Federico Sarmiento

Fue el 'colombianólogo' francés Danial Pécaut, quien puso de moda la tesis de que la guerra de la insurgencia campesina en Colombia no era contra el Estado oligárquico colombiano (generador permanente de terrorismo de Estado y exterminador de partidos políticos de oposición) ni contra la estructura de clases anacrónica que condena a la nación colombiana al atraso y la miseria, sino contra lo que él denominaba la 'sociedad civil'.

Inmediatamente sus áulicos y discípulos criollos difundieron la nueva versión y contribuyeron a sembrar confusión entre los debatidores del tema de la guerra y la paz en Colombia. De esta forma se contribuyó 'académicamente' a frustrar la negociación del Presidente Pastrana, al lanzar una cómoda cortina de humo que encubría la complejidad histórica del conflicto colombiano y permitía a los ideólogos empresariales de la 'reinserción', eludir una real distribución del poder político y socio-económico (que no una revolución 'por contrato') para una salida política negociada a la guerra.

Días después el profesor Pécaut se vino con un sesudo artículo en la revista Semana -en una clásica 'fuite en avant'- acusando a las FARC de ser las responsables del 'triunfo electoral de Uribe Vélez' y de la 'derechización del país'. Como diría el sentido común del pueblo colombiano, la culpa era pues de la 'estaca'.

No sorprende entonces que tales expertos, terminen apuntalando la doble moral de la Unión Europea (Inversiones en Colombia obligan) expresada en las posiciones del Mr. PESC, el señor Solana, quien termina haciendo valer su versión de que las AUC de la motosierra y las guerrillas campesinas son, 'todas a una', la misma cosa, y que por tanto, merecen clasificarse todas por igual (como hizo hipócritamente la Unión Europea) como 'grupos terroristas'.

Hoy en día, ante el desastre social y humanitario del régimen de Uribe Vélez, la voz de estos colombianólogos brilla por su ausencia, excepto las repetitivas y monótonas voces de Daniel García-Peña y Maria Emma Wills de la Universidad de los Andes, quienes haciéndose eco de los informes de el diario EL TIEMPO y de los partes de la Inteligencia Militar, siguen acusando a las FARC de atacar la población civil inerme, supuestamente en el caso de nuestros compatriotas pre-colombinos en Toribío, Cauca.

Tanta alharaca sobre la base de desinformación y guerra sicológica, oculta más bien el hecho preocupante de que en Colombia estamos asistiendo a una permanente derrota de las agendas y movimientos sociales y al triunfo de las agendas que impulsan la derecha empresarial colombiana y sus amos imperialistas. Que al igual que en el tema de la guerra o la paz como encrucijada histórica de la nación colombiana, la tal 'sociedad civil' -la imaginada, construida y aceptada por las ONGs depolitizadoras- ha prácticamente desaparecido del escenario colombiano, con algunas notables excepciones.

Hagamos el recuento. El gobierno de Uribe y sus amos yankees, en cumplimiento del programa de agresión contra el pueblo colombiano y su patrimonio ecológico, están impulsando, a mansalva, con todo cinismo y de manera escandalosa, la fumigación de los parque naturales de Colombia, ante la más patente desmovilización y silencio del los sectores ambientalistas.

La tragedia de San José de Apartado y la de las comunidades indígenas del Cauca (incapaces de defender frente al Estado sus status de comunidades neutrales contra todos los beligerantes) son una clara señal de que el gobierno de Uribe Vélez no dará marcha atrás en su empeño por desconocer el DIH e implementar los proyectos europeos de 'comunidades' y 'laboratorios de paz', como parte de una estrategia contrainsurgente. Hasta ahora los 'laboratorios de paz' fueron entendidos por la comunidades locales, como formas de resistencia a la guerra (por tanto a favor de una salida política negociada al conflicto) y una alternativa al secular abandono social del Estado colombiano.

Lo increíble es que la lucha solitaria de las comunidades locales, ha contado con las posiciones tibias o despistadas de los burócratas de Naciones Unidas en Bogotá -que sólo leen el TIEMPO y ven los noticieros del Grupo Prisa por TV- y con el silencio cómplice de los embajadores de la Unión Europea en Colombia, que antaño hacían cola en el Caguan para dialogar con el 'terrorista' Manuel Marulanda Vélez y que ahora son más activos en buscar del gobierno colombiano leyes cada vez más generosas para sus inversiones, especialmente en materia de 'garantías' y de 'doble tributación'.

