VOLVER A LA PAGINA  PRINCIPAL
Latinoamérica

“El que avisa no es traidor”

Mensaje de la 36

En un fallo histórico, la Suprema Corte de Justicia de Argentina declaró ayer inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que permitieron la impunidad para los verdugos de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar.
Los dirigentes humanitarios y juristas declararon la decisión de “histórica” porque esto permitirá reabrir decenas de causas y juicios una realidad que llenó de esperanza y alegría a los familiares de los 30 mil desaparecidos y a los que sobrevivieron al terrorismo de Estado de aquellos años.
 
Las Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo, mujeres emblemáticas e incansables luchadoras en búsqueda de la justicia igual que familiares de desaparecidos y otros organismos de Derechos Humanos se juntaron en las puertas del tribunal para festejar la resolución.
Los grandes medios de comunicación cercanos a los dictadores de otros tiempos advirtieron inmediatamente sobre el “malestar” en las Fuerzas Armadas.  
Para el empresario y candidato a Diputado en las próximas elecciones Mauricio Macri, el fallo le produce preocupación porque “todo lo que no marque una coherencia lo recibo con resquemor” pues considero que no se pueden cambiar las leyes.  
En cambio el Ministro de Defensa Pampuro, le restó importancia a cualquier reacción militar y comentó que si había algún tipo de inquietud no era de las Fuerzas Armadas sino a título personal, de los que posiblemente sean citados por la justicia.  
 
El fallo de la Suprema Corte de Justicia permitirá reabrir juicios e investigaciones por las leyes cuando durante el primer gobierno democrático que sucedió a la dictadura el Congreso votó las leyes de impunidad aparentemente ante las amenazas de golpe de Estado contra el presidente de aquel entonces Raúl Alfonsin.  
También los integrantes de las juntas militares de la dictadura -a los que no se aplicaban las leyes según las cuales los represores sólo cumplían órdenes superiores-, se beneficiaron con un indulto dictado en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem.  
Sin embargo la larga lucha de los organismos de derechos humanos con las madres y abuelas solitarias que comenzaron a dar vueltas rondando la Plaza de Mayo en 1977 exigiendo la aparición de sus hijos y nietos, fue dando resultados en el transcurso de estos años.  
 
Con el gobierno del presidente Néstor Kirchner hubo un cambio significativo en la política de derechos humanos y a su criterio, el Congreso anuló las leyes de amnistía lo que abrió la posibilidad de reanudar algunas causas.  
Faltaba solo esta decisión de la Corte cuya nueva conformación acabó con la dependencia del poder en los tiempos de Menem y al fin llegó, por siete votos a favor uno en contra y otra abstención.
 
Dijo el presidente Kirchner en Córdoba “Es un fallo que nos devuelve la fe en la justicia”. En ese mismo acto el jefe del Ejército general Roberto Bendini declaró que el fallo de inconstitucionalidad es el paso inicial “para reiniciar el reencuentro de todos los argentinos”.  
 
En cambio en Brasil, el mismo día y al mismo tiempo, el gobierno de Luis Ignacio Lula Da Silva se debatía en medio de los escándalos de corrupción sin precedentes.
El diputado Jefferson -quien denunció el sistema de sobornos- confirmaba sus dichos ante el Comité de Etica y apuntaba a José Dirceu -la mano derecha del presidente- como el cerebro detrás de las coimas.  
Sin una coma de más ni de menos, el diputado Roberto Jefferson reiteró en el Congreso, ante sus colegas que lo miraban absortos y furiosos todas las denuncias que realizó sobre las “mesadas” de 12.500 dólares pagadas a los legisladores de la coalición oficialista por la cúpula del Partido de los Trabajadores.
Jefferson apuntó ayer contra José Dirceu, jefe del gabinete del presidente Lula Da Silva, a quien señaló como la cabeza de ese sistema de sobornos. Dirceu informó a los medios de prensa que está a punto de renunciar y anticipó además que su salida del gobierno arrastrará a la mayoría de los ministros del Partido de los Trabajadores.
Ahora esos lugares que queden vacantes serán negociados con el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB). La sociedad de Lula con esa agrupación parece ser la única vía que le resta al presidente para garantizar la gobernabilidad mientras ve alejarse su eventual reelección en los comicios de octubre del año próximo.
La Oficina de Prensa de Dirceu negó ayer a última hora la renuncia del ministro. La versión llegó al Congreso al final de la tarde e hizo paralizar las deliberaciones del Consejo de Etica Parlamentaria justo cuando le tomaban declaraciones a Jefferson.   
 
Antes de informarle a Lula, Jefferson había contado el esquema de sobornos a varios ministros. Además de Dirceu también fueron informados Antonio Palocci, de Economía; Ciro Gómez, de Integración; Miro Texeira ex ministro de Comunicaciones; Aldo Rebelo de Coordinación Política; y Walmiro Meries Guía de Turismo. Jerfferson también habría hablado del tema con el presidente del PT, José Genoino.  
En un par de reportajes concedidos al diario Folha de San Pablo Jefferson había denunciado que el titular del PT junto con el tesorero Delubio Soares y el secretario de Organización Silvio Pereira se encargaban de distribuir el dinero entre los legisladores de los partidos aliados. Esas agrupaciones eran veneno contra las bases. “Hay mucha gente del PT que está muy por encima de todo esto”.
Jefferson acuso al gobierno por la corrupción detectada en la empresa estatal de Correos de la que se lo acusaba a él. Dijo que la compañía sobrefactura “en hasta 300% los contratos del Correo Aéreo Nocturno”, un servicio que se mantiene por medio de un contrato con la empresa privada “SkyMaster”.
 
Privatizaciones, viajes al exterior, reuniones con grandes empresarios y banqueros, aportes de dinero para las campañas electorales, presiones de los organismos internacionales, Cartas Intención, acuerdos bilaterales de Inversión con los Estados Unidos.  
El pago puntual de los intereses de la deuda externa, los planes de ajuste fiscal, el carácter fondomonetarista de la política económica de Astori, el desconocimiento de los resultados de los plebiscitos, mantenimiento de los bajos salarios, jubilaciones de miseria, y un gran circo del gobierno progresista uruguayo montado sobre la base de los medios de comunicación y la publicidad, destacando los planes de ayuda social, no dejan la menor duda del continuismo neoliberal del gobierno progresista.   
 
Ciertos compañeros, con la mejor de las intenciones, que comienzan a despertar de la confusión inicial y comprenden que el gobierno progresista uruguayo no hace más que reafirmar el rumbo continuista de los gobiernos burgueses anteriores, tratan de convencernos sobre las formas en que debemos decir las cosas.
Ya no se trata de negar como en los comienzos el contenido del análisis que la mayoría de las veces comparten, sino que ponen el énfasis en las formas y los métodos.  
De todas formas es un gran avance ya que siempre es más importante el contenido que las formas por lo que empezamos a estar mucho más cerca que lejos de muchos compañeros y amigos que confiaban en que el gobierno progresista necesitaba tiempo para producir los cambios económicos, políticos y sociales necesarios.  
 
