Bolivia está atravesando un profunda crisis política, tres presidentes de la
República en lo que va de éste período constitucional, son apenas un síntoma de
la profunda crisis. El alto índice de pobreza el desempleo creciente,
[1] la expoliación de nuestra riquezas naturales de hidrocarburos y gas y la
lucha aún no resuelta por recuperarlas; la lenta reactivación de la minería; la
informalización del trabajo y los condicionamientos políticos del norte para
acceder al mercado globalizado, son otras tantas causas y efectos de la aguda
crisis económica, social y política que vivimos en Bolivia.
La reacción popular desde febrero y octubre del 2003, apenas tiene intervalos
cada vez más cortos entre cada cambio de presidente. El pueblo ya no puede vivir
como antes del 2003 y la clase dominante que gobernaba desde antes, ya no puede
hacerlo como lo hacían. Hay una crisis de hegemonía, una lucha por el poder. La
nueva oligarquía lucha por los impuestos y las migajas que dejan las
transnacionales y el comercio interno, por las prebendas de la administración
pública, se aferra al poder desde todo el aparato estatal que históricamente
controla. Por su parte el pueblo no está unido, el neoliberalismo ha quebrado la
unidad y la solidaridad entre las organizaciones sociales, ha desprestigiado a
las organizaciones naturales de los sectores populares, por lo cual no puede
generar la hegemonía popular para resolver el problema del poder a su favor.
En la crisis de mayo a junio últimos, Bolivia estuvo en la mira del mundo:
Argentina, la OEA, EE. UU., la ONU, la UE y hasta el Papa, se preocuparon por
Bolivia. Chile, uno de los países más interesados en la dispersión social de
Bolivia y hasta de su desintegración como país, informó a su población y al
mundo que Bolivia se dividía en junio pasado.
El presidente del gobierno actual, declarativamente apegado a la Ley, haciendo
honor a la condición de ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia de
Bolivia, promete no prolongarse ni un día más de la resolución congresal que lo
nominó hasta diciembre de 2005, con la finalidad principal de convocar y dirigir
un proceso electoral que renueve los poderes ejecutivo y legislativo mediante
elecciones generales. Conocido el cronograma electoral, el gobierno actual
entregará el poder el 22 de enero de 2006.
Así está internamente Bolivia y ante los ojos del mundo. Y, como esto no puede
continuar así, lo que en adelante suceda en el país es corresponsabilidad de
todos: unos por comisión y otros por omisión. Por eso, los que suscribimos el
presente documento, asumimos nuestra responsabilidad activa, con la experiencia
acumulada en años de compromiso político con el pueblo y con la decisión de
aportar junto a quienes se unan a este esfuerzo por la construcción del poder
popular que resuelva la actual crisis y la proyecte con soluciones de carácter
nacional, popular e inclusive de compromiso por la integración de los pueblos a
nivel regional y continental, en el marco de la democracia y las normas de
convivencia y de solidaridad internacional.
1. LA BOLIVIA ACTUAL Y SU CONTEXTO
El contexto boliviano no es de interdependencia, es de dependencia. Con la
globalización lo primero que pierden los Estados pobres y atrasados, es la
soberanía, no por delegación sino por sometimiento. Los 197 Estados del planeta
se dividen entre globalizadores y globalizados. Lo que se ha globalizado es el
sistema capitalista a nivel planetario, bajo el modelo neoliberal.
Con el sistema capitalista globalizado, las transnacionales impusieron las
nuevas reglas de convivencia global. La Organización Mundial de Comercio (OMC)
se arroga la misión de dictar las nuevas constituciones de los Estados sometidos
a los poderes hegemónicos del imperio global. El Acuerdo Mundial de Inversiones
(AMI) con el FMI y el BM están homogenizando el sistema financiero
internacional. Los capitales, empresas y burguesía nacionales, no tienen otro
destino que asociarse al capital transnacional o perecer. De esta contradicción
no antagónica entre capital nacional y transnacional, poco es el capital
nacional que tiene consciencia de ella. Por eso todos a coro repiten que hay que
atraer inversiones, darles toda clase de garantías, privatizar absolutamente
todo lo estatal o público (empresas productivas y los servicios), incluyendo la
educación y la salud que siendo de carácter público que por mandato de los
organismos internacionales tienen que ser privatizados. El capital nacional, por
su debilidad y su falta de consciencia nacional, sigue los dictados del capital
transnacional.
1.1. Bolivia en el Nuevo Orden Mundial
Bolivia ya cumplió lo más esencial de los "reajustes estructurales", de las
privatizaciones, de las reformas del sistema judicial, legal suscribiendo sendos
contratos de enajenación de nuestra soberanía y de los recursos naturales, con
resultados adversos al desarrollo económico y social; pues el crecimiento
económico, sin distribución de las ganancias, sólo beneficia a unos cuantos en
desmedro de las mayorías. El resultado es el crecimiento de la pobreza mientras
que las transnacionales reportan millonarias ganancias. Nuestra riqueza genera
pobreza; la globalización es otro apartheid entre ricos y pobres, ricos que no
vacilan en poner en riesgo inclusive la integridad nacional con matices
autonómicos y rasgos de discriminación e intolerancia cultural y racial con tal
de mantener sus privilegios. El oscurantismo ideo-político no había estado
superado en muchos Estados ni en la mentalidad de muchos líderes mundiales, como
no lo está en Bolivia en los comienzos del siglo XXI.
Este oscurantismo se manifiesta en los centros hegemónicos del poder global.
Dick Cheny, el actual Vicepresidente de los Estados Unidos, al arengar a sus
fuerzas militares con el gastado argumento de ser "los mejores del mundo",
comparte ese oscurantismo ideo-político con los ejecutores de la "limpieza
étnica" por los croatas en Serbia y Bosnia y con el Primer Ministro italiano
Berlusconi quien sostiene que la lucha en el Medio Oriente, es una lucha por la
"superioridad cultural y religiosa del occidente" contra el islamismo "inferior"
del mundo árabe. Y para reafirmar este oscurantismo Francis Fukuyama, el ex
asesor de Bill Clinton en el Departamento de Estado, sostiene que en éste
milenio, las únicas contradicciones serán etnoculturales y religiosas.
