El PRI puso punto final a sus cavilaciones. Firmada la alianza con Acción Nacional y el gobierno federal, fijado el precio del apoyo, el tricolor dio su aval al desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Según los cálculos de los bandos cómplices, el fallo deberá servir para eliminar de la contienda por la Presidencia, con pretextos legaloides, al candidato que encabeza las encuestas.
Cesó ya el juego del PAN para atar a su suerte política al PRI, y el intento de éste de cargar al panismo la responsabilidad de esta aberrante resolución.
Surge así la posibilidad de que se cierre el camino de las urnas a quien no sea del agrado del gobierno y sus aliados, y se abre la puerta a la radicalización del descontento social provocado por este golpe de Estado parlamentario.
Ante México y el mundo está clara la alianza PRI-PAN contra el espíritu de la Constitución y de las leyes. Es inocultable la maniobra liberticida e irresponsable que conduce al país a una época similar a la de Porfirio Díaz, y queda claro que quienes fueron incapaces de esclarecer el asesinato de Luis Donaldo Colosio, de encarcelar a Cabal Peniche, El Divino y tantos otros delincuentes de cuello blanco, que se alían con charros petroleros que deberían estar en la cárcel, responsables del Pemexgate, se erigen ahora en paladines de la justicia para condenar a su adversario político, por el temor de que les cancele el disfrute de los negocios públicos.
El PAN, que combatía al tricolor en nombre de la moralidad y la democracia, se une hoy al PRI y recurre a los peores métodos priístas contra Andrés Manuel López Obrador. Ahora, con el pretexto de la legalidad, utilizan las instituciones y la ley para golpear a la democracia. Con la resolución en favor del juicio de procedencia, el PRI se convierte en cómplice del PAN.
En caso de que logren eliminar de la contienda electoral al jefe de Gobierno, erosionarán profundamente la credibilidad de las instituciones y marchitarán la incipiente democracia mexicana.
Si el pueblo de México eligiese el camino de la resistencia civil y de las movilizaciones de protesta, que pronto incorporarían reivindicaciones sociales postergadas, PRI y PAN habrán provocado una polarización de graves consecuencias en el país. Y la defensa de la ley estaría en la calle, con todos los peligros que esto implica.
El PRI y el PAN han establecido una alianza mafiosa y liberticida que lastima la legalidad de los procesos electorales y el deteriorado prestigio de los poderes republicanos. La República, nacida de la lucha contra el porfirismo, se asfixia entre escándalos, arbitrariedad y exclusiones.
Entonces, para preservar la democracia, se plantea la necesidad de imponer otro proyecto de nación, y sólo queda esperar que pueda alcanzarse por la vía pacífica.