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El Presidente de la República y ex Presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé (ERV), ha declarado que las empresas estratégicas del Estado, "capitalizadas" por Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), son ahora sociedades anónimas, totalmente privadas. Tal afirmación no tiene fundamento. En efecto, si las "capitalizadas" son privadas, ¿por qué Hugo Banzer (1997-2001) convirtió los paquetes accionarios de estas sociedades en "acciones populares"? ¿Por qué Carlos Mesa (2003-2005) consultó al país, mediante referéndum, el traspaso de las acciones de Transredes, Chaco y Andina al ente petrolero estatal? ¿Por qué el Parlamento determina el monto del Bonosol, que se paga con la rentabilidad de las acciones? ¿Por qué las "capitalizadas" no cotizan en bolsa? ¿Es concebible semejante ingerencia en verdaderas sociedades anónimas como la Maxus o la Cervecería Boliviana Nacional? Lo cierto es que las "capitalizadas" , debido a los vacíos jurídicos existentes, son "sociedades irregulares", como prevé el artículo 134 del Código de Comercio.
En el contrato de administración y de suscripción de acciones suscrito entre el Estado y la Euro Telecom. Internacional (ETI), que "capitalizó" la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), se indica que el "capitalizador" debe demostrar, mediante auditoria, el monto de las inversiones comprometidas, las que debían llegar a 610 millones de dólares, lo que elevó el patrimonio de la empresa a 1.220 millones de dólares. Sin embargo, no se especificó qué entidad estatal debía evaluar ese informe, en el que, a modo de ejemplo, figura la compra de fibra óptica a  25 dólares el metro, en tanto su precio es de 5 dólares en el mercado internacional. Mesa, mediante Decreto Supremo, 28172, de 19/05/05, determinó que su  Ministro de Desarrollo Económico, Walter Kreidler, cumpla esa tarea, quien es dirigente de los empresarios privados, hermano de Alfonso Kreidler, ex Ministro de GSL y miembro del directorio de la Cooperativa de Teléfonos de Santa Cruz (COTAS), interesada en adquirir ENTEL, y hermano también de José Kreidler, Vicepresidente de YPFB y gerente de la empresa de Servicios Petroleros (Serpetrol).
El decreto de Mesa es un abuso contra el país y un absurdo legal. No se entiende cómo un Ministro puede determinar la validez de una auditoria en que se hallan en juego 1.200 millones de dólares, prescindiendo del Parlamento, la Contraloría, el Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia del sector. Tal disposición fue ejecutada por el actual Ministro de Desarrollo Económico, Carlos Melchor Díaz Villavicencio, gerente de la poderosa empresa de servicios petroleros Helmerich & Payne Rasco, quien aprobó la auditoria de ETI sin observación alguna. La aprobación implica que el contrato de ETI con el Estado ha terminado, de manera que el consorcio italiano puede disponer de sus acciones sin restricción alguna. La auditoria nunca fue publicada.
El directorio de ENTEL "capitalizada· está integrado por 4 directores designados por ETI y 3 por las AFPs, en representación de  los ciudadanos bolivianos. Las AFPs han nombrado, como representante de los ciudadanos bolivianos en ENTEL, a Carlos Alberto López, quien es, al mismo tiempo, vocero de las petroleras que operan en Bolivia. Otro representante es Walter Núñez Rodríguez, ex Presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y ex Ministro de Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002). Las AFPs fueron representadas, al iniciar sus gestiones, por Gonzalo Bedoya, de la Compañía aseguradora, CIA Cruz, que vendió seguros al Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), entidad que aporta acciones para el mismo sistema de pensiones, y por Raúl Garafulic, quien también cometió el delito de tráfico de influencias al comprar acciones del LAB en su propio beneficio. Las AFPs están controladas por Bancos españoles y suizos.
Después de la aprobación clandestina de la auditoria, los accionistas de ENTEL (50 % de ETI, 47 % de las AFPs que se apropiaron ilegalmente de las acciones de los bolivianos) procedieron a distribuir entre los accionistas un tercio del paquete accionario, que disminuyó de 1200 millones de dólares a 800 millones de dólares. ETI, luego  de recuperar sus inversiones, gracias a que gozó de un mercado monopólico, anunció que abandonará el país, ya que venderá las acciones de su propiedad. Entre los interesados en comprarlas se halla COTAS, que, con el respaldo de las petroleras, ofrecerá pagar por las acciones sólo parte de su valor, dentro de una operación financiera que también es "confidencial".