Adrián Sotelo

En un país cimentado históricamente en la corrupción, en los privilegios de las clases dominantes y de las burocracias políticas y sindicales, en las componendas y en el autoritarismo como en el México neoliberal contemporáneo donde sólo existe la "democracia formal viable y gobernable", la figura legal del fuero resulta en un auténtico privilegio para las autoridades y los gobernantes que de él se valen para tener inmunidad frente a los poderes constituidos, en particular, frente al poder judicial y, por supuesto, frente a la propia sociedad y la inmensa mayoría de los trabajadores. Por lo tanto, quien defiende el fuero (como hoy lo hace fatídicamente el PRD) defiende un privilegio que otorga el Estado burgués a sus sectores dominantes sin ninguna posibilidad de cuestionarlo y transformarlo.
Pero veamos brevemente que es eso del "fuero". El artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que gozan del fuero los senadores y diputados del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los secretarios de Estado, los diputados a la Asamblea Legislativa y el jefe de gobierno del Distrito Federal, así como el procurador general de la República, el procurador general de Justicia del Distrito Federal y los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE). También están protegidos ―en otras palabras: privilegiados― los gobernadores de los estados, los diputados locales, los magistrados de los tribunales superiores de Justicia de esas entidades federativas y los consejeros de las judicaturas locales.
La figura jurídica que ampara la Constitución para retirar el fuero es el "juicio de declaración de procedencia" (desafuero) por parte de la Cámara de Diputados que comienza con la constitución de una Comisión Instructora de la Cámara, la cual estudia el caso y cuyo dictamen final lo entrega a su presidente. Después, éste convoca al pleno que se erige en Jurado de Procedencia y, mediante votación abierta y por mayoría simple (50%+1), dictamina al respecto si procede o no el desafuero.
En el caso del jefe de gobierno del Distrito Federal (que no gobernador), este proceso ocurrió primero cuando el 1 de abril de 2005 la sección instructora de la Cámara de Diputados decide quitarle el fuero; luego, el 7 de abril de 2005, la Cámara de Diputados se constituye en Jurado de Procedencia y aprueba finalmente el desafuero con una "mayoría democrática" ―en el sentido ambiguo y contradictorio como este concepto es manejado por la ideología dominante y por los mismos diputados de todos los partidos políticos que cuentan con registro legal― de 360 votos a favor y 127 en contra computando 488 diputados presentes en esa sesión, de un total de 500 que integran la Cámara de Diputados.
Hay que recordar que unos meses antes, el 4 de noviembre de 2004, fue desaforado el operador político del jefe de gobierno del DF, René Bejarano, quien era diputado local por parte del PRD en la Asamblea de Representantes del DF (que no Cámara Local de Diputados), acusado de promoción de conductas ilícitas, operación con recursos de procedencia ilícita y delitos electorales, en un clima de escándalos de corrupción que envuelven hasta la fecha a altas autoridades y personeros tanto del gobierno local como del propio PRD, como son los sonados casos del ex-secretario de Finanzas del DF, el ex-dirigente local del PRD y ex-delegado de Tlalpan en el Distrito Federal y la ex-lideresa nacional de ese partido coludida con un empresario de origen argentino preso en un Reclusorio de la ciudad de México acusado de corrupción, delitos de lavado de dinero y operaciones ilícitas como el fraude contra el erario local.
En el caso del jefe de gobierno del Distrito Federal la acusación y el dictamen es por desacato e incumplimiento a una orden judicial girada por un juez que ordenó la suspensión definitiva de los trabajos de apertura de caminos a una empresa constructora y ordenó al jefe de gobierno del Distrito Federal que paralizara los trabajos de apertura de vialidades en beneficio de un hospital privado para las clases sociales de altos ingresos (el Hospital inglés) en las partes de las fracciones expropiadas del predio particular conocido como El Encino. La demanda se originó por denuncia de particulares ante el ministerio público federal por invasión de dicho predio. Lógicamente que tanto el inculpado como su partido y el gobierno local sistemáticamente han negado haber cometido dicho delito; por el contrario, obsesivamente han desplegado una millonaria campaña mediática ―de la misma que se vale el gobierno federal ―para "demostrar" su "inocencia" y trasladar el conflicto del ámbito judicial al político centrado en la idea, un tanto esquizoide, de que se trata de una conspiración y un boicot para "anular" al ex-jefe de gobierno como presunto candidato contendiente en las elecciones presidenciales del año 2006.
