Latinoamérica
|
El dirigente Benigno Vargas denuncia que la justicia monta un
show con ayuda de los medios de comunicación controlados por la oligarquía
Bolpress.com
Santa Cruz. El representante de los trabajadores campesinos de Santa Cruz,
Benigno Vargas, aclaró que no hay ninguna toma de tierras por parte de los
campesinos y que tampoco es gente nueva la que hay en la zona de Santa Rosa, al
norte de Santa Cruz. La versión que dice que dos fiscales fueron expulsados de
la zona es parte de un show preparado para desprestigiar a los campesinos.
"Cuando se habla de propiedad no existe ninguna propiedad allí, cuando se habla
de delincuentes no entiendo a qué se refieren. Desafío al presidente de la CAO a
un debate en el medio que sea, que salga al frente y que no siga satanizando a
los campesinos" señaló Vargas.
"Nos han informado los compañeros que pidieron a los fiscales que entren al
lugar, incluso les ofrecieron garantías para que verifiquen e investiguen, pero
cuando se disponían a ingresar al predio, de repente, corrieron hacia su
vehículo y la gente se molestó. Y también corrieron ellos, y ahí aprovecharon
algunas cámaras para filmar cuando estaban corriendo", explicó Vargas sobre lo
sucedido en Santa Rosa.
El dirigente campesino cuestionó a "los latifundistas y autoridades que no
tienen más argumentos, como los cívicos y la CAO, que no saben cómo se van a
defender porque tienen cualquier cantidad de terrenos, entran a esta guerra
sucia para buscar sangre y justificar su arremetida en contra de los pobres con
todo lo que siempre han acostumbrado". Según el líder sindical, presentaron al
prefecto y al INRA una solicitud de audiencia para buscar una solución al tema,
"sin embargo aquí las autoridades se están reuniendo con los cívicos y los de la
CAO cuando nada tienen que ver ellos".
Los campesinos anticiparon una manipulación mediática de los hechos, tal cual se
hizo desde anoche, porque al parecer los fiscales fueron al lugar "bien
estudiados y enseñados para actuar de la manera en que se vio en la prensa".
Por otro lado, los campesinos ahora cuestionados no pertenecen al Movimiento Sin
Tierra (MST), sino que son originarios del lugar agrupados en los sindicatos "5
de mayo", "Nueva Jerusalén" y la "Asociación de Pequeños Productores Santa
Rosa".
Vargas afirmó que hay predios superpuestos en "'Puesto Miriam', ex propiedad de
Lorenzo Mortimer Domínguez, vendidos en junio de este año, por lo que él
solamente es apoderado. El otro predio es 'Isla Los Andes', también llamado
'Nuevo Horizonte', supuestamente de propiedad de Rubén Costas (ex Presidente
cívico y actual candidato a Prefecto), y tercer predio en cuestión se denomina
'Grupo Portachuelo', cuyo supuesto propietario es Angel Paz Ayala".
El dirigente mostró un documento (carta poder) que señala que el señor Mortimer
es simplemente el representante de varias personas de origen extranjero, que
serían los propietarios, y no así Lorenzo Mortimer que se hace pasar por
asociado, y que ahora es uno de los que reclama se desaloje a los campesinos.
Entre otros documentos, Vargas exhibió además el Decreto Supremo 25838 del año
2000, del gobierno de Banzer, que destina esa área de 211 mil hectáreas a
pequeños agricultores "prioritariamente". Por tanto no deberían existir
propietarios con grandes extensiones de tierra. El decreto definía que cada
productor no debe tener más de 50 hectáreas, por lo que quedan nulas todas las
propiedades privadas por ser un área forestal. "Con toda esta aclaración,
quienes deberían de salir son los que tienen grandes extensiones de tierra, es
decir los latifundistas. Este es un documento legal que se logró con una marcha
desde Trinidad hasta Montero que acabó el 17 de julio", indicó.
