publicado en Nuevo Diario numerosos párrafos de la sentencia
que demuestran el dolo con el que actuaron las empresas. Hoy yo quiero resaltar
el siguiente por la información vital que proporciona:
"Ninguna de las demandadas sugiere que no sabía que el DBCP fuera tóxico (…)
ninguna argumenta que se advertía a los trabajadores claramente sobre los
peligros del nematicida, o que el nemagón y fumazone traían explícitas
instrucciones en español, ni tampoco manifiestan estas demandadas que a los
trabajadores se les entregaba equipo protector. Acusaciones gravísimas, como que
los conductos y las fuentes de agua para consumo humano se usaban también para
el DBCP, no han sido atacadas con especificidad por estas demandadas. Estas
empresas también eluden negar frontalmente la afirmación de que luego de
restringirse el DBCP en los Estados Unidos de América entraban en contratos para
su venta o su uso "en el extranjero" (…) Ante acusaciones tan graves y
claramente documentadas la estrategia de defenderse con formalidades y negativas
generales, sin entrar en el fondo de la cuestión es evadir la verdad de los
hechos."
Sin el laberinto del FNC, con leyes nacionales y sentencias favorables, ahora,
se abre un nuevo campo de batalla resumido por el abogado Henry Saint Dahl en
las siguientes palabras:
"Durante la época del FNC la gran batalla es sobre la competencia
internacional. Si se promulgan las leyes aludidas la línea de combate se
desplazará hacia el tema de la ejecución de sentencias extranjeras, o sea,
sentencias latinoamericanas condenando al pago a empresas multinacionales con
sede en USA. Antes esto no ocurría dado lo arcaico del derecho procesal
latinoamericano. Los cambios pueden verse si se quiere como uno de los efectos
de la globalización económica, a la que le sigue la globalización jurídica."
Por lo tanto, tras muchos años de estrellarse con la justicia, la suerte podría
estar sonriendo a miles de afectados por el DBCP. Sin embargo, en Nicaragua, los
trabajadores no agachan los brazos y siguen con sus reivindicaciones.
A estas alturas, la ley 364 se ha transformado en la mejor arma para los
trabajadores ya que permite tramitar las causas en Nicaragua, y
consecuentemente, inutiliza y desactiva la opción del FNC. Los trabajadores
creen y temen que el gobierno podría invalidarla gracias a las presiones de
alguna empresa y de políticos norteamericanos de alto nivel como Colin Powell y
Otto Reich.. Lo que si parece claro fue el intento de abolición en septiembre de
2002, que se inició en la embajada estadounidense, para recorrer diversos
estamentos del gobierno nicaragüense, entre los que se hallaba la propia
presidencia.
La lucha del DBCP en Nicaragua se ha mantenido en dos escenarios
primordialmente. Por una parte los despachos y los juzgados con los abogados de
protagonistas. Por otra parte la calles, las casas de los enfermos, los medios y
hasta la propia Asamblea Nacional, con la constancia y la energía de los
trabajadores. Los de ASOTRAEXDAN, han sido los que han protagonizado las
acciones más enérgicas. Varias marchas a Managua con acampadas frente a la
Asamblea Nacional que, en algunos casos, se alargaron por varias semanas ante el
pasotismo y valeverguismo de la clase política. Huelgas de hambre como la
última, iniciada y acabada hace pocos días, que apuntaba claramente al
legislativo y muy especialmente al Frente Sandinista de Liberación Nacional,
romanticismo del pasado que se sigue autoerigiendo como el partido de los
pobres, revolucionario y antiimperialista.
Todas estas manifestaciones proletarias, han perseguido diferentes objetivos
fácilmente resumidos en dos palabras: justicia y dignidad. Se ha luchado por
atención médica adecuada y gratuita, pensiones para los afectados o la defensa
de la perseguida ley 364, la gran ladilla en los testículos de las
multinacionales.
Precisamente todos estos hechos han sido denunciados por Omar Cabezas,
Procurador de Derechos Humanos, en la 61 sesión de la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, celebrada en Ginebra el 13 de abril de 2005; lo cual
demuestra una vez más, la trascendencia y gravedad de la historia del DBCP.
A pesar del pundonor de los trabajadores enfermos, algunos de los grandes
obstáculos que tienen que salvar para llegar a la victoria final, son
precisamente las grandes desavenencias internas del colectivo, que han fraguado
su fisión en diversos grupúsculos comandados por abogados. Divididos,
enfrentados, sin conciencia de clase, carentes de principios políticos e
ingenuos ante la responsabilidad histórica que deben asumir, los trabajadores,
otrora compañeros en las fincas, mantienen una disputa entre ellos azuzados por
unos líderes que por momentos parecen representantes de los abogados en busca de
potenciales clientes.
A pesar de la crítica anterior, es indudable la generosidad que ofrecen estos
obreros enfermos. Tal vez tengan que pasar varios años, hasta llegar a la
ansiada victoria final en los juzgados de cualquier lugar del sistema solar.
Podría no darse el caso. Si así fuese, no duden que está lección de constancia,
optimismo, sacrificio y dignidad, habrá valido sobradamente la pena, sentando
cátedra en la historia de las luchas sociales.
