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El crimen contra el líder de izquierdas se cometió en 1989
Un ex ministro de los que apoyan la campaña de reelección de Uribe, detenido por como autor intelectual del candidato presidencial Luis Carlos Galán
Iván Oliver Rugeles
Rebelión
Se comenzó a destapar la podredumbre en Colombia. Un dirigente liberal de muy
alta estirpe en la política de mando real y muy concreto para el destino del
país hermano, fue detenido por la policía por disponer ésta de serias evidencias
que lo comprometen como uno de los autores intelectuales en el asesinato del
candidato a la presidencia de la República, Luis Carlos Galán, hecho ocurrido
hace 16 años (1.989), quien, como se recordará, adelantaba una campaña electoral
apuntalada, en todo momento, en un claro mensaje de transformación de cambio
social para su país, como fórmula única que permitiría abolir las injusticias y
dignificar a su pueblo, en cuyo proyecto lo respaldaban partidos políticos y
grupos de la sociedad civil organizada de claro corte izquierdista e inclusive
radicales como el Partido Comunista. Para el momento de su asesinato, Galán
encabezaba las encuestas con una importante ventaja sobre el resto de candidatos
del centro y de la derecha tradicional.
El sujeto señalado como el presunto responsable de haber ordenado la muerte de
Galán, es el ex-ministro liberal y Senador Alberto Santofimio Botero, quien
había sido acusado en el pasado reciente por sus vinculaciones muy estrechas con
el cartel de Medellín y específicamente con quien fue su máximo capo, Pablo
Escobar Gaviria.
Santofimio Botero, como aspecto relevante de la noticia de su detención por tan
grave acusación, es uno de los políticos más entusiastas y activos en la campaña
por la reelección de Uribe Vélez, al punto de que se le tiene como el dirigente
de más peso en la tierra del actual mandatario colombiano en favor de que éste
permanezca por cuatro años más en la Casa de Nariño.
No ha sido un secreto para nadie y menos aún para las autoridades antidrogas de
los Estados Unidos de Norteamérica, las conexiones del presidente Uribe Vélez en
el pasado con las mafias del cartel de Medellín, así como el hecho de que muchas
publicaciones indican que lo fue su padre y muy activo, quien resultara
asesinado al parecer por diferencias en el reparto de beneficios con integrantes
de esas mafias. Documentos desclasificados por el Departamento de Defensa en
mayo/05, lo incluyen, junto a Santofimio, como parte del grupo de
narcotraficantes del hermano país en la década de los ochenta.
Hay hechos muy concretos sobre sus estrechas vinculaciones con el mundo del
narcotráfico que se ventilaron durante su campaña para la presidencia, que él
logró en todo momento capear con éxito, por supuesto con el auxilio desmedido y
vergonzante de un gran poder mediático a su servicio, que aún conserva intacto.
Se dijo, entonces, que mientras ejerció la Alcaldía de Medellín (1.982/83) y la
curul de Concejal (1.984/86), mantuvo negocios por grandes sumas con Escobar
Gaviria para la construcción de viviendas masivas de interés social y otras
obras públicas.
Se precisó que su amistad con el jefe mafioso se fraguó en razón de que ambos
eran ganaderos con posesiones colindantes hacia las afueras de Medellín y que,
además, lo llevaron algunos años después, siendo ya Gobernador del Departamento
de Antioquia (1.995/97), a crear con su respaldo y apoyo logístico, fuerzas de
choque y de protección a los hacendados que se les bautizó como las Cooperativas
Convivir y que fueron la semilla de las hoy conocidas Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), grupos de paramilitares criminales y narcotrificantes que han
devastado poblaciones enteras y asesinado de manera bárbara a sus habitantes,
sin que nadie hasta la fecha haya logrado impedirlo.
Ha salido a reflotar un grave hecho que marcó un momento crítico para el vecino
país, porque junto a ese magnicidio político, igualmente fueron asesinados
decenas de otros dirigentes, entre los cuales resaltaban por sus jerarquías,
Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido cinco años antes (1.984) por sicarios al servicio
de Escobar Gaviria, mientras ejercía la cartera de justicia y a quien le
correspondió ejecutar la política de extraditar a narcotraficantes a los Estados
Unidos, así como el senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas,
acribillado a balazos en 1.994, por mandato del jefe paramilitar Carlos Castaño,
según lo determinó la justicia colombiana en 1.999.
Igualmente se hicieron evidentes para ese entonces, las complicidades de
sectores de la dirigencia política del país con el narcotráfico y la insurgencia
paramilitar, como ocurrió con el ministro de la defensa del Gobierno de Ernesto
Samper, Fernando Botero, con Santiago Medina, quien fuera tesorero de su campaña
electoral y con los ex-procuradores y ex-contralores generales de la Nación,
Orlando Vásquez Velásquez y Francisco Becerra, respectivamente.
Como se recordará, el alto jefe paramilitar Carlos Castaño hace menos de dos
años decidió abandonar el mando insurgente y aun cuando desde entonces
desapareció del mapa y nadie sabe a donde se encuentra, existen algunas
evidencias que lo ubican en el territorio norteamericano, pues su familia viajó
a ese país poco antes de que anunciara su retiro, tal y como lo informó en su
momento la prensa colombiana. Le entregó el mando de las autodefensas a quien
fungía ser el segundo de abordo, Salvatore Mancuso, su par y compinche
coterráneo de igual catadura, el cual, por paradójico que parezca, no solamente
el Parlamento de Colombia le permitió el estrado en julio del 2.004 para que
planteara sus exigencias para entregar las armas, sino que es la voz de ese
grupo criminal con la cual Uribe Vélez busca, en la actualidad, suscribir
convenios de paz que pocos gobiernos y organismos defensores de los derechos
humanos en el mundo hasta la fecha han podido explicarse lo que anda detrás de
todo ello. Es interesante agregar que el propio Mancuso ha declarado en varias
ocasiones que su agrupación controla el 35% de las bancadas del actual
parlamento, lo cual explicaría su comparencia a la sede de ese alto poder del
Estado.
Desde nuestra óptica lo vemos todo con meridiana claridad. Uribe es parte de la
clase expoliadora y dominante de Colombia. Es una verdad del tamaño del universo
sus conexiones con las mafias del narcotráfico; Washington lo sabe y él ha
llegado a la conclusión de que la única oportunidad que vislumbra como la más
oportuna para enterrar ese pasado y seguir siendo "útil" asimismo, al imperio y
al estrato social al que pertenece, el cual mantiene una estrecha, ancestral y
muy fructífera relación con factores económicos y políticos muy poderosos de los
Estados Unidos, es ésta, buscar una nueva nominación presidencial que, sin duda,
le abre un espacio para la maniobra hacia el futuro nada desdeñable.
La imputación a Santofimio Botero como autor intelectual del asesinato de Luis
Carlos Galán es, con toda seguridad, una pesadilla fantasmal que debe tener
acosado y perturbado al paisa Uribe, porque ello conspira en términos reales y
muy concretos en contra de sus aspiraciones de continuar en la Presidencia de
Colombia hasta el 2.010 y la abre perspectivas aún mayores de triunfo a la
candidatura de Carlos Gaviria, expresidente de la Corte Constitucional, quien se
postularía a las elecciones del venidero año apoyado por factores claramente
identificados con la izquierda moderada y radical del vecino país.
oliverr@cantv.net