Los querellantes esperan que esta iniciativa permita conocer el papel del Frente Popular Ruandés y de los "actores internacionales" en las matanzas

El Fórum Internacional para la Verdad y la Justicia en el Africa de los Grandes Lagos presentó hoy una querella contra altos cargos del Estado ruandés en la Audiencia Nacional con objeto de que se investigue la muerte de nueve cooperantes españoles asesinados. La querella, según sus promotores, no sólo pretende investigar lo que pasó en el pasado sino ayudar a que se conozcan las matanzas perpetradas desde 1990 por el Frente Popular Ruandés (FPR, formado por tutsis, actualmente en el Gobierno), "fomentadas por actores internacionales y multinacionales", y de las que los asesinados fueron "testigos incómodos".
La plataforma está integrada por personalidades, como el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel o la congresista estadounidense afroamericana Cynthia McKinney, así como por víctimas y familiares de víctimas españolas y ruandesas, testigos hutus y tutsis en el exilio, ayuntamientos catalanes y diversas organizaciones no gubernamentales españolas, ruandesas e internacionales.
Se trata de una "acción encaminada a salvar vidas en el presente, no sólo investigar lo que pasó en el pasado", explicó el representante legal y portavoz de las víctimas y del Fórum, Jordi Palou, durante la rueda de prensa celebrada en Madrid tras la presentación, esta mañana, de la querella ante la Audiencia Nacional.
Según Palou, la iniciativa de acudir a la Justicia española se debe, sobre todo, a que "los tribunales españoles están en una situación incomparable respecto a la comunidad internacional", ya que España no tiene "grandes relaciones con Ruanda, ni para bien ni para mal, no tiene intereses económicos y políticos", lo que le permite "una neutralidad y una imparcialidad que Francia no puede ofrecer". Asimismo, recordó que las normativas y el Código Penal conceden a la Justicia española facultad para perseguir los crímenes de genocidio y lesa humanidad.
"Sobre la impunidad no se puede construir ningún proceso democrático real", ya que "democracia y Derechos Humanos son valores indivisibles", afirmó durante la rueda de prensa Adolfo Pérez Esquivel. "La defensa de los Derechos Humanos no tiene fronteras", aseguró. "La Justicia española tiene capacidad" para avanzar en el caso de Ruanda y para que Africa "no sea el continente olvidado y silenciado", añadió.
Este "silencio de las grandes potencias" hacia Africa se debe, añadió, a "los grandes intereses económicos, militares y estratégicos". "No se cometen las masacres porque sí, hay planes perfectamente diseñados de dominación" cuyo objetivo es "el saqueo de los recursos, de sus riquezas", prosiguió. "Son pueblos riquísimos empobrecidos", aseveró.
MATANZAS DEL FPR
Los españoles asesinados son Joaquim Vallmajó (abril 1994), misionero que trabajaba desde hacía 28 años en Ruanda, defensor de los derechos humanos y colaborador de Amnistía Internacional; Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Isla y Fernando de la Fuente (octubre 1996), hermanos maristas que asistían a refugiados ruandeses en el campo de Nyamirangwe; Flors Sirera, Manuel Madrazo y Luis Valtueña (enero 1997), cooperantes de la ONG Médicos del Mundo; e Isidro Uzcurun (junio 2000) misionero durante 37 años en Ruanda y defensor de los derechos de los más necesitados frente a las autoridades ruandesas.
Además, el Fórum pide justicia para otras dos personas de las cuales por el momento no dispone de suficientes datos, la religiosa Carmen Olza y el misionero José Ramón Amunarriz.
Durante los últimos años, el Fórum ha trabajado para obtener testimonios y pruebas que acrediten la responsabilidad de la cúpula político-militar del FRP en la organización de matanzas de ruandeses y congoleños entre 1990 y 2004. Según la plataforma, las acciones armadas del FPR, tras invadir Ruanda en octubre de 1990 y el entonces Zaire entre 1996 y 1998 (actual República Democrática del Congo, RDC), causaron "alrededor de siete millones" de muertos, un drama que "ha sido deliberadamente ocultado y, a menudo, estratégicamente manipulado".
En estas matanzas, aseguran los querellantes, intervinieron tanto agentes locales como "grandes empresas multinacionales occidentales, principalmente de Estados Unidos, Canadá y Europa", las cuales, según Palou, "suministraron armas a cambio de recursos naturales de la parte oriental de la RDC, que pertenecen a los congoleños y ruandesas" y que son explotados bajo un régimen de "neoesclavismo". Entre estos recursos, el abogado citó el oro, los diamantes y, sobre todo, el coltán, un mineral utilizado para la fabricación de teléfonos móviles o de misiles.
Todos estos argumentos figuran en la querella, que reúne más de mil folios de investigaciones "con pruebas concretas en relación con los nueve españoles y también en relación con las víctimas ruandesas y congoleñas desde 1990", afirmó Palou.
ESTIGMATIZAR A LOS HUTUS
Otro objetivo de la querella es acabar con la "campaña mundial de desinformación" y con la "versión oficial que pretende estigmatizar a los hutus y a aquellos que les ofrecen apoyo con una visión intencionadamente parcial y tergiversada de los hechos" en beneficio del FPR.
Durante la rueda de prensa, el presidente del Fórum, Juan Carrero, recordó que tras la matanza de tres cooperantes españoles en enero de 1997, "en las primeras horas, sin ningún tipo de investigación, todos los titulares del mundo, y también en España, dijeron que los extremistas hutus les habían asesinado", lo que, a su juicio, forma parte de una "intoxicación e interpretación sesgada del conflicto" por parte del FPR.
Esta intoxicación, según Palou, forma parte de una estrategia de los líderes del FPR, preparada antes de las matanzas, que incluía el trabajo con los medios de comunicación internacionales y la creación de 'lobbies' para incriminar ante el país y la comunidad internacional a los hutus. El abogado aseguró que, en sus operaciones armadas, algunos militares del FPR llegaron a hacerse pasar por líderes rebeldes hutus, "incluso disfrazados", para "demonizar a la etnia hutu".
En esta línea, el Fórum ha cuestionado --con "pruebas fehacientes" presentadas en la querella, según Carrero-- la versión oficial del conflicto ruandés. Es el caso de la atribución a extremistas hutus del atentado mortal contra el presidente ruandés, Juvenal Habyarimana, el 6 de abril de 1994, un acontecimiento que sirvió de detonante para las matanzas.
Según Palou, este atentado había sido preparado de antemano mediante otros atentados menores que habían derivado en ataques de la población contra la minoría hutu, a la que culpaban de estos hechos. Tras comprobar sus efectos en la población, y "con todo el maquiavelismo", añadió Palou, el PFR cometió el magnicidio para crear una situación de caos que le permitiera hacerse con el poder en poco tiempo y, de paso, atacar a los tutsis del interior (el FPR estaba formado por tutsis exiliados desde 1959 en Uganda), a los que consideraban "traidores". Las investigaciones sobre este atentado, precisó el abogado, están muy adelantadas en la Justicia francesa, lo cual será muy importante para conocer lo realmente sucedido en Ruanda.
Palou lamentó que todas las iniciativas lanzadas en el Tribunal Penal Internacional de Ruanda (TPIR) --que con 250 millones de dólares anuales de dotación "sólo ha conseguido y decidido imputar crímenes de determinados líderes hutus"-- para inculpar a los altos comandos militares del FPR hayan quedado bloqueadas, y que todos los fiscales que intentaron hacerlo hayan sido cesados de su cargo, como es el caso de Carla del Ponte, relegada exclusivamente al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY).