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Latinoamérica
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Pinochet y la Operación Cóndor
Alejandro Carrió
La Nación
El asesinato del matrimonio Prats fue sólo una muestra más de "las garras del
Cóndor", bien que una de gran trascendencia por el carácter público de sus
víctimas.
La reciente decisión judicial que dejó a Augusto Pinochet fuera del proceso
penal por el accionar de la llamada "Organización Cóndor", basada exclusivamente
en razones de salud, no debería interpretarse como una condonación de las
nefastas actividades de dicha organización. En la oportunidad de representar al
gobierno y Estado chilenos en la causa abierta en Buenos Aires por el homicidio
del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, tuve la fortuna -quizás la
palabra puede ser excesiva- de acceder a las evidencias incontrastables de la
existencia y funcionamiento de esta organización, por la que los servicios de
inteligencia del Cono Sur aunaron esfuerzos para combatir por todo medio
imaginable, legal o no, a los enemigos de los regímenes autoritarios de ese
momento.
Los testimonios de víctimas de seguimientos y apremios, los documentos
demostrativos de un macabro plan para utilizar cuerpos no reconocibles de
desaparecidos en Argentina, a los que se haría aparecer como pertenecientes a
chilenos supuestamente asesinados en Argentina por sus propios compañeros de
lucha (la célebre "Operación Colombo"), listas de desaparecidos, peticiones de
funcionarios de la DINA a sus enlaces en Buenos Aires para que capturaran a
ciudadanos que nunca más vieron la luz del día, solicitudes de explosivos y de
tráfico de armas y documentos de identidad en blanco -justamente en miras al
plan "Colombo"- son algunas de las evidencias del horror que el caso Prats
permitió desentrañar.
En esta trama siniestra, el asesinato del matrimonio Prats fue sólo una muestra
más de "las garras del Cóndor", bien que una de gran trascendencia por el
carácter público de sus víctimas.
En esta enumeración de pruebas, no deben dejar de mencionarse las claras
evidencias de que al general Prats se le había retenido su pasaporte, como una
forma de inmovilizarlo en Buenos Aires, mientras las autoridades de la DINA
planificaban su eliminación.
El caso Prats me sirvió, además, para comprobar, con las realidades propias de
todo drama judicial, las enormidades a que conduce el terrorismo de Estado. Es
evidente que con documentos de identidad falsos emitidos en favor de los agentes
de la DINA, éstos tuvieron la capacidad para salir del país disimulando sus
reales movimientos, hechos que recién ahora empieza a salir a la luz.
Cuando un Estado delinque, sus nefastas consecuencias se proyectan por años.
Espero que los habitantes de ambos márgenes de la Cordillera de los Andes
hayamos aprendido de una buena vez esta lección.
*Abogado argentino que representa al Estado chileno en el caso Prats
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