Lentamente algunos uruguayos ya  comienzan a descubrir el doble discurso del gobierno progresista.  
Empiezan a ver en la política continuista y fondomonetarista económica y financiera de Astori idénticas recetas del FMI que las aplicadas, por Bensión y Alfie.
Perciben que se viola la Constitución aunque sea un “poquito”, que no se respeta su voluntad democrática atropellada por un Decreto.
Los jubilados ya comprendieron que ni las AFAP’s van a ser eliminadas, y están conscientes no tendrán los aumentos necesarios y justos de sus pensiones y jubilaciones.  
Algunos trabajadores de vanguardia empiezan a desatarse las manos después de haberse sacado la venda de los ojos y perciben que no obtendrán demasiadas conquistas en los “Consejos salariales”, ni las ofertas de aumento salarial del Gobierno alienta expectativas positivas en los empleados públicos.
Las organizaciones vecinales, y defensoras del medio ambiente están convencidos que el gobierno negoció con las empresas transnacionales la instalación de plantas de celulosa contaminantes en la región.  
Algunas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos perciben que la estrategia del gobierno progresista en materia de “terrorismo de Estado” y violaciones de los derechos humanos es “poner punto final” sin juicio ni castigo a los culpables.  
Los profesores y alumnos de la enseñanza pública descubren que se mantiene la misma conducta en la educación de la Reforma de Rama, incluido la continuidad de los personajes anteriores en sus cargos de confianza.  
Los trabajadores de la salud han comprobado con asombro la manera como se instalaron en los cargos de dirección de la salud Pública, los principales centros hospitalarios y de medicina especializada del Estado a profesionales directamente vinculados con la salud privada.  
Se suman a esta larga cadena las denuncias sobre jerarcas policiales acusados de delitos durante los tiempos de la dictadura en cargos de dirección del Ministerio del Interior.  
Se conoció la denuncia hecha pública de que el nombramiento de la Directora del Canal Oficial del Estado se contradecía con la deuda que la periodista de televisión y radio había generado con el Canal 5.
Los productores y endeudados en dólares, es otro de los sectores que se han sentido defraudados por no haber obtenido del gobierno progresista las promesas hechas por su presidente durante la campaña electoral, en cuanto a que “ningún uruguayo honrado perdería lo que había obtenido legalmente con su trabajo”.
 
Varias brechas abiertas por la derecha en el Parlamento permiten a los legisladores de la burguesía obtener triunfos desde la minoría, un lamentable resultado de la mediocridad y lo errático en la política chica del gobierno progresista.
Una estatua instalada en una avenida.
Un despotismo y arrogancia de “saca y pone” amigos y parientes.
Un lenguaje que subestima a la gente, contagioso, que ofende, no tanto por su contenido sino más bien por la subestimación a los sectores populares y de trabajadores.
Un “doble discurso” cada vez más repetido y generalizado que surge de declaraciones publicas en contra y a la vez acuerdos en la interna.  
La política va siendo llevada hacia la “pornografía política”.   
La Constitución y las Leyes -ha dicho un ministro de gobierno-“debe estar en función de los hombres” para explicar por que no se respeta la voluntad del pueblo en el plebiscito por el agua.  
En referencia al Tratado de Inversiones con Estados Unidos el mismo ministro proclamó que “si me ponen un revolver en el pescuezo firmo lo que venga”.
Otra ministra afirma que mientras pensaba en los refugios le dieron el Decreto del agua para firmar “y mientras decía algunas palabrotas lo firmaba”.  
Otro ministro decía, a voz en cuello en Bella Unión, que a partir de “ahora todas las prestaciones de agua potable y saneamiento en todo el territorio uruguayo solo sería prestado por el organismo del Estado, OSE”.  
Y a medida que comienzan a llegar soldados muertos de las Misiones de intervención en el Congo y Haití fallecidos por accidentes, algunos uruguayos comienzan a cuestionarse que hacen las tropas nacionales fuera de las fronteras de la nación.  
 
Muchos de estos amigos que “nos recomiendan separar los bagres de las tarariras” porque entienden -y con razón- que de las decisiones económicas dependen todas las demás nos dicen separen a Astori del resto del gobierno.  
Sin embargo el único coherente de este gobierno progresista en relación a sus fines y objetivos, tanto como a su lealtad de decir lo que piensa en esta última etapa de su actuación política, ha sido Astori.  
En honor a la verdad, Astori es el único integrante del gobierno progresista coherente. Que no ha utilizado el doble discurso desde que se opusiera a los plebiscitos populares, impulsara el balotaje, defendiera al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID, defendiera las privatizaciones, el pago de la deuda, las AFAP’s, la política económica y financiera de Bensión, Atchugarry y Alfie.
Inclusive el único dirigente que en plena confrontación con las mayorías frenteamplistas declaró públicamente que “cuando llegara al gobierno los demás iban a estar de acuerdo con él y abandonarían sus posiciones anteriores”. Y fue así tal como lo vaticinara Astori.  
 
Por lo que debemos decirles a nuestros buenos amigos que tratan de encausarnos por el camino correcto, que Astori es el único que sabe lo que quiere y hacia donde se dirige por lo que las críticas ni le afectan y a esta altura ni le rozan siquiera.  
El resto del gobierno conforma la orquesta que ejecuta la partitura bajo la batuta de Astori, sin posibilidades de desafinar en un solo Decreto, una sola privatización, un solo acuerdo con las empresas privadas, una negativa a los organismos internacionales de crédito, un papa, un cargo en salud pública, ni siquiera un aborto.
El resto no tiene fuerzas para rebajar el precio de las lentejas, liberar a cien presos de las cárceles, meter preso un asesino o torturador, echar un contrato de obra del CODICEN, aumentarle el salario a los trabajadores, darle quinientos pesos de aumento a un jubilado, o tener una actitud digna frente a gobiernos prepotentes como el de España que expulsa a nuestros compatriotas como si fueran parias.  
A nuestro entender, estos son quienes merecen menos consideración que Astori, porque sabiendo hacia donde van se dejan llevar de las narices, sin pararse firmes, sin defender sus ideales, sus principios, el mandato popular.  
Las políticas de Astori las enfrentamos decididamente en su justo momento, dos años antes de las elecciones, cuando esos mismos amigos nos decían, que no valía la pena hacerlo porque la gente se daría cuenta por sí misma de la política de Astori.
Ahora Astori es primer ministro y los demás han cerrado filas detrás de su política económica.  
 
Puede parecer injusto, pero la injusticia es la destrucción de las ilusiones y de las esperanzas de la gente buena.  
Injusta es la complicidad de los que se callan y los que eluden la responsabilidad detrás de la aparente ecuanimidad y posición del medio esperando que los hechos demuestren lo evidente, mientras el pueblo continúa siendo conducido hacia el abismo.  
No es cómoda la soledad, ni es grato el hacer punta contra el poder político, las encuestas, los grandes medios, el dinero, y la opinión pública mayoritaria.
Mucho menos son los réditos que se obtienen pero sin embargo, no hay otro camino que seguir mostrando la verdad descarnada y convocando al debate necesario, que de paso a la acción.
 
Astori es el primer ministro del gobierno progresista, no hay dudas. Pero su política “fondomonetarista” no solo se consagra a las cuestiones económicas porque van asociadas a la ofensiva política e ideológica desplegada por los sectores más conservadores de la burguesía.  
El “astorismo” representa en Uruguay él termino político del  fondomonetarismo, centrado en el aspecto económico.
Pero a la vez no se puede culpar a Astori solamente como el malo de la película, porque el objetivo económico de la política de la burguesía siempre ha sido quebrantar la fuerza de la clase trabajadora organizada, la fuerza de los sindicatos.
Lo que caracteriza ahora al progresismo y sus dirigentes partidarios son todas las medidas de tipo corporativistas que atan más estrechamente los sindicatos al aparato del Estado, dándoles así, una apariencia de mayor poder.
Cuando en la práctica les niegan aumentos salariales decorosos, igual que la derecha más ruin y les escatiman quinientos pesos a los jubilados.
¿Quiénes fueron los que lo socavaron la combatividad a los sindicatos uruguayos atrayéndolos a la colaboración con el Estado? Y a la vez son los mismos que establecen las restricciones gubernamentales a elevar los salarios y cumplir con las promesas del país productivo y generar políticas de empleos y trabajos decentes.  
 
