Ernesto Herrera
Correspondencia de Prensa

Acusar de "traición" sería una exageración. Tanto como cargarle las tintas al ministro de economía, Danilo Astori. En verdad, la capa dirigente que hoy gobierna, nunca se salió del libreto. Jamás propuso una ruptura antineoliberal, ni predicó ideas "radicales" o "populistas". Por el contrario, estigmatizó cada una de las propuestas y luchas de la izquierda radical y denunció, sistemáticamente, la demagogia de los que hacían "promesas fáciles", justamente, porque había que desinflar la "inflación de expectativas" populares.

El progresismo solo prometió transitar por la vía del "cambio posible". En otras palabras, subordinarse a las reglas de las instituciones financieras internacionales. Ofreciendo, a su vez, toda clase de garantías de no alterar, en lo más mínimo, las formas capitalistas de producir, ganar y comandar. Como lo prometido es deuda, ahora no queda otra que cumplir.

Margen acotado

El curso está definido tanto en su contenido como en el formato. Más allá de los pataleos del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica, sobre el "atraso cambiario", las deudas en dólares, o la "viabilidad en peligro" de los "productores rurales". Pataleos que no pasan de eso, en la medida que el dirigente tupamaro repite todos los días, su "total" acuerdo con la estrategia de un progresismo que, por otra parte, lo cuenta desde hace tiempo como pieza clave para dos cosas, cuando menos: en la alianza con fracciones del empresariado "nacional"; y para denigrar los reclamos y demandas "corporativistas" de los movimientos sociales.

No hay ninguna "disputa" sobre programas distintos, menos todavía, empujones hacia la izquierda. La política económica no se aparta, ni un centímetro, del mapa trazado por el neoliberalismo. Si algún distraído todavía abrigaba dudas, el propio presidente de la República las despejó.

El jueves 5 de mayo, ante un auditorio de 500 grandes empresarios, banqueros e inversores-especuladores, reunidos en Buenos Aires por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Tabaré Vázquez defendió el "libre mercado", ofertó una canasta de oportunidades para "asociarse con empresas estatales" y aseguró, una vez más, que en Uruguay "no hay discriminación entre inversiones nacionales y extranjeras", entre otras razones, "porque la inversión pública está acotada". Y no se anduvo con vueltas, fue directamente al grano: insistió sobre la "libre repatriación de utilidades", el "respeto al secreto bancario" y "honrar puntualmente la deuda externa". (1)

Se actúa en consecuencia. El gobierno aprobó -pese a todas las protestas de movimientos sociales, intelectuales, partidos de izquierda y redes ambientalistas- la instalación de Ence-Eufores (española) y Botnia (finlandesa) transnacionales de celulosa; con Lula acordó la llegada de AmBev, transnacional cervecera denunciada internacionalmente por su política de represión sindical; y promovió el desembarco de American Móvil, transnacional de telefonía celular, propiedad entre otros del multimillonario mexicano Carlos Slim Helu, patrón de Televisa. Todas estas empresas se beneficiarán de la Ley Forestal en un caso o de la Ley de Inversiones en otros, es decir, de exoneraciones tributarias, subsidios (que llegan al 50% de los costos en la Ley Forestal) y líneas de crédito especiales.

Como el margen para la inversión pública está acotado, se prepara el terreno para la Asociación Pública-Privada entre inversores capitalistas y empresas del Estado. Es el caso de ANCAP (petrolera estatal). Desconociendo el pronunciamiento popular en el Referéndum antiprivatizador de diciembre 2003, el presidente del directorio, Daniel Martínez (Partido Socialista), no sólo se manifestó partidario de que la empresa se asocie y funcione "bajo las normas del derecho privado", sino que fue más lejos: no está de acuerdo con la inamovilidad que, por mandato constitucional, tienen los empleados. (2) Tal es el despropósito, que la derecha festeja y aplaude el reciclaje: "Que un ex dirigente sindical devenido en presidente de una empresa pública promueva que dicha empresa se gobierne según las normas del derecho privado y que se ponga fin a la inmovilidad laboral muestra un imitable sentido de la responsabilidad en la estructura del Estado". (3)

