La opini�n presidencial habilita el inicio de dos investigaciones sobre asesinatos, uno, el de Roberto Luzardo, cometido d�as antes de la disoluci�n del Parlamento en junio de 1973 -fecha de inicio para la aplicaci�n de la ley de caducidad-, y otro, el de la estudiante Nibia Sabalsagaray, ocurrido en junio de 1974, pero en el que participaron elementos civiles que no se benefician de la ley. A estos dos casos se suman las instancias judiciales por los asesinatos de Zelmar Michelini y H�ctor Guti�rrez Ruiz y la reapertura del archivado "caso Gelman".
El pronunciamiento presidencial tambi�n jerarquiz� otras dos iniciativas, referidas a cr�menes cometidos antes del golpe de Estado: los asesinatos de Luis Martirena e Ivette Gim�nez, ocurridos el 14 de abril de 1972; y la desaparici�n de H�ctor Castagneto, el estudiante v�ctima del Escuadr�n de la Muerte que fue secuestrado en agosto de 1971 (v�ase nota en p�gina 4). Y es posible que el nuevo criterio impulse otras denuncias que podr�an ser investigadas, de casos ocurridos antes de 1973, adem�s de otros de los cuales las Fuerzas Armadas no se hicieron responsables, como el de los cinco militantes del MLN cuyos cuerpos acribillados fueron encontrados en las cercan�as de Soca, en diciembre de 1974, en un procedimiento tan deleznable como los asesinatos de Rosario Barredo y William Withelow: si �stos fueron ejecutados a los efectos de sostener la acusaci�n de que Michelini y Guti�rrez Ruiz eran tupamaros (lo que al parecer justificaba el crimen), aquellas v�ctimas de Soca fueron ultimadas para reforzar la falsa afirmaci�n de que el coronel Ram�n Trabal hab�a sido muerto en Par�s por el MLN, con lo que se encubr�a la autor�a militar de aquel ajuste de cuentas.
La nueva din�mica sobre los derechos humanos adquiere otra trascendencia pol�tica, porque sobreviene cuando, una vez m�s, ciertas expectativas originadas en el seno de las Fuerzas Armadas quedan en nada. El comandante en jefe del Ej�rcito, �ngel Bertolotti, hab�a promovido una investigaci�n interna para facilitar al gobierno la informaci�n sobre el destino de los cuerpos que fueron enterrados y despu�s exhumados en el Batall�n 13. Quiz�s a la espera de esa informaci�n, el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fern�ndez, retuvo la informaci�n sobre la aparici�n de un conjunto de huesos hallados en los predios del cuartel por el equipo de cient�ficos que relevan el terreno. El hallazgo fue inesperado y provoc� inquietud en la oficialidad, que apostaba a que los cient�ficos no iban a encontrar nada en sus excavaciones, con lo que la resoluci�n del misterio depender�a de lo que resultara de la "investigaci�n" militar. Algo de eso se�al� el inefable Carlos Ramela, representante del gobierno de Batlle en la Comisi�n para la Paz, al afirmar que no ten�a sentido excavar en el Batall�n 13, un concepto que ya hab�a adelantado el propio Fern�ndez en un art�culo publicado en BRECHA en marzo de 1997: "Remover tumbas por los cuarteles es una utop�a jur�dica (.) enrarece el clima y obstruye una salida pol�tica".