Atribuyéndose indebidamente la representatividad de la "izquierda mexicana" (cuando en el PRD sólo interactúa allí la corriente del reformismo histórico mexicano y los desprendimientos de algunos cuadros del viejo priísmo), en realidad se trata de un partido comprometido con el poder y con el neoliberalismo que actualmente cuenta con una dirección política encabezada por antiguos priístas y salinistas neoliberales que han abandonado las filas del PRI y se han aglutinado en torno a la figura del ex-jefe de gobierno. Uno de ellos, Camacho Solís, quien fuera jefe del Departamento del Distrito Federal, fue el operador político del fraude electoral contra el perredista Cuauhtémoc Cárdenas y a favor de Salinas de Gortari. Documenta el periodista Carlos Ramírez: "Camacho fue el operador de Salinas para negociar con los sectores y con los inversionistas y más tarde con Estados Unidos como canciller. Por tanto, la ilegitimidad de un presidente no sería el gran obstáculo...Aunque hay de ilegitimidades a ilegitimidades. Salinas fue presidente ilegítimo porque se apoderó de la presidencia de la república a través de un fraude electoral avalado por el propio Camacho. No se trataba, pues, de una ilegitimidad cualquiera. Horas después de las elecciones, Camacho ―violando la ley porque era aún secretario de Desarrollo Urbano del gabinete de De la Madrid― anunció a corresponsales extranjeros la pérdida de las senadurías de Morelos y el Estado de México. Horas después el fraude electoral recuperó para el PRI esas posiciones y Camacho calló esa ilegitimidad… Como ideólogo y operador del proyecto político de Salinas, Camacho no sólo trabajó con un presidente ilegítimo sino que lo ayudó a consolidarse ("Camacho trabajó con el ilegítimo Salinas", Indicador Político, El universal on line, México, 28 de marzo de 2005).
Ante el desafuero, el PRD planteó una "estrategia de resistencia civil pacífica" circunscrita exclusivamente en contra de la figura del "desafuero" y en el marco de la contienda electoral y, por consiguiente, en la defensa incondicional y acrítica del sistema conservador y clasista fundado en la figura del "fuero". Es decir de ninguna manera se persigue trascender el orden económico, político y social neoliberal, sino compartirlo "democráticamente" con el único y exclusivo objetivo de que se incluya al señor Obrador en la contienda electoral de 2006 en un país que, por cierto, acusa altísimos niveles de abstencionismo que superan el 60% del padrón electoral.
Sin embargo, ese objetivo de inclusión de una persona carece de un proyecto alternativo de nación, puesto que tanto el dominante (avalado y operado por el PRI y el PAN) como el que dice enarbolar el PRD son sólo variantes del mismo patrón de acumulación y de dominación capitalista neoliberal vigente en México basado en políticas populistas y asistencialistas con propósitos electorales que de ninguna manera son mal vistas por el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Sólo cambian los matices y las formas, pero no las esencias y los contenidos.
Es así como tanto se aprueban leyes que atentan contra los intereses de las comunidades indígenas del país como ocurrió el 25 de abril de 2001 cuando la Cámara de Senadores aprobó el contrarrevolucionario proyecto de reforma constitucional en materia indígena elaborado por los senadores del PRI, del PAN y del PRD y que en los hechos desconoció los Acuerdos de San Andrés que habían sido firmados de común acuerdo entre el gobierno federal y el EZLN el 16 de febrero de 1996; como de la misma manera se envían señales a los organismos monetarios y financieros internacionales en el sentido de que de llegar al poder, el PRD aceptaría la inversión extranjera en industrias estatales estratégicas como petróleos mexicanos (PEMEX), pero con cierta "intervención" del Estado en una suerte de posición heterodoxa neoliberal que no es mal vista por las empresas transnacionales y por los propios Estados Unidos. Y lo mismo ocurre en otros ámbitos como en el de la reforma laboral cuyo consenso partidocrático es orientarla en sentido neoliberal en contra de los intereses y derechos de los trabajadores.
Mientras que en México siguen su línea ascendente el desempleo, la miseria, la precarización del mundo del trabajo, el desastre ecológico de selvas, ríos y mares, la inseguridad y la creciente exclusión de la mayoría del pueblo de los "asuntos del Estado" que, por cierto, son de incumbencia exclusiva de las elites dominantes­, las burocracias de todos los partidos (partidocracia) sólo se ocupan de sus intereses particulares, de sus concertacesiones y de asegurar la reproducción de sus cargos públicos que proporcionan millonarias remuneraciones.
