Latinoamérica
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Uruguay: Sobre
burocracia y burócratas
No todo tiene precio
Carlos Santiago
Si existe un tema al que le hemos dedicado horas, largas y aburridas parrafadas
en innumerables notas, es el de la corrupción que, insistimos, es un fenómeno
inherente al régimen capitalista de producción, acentuándose cuando se pone en
marcha el modelo 'neoliberal', pues reafirman los peores y menos solidarios
paradigmas.
Ante las afirmaciones de muchos analistas que tratan de justificar la absoluta
confusión que algunos tienen en Uruguay, sobre lo público y lo privado, parece
básico realizar algunas puntualizaciones supuestamente esenciales en el marco de
una discusión, que no tiene otro objetivo que aclarar ideas en un intercambio
dialéctico que ayude a crecer.
Nadie desconoce que en los últimos años, desde la aparición del descomunal
impulso neoliberal globalizador del capitalismo, tendiente a acumular en los
centros y empobrecer a la periferia, en países como Uruguay asistimos a un
permanente trasvase de personas que no tienen claramente delimitado lo que
significa el interés público y el privado. Y esto resurge cuando, por decisión
del nuevo gobierno, se puso punto final a infinidad de contratos de obra y
servicio cuya realización, sin duda, es uno de los ejemplos más acabados del
descontrol de las administraciones anteriores y, por supuesto, otra muestra del
tan mentado clientelismo. Se creyó - como todavía ocurre - que lo público es una
cantera infinita de recursos para que actores privados sigan fagocitando a un
Estado que ya no puede ser benefactor.
Hablamos, por ejemplo, de algunos profesionales de empresas públicas que, luego,
pasan a ser subsecretarios de ministerios claves, en donde planifican políticas
'estratégicas', siempre coincidentes a los intereses de empresas transnacionales
y, cuando terminan su acción en el Estado orientándolo a esas políticas,
automáticamente pasan a cumplir funciones en las mismas, abandonando el cargo
público.
Invariablemente cuando esos personajes se quitan la máscara de impulsores de las
políticas en el Estado sostienen que el tema es el dinero. Qué no se los pudo
retener porque esos 'genios' son tan valiosos que solo pueden ser 'comprados'
por quienes pagan más. Por supuesto que esta frase la podríamos continuar con
nombres y apellidos, mostrando los niveles de hipocresía a que algunos han
llegado.
También se ha visto a personas que han ocupado relevantes cargos en empresas
privadas que, después y por razones del mismo negocio, han pasado a ocupar
puestos en el Estado, con el fin de seguir gestionando los mismos intereses,
ahora en el área de la esfera pública. ¿Quieren ejemplos de esta afirmación?
'Ya no se trata de personas que acceden sin previa fortuna para intentar abrirse
un camino o labrarse un porvenir desde el cargo público, sino que ya tienen un
patrimonio personal antes de acceder al cargo público y cuando acceden a él no
hacen otra cosa que favorecer' (1) actuando como agentes del anterior 'patrón'
privado, generalmente transnacional. Para esta afirmación que, no es nuestra,
¿es necesario que también pongamos ejemplos irrefutables?
El meollo del asunto está en esa confusión que algunos mantienen entre lo
público y lo privado. Antes los empresarios y los grandes productores, (la
historia lo cuenta con claridad) se adueñaban de la acción política a través de
los partidos históricos, introduciendo todas sus triquinuelas clasistas (malas
artes) para la consecución de sus fines. Repasemos en un breve análisis
histórico quienes ocupaban, antes de la influencia impuesta por el Consenso de
Washington, los puestos claves en los gobiernos y veremos como se repiten los
mismos apellidos. (¿Es necesario ejemplificar esta afirmación en base a algún
análisis realizado por Vivian Trías?)
Luego del pujo neoliberal, la estructura del poder cambio en los países de la
periferia y los personeros del capitalismo nacional fueron sustituidos en los
puestos por burócratas, los tristes 'genios' del capitalismo rampante que hacen
de sus funciones un misterio, que se dicen imprescindibles y siempre
multiplican, obviamente, entre los no 'avispados', la confusión entre lo público
y lo privado.