Empero, como todo fenómeno genera su contrario, la globalización está dando
lugar al movimiento antiglobalización. Los organismos internacionales (FMI, BM,
OMC y el G-8) ya no pueden reunirse tranquilos sin que la reacción popular en el
primer mundo no se haga sentir. Desde Seatle hasta Eneagle (Escocia), las
reacciones del movimiento antiglobalización les obliga a tomar todas las medidas
de seguridad a quienes se consideraban dueños del mundo. Los trágicos y
luctuosos sucesos de Londres, en ocasión de la última reunión del G-8 en Escocia
(con 52 muertos y casi un millar de heridos), es un mensaje para que los poderes
mundiales revisen y cambien sus políticas de sometimiento al resto del mundo. Y
no es que estemos a favor de un determinado método de lucha, es que el nuevo
reparto del mundo a favor de los globalizadores, está generando una serie de
reacciones con resultados imprevisibles.
A este Nuevo Orden Mundial (NOM), producto de la globalización del capital y de
su modelo neoliberal con resultado de la unipolarización del imperio, se le
quiere imponer el "pensamiento único" con el argumento de que si la realidad es
única, el pensamiento también debe ser único. En Bolivia se repite este
argumento como caricatura.
Uno de esos repetidores y por lo cual se ha ganado el puesto de "consultor del
Banco Mundial" para ayudar a privatizar empresas en otras latitudes, es Alfonso
Revollo Thenier quien en su informe de la situación boliviana a una Comisión del
Senado estadounidense, afirmó que en Bolivia se hicieron las reformas en dos
sentidos: una es la privatización de las empresas para restablecer el
capitalismo privado y otra de "participación popular para los indios". En otras
palabras, la riqueza para los ricos y los pobres que se repartan la pobreza
mediante la distribución de solamente el 20 % de los ingresos el TGN a través de
la coparticipación tributaria.
Este es el Nuevo Orden Mundial en el que estamos y del que no se desprenden los
Doria Medina, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Hormando Vaca Díez y otros, aunque
traten de descalificar a sus antecesores Víctor Paz, Jaime Paz, Bánzer y sus más
estrechos colaboradores.
1.2. Los reajustes estructurales y reformas del Estado
La ortodoxia neoliberal viabilizó la reconversión de las economías socialistas,
sociales y de capitalismo de Estado al capitalismo privado. Con las políticas de
"ajuste estructural", el régimen neoliberal boliviano orientó su acción con
prioridad a los recursos naturales de carácter estratégico, con reformas al
Estado que anula su intervención en la economía y cede su lugar de principal
promotor del desarrollo económico y social a la empresa privada. Así se
transfirió YPFB, ENTEL, ENDE, ENFE, COMIBOL, LAB, las Corporaciones
Departamentales de Desarrollo y todas las empresas de la ex CBF (Aceites, leche,
té y otras).
A los municipios, con reformas de segunda generación, se les impuso la
privatización de los servicios mediante los "contratos-concesiones" para el
botado de basura, dotación de agua, energía, construcción de alcantarillado y
gestión del cobro de peaje, adjudicación y construcción de toda clase de obras
desde las más pequeñas hasta las más grandes. Se transfirió la administración de
los servicios de Vivienda, de Pensiones y progresivamente la educación media,
técnica y superior, igual que la salud. Para todo esto se aplicaron las reformas
al Estado empezando con el D. S. 21060. Este se complementó con leyes y
reglamentos; se reformó el sistema judicial y se dieron todas las garantías a la
inversión privada extranjera directa, a la repatriación de utilidades de Bolivia
al exterior, etc. No se dejó nada al azar.
Con esto se cumplía al pie de la letra la conminatoria del Banco Mundial de
reformar los Estados hasta lo más profundo de la sociedad. El Banco Mundial
conminaba a aplicar las reformas de la economía y la sociedad afirmando que la
reforma al Estado "debe penetrar hasta las reglas de juego fundamentales,
hasta las instituciones que determina el comportamiento y rigen las
organizaciones". En realidad no se trataba de una simple reforma superficial
o coyuntural del Estado, se trataba de reformar o cambiar hasta las
instituciones que determinan el "comportamiento" de las personas y de las
instituciones; o sea que la llamada reforma, tenía que llegar a lo personal y lo
colectivo del comportamiento, a la ideología, la política y las organizaciones
sociales. "Se trata pues, -afirma el BM- de una transición social,
además de económica"; reforma totalizadora que incluía los servicios básicos
de la sociedad, como educación y salud "para satisfacer las demandas del
nuevo sistema económico". [2]
Este es el Estado Neoliberal que queremos cambiar. Para ello tenemos la
experiencia del pasado inmediato de la historia boliviana, con luces y sombras,
de capitalismo de Estado que primó en Bolivia desde la Revolución Nacional de
abril de 1952 hasta su reconversión oficial con el D. S. 21060 de agosto de
1985. Esta historia nos sirve para reestructurar el Estado y la sociedad
cualitativamente superior.
1.3. Los instrumentos de la reestructuración del Estado: Los movimientos
sociales y la
transición de la democracia representativa a participativa
El Estado liberal o neoliberal no podrán transformarse a sí mismo si acaso los
neoliberales prometen cambios sin reestructuración del Estado. Tampoco es viable
la destrucción del Estado actual para organizar o "refundar" otro. El Estado es
uno, ya fundado y estructurado desde 1825. Lo que cabe es su reorientación y
superación cualitativa para que responda a la evolución y perspectivas de la
sociedad boliviana. Este histórico compromiso requiere de instrumentos adecuados
y eficaces como los movimientos sociales, la transición de la democracia
representativa en participativa, la Constituyente, las autonomías y cuanto
imaginación y creatividad tenga y aplique el pueblo para mejorar su sistema
económico, social y político para una vida mejor.
1.3.1. Los movimientos sociales, la lucha de todo el pueblo
Los movimiento sociales han sido los protagonistas principales de la última
década. Los primeros 5 años fueron de acumulación de fuerza; y el siguiente
quinquenio, especialmente desde el 2003, fue decisivo para los cambios
sociopolíticos que se han dado en el país. Por tanto son movimientos vigorosos
que no dan señales de agotamiento, aunque sí de grandes protestas de la
población inactiva.
Las necesidades insatisfechas son nucleadoras de los movimientos sociales, son
la lucha contra la exclusión y marginación y por el derecho de participación en
la toma de decisiones. Los movimientos sociales son por objetivos inmediatos y
concretos y por eso son mayormente espontáneos. Socialmente son heterogéneos por
lo cual carecen de identidad social y política definidos. Pero no por eso
carecen de identidad popular y nacional con claras diferencias de las élites
económicas y de poder como objetivos comunes de la heterogeneidad social y
política popular.
