Emblemáticos casos de terrorismo                 

Gustavo  Espinosa  M.* 

  Dos casos emblemáticos de terrorismo se han   presentado en el Perú  en los últimos días. Ambos   comprometen a destacados Jefes Militares que en   décadas pasadas estuvieron directamente   vinculados a los temas de la "guerra sucia" y ponen   en evidencia que  la memoria colectiva -es decir, el   recuerdo de los pueblos- tiene un valor inapreciable   para el efecto de administrar justicia.
   El primero de ellos tiene que ver con el general Luis   Pérez Documet, uno de los militares más rutilantes   y ostentosos del fujimorismo pero que tuvo absoluta   libertad de acción desde mucho antes. Bajo el   gobierno de Alan García, a fines de los ochenta, en   efecto, desempeñó funciones de alto rango en las   unidades militares del centro del país y fue acusado   por el secuestro y ejecución de estudiantes   universitarios de Huancayo. Posteriormente, y ya   bajo la dictadura reciente, Pérez Documet estuvo al   mando de las unidades  que custodiaban las   instalaciones de la Universidad Nacional de   Educación de La Cantuta, razón por la que sin duda   debió autorizar el ingreso de efectivos militares a ese   centro en la noche del 18 de julio de 1992, cuando   fueron secuestrados y luego torturados y asesinados   9 estudiantes y un profesor de esa institución   educativa.
   En los próximos días la justicia ordinaria iniciará el   proceso incoado contra Pérez Documet y en él   comparecerá una de sus víctimas, el joven Luis   Alberto Ramírez, quien permaneciera secuestrado   y sufriera tratos crueles, inhumanos y degradantes   por disposición del citado general y bajo su   supervisión directa. El joven Ramírez, que entonces   tenía apenas 16 años, salvó la vida cuando estaba   llamado a  perecer con otros estudiantes que fueron   asesinados, y hoy es testigo privilegiado en el   proceso que se inicia. Probablemente por eso hace   algunos días fue víctima de un nuevo atentado   destinado a acabar con su vida: desde un vehículo   le dispararon para matarlo, pero fue protegido por su   custodio, un uniformado puesto cerca de él para su   protección, habida cuenta que ya en dos ocasiones   anteriores hubo también quienes intentaron   asesinarlo.
   El otro caso ciertamente complejo es el que   envuelve al general William Zapata, uno de los más   conocidos jefes militares del Perú de nuestros días.
   A mediados de los ochenta el entonces Comandante   William Zapata estuvo al frente de grupos de la   Fuerza Armada que operaron en la región central del   país y consumaron la matanza de Accomarca,   ocurrida en diversos momentos entre agosto y   septiembre de 1985.
   Aún se recuerda que en las acciones desarrolladas   en esa circunstancia por los uniformados, fueron   asesinados 69 campesinos, entre hombres, mujeres   y niños. Unos 20 de ellos, en efecto, fueron   encerrados en una choza de la región y luego la   vivienda fue incendiada, pereciendo quienes se   hallaban en ella quemados vivos. A poco de   ocurridos estos dramáticos hechos, la diligencia de   un esforzado congresista de la Izquierda Unida de   aquellos años, Jorge Tincopa, permitió poner en   evidencia lo ocurrido y sancionar a los jefes de   William Zapata y a su subordinado. Los primeros,   Silesio Jarama y Mori fueron separados de su   función, y el subordinado Teniente Telmo Hurtado -  sindicado como autor material de esos y otros   crímenes- fue sancionado por "abuso de autoridad"   y castigado con "seis días de rigor". William Zapata,   sin embargo, logró, en ese momento evadir la acción   de la justicia que ahora toca la puerta de su casa.
   Como los castigos fueron temporales, todos los   autores de estos hechos continuaron su carrera   militar. Telmo Hurtado llegó en efecto, a ascender   meteóricamente bajo los gobiernos de Alan García y   Alberto Fujimori hasta llegar al grado de Mayor. Los   generales Jarama y Mori conservaron sus rangos y   el Comandante William Zapata ascendió hasta llegar   al puesto de General gracias a los "distinguidos   servicios" que prestara a la institución castrense.
   En su momento, y cuando el MRTA tomó por asalto   la residencia del embajador japonés en Lima, el   gobierno de Alberto Fujimori resolvió encomendar a   un cuerpo especializado la denominada "operación   rescate" de los rehenes. Apareció así en el   escenario el Comando "Chavín de Huántar" que   hasta hoy es mostrado con orgullo por las   autoridades castrenses, como ejemplo de coraje,   combatividad y heroísmo. Su mérito, como se   recuerda, fue disponer de 140 hombres armados   hasta los dientes y tomar por asalto una vivienda en   la que se hallaban 14 jóvenes del Movimiento   Revolucionario Túpac Amaru que debían ser   aniquilados. Y lo fueron, sin duda, quedando sin   embargo en la conciencia de los peruanos la idea de   que varios de ellos fueron víctimas de una ejecución   extrajudicial dado que se habían rendido y estaban   sin armas. Los protocolos de autopsia confirmaron el   hecho por lo menos en tres de los casos   denunciados por lo que el tema aún sigue abierto en   los tribunales judiciales.
   Hoy, el general William Zapata sigue siendo un   activo operador militar. En enero de este año estuvo   al mando de los escuadrones que ocuparon   militarmente la zona de Andahuaylas, agitada por la   acción de Antauro Humala, y ahora mismo   desempeña altas funciones en la región militar de   Piura, aunque hay versiones que, por las denuncias   penales que llueven en su contra, ha resuelto "pasar   a la clandestinidad".
   No es el caso de la residencia nipona el que convoca   ahora a William Zapata, sino el tema de Accomarca.   Si antes su acción pasó desapercibida, hoy la   justicia lo reclama. El Juez Walter Castillo Yataco,   titular de la causa, exculpó al ex Presidente García   del caso, pero no pudo hacer lo mismo con los 29   uniformados que estuvieron comprometidos en esa   masacre.
   Más allá de las palabras, hoy puede asegurarse que   la justicia peruana tendrá una prueba de fuego. Los   acusados tienen poder real, pero enfrentan   acusaciones que resuman sangre. Una vez más se   aviva la conciencia de los pueblos y se pone en   evidencia el inapreciable valor de la justicia (fin)    (*) Miembro del Colectivo de Dirección de   Nuestra Bandera