Ni la muerte ni la tortura en los territorios ocupados desatan
críticas contra Marruecos
Crónica de una semana de brutal
represión en el Sahara Occidental
José Daniel Fierro
Rebelión
La brutalidad marroquí no es suficiente para que la llamada comunidad
internacional se movilice en la búsqueda de una solución política al conflicto
el Sahara Occidental. Mucho menos para que lo haga el gobierno español, más
preocupado por su alianza de civilizaciones que de las acciones represivas de su
incivilizado socio marroquí Mohammed VI.
El siguiente es un breve recorrido semanal, en el que se recoge el clima de
seguridad y libertad que se vive en los territorios ocupados del Sahara
Occidental, invadidos por Marruecos hace 30 años. Nada de lo ocurrido ha
levantado la más mínima crítica hacia el gobierno de Rabat. Ni los gobiernos
occidentales, ni su prensa afín han prestado demasiada atención a las denuncias
del pueblo saharaui.
En su política represiva contra los inmigrantes, la Unión Europea necesita de
sumisos mamporreros al otro lado del Mediterráneo. Para su desgracia, los
saharauis se han convertido en víctimas colaterales de un gobierno con el
que Occidente quiere mantener buenas relaciones ‘de vecindad’. La causa saharaui
se encuentra, por esta razón, en un punto muerto desde el que no puede esperar
apoyo pues ello irritaría a Rabat. 16 de diciembre. Al menos cuarenta y seis personas resultaron heridas y
otras cincuenta y ocho fueron detenidas como consecuencia de una gran protesta
pacífica que se desencadenó el viernes en El Aaiun, capital ocupada del Sahara
Occidental. Los manifestantes reclamaban el derecho de autodeterminación para el
pueblo saharaui y su independencia. La manifestación recorrió diferentes
avenidas y calles antes de ser brutalmente reprimida por las fuerzas de
ocupación marroquíes, que procedieron igualmente al saqueo de domicilios. 17 de diciembre. El sábado el ministro de los Territorios Ocupados y de
la Comunidad Saharaui en el extranjero, Jalil Sidi Mohamed, advirtió sobre las
consecuencias de la política represora marroquí contra las manifestaciones
pacíficas que estaban teniendo lugar en los territorios ocupados del Sahara
Occidental, y los peligros que ello representaba de cara a una solución pacífica
del conflicto. En sus declaraciones hizo un llamamiento a la ONU, por medio de
su misión en la zona (Minurso), para que protegiera a los civiles saharauis.
Haciendo un balance provisional sobre la manifestación del día anterior, el
ministro denunció 64 detenciones, 48 heridos y 11 casas devastadas con los
bienes de sus inquilinos destruidos o robados, indicando que estos números
podrían elevarse aún. También señaló que las autoridades coloniales marroquíes
habían procedido al despliegue de miles de militares, vestidos de paisano, entre
la población civil.
Además, dos saharauis fueron detenidos el sábado en la ciudad ocupada de Smara.
18 de diciembre. La Asociación de Familiares de los Presos y
Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) y la Unión de Juristas Saharauis (UJS)
elaboraron un documento en el que denunciaban "enérgicamente" la violenta
represión contra la población civil y exigían que de detuvieran de inmediato las
hostilidades. Las dos ONGs hicieron responsables a las autoridades marroquíes de
estos "graves atentados" contra "la letra y al espíritu de las Convenciones y
Declaraciones Internacionales de los Derechos Humanos".
Al tiempo, hicieron un llamamiento "urgente" a la comunidad internacional, a la
ONU, al Parlamento Europeo, a la Unión Africana, al Comité Internacional de la
Cruz Roja, al Gobierno español y a las organizaciones defensoras de los Derechos
del Hombre para que enviaran una comisión internacional de investigación sobre
lo que está sucediendo en los territorios ocupados.
La saharaui Chaker Lahbib Jaya fue detenida y torturada en la ciudad ocupada de
Bojador, por haber colocado la bandera del Sahara Occidental en el edificio del
primer distrito de la ciudad. 19 de diciembre. El lunes el Comité Nacional Argelino de Solidaridad con
el Pueblo Saharaui (CNASPS) emplazó también al Consejo de Seguridad (ONU) y a
todas las instituciones internacionales competentes para protegieran al pueblo
saharaui contra la "represión colonial" practicada a diario por las fuerzas
policiales marroquíes.