Con estas características los movimientos sociales en la última década
constituyen un aporte que enriquece las luchas sociales y políticas del
movimiento popular. Son también un desafío de las tendencias de izquierda, de la
ideología revolucionaria, para incorporar específicamente éstas características
de los movimientos sociales en las categorías de análisis clasistas y del
conjunto de iniciativas históricas que se han dado los pueblos en sus luchas por
sus intereses también históricos.
En nuestro país, los movimientos sociales que no son alternativos de las clases
ni de los partidos ideológicamente definidos con las clases sociales, son parte
de la lucha de todo el pueblo. Son niveles de concurrencia de los sectores
populares que se identifican y luchan por intereses comunes de los movimientos
sociales como los hidrocarburos, la Constituyente, reestructuración del sistema
político y por ampliación de la democracia representativa que ya no se adecua a
los intereses de las mayorías nacionales.
2. LOS FUNDAMENTOS IDEO-POLÍTICOS DE LA BOLIVIA QUE QUEREMOS
Los cambios no se dan de la noche a la mañana, salvo en nuestra menta o como
deseo. Los cambios reales se dan como producto de la evolución o la revolución.
Inclusive los cambios revolucionarios, constituyen procesos, porque la ruptura
revolucionaria solamente inaugura el proceso de cambio, avanzar y consolidarlos,
lleva tiempo, más largo o más corto según la capacidad, la fuerza, la unidad y
voluntad de las clases sociales comprometidos con los cambios.
Este compromiso con el cambio, es la idea que predispone a la acción, es el
cambio previo de los comprometidos, el factor psicológico, lo subjetivo
imprescindible para interactuar con las condiciones objetivas para ejecutar el
cambio. Este factor subjetivo empieza con el cambio de nosotros mismos, de
superación de los errores de concepción para rectificar los errores de la
acción, es la socialización del pensamiento que se materializa en el instrumento
político, el programa y el liderazgo para el cambio. Eso somos todos los
comprometidos con el cambio que espera el pueblo boliviano.
2.1. La formación social boliviana que queremos cambiar
La formación social boliviana actual está determinada por la globalización. La
incorporación de la ciencia y la tecnología como nueva fuerza productiva
intensiva y masiva en condiciones de monopolio en los países altamente
desarrollados, en lugar de acortar las diferencias con los países de menor
desarrollo, amplió la brecha generando un abismo insalvable entre los altamente
desarrollados y los demás, articulando el mundo dual entre ricos y pobres. La
geoestrategia de dominación unipolar, consolida este proceso sometiendo a los
pueblos globalizados por la persuasión, disuasión, presión diplomática y
económica, represión interna, intervencionismo, invasión y amenazas permanentes
a los pueblos que luchan por recuperar soberanía, dignidad y autodeterminación.
Los instrumentos multilaterales de los globalizadores como el BM y el FMI,
sostienen la dogmática posición de que la única manera de combatir la pobreza es
con el crecimiento económico, el mismo que depende de la inversión privada, de
la privatización de las áreas estatales, de la eficiencia y eficacia, es decir,
producir mas al menor costo y con la mayor rapidez, con menor cantidad de
obreros, dejando los precios y los salarios a la sola regulación del mercado.
Esta es una falacia porque no todo crecimiento reduce la pobreza y a veces más
bien la incrementa. Si bien es cierto que no se podría combatir la pobreza sin
crecimiento, como dice J.Stiglitz, "la marea alta" no siempre "levanta
todos los barcos. A veces una marea que sube velozmente, en especial cuando la
acompaña una tormenta, arroja contra la orilla a los barcos más débiles y los
hace añicos". Y cuando el crecimiento a la vez reduce la pobreza, éstas son
"estrategias de crecimiento pro pobres". [3] Esta
es la realidad en muchos países pobres como lo fue también en los EE. UU. con
los sectores de clase media. Para que el crecimiento sea un instrumento efectivo
de lucha contra la pobreza, debería acompañarse con políticas de distribución
equitativa de la riqueza que nunca hará el sistema capitalista global actual. El
ejemplo se dio en EE. UU., en los años ochenta, cuando la economía crecía a un
ritmo sostenido, las rentas de los de abajo (de la clase media especialmente),
se redujeron. Los barcos de los de abajo, en especial de los llamados países del
Tercer Mundo, se están haciendo añicos.
Impuesto el sistema y su modelo en Bolivia, desde 1985, las políticas
macroeconómicas seguidas dócilmente por el país, tuvieron incidencia directa en
la reconfiguración de la sociedad boliviana en la era de la globalización.
En 1985 la coyuntura de hiperinflación y la crisis de la minería en Bolivia,
facilitaron la aplicación del Decreto Supremo 21060 con la finalidad esencial de
reestructuración del capital privado con el elevado costo social de desempleo,
reducción del gasto público, privatizaciones del área productiva con
transnacionalización y administración privada de los servicios públicos, con el
resultado de que Bolivia y sus recursos naturales ya no son de los bolivianos.
Siguiendo con J. Stiglitz, quien recomendó al Gobierno boliviano no seguir al
pie de la letra las "recomendaciones" del Banco Mundial y del FMI, dijo que en
la trilogía de "adaptar, crear y destruir", éstos destruyeron más de lo
que crearon. Las políticas de privatizaciones y capitalizaciones de empresas y
servicios, destruyeron la base económica para el desarrollo de Bolivia y
constriñeron la capacidad institucional pública y social de los servicios
básicos del desarrollo humano como la educación, la salud, el sistema de
pensiones, la seguridad ciudadana, alimentaria, las viviendas de carácter social
y los derechos humanos.
Todas, absolutamente todas, las políticas de lucha contra la pobreza, son y
serán solamente paliativos, si éstas no atacan las causas y no se quedan
solamente en los efectos de la pobreza. Todas las políticas rimbombantes contra
la pobreza, serán solo falsas expectativas en la generación de empleos. La
pequeña y micro empresa no podrán sustituir al Estado en la solución de los
grandes problemas sociales así como en la creación de empleo estable, productivo
y seguro.
Por todo esto tenemos una formación social boliviana estructurada por factores
del subdesarrollo interno y determinada por los factores de la dominación
unipolar del centro hegemónico de la globalización. El cambio será la
recuperación de soberanía con autodeterminación, que el único soberano del
Estado sea el pueblo.
