Latinoamérica

La concertación ha sido cómplice de la impunidad

Juan Guzmán Tapia cuestionó indultos por razones de Estado, manifestándose con respecto al beneficio otorgado a uno de los delincuentes militares que participo en el crimen del presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Tucapel Jiménez.
El retirado jurista, el primero que procesó al ex dictador Augusto Pinochet por causas de Derechos Humanos, cuestionó el indulto otorgado por el Presidente Ricardo Lagos al suboficial de Ejército (r) Manuel Contreras Donaire, condenado como autor del homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez.
"Hay delitos, hay crímenes que no son materia de prescripción, que no son materia de amnistía, que no deben ser obviamente materias de indulto", aseguró el ex magistrado durante el lanzamiento de la edición en DVD del documental "Estadio Nacional", en relación al uso de ese recinto como campo de concentración bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
Junto con estimar que la Concertación ha sido cómplice de la impunidad en gran parte de estos procesos, Guzmán dijo que "las razones de Estado", con la que Lagos justificó tal el indulto, "han hecho sufrir demasiado a este país, lo han denigrado, han denigrado a su gente, han denigrado la justicia".
"Tenemos que seguir cada uno en lo suyo por que sea la justicia y no el olvido ni las razones de Estado aquellas que deban permanecer y triunfar sobre los horrores, sobre la ignominia, sobre el deshonor, sobre la humillación, sobre el dolor permanente de tantos chilenos que aún siguen buscando a su hermano, a su hijo, a su padre, a su pareja", afirmó.
El gobierno de Ricardo Lagos desde que se propuso realizar una serie de reformas al Código de Procedimiento Penal, ha buscado de una u otra manera, la búsqueda de una Ley de Punto Final a las violaciones de los derechos humanos cometidos en dictadura. Para ello ha pretendido la utilización de una serie de resquicios legales que permita salvar a los militares criminales, para sellar así el cierre definitivo de los procesos abiertos en contra de los militares represores.
El indulto a uno de los criminales más peligrosos de los aparatos represivos de la dictadura, Manuel Contreras Donaire, quien fuera uno de los autores materiales del crimen del sindicalista Tucapel Jiménez. Es producto de un acuerdo establecido entre en primer mandatario y el máximo líder de la extrema derecha (UDI) Pablo Longueira.
Con ello se pretende ir estableciendo un procedimiento que permita la puesta en libertad de todos los presos políticos, también los presos de los pueblos originarios, para luego proceder con la amnistía para todos los militares que están involucrados en las torturas y hechos de muerte bajo el régimen militar.
Las movilizaciones diversas que han desplegado este último tiempo los militares en retiro y que se encuentran siendo procesados por los tribunales se encuentran operando de manera de conseguir el indulto presidencial, antes que Ricardo Lagos deje el poder en marzo del 2006.
Mientras tanto, los abogados que defienden las causas de derechos humanos, los familiares de las víctimas y las organizaciones ligadas a la búsqueda de la verdad y la justicia, siguen con suma atención las maniobras del gobierno de la Concertación, con el objeto de denunciar a los organismos internacionales el manto de impunidad que quieren imponer Ricardo Lagos y la extrema derecha, encubridora y cómplices de los crímenes cometidos por la dictadura militar encabezada por el criminal, mafioso y ladrón Augusto Pinochet Ugarte.
Juan Guzmán Tapia tras ser el primer juez en investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por Pinochet y procesarlo, en junio pasado abandono la carrera judicial, desencantado por el proceder de los Tribunales de Justicia, que aún siguen amparando a los militares que participaron en la violación sistemática de los derechos humanos.
Actualmente desarrolla actividades de decano de Derecho de la Universidad Central.