Latinoamérica

Rodrigo Cabezas Naranjo*
El Comercio
Altercom

El Contralmirante Gustavo Jarrín Ampudia, ex ministro de Recursos Naturales y el General René Vargas Pazzos, ex Gerente de CEPE se dirigieron al país para informarle de una de las etapas más interesantes y positivas de la política petrolera del país.

En 1964 las Compañías Texaco-Gulf obtuvieron un Contrato de Concesión de 1450 000 hectáreas en el Oriente ecuatoriano.

En 1968 descubrieron petróleo en el Pozo Lago Agrio 1. A finales de la década consiguieron que Minas y Petróleos les traspasara 650 000 hectáreas en el centro mismo de la cuenca.

En 1971 como delegado de la Junta de Planificación integré la Comisión que redactó la Ley de Hidrocarburos que se expidió en octubre del mismo año. Un audaz abogado asegura que dicha ley  es una copia de la ley venezolana. Está totalmente equivocado,  la Ley de 1971 es la ley de 1938 actualizada y mejorada. El Dr. Velasco Ibarra me manifestó su preocupación por la enorme extensión de la concesión y constituyó una comisión que consiguió una reducción del área a 1 millón de has. Las compañías desarrollaron los campos y lograron encontrar una reserva de petróleo de 1 450 000 barriles de primera calidad. El contrato Texaco-Gulf era extremadamente generoso con las compañías. Pagaban una regalía del 11% Texaco-Gulf a la vez desarrollaron el campo, construyeron un oleoducto de 400 000 barriles diarios de capacidad.

En el carnaval de 1972 llegó al poder el gobierno Nacionalista y Revolucionario de las Fuerzas Armadas, el cual  decidió de inmediato renegociar los contratos con Texaco-Gulf. Jarrín Ampudia integró la Comisión Asesora de Política Petrolera, la que me nombró su Presidente. La Comisión Asesora recomendó al gobierno expedir el Decreto 430 de 1972 para darles sustento jurídico a las acciones del gobierno. En dicho decreto se sentaron  las bases para la nueva política petrolera, renegociar los contratos, ingresar a la OPEP, comprar el 25% de los derechos de Texaco-Gulf y pedir a las compañías petroleras que firmen el Contrato Tipo que es exactamente igual para todas. Todas las compañías firmaron el contrato Tipo que estipula que las regalías suban del 11 al 18,5%, que el plazo de los contratos se reduzca a 20 años y que en cada embarque de petróleo se liquide las regalías y el Impuesto a la Renta para lo cual se fijó un costo presuntivo.

El 6 de junio de 1972 el gobierno dictó el Decreto 430 que regulaba las relaciones del gobierno con las compañías. Con el Contrato Tipo se eliminaron los enormes textos con los cuales los amigos y abogados de las compañías jugaban hábilmente para interpretar el contrato a gusto de los clientes. No se produjeron mayores problemas y las compañías aceptaron tranquilamente las decisiones del gobierno. Habría sido absurdo mantener el plazo de 40 años de la concesión porque con ese plazo los yacimientos habrían sido liquidados.

El gobierno después de ingresar a la OPEP y acogiéndose a la Resolución 90 de esta organización, compró el 25% de los derechos que tenían las compañías en los yacimientos. Todas las compañías aceptaron firmar el Contrato Tipo, de  pocas páginas, en las cuales no había posibilidad de hacer interpretaciones tendenciosas. Nadie se atrevió a decir que el gobierno estaba asustando a las compañías petroleras porque  estaban curadas de espanto. 

Ahora las compañías hacen utilidades fabulosas y nadie hace nada porque se han cambiado los papeles. Ahora mandan las compañías petroleras. Es grave pensar que los actuales contratos le dan  al Estado apenas el 20% de la producción, no pagan regalías, y se benefician con el cambio del precio del petróleo que ahora está bordeando los 70 dólares en el mercado internacional.

Las compañías están pasando bonito.

*Rodrigo Cabezas: Experto petrolero, columnista del Diario El Comercio de Quito. 
E-mail: rcabezas@elcomercio.org