|
Latinoamérica
|
|
Comunicado de las FARC-EP
El Gobierno con la aplicación de la política de seguridad democrática sigue
adelantando acciones contra los pobres y en defensa de los ricos. Mediante actos
de corrupción compró a los congresistas que aprobaron la reforma pensional y,
así, legalizaron la usurpación de conquistas y derechos de los trabajadores
colombianos; impuso en el Congreso la reelección con el propósito de perpetuarse
en el poder; negoció la ventajosa ley de garantías electorales que privilegia su
campaña hacia la reelección; hizo aprobar la mal llamada ley de justicia y paz
la cual garantiza impunidad a los criminales del paramilitarismo, los legaliza
y, a la vez, les permite que sigan asesinando a dirigentes del pueblo, robando
las tierras y ejerciendo el terror del Estado.
En cumplimiento de otras facetas de la seguridad democrática, el ejército
oficial desarrolla el Plan Omega con el que pretenden derrotar a la insurgencia.
Amparados en el lenguaje de la confrontación militar, violan de manera
generalizada los derechos humanos. Así lo viene haciendo en el norte del Cauca
en cuya respuesta desde el 14 de abril se inició la operación HEROÉS Y MÁRTIRES
DE TORIBÍO. En esta zona no se han contentado con la realización de detenciones
arbitrarias, la agresión armada a civiles, el ametrallamiento y bombardeo
indiscriminado desde aviones y con artillería. También, recientemente, en la
vereda El Tachuelo de Tacueyó, soldados violaron a una anciana de 63 años y a
sus dos nietas, y en la vereda Loma de Paja, Toribío, violaron a una niña.
Grupos de soldados encapuchados salen a la carretera y generan terror en los
habitantes como ocurrió en la vereda El Galvial de Tacueyó y en el alto de Torné
donde amarraron y golpearon a un joven llevándoselo a lugar hasta ahora
desconocido; en la misma vereda les han exigido a las mujeres que les muestren
los senos. En Santo Domingo están robando el ganado de los comuneros y se comen
las gallinas y la remesa de los civiles. También han atacado a civiles desde
aviones y desde posiciones de tierra, con bombas han matado ganado de campesinos
e indígenas. Construyeron barricadas para atrincherarse en Toribío y en Tacueyó
ubicaron las tanquetas detrás de las casas, poniendo a la población como escudo.
Las comunidades y sus líderes deben denunciar ante los organismos defensores de
derechos humanos de Colombia, y en el ámbito internacional, esta criminal
actitud del Ejército y la Policía, la cual no es más que la manera de llevar a
cabo la política de seguridad democrática. Como demuestran los hechos, tal
política es una estrategia enfilada directamente contra la población civil, para
intimidarla, aterrorizarla y crear escarmiento que lleve a acallar las voces de
quienes exigen al Estado respeto a sus derechos de ciudadanos.
También llamamos a las comunidades, a organizaciones gremiales y políticas y a
sus dirigentes, a rodear de solidaridad y apoyo a todas las víctimas del actual
régimen colombiano. De igual modo a la Iglesia a que renueve su compromiso con
las comunidades desprotegidas y vulneradas en sus derechos por los abusos de
poder del Estado fascista que pretende consolidar el presidente Uribe. Al mismo
tiempo los convocamos a rechazar, a través de la lucha de masas, la firma del
Tratado de Libre Comercio (TLC); así mismo a oponerse a la reelección y a
trabajar unitariamente por un nuevo gobierno que lleve a nuestro país por la
ruta de la democracia, la justicia social y la soberanía nacional.
Comando Conjunto de Occidente – Columna Jacobo Arenas
FARC – Ejército del Pueblo.
Montañas del Cauca, Junio 26 de 2005
FARC-EP comando conjunto de occidente
 |