2.2. La transición de la democracia representativa en democracia
participativa
La exclusión de las mayorías, que se manifiesta en el ausentismo electoral, que
se satisface con la "cantidad de inscritos", de votantes efectivos, sin tomar en
cuenta los no inscritos, los que no votan ni los votos blancos, nulos o
pifiados, que en conjunto sobrepasan el 50 % de ciudadanos, es una democracia
débil. Y si a ello le añadimos los fraudes incluidos los fraudes cibernéticos
que son posibles con las nuevas tecnologías electorales, esta democracia es
incuestionablemente excluyente.
Esta democracia es representativa porque elige "representantes": diputados y
senadores. Conforma una mayoría electoral pero no una mayoría ciudadana. Para
conformar una mayoría absoluta de votos efectivos, ésta democracia apela a las
componendas o pactos de gobernabilidad. Así esta democracia representativa es
una expresión deformada de democracia, una puerta a la corrupción política que
abre las compuertas a las demás formas de corrupción pública.
Esta democracia goza del principio de legalidad pero carece de legitimidad
plena. Su legitimidad es parcial y como tal, la pierde al menor indicio de
pérdida de credibilidad. Es una de las causas de la crisis política actual y de
la condena al sistema político-institucional de la democracia. Y por eso los
movimientos sociales, con sus métodos de lucha (marchas, bloqueos, acciones
diversas contra la institucionalidad de la democracia excluyente), están
propugnando la transición de la ésta democracia a la democracia participativa,
la incluyente, de las mayorías, la del pueblo.
Esta lucha por la transición a la democracia participativa, no es solamente de
los movimientos sociales. Es la lucha de todo el pueblo. Es la forma cómo el
pueblo busca desplazar a los impostores y suplantadores de la soberanía, que a
nombre de "representantes" no han entendido que la soberanía es inalienable e
imprescriptible y que de aquí en adelante debería ser también INDELEGABLE. Esta
es una de las reformas sustantivas a incorporar a la nueva Constitución Política
del Estado.
2.3. El carácter de la crisis boliviana actual que queremos superar
Bolivia está en una crisis estructural y coyuntural. La estructural es integral,
la coyuntural es esencialmente política, es decir, crisis parcial. Estamos
seguros que quienes tipifican la crisis como "crisis de Estado", se equivocan
porque no estamos ante una crisis general, tampoco es cien por ciento
estructural.
Una crisis estructural se da cuando las relaciones sociales de producción no
corresponden al desarrollo de las fuerzas productivas. Cuando hay armonía entre
ambas, no hay crisis; empero, la dinámica constante del desarrollo de las
fuerzas productivas, necesariamente entra en contradicción con las relaciones
sociales de producción porque desde el momento de ajuste, éstas tienden a la
estabilidad, a su permanencia tal y como correspondía a un momento dado y no al
proceso, se torna conservadora para conservar el statu quo porque las relaciones
entre las clases sociales involucradas en la producción, tampoco cambian al
ritmo del desarrollo de las fuerzas productivas. Este desarrollo agudiza las
contradicciones de clase, pone de manifiesto el desarrollo desigual entre las
diversas ramas industriales así como las formas de distribución del excedente.
Ese es el caso del desarrollo de las fuerzas productivas en materia de
hidrocarburos, como lo fueron el desarrollo de las fuerzas productivas de la
minería en otros tiempos en relación con el desarrollo agrícola y de la
industria de transformación.
En materia de hidrocarburos tenemos un desarrollo de la fuerza productiva
recurso natural con inversiones, tecnología y trabajo, el resultado es un
desarrollo progresivo. Empero, la relación de producción se ha quedado rezagada:
la propiedad fue transferida del Estado a las transnacionales, la satisfacción
de necesidades se orientan al mercado internacional y al flujo de ganancias de
las transnacionales, nada o casi nada para el país y mucho menos para los
bolivianos en calidad de propietarios originarios del recursos natural. Aquí se
ha transgredido una ley fundamental en materia socioeconómica que las personas
no se deben al mercado, el mercado es para las personas. La otra ley
concomitante no tomada en cuenta, es que la economía es un medio para satisfacer
las necesidades sociales, el fin es el bienestar social. Este es el paralelo con
la experiencia de la minería en Bolivia que lamentablemente no se asimila para
armonizar este desarrollo de las fuerzas productivas con las relaciones sociales
de producción.
Parte de la solución a esta contradicción es el anuncio de condonación de la
deuda con los organismos multilaterales inducida por el G-8 y como resultado de
la intensa convulsión social como resultado del alto índice de pobreza en
Bolivia. La condonación es necesaria, pero mejor será que nos devuelvan los
recursos naturales sin necesidad de mayor presión social y nacional.
En ese marco conceptual de lo que es la crisis estructural, descartamos el
concepto de "crisis de Estado". Tampoco la crisis boliviana es una crisis
general. La crisis como trasfondo es estructural con su epicentro en la
apolítica hidrocarburífera y con resultado de otra crisis política por la
defensa del recurso natural y su utilización primero para Bolivia y después para
los demás.
2.4. El Estado Neoliberal y su transición a Estado Social
En el último medio siglo se han dado los cambios más importantes después de la
independencia y fundación de la república. Después de la Revolución Nacional de
1952, sobrevino un período de restauración del liberalismo clásico, modernista,
con influencias sociologistas para frenar el avance hacia el socialismo inducido
por la exitosa Revolución Socialista de Rusia y su expansión por la Europa del
Este y Cuba.
La lucha bipolar entre capitalismo y socialismo, por la expansión del socialismo
y por la hegemonía capitalista, contribuye al derrumbe del socialismo
euroasiático (de la Ex URSS), la reconversión de los capitalismos de Estado e
impone la globalización del sistema y su modelo para reestructurar el
capitalismo vía las transnacionales en todo el planeta tierra. Bolivia, como el
país más pobre, atrasado y débil del cono sur, fue el continuador –después de
Chile-, de la geoestrategia estadounidense en incorporarse oficialmente a la
economía de mercado en 1985, instaurando el nuevo Estado Neoliberal en
sustitución del Estado nacional de 1952.
En lo económico el Estado Neoliberal significas inserción a la economía global
de mercado sin restricciones estatales, con solamente regulaciones simbólicas a
través de las superintendencias. El Estado Neoliberal promueve como dogma la
libre empresa bajo la libre iniciativa, libre mercado, libre contratación,
libertad de exportar e importar o libre comercio, libre competencia, todas las
libertades individuales y muy fuertes limitaciones a las libertades sociales o
colectivas.
