Latinoamérica
|
Bolivia: El Alto inicia hoy una movilización nacional que puede durar semanas
Los sindicatos vuelven a las calles por la nacionalización de los hidrocarburos
Bolpress
Con la Policía acuartelada y un plan de inteligencia en marcha, el gobierno
espera contrarrestar la ola de movilizaciones planificadas para esta y la
siguiente semana. La primera manifestación pública se cumplirá desde las
primeras horas de este lunes, cuando representantes de los barrios alteños se
concentren a las 9.00 en la puerta de la Fejuve, en la Ceja, para después
marchar por el Día del Trabajo.
La aprobación de la Ley de Hidrocarburos en el Senado tiende a subir la tensión
social. Varias organizaciones de El Alto protestarán desde el lunes por 'la
recuperación total de los hidrocarburos'. La COR de El Alto, los gremiales,
organizaciones campesinas, y la Universidad Pública de El Alto, protagonizarán,
según confirmó el secretario ejecutivo de la COR, Edgar Patana, una marcha que
terminará con una toma simbólica de la planta almacenadora de hidrocarburos en
Senkata.
A ellos se sumarán también la Federación de Maestros de La Paz y la COB. El
secretario general de esa organización, Freddy Gutiérrez, protestó contra el
contenido de la ley aprobada por los senadores que contempla el 18 por ciento de
regalías y el 32 por ciento de impuestos no acreditables.
El gerente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Lorgio Balcázar, prevé para esta
semana un panorama muy complicado para el gobierno, ya que deberá atender el
tema de la escasez de diesel, la convocatoria al referéndum autonómico, el tema
tierras, un tributo cañero, la seguridad ciudadana, la demanda de la universidad
estatal y otra relacionada con la Cámara Agropecuaria del Oriente que tiene que
ver con el Fonvis. 'Hay gran malestar en las organizaciones departamentales por
la falta de soluciones del gobierno', señaló el cívico.
La Fiscalía General de la República será el escenario donde la Asociación
Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo) presente una proposición
acusatoria contra los ministros de Hacienda, Carlos Jemio, y de Hidrocarburos,
Guillermo Torres, como presuntos autores de incumplimiento de deberes al no
haber podido solucionar la escasez de diesel.
Por otro lado, el dirigente Sabino Masi, a la cabeza de 120 familias de los sin
tierra, tomaron propiedades pertenecientes a la empresa Terrasur en Mecapaca,
asegurando que las mismas se encuentran abandonadas y anteriormente pertenecían
a la familia Patiño, que también las abandonó.
¿Desestabilización del gobierno?
Varios sindicatos, a través de la COB, han hecho llegar al gobierno sus pliegos
de peticiones en los que incorporan pedidos de aumento salarial en función a una
canasta familiar básica de más de 7 mil bolivianos. Las restricciones del
Presupuesto General de la Nación para esta gestión no permiten atender
solicitudes de incrementos salariales de gran magnitud que hacen sectores como
el magisterio, indicó el ministro de Hacienda, Luis Carlos Jemio.
'Lo que esperamos de los diferentes sectores es que comprendan la situación de
las finanzas públicas y el esfuerzo que se está haciendo para negociar y lograr
acuerdos con los diferentes sectores', subrayó la autoridad.
La ministra de Trabajo, Audalia Zurita, señaló que el gobierno atiende las
demandas salariales de los trabajadores de acuerdo a la realidad del país. En la
mayoría de las empresas se pudo comprobar que los incrementos salariales no
superaron el 3 por ciento sobre el salario básico.
Respecto a las amenazas de marchas de protestas, huelgas y paro anunciados por
diferentes sectores laborales, indicó que algunos obedecen a criterios
exclusivamente políticos ligados a la Ley de Hidrocarburos, que no es un tema
laboral. Comentó que hay demandas laborales para que el salario mínimo nacional
sea de 7.200 bolivianos, pero que COB no da a conocer la fuente de recursos para
efectuar ese pago. 'La intencionalidad de una movilización respecto a demandas
de imposible satisfacción no pueden tener otro motivo o contenido que no sean el
de desestabilizar el gobierno', subrayó.
Este domingo cientos de trabajadores del sector público y privado realizaron una
marcha de homenaje al Día del Trabajador, en demanda de empleos y estabilización
laboral. Dirigentes de la COB y de otras confederaciones y federaciones
sindicales demandaron durante la marcha la derogatoria del Decreto 21060 que
instauró el neoliberalismo como política económica oficial desde 1985.Asimismo,
exigieron la nacionalización de los hidrocarburos, el incremento del salario
mínimo nacional, mejor atención de educación, salud, vivienda, además de respeto
al fuero sindical. Durante a marcha en la sede de gobierno, los distintos
sectores de trabajadores y representaciones de algunos partidos políticos de
izquierda, portaban pancartas con consignas contra el imperialismo, el Tratado
de Libre Comercio.
La Policía está lista
En las marchas de protesta anunciadas para esta semana, las fuerzas del orden
aplicarán métodos de disuasión y no coercitivas para evitar hechos de violencia,
garantizó el ministro de Gobierno, Saúl Lara. Los servicios de seguridad pondrán
en marcha un plan de trabajo coordinado, que tiene que ver con inteligencia y
movimiento de las fuerzas del orden. Todas las unidades de la Policía están en
emergencia
En tanto, el defensor del Pueblo Waldo Albarracín realiza una serie de consulta
a instituciones del gobierno y de la sociedad civil para establecer si existe la
voluntad política y predisposición en promover un diálogo que promueva el pacto
social. Se cursaron invitaciones a los nueve comités cívicos, municipios, la
Central Obrera Boliviana (COB), Confederación Sindical Unica de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (Csutcb), Confederación de Empresarios Privados y otras
instituciones.
Albarracín espera que hasta este martes haya respuesta a esta consulta en
sentido positivo. En la hipótesis de que el mayor porcentaje de las
instituciones de una respuesta positiva, inmediatamente, se fijará una fecha
para la reunión nacional. Lo que se busca en esta reunión nacional es acercar a
los sectores que están confrontados por varios temas e intentar construir un
idioma común para todos los bolivianos, establecer un gran acuerdo y/o pacto
social y político, que ayude a abordar sin enfrentamiento interno la Asamblea
Constituyente, las autonomías departamentales y la soberanía nacional.
Cae la popularidad de los políticos
Abril no fue un buen mes para el presidente Carlos Mesa ni para los titulares
del Congreso en cuanto al grado de aceptación entre la gente. Una reciente
encuesta de la empresa Apoyo, Opinión y Mercado Bolivia señala que el Primer
Mandatario perdió seis puntos en el eje central, mientras que el Parlamentario
perdió cinco puntos.
La aceptación del Congreso es cada vez más baja en las ciudades del eje troncal:
La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Este descenso se produjo en el mes
signado por la polarización en torno a la Ley de Hidrocarburos, las
observaciones legales a los contratos petroleros, los roces entre Ejecutivo y
Legislativo.
Las organizaciones sociales cuestionan la labor del Congreso por cuanto existe
un evidente retraso en el cumplimiento de la agenda de octubre -Constituyente y
recuperación del gas-. Sin embargo, los diputados se esfuerzan por acelerar la
denominada agenda de enero impuesta por los empresarios de Santa Cruz, que
exigen referéndum autonómico y elección de prefectos por voto directo.