Ese compromiso del gobierno con los inversores capitalistas se vuelve a manifestar en la cuestión del Agua. O sea, la ley constitucional votada por el 65% del electorado en el Plebiscito del 31 de octubre 2004, que establece la obligatoriedad de que los servicios sean prestados únicamente por entidades públicas, no va a respetarse integralmente. Un decreto del gobierno progresista (20-5-05) firmado por Tabaré Vázquez y todos sus ministros, estableció que las empresas privadas: "continuarán suministrando dichas prestaciones hasta el vencimiento del plazo originalmente pactado, sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder en caso de incumplimiento". (4) La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, promotora del Plebiscito, ya presentó un recurso jurídico contra el decreto, convocó a una campaña de firmas y realizó una serie de manifestaciones de protesta. Pero el gobierno "interpreta" que el aplastante resultado del Plebiscito, no puede ser visto como un obstáculo a las inversiones privadas. Punto.

En un foro organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) tanto el ministro Danilo Astori, como sus colaboradores en la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y en el Banco Central, volvieron a exponer de forma nítida y contundente, los "ejes estratégicos" de un programa económico que puede calificarse de cualquier cosa… menos de "popular". Pero, eso si, cuenta con la certificación de las "instituciones multilaterales de crédito" (FMI, Banco Mundial, BID), por mostrar un rumbo "sólido y sustentable". (5)

La franquicia esperada -que alimentó vanas ilusiones en algunos funcionarios gubernamentales y economistas afines al progresismo- no tuvo lugar. La Carta de Intención a firmarse (que regirá por el período junio 2005 – junio 2008), no se presta a dobles lecturas. Es más de lo conocido. Entre otras condiciones, el cronograma señala lo que exige el FMI como prioridades: estabilidad macroeconómica, reducción del "gasto público", pago de la deuda, mantener el actual sistema de AFAPs (fondos de pensión privados) y proyecto de "autonomía" del Banco Central.

El gobierno se somete a un "superávit fiscal primario" de 3,5% (2005), 3,7% (2006) y 4% (2007), lo que significa retirar un excedente del presupuesto nacional para pagar intereses de la deuda externa y cumplir con las "obligaciones asumidas por el país". Mejor dicho: continuar con la máquina de transferencia de ingresos y riquezas nacionales hacia los "acreedores" (instituciones, banqueros y estados imperialistas).

En cuanto a los intereses de la deuda externa, la sangría de recursos insumirá cerca de 2.000 millones de dólares en los primeros años (casi 20 veces más que lo destinado a la emergencia social) y una erogación total de 8.000 millones durante el quinquenio de gobierno. Solamente en 2005, el pago de los intereses absorberá un 25% de los ingresos de la administración central. Como horizonte del gobierno, estará mantener el "crecimiento del PIB" como vía de reducir el peso de la deuda (con lo cual se pasaría en cinco años del 100 al 60% la relación deuda-producto). Ninguna de las dos cosas. El propio equipo económico augura un retroceso en el crecimiento del PIB para 2006 (3,5%) respecto a 2005 (6,5%); en cuanto a la deuda externa, la "exitosa" colocación de bonos por 500 millones de dólares, y los "fondos frescos" a recibir del FMI y el Banco Mundial, aumentan el endeudamiento a mediano plazo.

El "ajuste en el gasto" será el común denominador. En la última sesión del gabinete ministerial todos acordaron que en una "primera fase", la orientación económica será de "austeridad" y de extrema "disciplina fiscal". Tanto, que el nivel de la inversión pública será tan miserable como en los gobiernos de la derecha: entre el 2,5 y el 3 % del PIB.

Este sometimiento al FMI tendrá su correlato al momento de elaborarse la próxima Ley de Presupuesto Nacional (el gobierno propone "abrirla" a la discusión con sindicatos y empresarios). El "ajuste en el gasto" implicará menos partidas para la salud, la educación y los salarios públicos. Para vivienda, ya tuvimos un adelanto: el 28 de marzo, el gobierno emitió un decreto que fija un tope de inversión de 1.100 millones de dólares para el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, cuyo jefe es Mariano Arana (Vertiente Artiguista) ex intendente de Montevideo. Esto significa un recorte del 45% en la inversión, lo que profundizará el déficit habitacional (actualmente de 80 mil viviendas) condenando a miles de familias a alojarse en viviendas a medio terminar o en asentamientos precarios.