El Estado Neoliberal interviene a favor del capital transnacional, sin el cual
no se darían todas las garantías a las inversiones a costa de perder soberanía,
no se entregarían las riquezas naturales, ni se limitarían los derechos y
garantías de las organizaciones sindicales y otras de carácter social. El Estado
Neoliberal, entregó a la empresa privada la administración de los servicios de
carácter social como el sistema de pensiones, confisca los ahorros de los
trabajadores y sus bienes a favor del sector privado. El Estado de bienestar en
su transición a Estado Neoliberal renuncia a las utilidades de las empresas
públicas, para vivir solamente de los impuestos, sin hacer mucho (o nada) para
limitar la evasión y mejorar los sistemas de recaudación impositiva.
En lo político, el Estado Neoliberal no retorna al viejo Estado Liberal del
dejar hacer y dejar pasar. El nuevo liberalismo o neoliberalismo, sigue siendo
intervencionista como lo fue el Estado de bienestar que intervenía directamente
en la gestión y administración de las empresas públicas y servicios de carácter
social. El Estado Neoliberal interviene pero a favor de las Corporaciones
Transnacionales: convoca a licitaciones, atrae inversiones extranjeras con toda
clase de garantías, retorna a la libre contratación con política de bajos
salarios y escasos beneficios sociales, reduce la acción sindical y de las demás
organizaciones sociales para garantizar la ganancia del capital.
El Estado Neoliberal reduce su campo de acción; se "achica" o reduce su
burocracia y cierra instituciones, empresas y servicios, o los transfiere al
sector privado. Hasta la policía se está progresivamente privatizando. Y el
ejército que declarativamente es institucional, que se debe a la defensa y
garantía del régimen constitucional "independientemente de quién esté en el
Gobierno", al defender al Estado Neoliberal, está defendiendo los intereses
antinacionales, las libertades individuales con restricciones a las libertades
sociales y colectivas. La santificación del derecho propietario, por ejemplo, de
tierras, de bienes, de servicios, etc., deberían tener la restricción de cumplir
una función social, pero en el Estado Neoliberal, los derechos sociales y
colectivos se los subordina a la sacralización de la propiedad individual. En
este caso, la función del ejército, también se subordina al individualismo
liberal en contra del Estado Social. Este enunciado
constitucional, sin ninguna expresión concreta, guarda similitud con los
enunciados de "igualdad, solidaridad y fraternidad" de la Revolución francesa
que nunca pudo cumplir.
El Estado de Transición es del Estado Neoliberal al Estado Social. No es el
desconocimiento de los derechos y libertades individuales, sino la armonización
y complementación entre lo social y lo individual, teniendo en cuenta que la
suma de los derechos individuales no hacen los derechos sociales, por ejemplo,
en los derechos sobre la tierra; los propietarios individuales jamás renunciarán
a sus derechos para constituir una propiedad social. Esta es una tarea del
Estado Social. Y así en todo el quehacer nacional, social, económico y político.
Y, si las condiciones lo permitieran, sería imposible renunciar a la perspectiva
de la superación del Estado y la Sociedad a un nivel cualitativamente superior.
3. LA BOLIVIA QUE QUEREMOS CONSTRUIR
El punteo que sigue a continuación, constituye la base del Programa de Gobierno,
de elaboración abierta, participativa y ampliamente democrática de todos los
involucrados en hacer de ésta opción el verdadero y efectivo poder popular.
En lo estructural: la economía
- Que no sea dirigida por el FMI, BM ni ningún organismo multilateral.
- Que no siga como exportador de materias primas.
- Que el Estado no sea dependiente del capital transnacional con exclusión del
capital nacional.
- Recuperar la soberanía sobre nuestros recursos naturales.
- Que utilice todo su potencial para su industrialización y exporte productos
con valor agregado.
- Que el Estado promueva, proteja y defienda el capital nacional con prioridad y
que regule las inversiones extranjeras.
Lo social
- Que no se explote la fuerza laboral.
- Que no se acaparen las tierras por una minoría agroempresarial o
neolatifundista.
- Que no exista ninguna forma de discriminación social, de género, cultural,
étnico, religioso, etc.
- Que se revalorice la fuerza de trabajo bajo el principio de justicia
social.
- Que se aproveche todo el potencial agropecuario con redistribución de tierras
y demás recursos con equidad, acorde a estrategias de desarrollo nacional.
- Avanzar en la superación de las desigualdades. Lograr la igualdad de género.
Hacer realidad el principio de libertad de consciencia.
Lo superestructural: El Estado
- No queremos la continuidad del Estado Neoliberal.
- No mantener el centralismo.
- Ni el presidencialismo secante.
- No a la división bicameral del poder legislativo.
- No a la justicia elitaria, tarifada con arcaísmos y corrupción.
- Adoptar medidas concretas de transición del Estado Neoliberal a Estado
Social.
- Avanzar de la descentralización a las autonomías departamentales y/o
regionales.
- Coordinación real entre los poderes del Estado.
- Incorporar en la nueva Constitución (vía la Constituyente), el sistema
unicameral mediante la Asamblea Nacional.
- Iniciar verdaderas reformas al sistema judicial desde lo conceptual, en su
estructura orgánica y la metodología de la operatividad judicial.
Lo cultural
- No a la discriminación de las étnias y culturas.
- No al aislamiento etnocultural
- Las culturas son patrimonio invaluable de los pueblos. Promover la
asimilación de la riqueza cultural boliviana.
- Integración etnocultural en condiciones de igualdad y/o equidad.
Lo político
- No a la democracia elitaria, de minorías, controlada, representativa.
- No a la corrupción, transfugio, cuoteo, pactos, desideologización.
- No a la condena de la política. (Sí a los malos políticos).
- Transición de la democracia representativa a la participativa, de mayorías,
del pueblo.
- Establecer reglas de libre juego de intereses, de ideologías, de alianzas de
consenso en beneficio prioritario de la sociedad y del Estado boliviano.
- Revalorizar la política y a los políticos consecuentes con sus principios y
con su pueblo.
Lo Internacional
- No a la dependencia.
- No a la integración condicionada a nivel regional ni a ningún otro nivel.
- No a la sumisión del capitalismo global y su modelo neoliberal.
- Sanción a los Estados que deterioran la convivencia internacional por
imposición de intereses particulares o imperiales.
- Promover la solidaridad y cooperación internacional en condiciones de
reciprocidad.
