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Empresas petroleras que extraen hidrocarburos en Venezuela deben, según cifras todavía provisionales, más de cuatro mil millones al fisco, reveló hoy el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez.
Según las primeras indagaciones, precisó, por impuestos sobre la

Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo de Venezuela.

renta esas empresas deben unos tres mil millones de dólares y por regalías sólo una firma debe abonar otros mil millones, aunque la revisión está por concluir.

No obstante, en rueda de prensa con corresponsales extranjeros acreditados aquí, Ramírez indicó que si bien se exigirán todos los adeudos fiscales, su país otorga gran importancia a las inversiones privadas en el sector, dentro de un marco legal.

Al respecto adelantó que ya está listo un proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos y una propuesta de acuerdo de transición a empresas mixtas de aquellas firmas que operan en el país bajo la figura de convenios operativos.

El Ministro explicó que esos convenios firmados a mediados de los años 90 del siglo pasado, además de estar viciados de origen, fueron incumplidos por varias empresas con la consiguiente afectación al fisco.

Entre otras indicó que hay violaciones en cuanto a los volúmenes autorizados de producción, en varios casos hasta del doble de la cantidad permitida, así como la realización de mezclas sin que estuviera establecido en los contratos.

Puntualizó que varias empresas incumplieron con la obligación de inyectar gas a los yacimientos para mejorar el llamado recobro, con gran afectación para los yacimientos y la explotación de áreas mayores a las permitidas.

Ramírez confirmó asimismo que el próximo miércoles asistirá a la Asamblea Nacional para denunciar todas las violaciones detectadas, para lo cual cuenta con documentos rescatados en el exterior que intentaron ocultar anteriores autoridades de PDVSA.

Al respecto explicó que todas las deudas deberán ser saldadas y se brindará a las empresas que operan bajo convenios operativos, dañinos al país, pasar al régimen de asociación con el Estado que mantendrá el 51% de las acciones.

El funcionario, quien también ocupa el cargo de Presidente de PDVSA, advirtió que no se trata de expulsar a las empresas extranjeras, sino de adecuar su actuación al contexto legal.

En ese sentido expresó que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) comenzó a notificar a las empresas sobre los adeudos desde el 2000, en un proceso que espera concluya satisfactoriamente.

En relación con denuncias de cobro de comisiones por parte de funcionarios de PDVSA aclaró que los abogados de la empresa en Estados Unidos preparan una demanda para pedir reparación al diario The Miami Herald, que publicó esas versiones.

Ramírez indicó que la campaña montada contra la empresa se basa en mentiras y medias verdades y aclaró que unos 40 gerentes fueron sacados por detectarse que cometieron irregularidades, como parte del saneamiento del sector.

El ministro de Energía y Petróleo de Venezuela rechazó asimismo versiones de una caída de la producción y rumores de casos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que atribuyó a una campaña de desinformación sistemática contra la principal industria venezolana.

En este contexto recordó que el sabotaje petrolero organizado a fines de 2002 costó al país unos 10.000 millones de dólares, de acuerdo con las investigaciones realizadas hasta el momento.