Reveló al mismo tiempo que con este mismo decreto se logró el precio concesional
para comprarle al Estado las tierras, como poseedores, a 10 centavos de Bs. la
hectárea, por ejemplo dividiendo un predio entre siete para lograr sanear a ese
precio y comprar tierras a ese monto. Pero además de los lugareños, con este
precio se habría beneficiado gente, entre otros, como el diputado emenerista
Jorge Valdés, cuestionado entre otras cosas por traficante de tierras. Al
respecto, también según Vargas, "el Tribunal Agrario Nacional falló a favor de
estos señores".
"Ahora va a suceder lo mismo y por eso nosotros estamos planteando lo siguiente:
El prefecto y el fiscal no tienen competencia para desalojar, así fue el caso
del Predio Pailas, aquí tengo la sentencia del Tribunal Constitucional, con los
colonizadores que le indica al Prefecto establecer el orden público pero no le
manda a desalojar; pero el prefecto hace desalojar, lo que constituye una
violación a los derechos de los campesinos", sostuvo Vargas.
"Planteamos al prefecto que no se meta porque hay una resolución de Sala Plena
que prohibe toda acción del Prefecto a meterse en temas agrarios. Al fiscal hay
que decirle que no es un tema penal sino agrario que debe resolverse en las
instancias competentes agrarias, por tanto es ilegal si quiere desalojar, es
competencia del Poder Ejecutivo pero a través de la instancia correspondiente,
toda vez que no hay ingresos nuevos, no hay avasallamientos, no se ha tomado
propiedades, sino que la gente esta haciendo respetar su derecho", acotó.
Otra vez los medios manipulan
Benigno Vargas, en tono de denuncia, indicó que "los medios nos han estado
visitando y hemos hecho las aclaraciones respectivas, pero allá sacan otra
cosa", aludiendo a los canales que son propiedad de empresarios poderosos y que
de un tiempo a esta parte son criticados por la población debido a su ya
característica manipulación de los hechos.
Refiriéndose a la Red Uno, Unitel, ATB, Megavisión y otros indicó que no van a
esos medios, a explicar la situación real porque allí quieren manipularlos para
que digan lo que la línea editorial del medio pide. "No nos dan el tiempo
suficiente o solamente nos llaman a veces para hacernos insultar con la otra
parte, y eso es lo que ha pasado en varias oportunidades, y después cuando se
reclama no invitan más. Por ejemplo una vez me invitaron al canal 13 (Red Uno)
cuando había un problema de tierras, me colocaron en un cuarto a un lado, yo
hubiese querido estar con el que tenía que debatir frente a frente, sin embargo
a la salida cuando hice el reclamo se molestaron y no me volvieron a invitar
hasta ahora, no les gusta que uno les reclame su forma de actuar, es
discriminatorio. A cosas que no interesan dan demasiada cobertura, pero para una
explicación que va a dar lugar a aclarar, a evitar un derramamiento de sangre, a
evitar perdida de vidas humanas, de una desestabilización social, no se quieren
dar cobertura.
"Lo que están buscando es sangre y no otra cosa, y eso quiero denunciarlo
públicamente. Por ejemplo anoche escuche al periodista Enrique Salazar que decía
´por qué tenían que ir los fiscales solos, pudiendo ir con la policía, debería
de ponerse orden aquí, debería sentarse principio de autoridad´. Con eso está
pidiendo que se violen los derechos humanos, no nos pueden privar de emitir
nuestra voz por los medios que querramos pero aquí (en Santa Cruz) nos prohiben".
Aseguró que los medios son propiedad de grandes grupos de poder cívico
empresariales y petrolatifundistas que están todos unidos porque tienen poder y
gente pagada incluso para hacer de "detectives" por todo lado.
Medios como ATB calificaron a los campesinos de avasalladores, invasores, y les
acusaron falsamente de "sacar a chicotazos a los fiscales,...". Otros canales
televisivos se presentaron criticando al prefecto y presionándole para que
recurra a la fuerza.