La Paz está cercada por miles de campesinos que bloquean caminos y cierran todos sus accesos. El Alto profundiza la huelga. Más trabajadores y vecinos se unen a la lucha por la nacionalización y muchos creen que ya llega la hora de instaurar el gobierno de obreros y campesinos. Hay indicios de división en el Ejército, mientras la oligarquía y la clase dominante apuesta a partir en dos a Bolivia.

La enconada lucha nacional y de clases que se libra en Bolivia, en el corazón de la América morena, se desliza aceleradamente hacia terrenos explosivos. Los sectores oligárquicos y empresariales del oriente y del sur del país, con el indisimulado apoyo de las petroleras y los grupos más reaccionarios de derecha, se están organizando para alcanzar una autonomía separatista, que preserve sus millonarios privilegios sobre la tierra y los recursos naturales, amenazados por la tormenta social que viene del altiplano y los valles. Allí, los sectores sociales y populares, aún divididos, han levantado la bandera de la nacionalización del gas y el petróleo, consigna que conduce hacia la revolución social y a poner fin al neoliberalismo y a la democracia burguesa.

En el medio, el endeble gobierno neoliberal de Carlos Mesa y un arrinconado Parlamento intentan mantenerse a flote, en el marco de la legalidad, apostando a neutralizar a los sectores en lucha con concesiones menores sobre una Asamblea Constituyente y mayores niveles de descentralización y autonomía parcial para las regiones. El gobierno y el Congreso quieren, sobre todo, alejar el fantasma de la revolución, que cada día parece cobrar más fuerza en las sitiadas calles de La Paz y El Alto.

En las multitudinarias manifestaciones que copan mañana, tarde y noche el centro de la ciudad de La Paz se oye, de boca de los maestros, mineros, estudiantes, desocupados y sectores de campesinos, la consigna revolucionaria de 'obreros al poder', de 'campesinos al poder, del 'pueblo al poder'.

'Ha llegado la hora de retomar las tareas inconclusas de (la insurrección popular de) Octubre (cuando el pueblo derrocó al gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2003). Hay que expulsar ahora a las transnacionales, nacionalizar el gas y que los obreros y campesinos tomen el poder', dice la radical dirigente del magisterio urbano y del trostkysta Partido Obrero Revolucionario (POR), Wilma Plata, que encabeza una masiva manifestación de maestros en huelga que luchan, como otros sectores, para recuperar para Bolivia los más de cien mil millones de dólares de reservas de gas y petróleo que están en manos de poderosas compañías extranjeras como Repsol, Petrobras, Total, Enron, Shell, British Petroleum y otras.

La salida revolucionaria está en boca de muchos, pero no hay, hasta ahora, la fuerza ni el ímpetu necesarios para ejecutarla. Los manifestantes no están armados, salvo con 'cachorros de dinamita' y algunos palos, para autodefensa. Los choques con la Policía son esporádicos, de escasa envergadura y las marchas son pacíficas, salvo pequeños incidentes. Los trabajadores, mineros, campesinos, colonizadores, estudiantes, gremialistas y los vecinos de los barrios más pobres de La Paz y El Alto gritan, cantan y se enfurecen, pero retroceden cuando la vanguardia intenta chocar con los efectivos militares y policiales. Desde el gobierno apuestan a que el cansancio desinflará la protesta, mientras que en los sindicatos más combativos creen, por el contrario, que a medida que se profundice el cerco sobre la ciudad, se corte el suministro de combustible y alimentos y se agiganten las manifestaciones, el choque será inevitable por la creciente radicalización de los trabajadores y vecinos.

Certezas de unos y de otros

'Ni Mesa, ni Vaca (el presidente del Congreso). Obreros al poder', gritan los maestros. 'Ni Mesa ni Vaca, campesinos al poder', replican los comunarios del Altiplano, que marchan junto a otros grupos de trabajadores que claman por el cierre del Congreso y la renuncia de Mesa. Todos ellos levantan la bandera de la nacionalización del gas y el petróleo. Y todos ellos saben o intuyen que esa tarea no será cumplida por el Parlamento defensor de las transnacionales ni por Mesa, al que califican como gerente de las petroleras.

Por ello, con mucha más cautela, otras organizaciones campesinas, de cocaleros y colonizadores, seguidores del diputado y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, ponen más énfasis en la convocatoria a una futura Asamblea Constituyente, una salida que permitiría dilucidar el destino del país sin confrontaciones ni violencia, sin cambiar la esencia del sistema, evitando la renuncia de Mesa y el cierre del Parlamento y evitando la lucha directa por el poder político que abiertamente ya enfrenta a la oligarquía y las clases dominantes contra los trabajadores del campo y las ciudades.

El fantasma del golpe

Esa misma lucha que también se ha hecho visible en el seno del Ejército, que institucionalmente respalda a Mesa y al Congreso. En las últimas hora, un pronunciamiento público de un autodenominado Grupo Generacional de las Fuerzas Armadas convocó a la unidad cívico militar para nacionalizar el gas y el petróleo, para cerrar el Congreso y bajar de la presidencia a Mesa. El llamado a instaurar un régimen cívico - militar fue, de inmediato, rechazado por la cúpula militar que instruyó el arresto de los coroneles sediciosos que firman la proclama.

Mientras tanto, en la ciudad de Trinidad, en el extremo norte del país, parlamentarios que cogobernaron con el derrocado Sánchez de Lozada y dirigentes cívicos, representantes de la oligarquía y las transnacionales, convocaron a los pueblos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija a imponer un referéndum autonómico que preserve sus bienes y riquezas de la ola expropiadora que emerge desde el altiplano. El movimiento oligárquico conminó al Parlamento a definir hasta el 31 de mayo la fecha y la pregunta del referéndum, bajo la amenaza de una autoconvocatoria.

Con esta medida, intentan partir en dos a Bolivia, preservando la propiedad y uso de las riquezas petroleras y mineras, la tierra y los bosques, para las petroleras extranjeras y los latifundistas locales. Esta autonomía es combatida por los sectores sociales y populares que han cortado por tercer día consecutivo todos los accesos a La Paz, que está aislada del resto del país. Todos los caminos carreteros que unen la sede de gobierno con Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz están cortados por una contundente huelga cívica de tres días de El Alto, movilizado por la nacionalización. Las vías que unen La Paz con las regiones fronterizas de Perú y Chile están en manos de los campesinos rebeldes.

En otras ciudades como Potosí y Cochabamba también se suceden manifestaciones con las mismas consignas sobre la nacionalización ahora del gas y el petróleo, el cierre del Congreso burgués, la renuncia de Mesa, el presidente vendepatria, y la proclama revolucionaria de obreros y campesinos al poder.