Ahora, despu�s de que trasciende que los mandos militares encuentran inexplicables dificultades para obtener la informaci�n a causa de la poca colaboraci�n de quienes guardan los secretos (algo poco cre�ble si se descuenta que los mandos deben haber dictado �rdenes al respecto, y las �rdenes, soldado, se cumplen), la documentaci�n sobre los huesos y la actuaci�n de los cient�ficos fue finalmente entregada al juez Juan Carlos Fern�ndez Lechini, en cuyo juzgado est� radicado el expediente sobre la desaparici�n de Elena Quinteros que dio lugar a la indagaci�n sobre el cementerio clandestino en el Batall�n 13. Despu�s de pasados 46 d�as del hallazgo de los huesos, se sabe que no existe a�n un dictamen oficial sobre si son de origen humano o animal. El perito del Instituto T�cnico Forense Mario Echenique se�al�, seg�n informaci�n de El Observador, "que no pudo determinar si son humanos y afirm� que es necesario aplicar otras t�cnicas para llegar a un resultado concluyente". Sugestiva incapacidad: en el propio Instituto T�cnico Forense y en la Facultad de Ciencias se afirm� que el examen es de f�cil realizaci�n y que no requiere t�cnicas sofisticadas. Otra cosa es el estudio del ADN, asunto m�s complejo desde el punto de vista t�cnico, y m�s delicado desde el punto de vista pol�tico, porque esos huesos pueden esconder la identidad de alguien que no integra la lista de las 26 desapariciones "resueltas" por la Comisi�n para la Paz, y que por lo tanto no deber�a "aparecer" en el Batall�n 13 para complicar la historia oficial seg�n el gui�n dictado por Jorge Batlle.
LAS DERIVACIONES DEL VUELCO.
Cualquiera sea la raz�n de esa "desaparici�n" de los huesos durante un mes y medio (en su momento se dijo que fueron enviados al exterior para su an�lisis), todo el escenario sufri� un vuelco con la determinaci�n presidencial: los huesos recalaron finalmente en el juzgado, que aparentemente retomar�a la conducci�n de las investigaciones, mientras otros magistrados avanzan con sus respectivas actuaciones. No es menor el hecho de que el coronel retirado Carlos Calcagno haya concurrido, sin que se produjeran problemas, al despacho del juez Rolando Vomero para declarar sobre las circunstancias de los asesinatos de la calle Amazonas, en abril de 1972. Calcagno, un oficial involucrado en la desaparici�n de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, en Paraguay, en 1977, estuvo presente cuando el comisario Hugo Campos Hermida asesin� a sangre fr�a a Ivette Gim�nez y Luis Martirena, despu�s de que �stos hab�an sido detenidos en el interior de su casa de Malv�n; Calcagno no est� involucrado directamente en esos asesinatos, pero su testimonio puede ser decisivo para desmontar la historia de que el matrimonio muri� durante un enfrentamiento.
Vomero tambi�n investigar� la desaparici�n de Castagneto, un caso en el que no se aplica la ley de caducidad por haber ocurrido antes del golpe de Estado y que puede desembocar en el procesamiento de sus responsables, porque la desaparici�n forzada es un delito continuado. En cambio, la apertura de las otras dos investigaciones, la de los asesinatos de Luzardo y Sabalsagaray, plantean algunos problemas jur�dicos que seguramente explotar�n los abogados defensores. Trat�ndose de asesinatos, el plazo para el castigo, es decir la prescripci�n, se complet� el 1 de marzo �ltimo, exactamente el d�a en que V�zquez anunciaba su nueva pol�tica de derechos humanos. Descontados los a�os de dictadura, en que no exist�an garant�as para el ejercicio de la justicia, el 1 de marzo de 2005 se cumplieron los 20 a�os que facilitan la prescripci�n. Los magistrados deber�n decidir, entonces, dos cuestiones: una, la obligaci�n de investigar, determinar los hechos y las responsabilidades, antes de proclamar la prescripci�n del castigo (porque primero hay que demostrar el crimen y fundamentar la culpabilidad de los implicados); y dos, la responsabilidad de resolver un conflicto que se viene dilatando y que se refiere a la aplicaci�n de las normas internacionales convalidadas por el Estado uruguayo; se trata de definir estos delitos cometidos en aplicaci�n del terrorismo de Estado como cr�menes de lesa humanidad y, como tales, imprescriptibles e inamnistiables.
Ser�a una forma de compensar el silencio y la inacci�n que la justicia evidenci� durante estos 20 a�os de democracia.