Sobre los salarios, el gobierno ratifica lo adelantado durante la campaña electoral: no habrá "salariazo". La recuperación del poder adquisitivo se posterga, realmente, hasta el año 2007. Siempre y cuando el "crecimiento del PIB" y el "incremento de la inversión" sean "sostenibles en el tiempo". Si todo va bien, puede haber reparto de la torta.

Como para ir engañando el estómago, el gobierno propone aumentar, a partir del 1º de julio, el salario mínimo nacional de los $2.050 actuales a $2.500 (104 dólares). El PIT-CNT (central sindical) esperaba el aumento para el 1º de mayo y una cifra de $3.000 con carácter "provisorio". (6) Por otra parte, el porcentaje de aumento (el piso para las negociaciones en los Consejos de Salarios entre sindicatos y cámaras patronales) será entre 2 y 4%, que se otorgarán semestralmente. El primero será en julio y el restante en enero de 2006. En el caso del primer aumento se tendrá en cuenta la inflación del último año (6%) a la que se le agregará la prevista para el semestre julio-enero de 2006 (3,5%). Si se considera que sólo en los últimos tres años, la pérdida salarial superó el 20%, esta propuesta es menos de lo mínimo que los sindicatos demandaban. Las jubilaciones y pensiones al estar atadas a la evolución del IPC (Indice de Precios al Consumo) correrán la misma (mala) suerte, si bien no se descarta, para más adelante, "aumentos diferenciados".

A los "servidores públicos" no les irá mejor: la recuperación sería del 1% y los sucesivos incrementos salariales estarán atados a convenios de "responsabilidad en la función" (eufemismo que debe leerse como "productividad"). En todo caso, la prioridad será para aquellos sueldos "sumergidos" (menos de $4.000, alrededor de 150 dólares mensuales) en áreas como la enseñanza, salud pública, judiciales, policías y soldados. En un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), el ministro Eduardo Bonomi (tupamaro), expuso claramente la filosofía del gobierno: "Hay que solucionar los problemas de la gente y después los de los funcionarios". Aunque no dejó de reconocer, por si acaso, "que no hay desarrollo productivo sin aumento del salario". (7)

En cuanto al desempleo el gobierno fijó como meta una tasa de 10% a junio de 2006 (actualmente, las cifras oficiales hablan de 12,3%), o sea, la disminución sería de poco más del 2% porcentual. Si se considera que el 52% de la Población Económicamente Activa (PEA) está en condiciones de desempleo abierto, subempleo y precariedad, el objetivo del gobierno de generar apenas 55 mil nuevos puestos de trabajo en los próximos dos años, es casi una burla. (8)

¿Entonces? Ninguna novedad. Continuará la desvalorización de la fuerza de trabajo por la vía de la "contención" (confiscación) salarial, y por el mantenimiento del desempleo y subempleo masivo. Lejos, muy lejos entonces, de una verdadera "redistribución del ingreso". Para ello, cuando menos, haría falta la aplicación de dos mecanismos complementarios: aumentos de salarios superiores al alza del costo de vida y un congelamiento de los precios y las tarifas. (9) Como lo hizo Salvador Allende en los dos primeros años del gobierno de la Unidad Popular.

Hablar como lo hace el progresismo, de "reactivar la economía", sin preocuparse al mismo tiempo de modificar las estructuras que constituyen la matriz de la injusticia social, equivale, por más que se disfrace el discurso, a estimular que se reproduzca exactamente tal cual es.

Finalmente, la piedra de última hora en el zapato progresista. Hay que ratificar ¿o no? el Tratado de promoción y protección recíproca de inversiones con Estados Unidos. (10) Tabaré Vázquez, el equipo económico, Asamblea Uruguay (grupo del ministro Danilo Astori), Vertiente Artiguista y Partido Socialista están a favor de firmarlo. Otros sectores del Frente Amplio que integran el gobierno y cuentan con representación parlamentaria lo critican, especialmente el Movimiento de Participación Popular y el Partido Comunista. El Movimiento 26 de Marzo y algunos Comités de Base, también rechazan la ratificación. Aunque el ministro José Mujica, ya adelantó posición al respecto: "Si no tengo más remedio que comerme el pan podrido, me lo comeré, pero no esperen que diga que ese pan es rico." (11)

Emergencia focalizada

El "buque insignia" del gobierno se echó a navegar. Las secuelas dejadas por los sucesivos gobiernos neoliberales han causado un tendal de víctimas: decenas de miles de personas sobreviviendo en las condiciones más dramáticas. Por eso, el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) asume "prioridad absoluta".