Y como para corroborar esa declaración, ese mismo día tres ancianos resultaron
muertos y otro gravemente herido tras ser arrollados por un camión militar
marroquí.
También el lunes, una decena de jóvenes saharauis comparecieron ante el juez de
instrucción del Tribunal de El Aaiun tras ser detenidos durante la manifestación
del viernes. En el grupo había cuatro chicas, que al ser liberadas relataron las
torturas a las que fueron sometidas durante los tres días que había durado su
arresto. También se conocieron doce nuevos casos de heridos, que fueron añadidos
a la lista ya publicada por las autoridades saharauis.
Una noticia positiva fue la concesión del V Premio ‘Juan María Bandrés’ de
Derechos Humanos a la activista saharaui Aminetu Haidar. Un galardón ofrecido
por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Fundación CEAR.
Aminetu Haidar, presa actualmente en la tristemente famosa Cárcel Negra de El
Aaiún, es un símbolo de la lucha pacífica por los derechos del pueblo saharaui.
A pesar de sufrir numerosas detenciones y vejaciones por parte de las
autoridades marroquíes no ha dejado de trabajar de manera pacífica para que se
haga realidad el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. 20 de diciembre. El martes el Presidente de la República Saharaui,
Mohamed Abdelaziz, reclamó al Consejo de Seguridad de la ONU un "compromiso
real" de las Naciones Unidas para "asumir" plenamente su responsabilidad legal y
moral en la protección de la indefensa población civil saharaui en los
territorios ocupados del Sahara Occidental. Advirtiendo del peligro que supone
que los 20.000 soldados marroquíes vestidos de paisano puedan "perpetrar
masacres colectivas".
Por ello, Abdelaziz pidió la celebración de una "sesión extraordinaria" del
Consejo de Seguridad con el fin de dar a la Minurso todos los medios necesarios
para "proteger la vida de una población oprimida, a la espera de que se organice
un referéndum justo y democrático para el pueblo saharaui". 21 de diciembre. Las manifestaciones pacificas volvieron a los
territorios ocupados. Y la violencia policial también. Durante la noche del
martes al miércoles tuvieron lugar protestas en las cuatro principales ciudades
saharauis ocupadas: Dajla, El Aaiun, Smara y Bojador, donde al menos dos
personas fueron detenidas.
El miércoles se supo que los temibles Grupos Urbanos de Seguridad (GUS), de las
fuerzas policiales marroquíes, llevaban varios días poniendo en práctica una
técnica disciplinaria sin precedentes: abandonar a jóvenes (algunos menores
de edad) contestatarios a 40 kilómetros de sus casas, en medio del desierto.
Estos jóvenes estarían bajo la sospecha de haber participado en las
manifestaciones con la ocupación marroquí.
La noticia, dada a conocer por el periódico Canarias7, también aseguraba
que las viviendas de estos desterrados fueron destrozadas, siguiendo el
proceder de las tropas israelíes contra los palestinos. Según testigos oculares,
por vez primera las fuerzas marroquíes se ensañaron contra mujeres ancianas, que
fueron duramente apaleadas en sus propias casas. Igualmente fueron destrozados
equipos eléctricos, dejando a decenas de domicilios sin luz. 22 de diciembre. El Tribunal colonial de primera instancia de El Aaiun
condenó el jueves al estudiante Sid’Ahmed N’dur por haber "humillado a un
funcionario público y haber participado en concentraciones no autorizadas". La
pena impuesta fue de 4 meses de prisión mayor.
Ese día apareció Mohamed Ali Ruimi, ciudadano saharaui que había sido
secuestrado el pasado 24 de noviembre por las autoridades marroquíes. Ali Ruimi
estuvo desaparecido durante un mes en una cárcel secreta en la localidad
de Guelta, donde fue sometido a torturas. En la actualidad continúa encarcelado
sin permitir ningún contacto con su familia.