La resistencia civil señalada nace y se extingue con el desafuero y carece de perspectiva histórica duradera: no en balde el ex-jefe de gobierno del DF eligió como cabezas de la resistencia a personas mayores y ancianos para llevarla a cabo. A esto se reduce la "estrategia": llevar pegado un moño con los colores de la bandera nacional, realizar una marcha silenciosa, no usar el teléfono por 15 minutos, hacer acciones de protesta y descontento tanto en territorio nacional como en el extranjero contra el desafuero y cosas por el estilo. Las fuerzas y movimientos sociales que se subordinen e esa estrategia, como está sucediendo, están condenadas a limitar sus intereses y demandas, si no es que a renunciar a ellas, una vez que se "resuelva" en cualquier sentido el asunto del desafuero. Es decir, como ya apuntan análisis críticos y agudos, se trata de una verdadera campaña desmovilizadora de las masas para que éstas no se les salgan del "guacal" a los líderes del PRD. Lo más seguro es que la clase dirigente de este partido negocie con el poder del Estado la elección presidencial y la suerte de su desaforado, el cual se ha convertido en el alfa y omega del partido. Esto por una sencilla razón: sin la figura carismática personificada en un solo hombre, el PRD es un partido prácticamente debilitado que difícilmente alcanzaría 15% de los sufragios efectivos emitidos en la elección presidencial y, quizás, mucho menos se si trata de la elección de diputados y senadores en el plano nacional. Pero todavía hay que enfrentar una dificultad interna del PRD que nace de la lucha encarnizada por la candidatura para la presidencia de la república entre Obrador y el llamado "líder moral" del PRD, el señor Cárdenas que, al quedar seguramente descartado como candidato de su partido en beneficio del primero que ya es el candidato de facto, se aliará con otras fuerzas, incluyendo los empresarios, para lanzar su cuarta candidatura por la presidencia de la república en una franca emulación del candidato brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien finalmente consiguió la presidencia de su país.
Es porque no hay principios sino sólo intereses, como alguna vez reconoció cínicamente el presidente Nixon, que esa división seguramente va a ser un remedo de la experiencia chilena donde el candidato triunfador de la Unidad Popular, Salvador Allende, ganó la elección presidencial debido, entre otros factores, a que el bloque burgués se presentó dividido en la contienda electoral (Ruy Mauro Marini, El reformismo y la contrarrevolución. Estudios sobre Chile, Era, México, y el 1976, capítulo 1).
En el año 2006 la división del bloque perredista redundará en beneficio del probable triunfo del candidato del PRI que recuperará, así, el poder que, después de 71 años de haberlo monopolizado, "cedió" en la "coyuntura de la alternancia" y le permitió al conservador y utraderechista Partido Acción Nacional "gobernar" México durante el periodo 2000-2006, haciendo realidad, al mismo tiempo, la "funcionalidad y eficacia política" del "bipartidismo" en el país en el mejor estilo aristocrático de los vecinos del norte.
Siendo el DF el bastión más fuerte del PRD (puesto que prácticamente es inexistente en más de 25 estados de la república mexicana de un total de 31 estados), hay que recordar que en la elección para jefe de gobierno del año 2000 el señor Obrador, cuyo registro como candidato al gobierno capitalino también fue impugnada por miembros de su propio partido porque no pudo acreditar su residencia oficial en la ciudad de México, ganó con sólo 1.5 millones de votos (34.5%) contra 1 millón 460 mil votos (34%) que obtuvo el candidato del PAN, Santiago Creel, pero con 500 mil votos menos de los que Cárdenas obtuvo en 1997 en la misma elección (Carlos Ramírez, Indicador Político, 30 y 31 de marzo de 2005).
Ello significa sencillamente que la tan cacareada y socorrida "popularidad" mediática del ex-jefe de gobierno del DF basada en presuntas y manipuladas "encuestas de opinión" que las más de las veces dejan mucho que desear, no solamente es relativa sino engañosa para erigir una estrategia de lucha contra las fuerzas realmente existentes de la derecha del país.
El PRD y sus simpatizantes dejarían de sonar las trompetas de Jericó y abandonarían las analogías mediáticas de querer equiparar al señor Obrador con Madero, Juárez, Gandhi, Luter King, Mándela o Lech Walesa, para asumir una lucha seria que incluyera movilizaciones, cortes de carreteras, marchas, paros, mítines e, incluso, la huelga general. Pero este no es el caso, ni el objetivo perseguido. Se pretende sólo reposicionar al desaforado líder en la larga y perniciosa ruta de la carrera presidencial del próximo año. El Mismo precandidato Cuauhtémoc Cárdenas recientemente crítico y descalificó el simulacro de "huelga de hambre por relevos" que llevan a cabo senadores perredistas contra el desafuero, señalando que una auténtica huelga de hambre lo es cuando se está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias (véase El Universal
viernes 15 de abril de 2005).
