Latinoamérica

Tal como sucedió en Bolivia, en el Ecuador se cuestiona a las empresas transnacionales petroleras que se llevan la parte del león mientras dejan en las zonas de las que extraen el codiciado oro negro, contaminación ambiental y poblaciones sumidas en el atraso y la pobreza.

El paro de las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, de donde fluye desde hace 35 años el petróleo, que culminó en la noche del 25 de agosto, replantea en el Ecuador la lucha por la defensa de los recursos naturales.

"Las transnacionales no han beneficiado a la Amazonía, mas bien han dejado enfermedades, cáncer, destrucción, contaminación, no nos han dejado nada, somos herederos de la catástrofe de la Amazonía, no tenemos agua potable, el 90% es agua contaminada, la luz eléctrica apenas llega como mechero, las vías de acceso son de quinta categoría", dice René Pilisita, miembro del Consejo del Empleo y Políticas Petroleras de la provincia de Orellana, una entidad de la sociedad civil que trabaja con el municipio.

Para hacerse escuchar, las poblaciones de estas dos provincias, situadas al nor-oriente del país, recurrieron a las movilizaciones que se iniciaron el 14 de agosto, paralizando incluso la producción de algunos pozos petroleros. De parte del gobierno presidido por Alfredo Palacio se demostró una gran incapacidad para resolver el problema mediante el diálogo y la negociación. En lugar de ello, recurrió a las medidas de fuerza e incluso a decretar el estado de emergencia en las dos provincias. Las Fuerzas Armadas y la policía causaron decenas de heridos, detuvieron violentamente a decenas de personas, incluidos el alcalde de Lago Agrio, Máximo Abad y el Prefecto de Sucumbíos, Guillermo Muñoz, según denunciaron organismos de derechos humanos.

Para hacer prevalecer su política de "mano dura", Palacio pidió la renuncia a su ministro de Defensa, el General (r) Solón Espinosa y lo sustituyó por el General (r) Osvaldo Jarrín, de línea autoritaria, quien en su primera comparecencia ante la prensa, afirmó que los militares pueden disparar cuando sean atacados.

Aunque el gobierno dijo que no negociará mientras esté vigente la medida de hecho, el gobierno tuvo que hacerlo. Tras cuatro días de negociaciones efectuadas en Quito, los representes del gobierno, de las provincias de Orellana y Sucumbíos y de las transnacionales llegaron a un acuerdo en el que se atiende algunas demandas de las poblaciones amazónica como la contratación preferente de mano de obra de la zona, la creación de un fondo para asfaltar 260 kilómetros de carreteras y destinar a la región el 16 del 25 por ciento del impuesto a la renta que pagan las petroleras. Un punto en que no hubo acuerdo, fue en el pedido de los dirigentes amazónicos de que no se inicien acciones legales en contra de los que participaron en el paro.

El manejo inadecuado y autoritario de este conflicto le ha traído varios problemas al régimen de Palacio: una mayoría del Congreso, además de levantar estado de emergencia decretado por el Ejecutivo, le pidió que separe al ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, quien es acusado de generar el caos en el país, de la brutal represión a la población y de incapacidad para resolver los conflictos internos.

Dos demandas de las provincias amazónicas quedan aún pendientes: la renegociación de los contratos con las empresas petroleras y la petición de que el Estado ecuatoriano ponga fin al contrato con la empresa transnacional estadounidense Occidental Oil and Gas Corporation (más conocida como OXY), a la que se acusa de haber transferido el 40% de sus acciones a la empresa canadiense ENCANA sin autorización del Ministerio de Energía y Minas y de otras violaciones a la ley.

Nuevas condiciones

Con un precio del petróleo que se acerca a los 70 dólares por barril y con tendencia a seguir subiendo en los próximos años, es necesario la renegociación de los contratos de participación con las transnacionales "puesto que en las bases de los mismos está estipulada una cláusula de mantener la estabilidad económica de las partes, pero hoy no hay estabilidad económica, el desequilibrio está en contra del Estado, de tal manera que las compañías deben demostrar su voluntad y dar paso para que se estabilice la economía, el Estado no puede perder", señala Henry Llánez, ex dirigente sindical y analista petrolero.

Otros dirigentes sociales van más allá, reclamando una participación del 50 por ciento para los ecuatorianos e incluso la nacionalización del petróleo.

El Ecuador produce unos 550.000 barriles diarios, de los cuales 350.000 corresponden a 14 empresas transnacionales y 200.000 a la estatal PETROECUADOR. Paulatinamente, la producción de esta última ha ido disminuyendo, debido a que ha sido debilitada por sucesivos gobiernos que le han negado los recursos necesarios para hacer inversiones. Según el economista Alberto Acosta, "entre 1994 y 2004, entre otras trabas, no le entregaron (a Petroecuador) 1.460 millones de dólares para todas las inversiones necesarias en el campo de producción de crudo, lo que provocó pérdidas para el Ecuador por 4.580 millones de dólares".