En el caso de la desaparici�n de Mar�a Claudia Garc�a de Gelman, que el presidente V�zquez se apresta a declarar fuera del alcance de la ley de caducidad, se instalar� seguramente otro contencioso, porque el fiscal de la causa, Enrique Moller, ya ha adelantado que mantendr� su opini�n inicial en el sentido de que el caso est� amparado por la caducidad. As� se entablar�a una paradoja, puesto que el Estado, en la opini�n del presidente de la Rep�blica, sostiene lo contrario que el fiscal. Moller, un magistrado que se arrog� el derecho de interpretar el esp�ritu de los legisladores a efectos de ampliar la caducidad m�s all� del texto de la ley, se ha revelado, en el episodio de la desaparici�n de Mar�a Claudia y el secuestro de su hija Mar�a Macarena, como un incondicional protector del ex presidente Batlle. El ex mandatario hab�a confesado al senador Rafael Michelini que sab�a que el asesino de Mar�a Claudia era el coracero retirado Ricardo Medina Blanco. Ese conocimiento pod�a concretarse en complicidad si el presidente no denunciaba a Medina, tal como era su obligaci�n en su car�cter de funcionario p�blico.
Para evitarle problemas, Moller se adelant� a proclamar la caducidad para el caso Gelman.
Pero el juez de la causa, Gustavo Mirabal, reclam� un pronunciamiento expreso del presidente. Batlle se "autocaduc�" y orden� archivar el expediente. Ahora, su sucesor estima que el caso Gelman no est� amparado por la caducidad, y el abogado del poeta Juan Gelman ha reclamado la reapertura de las investigaciones, con lo que la posici�n de Batlle retrocede algunas casillas. Jos� Luis Gonz�lez Gonz�lez ha anunciado que si el juez ordena la reapertura del caso, entonces Batlle ser� uno de los primeros citados a declarar. Tambi�n pasar�n por el juzgado muchos de los componentes de la banda de comandos del C�ndor que perpetraron casi todos los cr�menes de lesa humanidad, en Uruguay, en Argentina y en Paraguay contra prisioneros uruguayos.
Frente a estas expectativas, la "incapacidad" de los mandos para averiguar qu� pas� con los desaparecidos y la "ofensiva" de investigaci�n en los juzgados a partir del pronunciamiento del presidente, reaparecieron -cu�ndo no- los "planteos" militares. Particularmente el viceministro de Defensa, Jos� Bayardi, fue interpelado en t�rminos duros durante una conferencia que dict� el mi�rcoles 15 para oficiales retirados en el Centro de Estudios Acad�micos. Los "reproches" de los oficiales por la pervivencia de concepciones marxistas en sectores del gobierno y la presencia de tupamaros en el elenco oficial secundaron los trascendidos sobre la "preocupaci�n" en filas castrenses (seg�n B�squeda de ayer, jueves, el general Bertolotti anunci� que el Ej�rcito eval�a replantear su relaci�n con el gobierno ante "un cambio de escenario" en materia de derechos humanos).
Ambos recursos ya han perdido su fuerza, por la reiteraci�n a lo largo de las d�cadas, y porque ahora tales maniobras no cuentan con presidentes dispuestos a amplificar las "preocupaciones" que aluden a los peligros de "volver a los tiempos oscuros", un recurso predilecto de Julio Mar�a Sanguinetti para alimentar el temor en la poblaci�n. Los vientos soplan desde otro cuadrante; son vientos de renovaci�n y cambio los que impulsan la derogaci�n de las leyes de obediencia debida y punto final ordenada por la Suprema Corte de Justicia argentina, y que promovi� adhesiones incondicionales del comandante en jefe del Ej�rcito, general Roberto Bendini, quien interpret� el fallo como fundamental para conocer la verdad y obtener el reencuentro social. M�s todav�a: reclam� la anulaci�n de los indultos concedidos por Carlos Menem porque, a su juicio, podr�a ocurrir la injusticia de que fueran castigados los oficiales que actuaron pero no los mandos que ordenaron (v�ase p�gina 37). La responsabilidad de los mandos: otra puerta por abrir para ventilar la impunidad detr�s de la caducidad. La ley perdona a quienes ejecutaron las �rdenes, pero no dice nada de quienes las dieron. Reclamar la responsabilidad de los mandos ser�a una forma de adecuarse a los tiempos.