El último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) dibuja crudamente la geografía de la pobreza en el país. (12) Existen más de 900 mil pobres (casi el 30% de la población total), de los cuales 120 mil en la categoría de "indigentes". Sin embargo, son alrededor de 300 mil los que conforman el núcleo de personas que sobreviven en la "pobreza dura o crónica". Es decir, "irreversible" o ajena a cualquier ciclo de crisis o bonanza económica. Estos "indigentes", tienen un ingreso ¡22 veces menor! que los considerados pobres. Para mayor calamidad, el 57% de los niños nacen en hogares con las "necesidades básicas insatisfechas".

Con este paisaje de fondo, el "combate a la pobreza" es la bandera principal del gobierno. El inicio fue a los tropezones y no se ocultan las críticas a la gestión burocrática del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene como titular a la dirigente comunista, Marina Arismendi. (13)

El PANES ha sido diseñado para alcanzar, efectivamente, a cerca de 40 mil hogares (200 mil personas) en dos años. Objetivo: "incluir" a los más "excluidos", o como dice el propio Plan, integrar a los "desafiliados". El presupuesto del PANES es de 134 millones de dólares anuales (100 que pone el gobierno y 34 el Banco Intereamericano de Desarrollo). El monto que invierte el gobierno, es 0,4% del PIB, una cifra vergonzosa si se la compara, por ejemplo, con lo destinado al pago de los intereses de la deuda externa. Incluye un "ingreso ciudadano" de $ 1.360 (alrededor de 55 dólares) y diversas "prestaciones" en salud, educación, alojamiento a personas en "situación de calle", y empleos transitorios de cuatro meses con un sueldo de $ 1.900 (70 dólares), aunque de inscribirse más de 15 mil personas…habrá sorteo.

Todo a condición, claro está, que los "beneficiarios" cumplan con determinadas "contrapartidas" (condiciones) como ser acudir a los centros de salud, garantizar la concurrencia de niños y adolescentes a escuelas y liceos, y realizar ciertas tareas comunitarias.

Hasta el momento, se inscribieron 111 mil personas, aunque más de 80 mil deberán ser visitadas para que se verifique su "real estado de pobreza". Es decir, el anuncio de que el PANES sería de trámite rápido de acuerdo con la gravedad de la situación, no va a concretarse. No solo porque no se cuenta con la infraestructura necesaria (carencias de infraestructura y apenas 86 funcionarios, muchos de ellos sin ninguna experiencia), sino porque el trabajo "voluntario" promovido desde el ministerio, ha dado paso a una serie de conflictos sobre la información, la organización y el pago de viáticos, lo que inclusive ha generado tensiones con la Universidad de la República (la inmensa mayoría de los "voluntarios" son estudiantes).

En cuanto al cobro efectivo de la primera cuota del "ingreso ciudadano", apenas fueron habilitados 8.851 "beneficiarios", pero solamente el 80% lo hizo efectivo. El otro 20% no concurrió a cobrar, según el presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Adolfo Bertoni, debido a que son personas que viven lejos del Banco República donde debían cobrar, y hasta por falta de recursos para pagar un boleto de ómnibus. (14) La incertidumbre sobre los fondos del presupuesto y el funcionamiento ya es motivo de preocupación, tanto como sobre la duración del Plan. Con el peligro que termine por extinguirse con el correr del tiempo.

Ya pocos discuten el carácter parcial y asistencialista de un Plan, que no solo deja intactas las realidades de explotación y sobre-explotación que están por debajo de la pobreza, sino que convierte en condiciones ("contrapartidas") lo que deberían se derechos democráticos básicos: el derecho a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo.

El gobierno ha optado por la línea de menor conflicto con las clases propietarias. De lo contrario, en lugar de un programa de mayor focalización que, por definición está dirigido a solo un segmento de las capas sociales más empobrecidas, hubiera focalizado las baterías sobre el despilfarro de recursos que hacen los ricos, muchísimo más importante desde el punto de vista del volumen y de la justicia social.