En pos de estos objetivos fondomonetaristas del “astorismo” va todo el resto del progresismo lo que resulta beneficioso solo para la burguesía.  
Las orientaciones del “astorismo” de “hacer retroceder al Estado” achicándolo mucho más y conceder mayor libertad a las fuerzas de la competencia de mercado, han conducido al gobierno progresista a una renuncia formal del control del Estado sobre los salarios de los trabajadores de las corporaciones privadas.  
Pero a la vez, vean como el gobierno progresista fija controles muy rígidos sobre los salarios de gran parte de los trabajadores del sector público. A los cuales se les ofrece entre un 2 y un 4 por ciento de aumento salarial.  
Es la política salarial de la administración comunal del ex intendente Arana, que su secretaria general María Julia Muñoz complementó, justificando las leyes restrictivas de los cumplimientos sobre los convenios y otras medidas, quebrantadoras de la unidad sindical y de la fuerza organizada de los trabajadores de ADEOM.  
 
Se ataca a los sindicatos con el pretexto de que constituyen un obstáculo corporativo a la competencia y a la posibilidad de enfrentar las crisis y cumplir con los organismos internacionales BID, Banco Mundial y FMI.  
Se dice defender el derecho individual del trabajador de “dejar hacer” a las fuerzas laborales: el que quiera hacer huelga que la haga y el que no, está en todo su derecho a continuar trabajando.
Ahora el gobierno progresista recorre el camino de máximo control salarial a los empleados públicos a quienes de entrada les ofrece un dos o un cuatro por ciento y a lo cual los trabajadores del Estado -en algunos casos- ya comienzan por un diez para acordar un seis o siete por ciento.  
El modelo “astorista” del progresismo ahora reivindica el derecho individual del trabajador, del ejército del trabajo, a actuar contra los ocupados ofreciendo su fuerza de trabajo a más bajo precio como “contraparte” de la “ayuda social”.
Es la forma de competencia del mercado laboral “astorista”, lasllamadas “pasantías”, los “trabajos solidarios”, las “ayudas sociales”, los “planes para la juventud”, para “madres solteras”.
Pobres contra pobres
, la forma de competencia de mercado que los “astoristas” tratan de estimular en su ofensiva contra las organizaciones sindicales.
La crisis económica generalizada y sus proporciones actuales junto con la magnitud del ejército de reserva de trabajo, los desocupados, imprimen un gran impulso adicional a la lucha de estas fuerzas competidoras.  
¿Qué dicen los “astoristas” del progresismo? Que “hay que ser tolerantes y solidarios, primero vamos a atender la emergencia social”.
Pero mientras tanto,los “astoristas” del progresismo en el ataque fondomonetarista contra los sindicatos lo emprenden en beneficio de todo el capital, pero el afán del “astorismo” es abrir de par en par las puertas de la economía uruguaya a la acción integral de la competencia internacional y tiene también efectos específicos.  
Los “astoristas” del gobierno progresista afirman ahora que hay que instalar plantas de celulosa en el país.  
Que debemos dejar que continúen explotando el agua potable y el saneamiento las empresas extranjeras.
Que debemos fomentar las privatizaciones en el ferrocarril.  
Que hay que asociar la empresa del gas a un nuevo socio extranjero (Petrobras).
Que debemos asociar ANCAP con Petrobras, PDVSA y la Yucos Rusa.   
Políticas “astoristas” que hacen que el gobierno progresista favorezca mucho más al capitalismo internacional y a los monopolios extranjeros que al capital nacional; y más al capital financiero que al capital industrial del país.
 
EL “ASTORISMO” ES UN NUEVO FENÓMENO EN EL MARCO CAPITALISTA URUGUAYO.
FENÓMENO QUE NOS PLANTEA UNA SERIE DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ESCLARECIMIENTO DE ESTA FASE DEL DESARROLLO.
 
EL “ASTORISMO” SE CARACTERIZA POR EL REFORZAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA PARA PROMOVER LOS INTERESES DEL CAPITAL MONOPOLISTA EXTRANJERO.  
 
ASTORI AVISÓ. “Y EL QUE AVISA NO ES TRAIDOR”.  
ESTO POR LO MENOS, CIERTO O NO, ES LO QUE DICE LA CANCIÓN.