En Toribío y Jambaló, como continuidad las operaciones de limpieza con motosierra que hizo el 'anillo de seguridad estatal' de las AUC (Bloque Calima) en el Valle del Cauca, ahora la policía y el ejército han escogido a la población civil como escudos humanos -instalando cuarteles y búnkeres junto a los hospitales, escuelas y guarderías-, preparando el terreno para la 'política social' contrainsurgente de Uribe Vélez, según la cual se completarán los recursos europeos de los 'laboratorios de paz' con las platas del Plan Colombia.

La señal de Uribe contra los movimientos indígenas del Cauca en el pasado 'consejo comunal' de Santander de Quilichao fue clara: deben aceptar la presencia de la 'fuerza pública' y de la 'soberanía del Estado' contra viento y marea o les caerá el peso de la ley (de paso en violación de compromisos constitucionales del Estado colombiano con las minorías étnicas).

No es gratuito que ante la oposición y la claridad de las agendas pacifistas de los movimientos sociales indígenas del Cauca, estos hayan desaparecido de la prensa bogotana con su aureola de 'resistentes civiles contra la guerrilla'. Ahora el ejército colombiano no sólo no los 'difunde' como victimas de la 'maldad guerrillera' (en la que creyó hasta Rigoberta Menchú) sino que los encarcela y tortura como cómplices de la toma guerrillera de Toribío y Jambaló (ante el silencio de Rigoberta Menchú).

Otros hechos que demuestran la derrota de las agendas progresistas de la sociedad civil se relacionan con los temas de los derechos humanos y las conquistas sociales y laborales del sindicalismo. Referirse al exterminio implacable por parte del terrorismo de Estado, de activistas de derechos humanos en Colombia y a la persecución de sus ONGs más valerosas y honestas, es no solo' llover sobre mojado'. Puede resultar cínico recordarlo. El caso es que cuando en Colombia haya paz algún día, se deberá recordar siempre con respeto y admiración a tantos colombianos, que en esta época oscura y de tragedia, consagraron su vida y su existencia para preservar los valores supremos de la dignidad de la especie humana, que también han sido siempre valores revolucionarios.

Pero la desazón también cunde cuando se observa toda la regresión que se ha experimentado en Colombia en materia de legislación laboral y social, de la cual hace parte la última reforma pensional del régimen de Uribe Vélez (que condena a la actual población económicamente activa a vivir y cotizar más de una vida, para poder pensionarse), ante la más palpable impotencia de las organizaciones del mundo del trabajo.

En síntesis, el panorama de las fuerzas y agendas de la sociedad civil frente al proyecto reaccionario de Uribe Vélez y los Estados Unidos, es adverso. Quizás allí se esté pagando tributo a la orientación que una gran mayoría de organizaciones no gubernamentales del primer mundo han impulsado en los países en vías de desarrollo cual es la despolitización.

En días pasados oíamos alarmados en la Cadena estadounidense CNN, a una funcionaria de la UNESCO en Caracas afirmar, frente a la reinvindicación de la defensa de los afro-venezolanos por parte del proyecto político de la revolución bolivariana, que el tema de la defensa de los derechos de las minorías étnicas, no se podía 'politizar', ni volverse objeto de 'manipulación' por parte de un 'partido político'.

En Colombia, las agendas progresistas de los movimientos sociales, no solamente son convergentes con los contenidos y programas de la lucha insurgente, sino que además son altamente políticos y nacionales. Las luchas de nuestras indígenas y compatriotas afro-colombianos, son convergentes con la lucha de nuestros campesinos por la tierra, de la mujer colombiana por su igualdad, dignidad y derechos, de los jóvenes por tener un futuro mejor y de la clase trabajadora por liberación clasista y humana.

Debemos pasar de los liderazgos locales y regionales y de las agendas meramente étnicas y locales a las agendas nacionales de liberación nacional y social. No entenderlo así es aceptar la fragmentación y la división con que los poderosos nos someten y nos derrotan. Este es el verdadero sentido político de la lucha social en el momento actual.

En esta perspectiva histórico-social, la movilización social y la reivindicación de todo espacio democrático en la lucha social y política de la sociedad civil real en Colombia, hace necesariamente parte del gran proyecto bolivariano de liberación y dignidad que lleva a cabo con tanta abnegación y sacrificio, la insurgencia guerrillera en nuestra patria.