- Sí a la integración para beneficio mutuo, interés recíproco, en condiciones de
equidad y solidaridad.
- Si a los beneficios de la cultura universal, a la ciencia y tecnología como
patrimonio común de la humanidad.
- Reestructuración de las organizaciones internacionales acorde a los intereses
de justicia, de paz y de preservación del hábitat natural de la humanidad.
3. LA REESTRUCTURACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA
3.1. La Constituyente
La Asamblea Constituyente es una necesidad para reorientar y reestructurar el
Estado. Es la posibilidad de cambio, no es el cambio mismo.
Para que la Asamblea Constituyente sea un factor real y efectivo de
reestructuración del Estado, su fuente debe y tiene que ser el poder popular.
Recordemos que fue del pueblo que emergió la necesidad de la Constituyente,
primero para evitar la venta del gas y menos por Chile, luego para no vender
como materia prima pero sí con valor agregado previa industrialización y,
finalmente, para cambiar el modelo como el causante de toda esta expoliación de
nuestra riqueza natural, la última que nos queda después del oro y la .plata,
del estaño y de la goma. Sánchez de Lozada pretendió pasar por alto el pedido
por lealtad a los intereses transnacionales a los que servía, sobrevino el
enfrentamiento desigual de palos y piedras contra balas con casi un centenar de
muertos y cientos de heridos. La radicalización justificada del pueblo terminó
con la renuncia de Sánchez de Lozada y la sucesión constitucional de Mesa. La
Constituyente pasó a ser para el sucesor en la presidencia de la República, uno
de los puntos esenciales de la llamada "Agenda de Octubre" que no la pudo
concretar hasta su renuncia definitiva del 2 de junio pasado.
Ese inicial poder constituyente a la fecha se diluyó. Se generalizó una especie
de consciencia contradictoria sobre la necesidad y la urgencia de la
Constituyente. Unos quieren solamente reformas, otros buscamos el cambio. Unos
pretendemos recuperar el poder constituyente desde las bases, otros prefieren el
"poder derivado" de la Constitución vigente. Unos creen que el poder
constituyente será la Asamblea, otros queremos que la Asamblea sea solamente el
instrumento legal y constitucional del poder popular real generado en octubre
del 2003.
La Asamblea Constituyente es un cuerpo deliberante. Allí estarán
representados todos los estamentos, estratos y clases sociales que formalmente
surgen de las jurisdicciones electorales uninominales, plurinominales,
municipales, pueblos originarios, regiones, etc. El resultado dependerá de la
correlación de fuerzas, de los intereses en pugna, de la visión y claridad de
los cambios que se buscan y la efectividad con que sean planteados. Si esto no
se da previo a la Asamblea, ésta será una torre de babel. Y el resultado será
algo remozado de la actual Constitución contradictoria, donde confluyen
constitucionalismo social, historicismo, liberalismo y neoliberalismo.
Para evitar esto y que la Asamblea Constituyente no sea un fracaso para los que
buscamos la reorientación del Estado, es imprescindible reorganizar el poder
constituyente original del pueblo, no derivado de la ley, porque los
legisladores bloquearon por mucho tiempo, y continúan bloqueando la realización
de la Constituyente. Y si ahora no la pueden evitar, buscarán por todos los
medios que ella concluya con algunas reformas o maquillajes de carácter social,
algunas de carácter político, etnoculturales y las demás sin ninguna
significación esencial. Lo que el poder anticonstituyente busca es que ninguna
reforma o cambio afecte al sistema de capitalismo global ni su modelo
neoliberal.
El poder constituyente fundacional de la "República de Bolívar" se fue gestando
en la larga lucha por la independencia de la colonia española. La lucha
independentista de todas las colonias en América Latina, dio como resultado la
conformación de los Estados Latinoamericanos y la fundación de Bolivia como
Estado independiente el año 1825.
La primera Constitución de Bolivia fue la que envió Bolívar en 1826 a solicitud
de la Asamblea Constituyente. Esta, que se llamó "Constitución Bolivariana" fue
liberal, demasiado liberal para un nuevo Estado que nacía a la vida
independiente poco menos que de un feudalismo con resabios de esclavismo.
Nuestra actual Constitución es predominantemente liberal con inclusión de
algunas medidas del constitucionalismo social y otras influenciadas por la
corriente historicista. Las leyes que se derivan de ella, son liberales y
neoliberales que aprovechan sus contradicciones para no salirse del "marco
constitucional". Por ejemplo, el Art. 139 que establece que los hidrocarburos
son de dominio "directo, inalienable e imprescriptible" del Estado y que
por "Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los
yacimientos de hidrocarburos", y que el derecho del Estado de exploración,
explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados,
corresponden al Estado, esto no se cumple porque en la segunda parte de este
mismo artículo dice que "Este derecho lo ejercerá mediante entidades
autárquicas o a través de concesiones y contratos por tiempo limitado, a
sociedades mixtas de operación conjunta o a personas PRIVADAS, conforme a
ley". (El resaltado es nuestro). Esta segunda parte del mismo artículo
citado, contradice a la primera que prohíbe conferir derechos por ningún
contrato o concesión la propiedad de los hidrocarburos. Esta contradicción es la
fuente de los conflictos que Bolivia tiene por recuperar la propiedad o respetar
los contratos con las transnacionales petroleras, porque son la base
constitucional de los contratos de riesgo compartido, de economía mixta. Por
este artículo el Estado es y no es soberano sobre sus recursos hidrocarburíferos;
o el Estado recupera su soberanía inalienable e imprescriptible sobre su
propiedad hidrocarburífera, o se queda por mucho tiempo más (40 cuando menos) en
dependencia de las transnacionales. Estas contradicciones tienen que acabarse en
la nueva Constitución producto de la Asamblea Constituyente. Lo contrario será
un rotundo fracaso.
3.2. Las autonomías regionales o departamentales
Referéndum departamental en Santa Cruz pro Autonomía Departamental
"vinculante", es el planteamiento oficial del Comité Cívico cruceño y de
otras representaciones departamentales. Esto significa que tiene que ser antes
que la Constituyente y que cuando ésta se realice, no debe tratar las autonomías
porque habría sido "vinculante".
En el proyecto de autonomía regional de Santa Cruz, al que se han sumado Tarija,
Beni y Pando, por la influencia y liderazgo que ejerce el Comité Cívico de Santa
Cruz, mantiene lo que es un obstáculo para las demás regiones o departamentos:
"la libre disposición de los recursos naturales". En la ultima propuesta,
con tono más conciliador dice: "libre disposición de los recursos".