Por ejemplo, si hubiera incursionado, perentoriamente, sobre las gigantescas evasiones fiscales de las grandes empresas, sobre las escandalosas exoneraciones tributarias (15), sobre el incumplimiento sistemático de las leyes laborales por parte de las patronales, o sobre los miles de millones de dólares que las mafias del contrabando lavan en el sistema bancario. En lugar de controlar a los pobres y sancionar a aquellos "beneficiarios" del PANES que no cumplan con las "contrapartidas", la sociedad (y el gobierno) ganarían con un mayor control sobre los ricos y sus fortunas. Pero no. A la burguesía la "emergencia social" le sale gratis. No hay requisas de los grandes stocks de alimentos y ropa almacenados en las cadenas de supermercados, grandes shopping y distribuidores; ni siquiera un impuesto sobre el porcentaje de las ganancias empresariales, para hacer realidad aquello de que "pague más, quien más tiene".

Hegemonía neoliberal

Las elecciones municipales del 8 de mayo, extendieron la primacía político-electoral del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría. (16) Los tradicionales partidos burgueses, Colorado y Nacional, volvieron a ser barridos en las urnas, colocándolos aún más a la defensiva.

El balance para el progresismo no podría ser más favorable. A partir de julio y por los próximos cinco años, gobernará 8 de los 19 departamentos, incluyendo la capital del país, Montevideo, por cuarta vez consecutiva. Bajo su administración estarán más del 70% de la población total, casi el 78% del Producto Bruto Interno (PIB), y las regiones que concentran la producción industrial, el comercio, la agro-exportación, los servicios y el turismo. Cuenta con la mayoría en ambas cámaras del Parlamento, en los directorios de bancos oficiales, empresas públicas, y en los organismos constitucionales de contralor. Por si no alcanzara, cabe agregar que tendrá, también, mayoría en los legislativos municipales (Juntas Departamentales) donde se alzó con el triunfo.

La avalancha de voto útil "para seguir cambiando", ofrece a Tabaré Vázquez, un "enorme espaldarazo" que refuerza su legitimidad por encima de cualquier afiliación político-partidaria. Según todas las empresas encuestadoras, la aprobación del presidente supera el 70%. La euforia es tanta en los círculos de gobierno, que ya empezaron a escucharse las primeras voces sobre una posible reelección. (17)

Sin embargo, este mapa político de absoluto color progresista ¿implica la consolidación de un nuevo bloque hegemónico? Desde muchos sectores (dirigentes frenteamplistas, politólogos y periodistas) se alimenta la percepción que los resultados electorales no hacen más que formatear la "construcción de hegemonía popular" que el Frente Amplio vino acumulando durante tres décadas. El problema, es que casi todos ellos, no terminan de establecer la relación que existe entre la regresión ideológica, política y programática de la capa dirigente del progresismo, y la subordinación de esa "hegemonía popular" a las condiciones de dominación económica y explotación social que mantienen las clases propietarias.

Las consecuencias de estos dos factores entrelazados tienen -hay que decirlo sin trabalenguas- todo el valor de una victoria estratégica para las clases dominantes. Por esas razones que muy bien ha resumido Daniel Campione: consiguieron extender su hegemonía más allá de su campo político y social tradicional, haciendo que partidos, movimientos y dirigentes de la izquierda -asociados históricamente a la lucha anticapitalista y antiimperialista- capitulen ante el "libremercado" y se adapten al juego de la "democracia representativa" (18)

La importancia de "ser gobierno" y de haber desplazado a la derecha del comando político del Estado, encuentra su contratendencia: este gobierno que resulta de una larga trayectoria de luchas populares y de un movimiento antineoliberal de masas, termina por aplicar políticas económicas conservadoras que fragmentan su propia base social. Esto genera una crisis de "paradigmas" de izquierda, retroceso en la conciencia de clase, frustraciones y desaliento sobre el destino del "otro Uruguay es posible".

Aquellos que creen (y difunden) que los cambios políticos-electorales sugieren una "derrota histórica" del neoliberalismo caen en una especie autoilusión. Lejos de haber sido derrotada, la hegemonía neoliberal continúa impregnando políticas, programas y estrategias de las fuerzas (y gobiernos) que en la percepción popular, se ubican en el campo de la izquierda, la centroizquierda y el progresismo. Valen como ejemplo, los modelos vecinos de Lula, Lagos y Kirchner.