Cómo puede llamarse sino corrupción institucional el proceso que se ha dado en
todos estos países latinoamericanos, donde los 'burócratas' colonizados por la
ideología favorable al capital financiero, se auto titulan 'genios' y lo único
que hacen, además de medrar en sus cargos, es cumplir tareas prefijadas? Tareas
que, obviamente, nada tienen que ver con el interés nacional. Una corrupción
institucional que compromete la honestidad del cargo público y que trae
aparejado el descrédito de las llamadas democracias occidentales que se
extiende, al transformarse la política, en una actividad también de mercado.
Sin embargo no todo tiene precio, ese es uno de los elementos que debemos
reconocernos a los humanos. Hay valores distintos, ciertos, que movilizan a
muchos que por acción u omisión integramos a esa legión que para los burócratas
es de amorfa sustancia, que deambula por las calles y que crea la riqueza de las
que ellos se nutren cuando deben fijarse, como 'genios' que son los estipendios
que finalmente debemos pagar entre todos.
Burócratas que viven en un eterno viaje de ida y vuelta, los que paulatinamente
se acostumbran a esa dinámica transformando de que cualquier cosa en un tráfico
de influencias. 'Hoy por ti, mañana por otro, pasado por mi', es su máxima
preferida. Confusión entre lo público y lo privado que aparece de manera
superlativa cuando, claro está, se tiene un cargo en un organismo público, que
funciona bajo un régimen privado, pero con dineros provenientes del Estado.
Allí se produce la mayor confusión que, y eso es lo grave de algunos
parafraseadores que justifican la trasgresión argumentando a favor de la
eficiencia, de la libertad de elección, de los mecanismos ágiles para poder
tener éxito en un mercado competitivo. Nunca esa confusión que, en esencial, que
aparece como un antagonismo, se produce cuando el burócrata cumple funciones en
la empresa privada. Sobre el tema debemos preguntarnos: ¿Qué hubiera pasado con
los burócratas que iniciaron una nueva tarea con la apertura del estatal Nuevo
Banco Comercial, si hubieran sido protagonistas de los mismos hechos en otro
escenario, por ejemplo en una empresa financiera privada.?
Obviamente sus cabezas hubieran rodado de inmediato, sin miramientos ni
defensores de oficio que salieran a argumentar señalando, al parecer, la
existencia de una ética que tiene un distinto perfil cuando se trata de dineros
públicos u otro, muy distinto, si es privado.
A esta altura el lector podría plantearse si esta última reflexión no es
demostrativa de que algunas actividades deben desarrollarse en el sector
privado, para ser más eficaces en sus logros. La respuesta es obvia, el Estado
no tiene porque tener en sus manos la fabricación de cerraduras, o de ropa para
señoras, ni hoteles para el turismo sofisticado que todavía - no sabemos hasta
cuando - seguirá pisando nuestro territorio. El Estado tiene que ser un
conductor de los distintos elementos que hacen a la economía, laudando con
humanismo y justicia social para encaminar el desarrollo y que el mismo se
vuelque en beneficio de la población en su conjunto.
Sin embargo cuando un país sigue en una labor de reconstrucción permanente y
ahora más que nunca -luego del cataclismo provocado por el gobierno del doctor
Jorge Batlle y de la asunción del gobierno progresista presidido por el doctor
Tabaré Vázquez-, cuando se necesita reacomodar todo el andamiaje de la
administración pública, aventando vicios que, reconozcamos, de mantenerse
determinarían situaciones indeseables.
Defender a las empresas públicas es un fundamental objetivo estratégico, no para
mantener en poder estatal la producción de bienes, sino como un reaseguro que
admita una reforma ordenada del Estado en beneficio, no del capital financiero,
sino de los uruguayos.
Sin embargo, admitamos también, que lo anterior poco tiene que ver con la
aparición de organizaciones financieras de capital enteramente estatal que, para
beneficio solo de algunos, tienen un régimen vinculado al derecho privado.
Caótica definición, si las hay, para una empresa que compite con otras estatales
que actúan en el mismo ramo.
Claro, ahora, con las cartas a la vista es fácil hablar de lo que se podría
haber hecho y, preguntarse, si no hubiera sido mejor apuntalar con algunos
maderos que quedaron flotando luego del naufragio, al propio Banco de la
República.
Nota:
1) Marcos Roitman (La Jornada)
* Carlos Santiago es periodista.