Otro de los mitos que han levantado los intelectuales orgánicos de esa corriente articulada en el PRD es el de la existencia de una "incipiente democracia" que, con el desafuero, "desaparece" para dar lugar al autoritarismo. Es bueno aquí preguntar: ¿cuándo dejo de haber autoritarismo en México? ¿Acaso con el surgimiento de los gobiernos neoliberales? Entonces: ¿la "democracia la garantiza el PRD y su Jefe Nato? Más bien lo que se debe constatar es que con el PRD, y a pesar de él, el modelo político del régimen burgués mexicano es uno basado en el autoritarismo, la exclusión social, el neoliberalismo, la represión y la explotación capitalista de la mayor parte de la población. Curiosa manera de reivindicar la "democracia sin adjetivos" por un partido y un gobierno local que, en contubernio con el gobierno federal, por ejemplo combatieron sistemáticamente la legitima huelga estudiantil universitaria de 1999-2000 en la Universidad Nacional Autónoma de México que enarboló la lucha por la defensa de la educación pública, gratuita, laica y popular. Fueron el PRD y sus autoridades locales las que avalaron la ruptura de la huelga y la represión mediante la entrada al campus universitario de la Policía Federal Preventiva el 6 de febrero de 2000 y el encarcelamiento de cientos de estudiantes, de trabajadores y de padres de familia. En alguna medida esta es una de las causas que hoy explica la poca o nula movilización de los universitarios contra el desafuero, incluso, la apatía que se manifiesta frente al desafuero.
Es cierto que los círculos dominantes del gobierno federal, aprovechando la sustancia jurídica del desafuero, no sólo impulsan un "boicot" sino que lógicamente utilizan todas las fuerzas y medios posibles a su alcance para que el ex-jefe de gobierno quede definitivamente fuera del proceso electoral en la encarnizada lucha por la silla presidencial.[1] Los errores se pagan caro y brindan la materia de ataque a los enemigos. Pero enceguecidos por los puestos burocráticos y por el status social que otorgan los privilegios, las influencias y las millonarias percepciones monetarias y materiales al margen y por encima de los intereses populares, los personeros de la partidocracia son incapaces de advertir esos errores y menos superarlos porque su lógica de existencia es la del poder dominante y su necesaria convivencia en torno al proyecto neoliberal vigente en el país que les es fundamentalmente benéfico.
La otra posibilidad, que eventualmente sólo podría desarrollar la izquierda no parlamentaria en fuerte alianza con el pueblo y los trabajadores, es proceder a radicalizar la lucha de clases allí donde no la lleva a cabo ni el PRD ni la lógica del desafuero; pero no en torno a una persona centrada en el otrora priísta y hoy líder de facto del PRD que, por cierto, en varias ocasiones se ha sentido mesiánico e iluminado, ni circunscrita al asunto del desafuero y de la contienda electoral para ver quien se sienta en la silla presidencial; sino en el compromiso histórico de construir y reivindicar un verdadero proyecto alternativo de nación, de país y de sociedad, inexistente en la actualidad; de democracia social, popular y comunitaria que vaya más allá de la coyuntura electorera ―en cualquier sentido que se resuelva sea a favor o en contra del PRD, pero que al final se extingue en las componendas y en las alianzas a más tardar en el año 2006― y del sistema capitalista dependiente neoliberal que en todo caso es el verdadero enemigo a vencer.

[1] Recientemente la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) controlada por López Obrador y por el PRD, que tiene mayoría, interpuso controversia constitucional contra el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En respuesta, también la Cámara de Diputados interpuso controversia contra la ARDF por considerar que la de ésta es improcedente. Sin embargo, ambas fueron aceptadas por la Corte, la que deberá determinar en los próximos meses cuál de los dos organismos tiene facultades para retirar o no el fuero a López Obrador, mientras que no se anulan ni el contenido del desafuero ni la separación del cargo del jefe de gobierno que determinó la Cámara de Diputados. Lo que sí sucede es que se postergan por varios meses las acciones judiciales que deberá emprender la Procuraduría General de la República contra el inculpado. El problema es que para las fechas en que resuelva la Corte (en sentido favorable o no para la ARDF) ya habrán vencido los plazos legales para el registro de candidatos a la presidencia de la república pudiendo quedar fuera de las boletas electorales el candidato de facto del PRD