Las alianzas electorales, los pactos programáticos, y la subordinación a la "gobernabilidad democrática", se explican por las mutaciones políticas, ideológicas, sociales, culturales, que atravesaron a la izquierda en los últimos años. Y, evidentemente, por la eficacia de la ofensiva ideológica neoliberal y una relación de fuerzas desfavorable para los trabajadores, tanto en el plano nacional como internacional. Factores estos, que deberían tenerse en cuenta cuando se habla, muy a la ligera, de la construcción de una "hegemonía popular" donde, sin embargo, nociones tan esenciales como acumulación de capital, explotación, opresión, naturaleza de clase del Estado o dominación imperialista, aparecen disueltas en el cliché de "país productivo".

De allí, que no deba sorprender la reciente iniciativa del gobierno en defensa del "diálogo social" (como acuerdo entre trabajo y capital) para establecer un "Compromiso Nacional para el Empleo, los Ingresos y las Responsabilidades". (19) La inclusión de "un nuevo concepto de la gobernabilidad", se presenta como mecanismo político capaz de disciplinar el "conflicto de intereses" y garantizar la reproducción del orden capitalista.

Construir alternativas

El progresismo agenda y ordena el temario. Cuenta a su favor con una incontestable autoridad política y social. Al contrario de los gobiernos anteriores, no criminaliza las protestas y aparece como "más sensible" a las demandas populares.

Toma iniciativas que pueden ir, por un lado, en un sentido de las garantías democráticas (derecho a la ocupación de fábricas, intervención en el conflicto de la transnacional Gaseba-Gaz de Francia para reponer sindicalistas despedidos, apoyo a radios comunitarias, etc.) y por otro lado, en un sentido francamente reaccionario (coqueteos con la cúpula de la Iglesia Católica, campañas contra la despenalización del aborto y el consumo de drogas "ilegales", etc.). Hasta puede declarar de "interés nacional" un recital de los Rolling Stones, por el "impacto tanto cultural como económico y turístico".

Su capacidad de "marcar la cancha", le ha permitido seguir un camino sinuoso respecto al tema de los detenidos-desaparecidos, sin tener, por ahora, que pagar grandes costos ni confrontarse a los movimientos de derechos humanos. Tabaré Vázquez puede desfilar tranquilo a pocos metros de una pancarta que reclamaba "Juicio y Castigo" en la Marcha del Silencio (el 20 de mayo, más de 50 mil personas), y tratar con los militares -a través del secretario de la presidencia, Gonzalo Fernández- la diversas formas de "dar vuelta la página".

Esa autoridad, le permite al gobierno jugar fuerte la carta de la "herencia maldita" dejada por los gobiernos neoliberales. Tanto la desigualdad, el desempleo y la pobreza, como la corrupción, el clientelismo, la "ineficiencia" del Estado, no pueden superarse de un día para otro. Imponen un necesario período de "transición posneoliberal", de lento y gradual desarrollo de "pequeños cambios continuos". Lo que quiere decir, enfriar, postergar, o directamente rebajar la intensidad y el volumen de las demandas. Para ello, se apoya en dos pilares; por un lado, el crédito abierto por un movimiento de masas que considera, al gobierno progresista, como un avance de sus conquistas; por otro lado, en el colaboracionismo de aquellas direcciones sindicales afines al "acuerdo social" y a una "tregua" (no declarada).

¿Significa que el movimiento obrero y popular ha delegado en el gobierno sus reivindicaciones? La realidad demuestra que, de manera desigual y fragmentada, los movimientos sociales continúan con sus reclamos y movilizaciones. Aún si se constata uno de los momentos de mayor reflujo de las luchas sociales. Sin embargo, sea por aquello de ejercer presión para producir cambios en las políticas gubernamentales, sea por enfrentar la prepotencia patronal que continúa generando conflictos, despidos y desconocimiento de los derechos laborales, sea por ampliar y fortalecer la organización popular, la resistencia mantiene un hilo de continuidad.

A las movilizaciones de COFE (funcionarios estatales), el reinicio de la lucha por el respeto al Plebiscito del Agua, las marchas contra las plantas de celulosa, las ocupaciones de fábricas, frigoríficos y vitivinícolas, los reclamos de cooperativistas, las manifestaciones barriales por servicios, las protestas de pequeños deudores, etc., se le suma un crecimiento de la sindicalización urbana y rural que es la más importante de los últimos 15 años.

