Ambientalistas y activistas de derechos humanos de Nigeria se anotaron una
victoria cuando un juez federal exigió que se interrumpiera inmediatamente la
quema controlada de gas al aire libre, que emana de los pozos petroleros.
Para el magistrado C.V. Nwokorie, esta práctica atenta contra el derecho a la
vida, la salud y la dignidad de quienes habitan zonas cercanas a los
yacimientos.
Las compañías petroleras recurren a la quema para eliminar residuos y aliviar la
presión interna en los pozos. Esta práctica, prohibida por ley desde 1984, es la
mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de África.
La quema de gas libera sustancias tóxicas que afectan la salud y el ganado de
las comunidades delta del Níger. En los últimos 40 años, los habitantes del
delta fuero víctimas de muertes prematuras, enfermedades respiratorias y
diversas formas de cáncer, según el fallo emitido el lunes.
Con su dictamen, el juez Nwokorie respondió al litigio presentado este verano
(boreal) por la minoritaria comunidad iwerekan.
El fallo también se aplicará a otros juicios similares iniciados por otros siete
grupos étnicos minoritarios, incluida la etnia ogoni, que la semana pasada
recordó el décimo aniversario de la ejecución del escritor Kenneth Saro-wiwa y
de otros ocho ambientalistas a manos de la ex junta militar de Nigeria.
Nwokorie se sirvió de un dictamen sin precedentes emitido en 2001 por la
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR por sus siglas en
inglés) conminó al gobierno nigeriano a compensar a la etnia ogoni por los
abusos y daños cometidos por las compañías petroleras contra sus tierras,
viviendas y salud.
"Por primera vez, un tribunal competente se animó a declarar que Shell, Chevron
y otras compañías que operan aquí realizaron actividades ilegales durante
décadas", declaró el reverendo Nnimmo Bassey, director ejecutivo de Acción por
los Derechos Ambientales, filial local de Amigos de la Tierra Internacional, una
de las organizaciones que promovieron la demanda.
"Esperamos que este fallo sea respetado y que por una vez en la vida las
corporaciones petroleras acepten la verdad y detengan sus pecaminosas
actividades de quema", señaló el religioso.
La Shell Development Petroleum Corporation (SDPC), una de las compañías acusadas
junto con la Corporación Nacional de Petróleo de Nigeria (NNPC), anunció que
apelaría el fallo.
La SPDC alegó en un comunicado que había invertido ya unos 2.000 millones de
dólares para reducir la quema de gases y eliminarla completamente en 2009.
La SDPC, filial nigeriana de la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, es una de las
tantas empresas establecidas en el delta del río Níger, además de las
subsidiarias de las estadounidenses ExxonMobil y ChevronTexaco, la francesa
Total-Fina-Elf y la italiana Agip.
Según un informe de la red ambientalista Amigos de la Tierra Internacional,
titulado "Justicia climática: quema de gas en Nigeria", 2.500 millones de pies
cúbicos por día, 40 por ciento del consumo total de gas natural de África en
2001, son quemados en Nigeria (más que en cualquier otra parte del mundo).
Este desperdicio significa una pérdida potencial para Nigeria de 2.500 millones
de dólares al año, suma por demás significativa en un país donde casi dos
tercios de sus 130 millones de habitantes vive en la más absoluta pobreza.
En el delta del Níger se recurre a la quema de gas al aire libre porque ni las
grandes petroleras ni la NNPC han invertido en instalaciones para darle un uso
comercial.
El gas bombeado a través de una red de cañerías que atraviesa los manglares del
delta, los campos cultivados e incluso aldeas, es quemado en varias estaciones
de las que emanan enormes llamaradas y columnas de humo, y que producen un
rugido que se escucha las 24 horas al día, los siete días a la semana.
Estas emanaciones y los frecuentes derrames de petróleo que han degradado las
reservas de peces, el agua y el suelo, y la calidad de vida y la salud de los
habitantes del delta, dieron motivo a enérgicas protestas de la población local
desde mediados del siglo pasado, cuando Nigeria todavía era colonia de Gran
Bretaña.
Estas protestas siempre fueron reprimidas por el Estado, que nunca se interesó
por el desarrollo económico de esta zona habitada por grupos sin ningún peso
político.
Elegido presidente Olusegun Obasanjo en 1999, luego de una serie de dictaduras
militares, una de las cuales también encabezó y que ignoraron a las minorías del
delta, prometió atender muchos de sus reclamos, incluido el de obtener una cuota
razonable de las ganancias del petróleo y el gas.
Pero el avance es lento y las confrontaciones entre las comunidades étnicas, las
empresas petroleras y las fuerzas del gobierno no han cesado.
Obasanjo consiguió que las compañías petroleras se comprometieran
voluntariamente a interrumpir la quema de gases para 2008, pero la subsidiaria
de la Shell ya adelantó que no podría cumplir con ese plazo.
Sin embargo, si el fallo de esta semana sobrevive el proceso de apelación y se
reafirma la prohibición, aumentarán las presiones para que se tomen medidas
urgentes.
El juez ordenó, además, que el procurador general se reuniera con el Consejo
Ejecutivo Federal, en el que participa el presidente Obasanjo, el vicepresidente
y todo el gabinete, para que se actuara inmediatamente.
"Este es un fallo histórico", manifestó Peter Roderick, co-director del programa
de justicia climática de Amigos de la Tierra. "Aplaudimos el coraje del juez al
enviar un mensaje claro en cuanto a que la quema de gas es una práctica obsoleta
inaceptable en Nigeria".
"También aplaudimos la decisión del tribunal de aplicar por primera vez a un
proceso ambiental derechos garantizados por la Constitución, en consonancia con
lo que ocurre en otros países", agregó.
En su fallo de 2001, la ACHPR también había ordenado al gobierno dar respuesta a
las demandas de los ogoni, incluida la de "realizar una limpieza sistemática y a
fondo de las tierras y los ríos dañados por la extracción de petróleo".
Pese a su pertenencia a la Organización de la Unidad Africana (hoy transformada
en la Unión Africana), de la cual la ACHRP formaba parte, todos esos mandatos
fueron ignorados por el gobierno de Obasanjo.
La ACHRP determinó que el gobierno había violado siete artículos de la Carta de
los Derechos Humanos y de los Pueblos de África de 1981, de la cual Nigeria es
signataria.
Entre estos se hallan "el derecho a gozar del mejor estado de salud física y
mental --a un ambiente general favorable al desarrollo de los pueblos--, a
disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y a una compensación
adecuada cuando estos recursos son expropiados o dañados".
Los gobiernos, dice la ACHRP, tienen la obligación de proteger y garantizar
estos derechos, e incluso de defenderlos cuando son amenazados o violados por
terceras partes, o por actores privados.
"Contraviniendo obligaciones contraídas, el gobierno de Nigeria dio luz verde a
las compañías privadas, en particular a las petroleras, devastando con esto el
bienestar de los ogonis", sostuvo la ACHRP.
"Las actividades de las corporaciones trasnacionales pueden ser una fuerza
positiva para el desarrollo sólo si los Estados y las sociedades toman en cuenta
el bien común y los derechos sagrados de las personas y las comunidades",
añadía.
Ante una demanda interpuesta por el Centro para la Acción de los Derechos
Económicos y Sociales, con sede en Nigeria, la decisión de la ACHRP fue una de
las más importantes de los últimos años acerca del impacto de la globalización
encabezada por las grandes corporaciones en los países en desarrollo.
