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Indignación. Sólo con este concepto se puede definir la reacción que los hijos de las víctimas de la dictadura militar tienen tras conocer la posible reducción de pena para los condenados por delitos a los derechos humanos, que actualmente se estudia en la Cámara Alta.
Las críticas más duras se dirigen al Presidente de la República, Ricardo Lagos, al senador radical Enrique Silva-Cimma y al principal gestor del proyecto, el senador UDI Hernán Larraín.
"Presidente Lagos, ésta no es la forma de armar progresismo en Chile", sentenció Manuel Guerrero, hijo de uno de los tres profesores comunistas degollados en 1985, en una conferencia de prensa realizada en la sede de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), con el fin de dar a conocer la posición de las familiares de las víctimas frente al proyecto.
En la misma línea de una crítica dura, Guerrero se lanzó en contra del senador Silva-Cimma (PRSD), preguntándole "¿si él como gran defensor del humanismo laico quiere instalar la impunidad? ¿Por qué no hace gestos para que los culpables vayan a la cárcel?".
Tucapel Jiménez, hijo del asesinado presidente de la ANEF, aseguró por su parte que "Silva-Cimma no tiene autoridad moral para representar a nadie. Él nunca hizo nada en el juicio de mi padre.
La crítica a Lagos vino de parte de José Manuel Parada, hijo de otro de los profesores degollados, quien sostuvo que el mandatario "es un cómplice más" y que "no va a pasar a la historia como defensor de los derechos humanos".
Los familiares de las víctimas declararon no estar sorprendidos por la posición adoptada en torno al tema de parte de los senadores concertacionistas Edgardo Boeninger (DC) y Silva-Cimma, ya que "ellos no representan al pueblo".
Tampoco les llama la atención la actitud del senador Larraín al que critican por querer imponer la impunidad como sistema de justicia.
Para el parlamentario, Guerrero también lanzó una ácido cuestionamiento: "¿Por qué no se preocupó de denunciar las violaciones de los derechos humanos en Colonia Dignidad? Usted no tiene moral para llamar a pacificar nada".
Como denegación de justicia fue definido el proyecto por parte del abogado de la Codepu Iván Villagra, quien aseguró que "el poder político empieza a jugársela por la impunidad".
El profesional apoyó sus dichos señalando que de los más de 400 procesos que hoy hay en tribunales por violaciones a los derechos humanos, sólo existen 48 condenados, "lo que ya es una clara muestra de impunidad".
Frente al rechazo que genera el proyecto de ley entre los familiares de las víctimas, el Codepu informó que en octubre concurrirá ante organismos internacionales para denunciar el "mal gobierno".
Pero las intenciones de establecer de una ley de punto final e impunidad, es rechazada por amplios sectores nacionales, entre ellos los parlamentario del Partido Socialista, las organizaciones y los abogados de derechos humanos, los familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, el Pacto Juntos Podemos Más y diversas personalidades del ámbito nacional.
El objetivo del primer mandatario Ricardo Lagos, junto a la extrema derecha (UDI-RN) y un sector de la Concertación, están desplegando todos los esfuerzos pertinentes para salvar a los militares que tienen sus manos manchadas con sangres de chilenos, que sufrieron la represión, las torturas, la desaparición y la muerte de miles de chilenos. El apresuramiento en la creación de una ley de punto, obedece al hecho de que Lagos, culmina su mandato en marzo del 2006.