Esto ocurre en un momento de creciente "interés por la política" aumentado por la esperanza del "seguir cambiando" que el propio discurso oficial promueve. Son estas "contradicciones" las que componen un proceso de final abierto, conflictivo, de lucha de clases. Donde la palabra decisiva es de la resistencia social, de los movimientos populares, de la izquierda clasista y combativa.

Un proceso donde también caben las manifestaciones de crítica y protesta que aparecen en algunos Comités de Base; no solo por la política económica del gobierno y, sobre todo, por lo del Agua y las plantas de celulosa, sino también por el intento de fusionar, en una estructura única, al Frente Amplio con el Encuentro Progresista. Con lo que se oficializaría la autonomía del gobierno y la bancada parlamentaria, y la completa perdida de relevancia de todas las instancias orgánicas.

La brecha se puede profundizar, lenta pero sostenidamente, en la medida que hay un movimiento popular que reclama "soluciones", y un gobierno cuyo programa conduce a más de lo mismo.

Sería ilusorio creer que un gobierno como el de Tabaré Vázquez (heredero de la crisis socio-económica y de la pérdida de credibilidad de los partidos burgueses) puede mantener de forma prolongada y sin tensiones la "gobernabilidad democrática". Pero las políticas económicas neoliberales del progresismo, pueden agravar la fractura social y el debilitamiento de las posibilidades de respuestas por parte de los asalariados, los desempleados, los pauperizados.

Ir conformando una política alternativa al programa del progresismo, constituye una urgencia social y política aún mayor que una resistencia acantonada en sectores reducidos de los movimientos sociales. Porque se trata de construir una amplia convergencia social para derrotar la política económica del gobierno y el FMI. Efectivamente, si no se conforma esa alternativa (también social y económica), las dinámicas políticas centrifugas aumentarán apoyándose en los desgarramientos del tejido social. Entonces, las esperanzas caídas podrían dejar el terreno libre para el regreso de las elites dominantes y sus sirvientes.

Esta es la cuestión de fondo (estratégica) que se plantea para una izquierda radical y anticapitalista que, más allá de su táctica de "acumulación de fuerzas" y su horizonte de "reagrupamiento", ha sido incapaz de construir una política alternativa y unitaria, tanto para superar la dispersión como para promover la acción y la movilización popular. Los espacios de coordinación que hoy empiezan a desarrollarse, como por ejemplo el de Fuerza Militante Revolucionaria (20), que reúnen a luchadores sociales y políticos de esa izquierda radical y anticapitalista, tienen ese ineludible desafío por delante. El de levantar banderas que convoquen, organicen y preparen los enfrentamientos futuros.

