Latinoamérica

Los movimientos sociales de la zona occidental de Bolivia dudan de las intenciones del movimiento autonómico organizado en el área oriental del país, más propiamente en el departamento de Santa Cruz, porque dicha corriente está liderada por la ³crema y nata² de la burguesía, es decir por sectores empresariales que perdieron amplios espacios de juego político luego de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003.
Aunque su discurso se fundamenta en una ácida crítica al centralismo paceño excluyente, estos sectores empresariales siempre estuvieron vinculados al poder y en los últimos 20 años de neoliberalismo participaron directamente en los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga y Carlos Mesa, ya sea para beneficiarse con créditos bancarios no siempre pagados o diseñando leyes a la medida de sus intereses. A los sindicatos les llama la atención que los empresarios, después de dos décadas de gozo, reclamen autonomía precisamente en un momento en el que los movimientos sociales definen la agenda pública y obligan a los gobernantes a revisar los dogmas económicos y políticos en una Asamblea Constituyente.
Sucede que los propulsores del movimiento autonomista, y en general todos los sectores conservadores del país, perciben que la Constituyente pone en peligro no sólo sus intereses sino los del gran capital extranjero, con el que están fuertemente imbricados. Los gremios empresariales cruceños cobijan a la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, la entidad que representa a las empresas petroleras asentadas en Bolivia, como un asociado más y por tanto están obligados a defender sus intereses de la "amenaza populista" que crece en los andes al igual que la demanda de nacionalización de los recursos energéticos.
Es obvio, explican Evo Morales, Roberto de la Cruz, Felipe Quispe y otros líderes del occidente: las oligarquías intentan reservarse para sí al menos un espacio del territorio y exigen el derecho de autodeterminarse, es decir instaurar un gobierno propio con la facultad de disponer libremente de los recursos naturales. Aunque no plantean un sistema federado, reclaman autonomía administrativa y política, e inclusive un régimen tributario al margen del Estado central. En esencia, el clamor autonómico es legítimo; los mismos pueblos indígenas reclaman autodeterminación desde hace siglos, pero la propuesta cruceña debe ser entendida en el contexto descrito, y no como una demanda popular, tal y como quieren hacer ver el empresariado cruceño y los medios de comunicación a su servicio.
El investigador Carlos Romero del Cejis, una ONG que trabaja con los campesinos del oriente, considera que el Comité Cívico de Santa Cruz (el brazo político del empresariado) mantiene la hegemonía en la ciudad y en las capitales de provincia, donde viven 1,3 millones de personas, pero no tiene predicamento en todo el departamento, habitado por 2.3 millones de individuos. Los autonomistas y el Comité Cívico argumentan que el gran cabildo de enero de este año les da suficiente autoridad como para autodenominarse un "movimiento de masas" porque asistieron 350 mil personas, aunque algunos observadores piensan que en el lugar de concentración, la rotonda del Cristo en el segundo anillo de la ciudad, no caben más de 150 mil personas. Otros sectores más escépticos piensan que unos cuantos miles fueron al cabildo no a pedir autonomía sino a ver desfilar a Las Magníficas, las "top model" nativas, y al grupo musical Azul Azul, muy popular en Santa Cruz.
Lo cierto es que en Santa Cruz no hay plena unidad alrededor de la autoconvocatoria a un referéndum sobre autonomías departamentales para el 12 de agosto, como plantea el Comité Cívico. En las provincias, alcaldes y pueblos indígenas, principalmente de la región chaqueña, donde están ubicadas las principales reservas de gas natural, consideran que la demanda autonómica necesariamente debe ser analizada en la Asamblea Constituyente.
Este miércoles 25 de mayo diversas organizaciones, entre ellas la Universidad Gabriel René Moreno y los sindicatos gremialistas, marcharon por las calles del centro de Santa Cruz para manifestar su desacuerdo con la posición cívica.
El empresariado y los cívicos cruceños propusieron al Congreso una extensa pregunta que debería ser sometida a voto popular en el referéndum autonómico. En dicha cuestionante incluyeron valoraciones que van mucho más allá del objetivo del referéndum, como por ejemplo consultar al ciudadano si está de acuerdo con que los Estados autonómicos dispongan libremente de sus recursos naturales y de los impuestos generados. Sin embargo, el referéndum no da vida inmediata a los gobiernos autonómicos, y sólo pregunta al pueblo si quiere o no autonomía. "Precisamente para eso está el referéndum, para que se expresen quienes estén a favor y quienes estén en contra", explica el Presidente Carlos Mesa. En ese entendido, la Asamblea Constituyente es el único espacio político que puede definir o no la existencia de gobiernos autonómicos como plantean cívicos y empresario.
Carlos Dabdoub y otros dirigentes cívicos son conscientes de esta situación y también de las debilidades de su movimiento. Por eso intentan articularse con sus similares de otros departamentos y radicalizan su discurso. Este martes se reunieron con las brigadas parlamentarias y los comités cívicos de Beni, Pando y Tarija para conminar al Congreso a que defina la fecha y la pregunta del referéndum autonómico hasta el martes 31 de mayo.