La forma radical de defender esta posición (antes de la Constituyente y
vinculante), se resume en la siguiente consigna: "Si no hay autonomía para
Santa Cruz, no habrá Santa Cruz para Bolivia". ¿Secesión o separatismo?
La propuesta última, después del cambio de los presidentes Rodríguez por Mesa,
era que no podían arriesgarse a que en un referéndum nacional voten ocho contra
uno (8-1); por eso el referéndum debía ser Departamental, que para ello habían
cumplido con todos los requisitos exigidos por la Corte Nacional Electoral sobre
la Iniciativa Legislativa Ciudadana. Santa Cruz mantenía la fecha decretada por
el ex Presidente Mesa del 12 de agosto del 2005.
El consenso logrado entre los poderes Legislativo y Ejecutivo al respecto
concluyó con la Ley y los decretos respectivos para fijar la elección de
Prefectos junto con las elecciones generales el 4 de diciembre 2005; y el
referéndum nacional sobre autonomías, junto con la elección para constituyentes
el 2 de julio del 2006. Las primeras reacciones de Santa Cruz, era que mantenían
la fecha del 12 de agosto, empero, como ya no tiene legalidad porque aquel
decreto fue abrogado, resignadamente Santa Cruz parece acatar la Ley y el
Decreto que dispone el nuevo calendario electoral.
Los hechos violentos protagonizados por el Comité Juvenil Cruceñista, no dejan
duda que los planteamientos autonomistas tienen un alto grado de intolerancia
cultural y racial, elemento que comparten muchos ciudadanos del oriente
incluyendo a una Mis Bolivia cruceña que declaró para el mundo las supuestas
diferencias etnoculturales entre oriente y occidente de Bolivia. Además, esto lo
reflejan sendas publicaciones de mapas que dividen Bolivia entre la "Nación
Camba y el Alto Perú". En tales publicaciones desapareció Bolivia como Estado.
Históricamente este problema parecía superado desde las décadas del 60-70 cuando
una buena parte de la población oriental compartía el exabrupto de "haga Patria,
mate un colla". O cuando luego del censo de 1992, el Comité Cívico declaró que
ante el 51 % del total poblacional de Santa Cruz, está constituida por la
migración del occidente al oriente. Santa Cruz ya era otra capital cosmopolita
incluyendo a la migración extranjera y su descendencia. A la fecha, la migración
occidental se estima en un 56 %.
¿Qué pasó para que el autonomismo retornara con dureza los problemas del pasado?
¿Se repite la historia de la guerra "federal" entre Chuquisaca y La Paz a fines
del siglo XIX, por la que la sede del Gobierno se desplazó a La Paz como trofeo
de victoria? ¿Podrá Santa Cruz reeditar una guerra victoriosa así sea una guerra
legal, democrática-electoral?.
Todo esto son cortinas de humo para encubrir otra realidad que solamente se
manifiesta de manera informal y en voz baja: el problema son los recursos
naturales de gas y petróleo.
Por el petróleo hubo una guerra entre Paraguay y Bolivia. La Estándar Oil
estadounidense se disputaba las reservas de petróleo del Chaco boliviano con la
Shell Oil angloholandesa. Dos empresas de diferente procedencia competían
violentamente por las reservas cuando el reparto del mundo era por materias
primas, mercado y fuerza de trabajo. La guerra cambió el mapa geográfico pero no
cambió las reservas hidrocarburíferas, antes potenciales, ahora probadas, con
muy alto costo en recursos materiales y humanos.
En la actualidad, con la globalización las transnacionales petroleras y las de
otros rubros, conforman la globalización del sistema sin contradicciones de
procedencia ni nacionalidad. Las transnacionales son las mejor beneficiadas con
la globalización por lo que las consideramos como objeto y sujeto de la
globalización del capital, para lo cual utilizan toda su influencia y fuerza
para doblegar obstáculos nacionales o regionales; las corporaciones
transnacionales (CTN), aplican una nueva estrategia de reparto de los recursos
naturales del planeta en forma unida bajo el manto de la globalización. Si
alguna duda tenemos sobre esto, basta mirar lo que ocurre en el Medio Oriente
para convencernos de la capacidad que tiene el petróleo en manos del imperio
unipolar para generar nuevos cambios en los mapas geográficos, políticos o
geopolíticos.
Si no hay rivalidades entre las empresas que se repartieron YPFB; si la mayor
parte de Bolivia no ha renunciado a recuperar para el Estado "la propiedad de
todos los hidrocarburos" conforme a la CPE; si el debate es interno y no con
algún otro país en particular, las petroleras buscan debilitar la lucha por
recuperar los hidrocarburos, utilizando los problemas no resueltos de la
integración nacional. Nuestra lucha por el gas tiene su derivado en el riesgo de
la desintegración nacional, con el nombre de autonomía con matices
etnoculturales. Nosotros cumplimos con el país develando el problema de fondo
que amenaza la integridad territorial, social, integridad sociocultural, etc.
Ahí tenemos una responsabilidad que la política boliviana, los políticos
responsables y todo el pueblo boliviano tiene que asumir con verdadero sentido
nacional y patriótico. Superar este problema en el marco democrático, unitario,
autonomista sin secesión, es el desafío para todos los bolivianos.
3.3. Los roles de los movimientos sociales, de las clases y de la solidaridad
internacional
Después de intensa movilización social, de los cambios de presidentes, los
movimientos sociales tienen una evaluación negativa: los cambios aún no han
cambiado nada. Los hidrocarburos continúan en manos de las CTN petroleras; el
régimen político y el sistema político tampoco ha cambiado aparte del cronograma
ajustado para votar en elecciones generales y prefectos, constituyente y
autonomías.
Si la democracia y el intenso ajetreo electoral de un año, no resuelve los
problemas esenciales de reorientación y reestructuración del Estado, no recupera
la totalidad de los hidrocarburos para el Estado; y si los movimientos sociales
no asumen el carácter clasista que significa la lucha contra las CTN y el
imperio unipolar, los cambios que no cambian nada, serán constantes sin
resultados tangibles para el pueblo. El poder unipolar imperial resultado de la
globalización, la burguesía local y su entorno, podrán mantener su dominio ante
un pueblo que aún no logra niveles expectables de unidad y solidaridad con
amenazas de desintegración nacional de por medio, imponen la necesidad con
carácter de urgencia, de la solidaridad y la cooperación internacional.