Montevideo, 2 de junio 2005


Notas

1) Tabaré Vázquez, más cerca de Lula que de Kirchner; nota de tapa del diario argentino Ambito Financiero, 6-5-05.
2) Daniel Martínez; entrevista en el semanario Búsqueda, 5-5-05. Como vicepresidente de ANCAP está el ex diputado Raúl Sendic (h), dirigente del Movimiento 26 de Marzo. En las últimas semanas, las diferencias entre Sendic y su organización política se han profundizado, en particular por las críticas del 26 de Marzo a la política económica y al ministro Astori. Según el semanario Búsqueda (25-5-05), Sendic está "contrariado" por el hecho que el 26 de Marzo se plante como "opositor y se sitúe en la vereda de enfrente del gobierno".
3) ANCAP bajo el derecho privado; editorial del diario El Observador Económico, 7-5-05.
4) La Reforma del Agua. Ni por decreto. Pablo Alfano, semanario Brecha, 27-5-05.
5) Las exposiciones completas del equipo económico, las gráficas, y las preguntas de un auditorio compuesto por más de 600 empresarios, políticos, sindicalistas y periodistas, se puede ver en el sitio de Radio El Espectador: www.espectador.com/
6) El último Congreso del PIT-CNT (2003) exigía un salario mínimo de 5.500 (250 dólares en aquel momento), pero la dirección sindical fue, sucesivamente, rebajando la reivindicación.
7) El ministro de Trabajo respondió a cuestionamientos de los gremios estatales; nota del diario El País, 27-5-05.
8) La PEA es de 1.237.300. Los desocupados llegan a 161.800. Según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas divulgado el 11-4-05, unas 643.000 personas estaban con "problemas de empleo" (precariedad, baja calidad, sin cobertura social).
9) Por el contrario, al mes de instalado el nuevo gobierno, algunas tarifas públicas fueron aumentadas: agua (5%) electricidad (9,3%) combustibles (6,7%) transporte interdepartamental y suburbano (2,7%).
10) El Tratado entre Uruguay y Estados Unidos tiene, en realidad, más importancia política que económica, en la medida que afecta las relaciones con los socios del MERCOSUR y de ratificarse, convalidaría (artículo 17) el bloqueo contra Cuba. El Tratado fue firmado por el gobierno de Jorge Batlle el 25 de octubre 2004 y lo envió al parlamento el 26 de febrero 2005, a pocas horas de asumir el gobierno progresista.
11) Vázquez aprueba el Tratado; nota del diario El País, 27-5-05.
12) Estimaciones de Pobreza Por el Método del Ingreso. Año 2004. Publicado por el INE, abril 2005.
13) Desde diversas organizaciones sociales se cuestiona la conducción del Ministerio de Desarrollo Social y la ausencia de una política de participación de los movimientos y de las ONGs que ya venían trabajando en el terreno. A esto se le agrega que "cuando se habla con altos funcionarios del gobierno, parlamentarios y dirigentes políticos" se cuestiona incluso "la idoneidad" de la ministra para encarar el trabajo (Gobierno y Sociedad. Con tres bolas en el aire; Marcelo Pereira en semanario Brecha, 27-5-05).
14) Declaraciones al diario El País, 27-5-05.
15) Un estudio del Banco de Previsión Social (BPS) señala que solo durante el año pasado, el banco dejó de recaudar 136 millones de dólares a causa de las exoneraciones o rebaja en los aportes patronales de la industria, transporte, construcción, sector rural, y otros. Estas exoneraciones que han sido permanentes en los últimos años, no estimularon la creación de empleos como pretendían los gobiernos neoliberales. Por el contrario, el desempleo aumentó. Informe titulado: "Exoneraciones de aportes patronales del BPS: algunos de sus efectos en los programas de previsión social".
16) Con el 48,8% de los votos, la coalición de centroizquierda reafirmó su mayoría absoluta en todo el país. La derecha quedó relegada a los 11 departamentos con menor incidencia poblacional, política y económica: el Partido Nacional (29,7%) tiene 10 departamentos, y el Partido Colorado (16,8%) apenas uno.
17) Aunque la izquierda siempre se opuso a cualquier intento reeleccionista, ahora no se descartaría esa opción. La altísima "aprobación" a Tabaré Vázquez (7 de cada 10 personas), acelera las tentaciones de una reforma constitucional. El propio hermano del presidente, Jorge Vázquez, prosecretario de la presidencia de la República, expuso la idea en una entrevista que le realizara el programa "Quién es quién" (TVEO, Canal 5, jueves 12 de mayo).
18) Daniel Campione. A propósito de Uruguay. Rebelión: www.rebelión.org
19) El 19 de mayo, Tabaré Vázquez presento a sindicatos y cámaras patronales una prepuesta de "acuerdo social". Puso de manifiesto que no se trataba de pedir una "tregua social" sino de crear "un ámbito de trabajo conjunto" para alcanzar objetivos comunes. El documento integro se puede leer en el sitio de la presidencia de la República: www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2005/05/2005051901.htm
20) Fuerza Militante Revolucionaria es una "coordinación" de militantes y organizaciones de la izquierda anticapitalista. Ha realizado tres plenarios (alrededor de 200 participantes) con talleres de discusión sobre la coyuntura política y elaboración de propuestas para intervenir en las luchas de los movimientos sociales. De esta "coordinación, no participan organizaciones que integran la estructura orgánica del Frente Amplio, ni quienes ocupan cargos en el gobierno. Ver "El disparador de una coordinación clasista y revolucionaria"; Correspondencia de Prensa Nº 1058, 26 de febrero 2005.

* Editor de Correspondencia de Prensa, boletín difundido por la red solidaria de revistas de la izquierda radical: germain@chasque.net