Hasta hoy la solidaridad internacional es contradictoria. Brasil es solidaria
políticamente con los movimientos sociales, pero PETROBRAS no. Perú es solidario
por los antecedentes históricos y el lazo indisoluble de haber luchado juntos
contra Chile en la guerra del Pacífico en 1879, pero es competitivo en políticas
de exportación de gas pese a declaraciones para emprender la industrialización
de este energético con empresas binacionales y otorgado el puerto de Ilo por 99
años en forma concesional. Argentina no solamente planteó integración energética
sino la integración integral; pero a la vez fue parte del "anillo energético"
para comprar materia prima de Bolivia a 0,70 el MPC de gas y venderlo a Chile a
2,00 $us. Venezuela apoya la causa marítima de Bolivia, pero apoyó al chileno
Miguel Insulza para la OEA, aunque para nosotros Insulza o el mexicano Derbez
eran la misma cosa: ambos aliados estratégicos de la potencia del norte. Así
marcha la solidaridad internacional en el Continente.
El G-8, la Unión Europea, la ONU, el Vaticano, EE. UU., y la OEA como instancia
de integración de las Américas, se conduelen de Bolivia por los conflictos
sociales y la inestabilidad política y se lamentan por el "riesgo de la
democracia" boliviana. Todas estas manifestaciones de solidaridad son para
mantener el statu quo: democracia representativa y garantías al capital con
respeto a los contratos con las petroleras. Pero esta condolencia y apoyo a la
democracia es contradictoria con el reconocimiento de la pobreza de Bolivia como
Estado y del 64 % de pobreza con más de un 20 % de pobreza extrema. Ellos saben
que la pobreza es el mejor agitador social pero prefieren condonarnos 2 mil
millones de dólares de la deuda, vía el FMI y BM pero defender a sus petroleras
para que continúen explotando a Bolivia. Esa no es solidaridad, es canjear la
deuda por hidrocarburos y gas en condiciones desiguales, no compensatorias.
La toma de consciencia de esta realidad, debe y tiene que unirnos. Sólo el
pueblo unido y la verdadera solidaridad internacional, podrá vencer a los
poderosos enemigos que nos mantienen en condiciones de mendigo, que laceran
nuestra dignidad y no reconocen ni el más mínimo derecho sobre nuestros recursos
naturales como fuente de nuestro progreso.
4. LA CONVOCATORIA ABIERTA A TODOS
Conciudadanas y conciudadanos:
Te hemos mostrado pinceladas de nuestra realidad nacional en su contexto
internacional continental y global. También te damos elementos de análisis e
interpretación de esa realidad para orientar nuestra acción por el cambio del
Estado y de nuestra sociedad. Pero nada está cerrado. Es imprescindible tu
aporte de pensamiento y de acción para enriquecer esta visión y fortalecer las
acciones del cambio que buscamos.
No olvides que todos somos corresponsables de que lo que se hace y no se hace en
materia política, en lo económico y social, en lo cultural y la integración, en
todo, absolutamente todo lo que pasa en el país, no excluye a nadie. Pero es
mejor ser corresponsable con la acción que con la omisión.
Respetamos plenamente tus concepciones si discrepan con las nuestras; tu acción
si está al otro lado de lo que planteamos; preferimos luchar de frente, con
armas democráticas limpias porque limpio es el pueblo que lo ha dado todo a
cambio de muy poco o de nada. Pero apreciamos si coincides aunque sea en lo más
mínimo con nosotros, aunque llegues a proponer reformas y no llegues a plantear
los cambios que nosotros planteamos, ya es algo. Solo condenaríamos el no hacer
nada, el nomeimportismo, la indiferencia. Así no se construye nada, menos se
transforma el Estado y la sociedad que por encima de todo nos interesa.
Y si por casualidad estamos de acuerdo, como ya lo han manifestado muchos
compañeros que han aportado para esta visión y planteamientos que hacemos, no
dudes en incorporarte para formar una voluntad colectiva, vigorosa, unitaria,
cohesionada para vencer los obstáculos que nos impiden el progreso, la dignidad,
la libertad para el pleno desarrollo de nuestras cualidades humanas personales y
sociales.
Si cualquiera de nosotros en el marco del neoliberalismo egoísta,
individualista, busca insertarse con todo el potencial de que seamos capaces:
recursos, trabajo, bienes, voluntad y conocimientos, con seguridad que nos
enfrentaríamos a todos para encumbrarnos; para ello hay que pasar por encima
pisando a los demás; a ello nos induce el liberalismo y el neoliberalismo que ya
ha desatado una guerra de todos contra todos. La solidaridad y unidad entre
nosotros, está lastimada por la corrosión que deja la lucha individual por el
progreso. Esto no es justo, tenemos que recomponer la unidad y la solidaridad
entre pobres, entre explotados, entre compañeros de la misma condición social,
económica, política en un proceso de interacción cultural. Que nuestra
diversidad cultural no sea utilizada por Fukuyama y los fikuyamitas criollos
para excluirnos mutuamente; que sea más bien para enriquecer nuestra cultura
general en la diversidad y la unidad. Solo unidos seremos fuertes y solo unidos
y fuertes VENCEREMOS.
Esta alternativa que proponemos, es para vencer. Es para conformar el Poder
Popular, para hacer del pueblo el único soberano en el Estado SOCIAL Y para ello
definimos nuestra decisión y acción como el camino de la TRANSICIÓN del Estado
NEOLIBERAL a Estado SOCIAL, transición que puede ser más corto que largo, más
temprano que tarde, si contamos contigo, con todos los hombres y mujeres,
jóvenes, trabajadores de las ciudades y del campo, originarios y mestizos del
mosaico etnocultural de Bolivia, que no han arriado las banderas del progreso,
de la justicia y la libertad. Con ese Poder Popular unido y fuerte y con
solidaridad internacional, no habrá enemigo invencible y nuestra Patria será
también unida, fuerte y solidaria.
La Paz, julio de 2005 .
[1] Pobreza oficial 64 %, no oficial 70 %. El desempleo
oficial 7 %, no oficial 11 %.
[2] BM: "De la planificación centralizada a la economía de
mercado". Washington D. C. 1996. Págs. 1, 2 y 3.
[3] Joseph E. Stiglitz: "El malestar en la Globalización".
Cuarta reimpresión; Argentina, agosto 2002. Págs. 120 y 124..