La movilización del pueblo quiteño, que acaba de cumplir 6 días consecutivos con
sus respectivas noches, es uno de los factores claves que ha permitido echar
abajo el estado de emergencia decretado por el gobierno de Lucio Gutiérrez y ha
obligado al Congreso a ratificar la cesación de la Corte Suprema de Justicia de
facto que fue nombrada el pasado 8 de diciembre de 2004 por una mayoría
legislativa oficialista.
Luego del paro provincial del 13 de abril, decretado por las asambleas de Quito
y Pichincha, para exigir la "restitución del Estado de derecho", el gobierno de
Lucio Gutiérrez cantó victoria y en horas de la tarde anunció que la
paralización había sido un fracaso pues la ciudadanía no plegó al paro. La
militarización y la dura represión empleada contra los manifestantes, había dado
resultado, pensó el gobierno, y ahora tenía allanado el camino para continuar
con sus políticas autoritarias. Los asesores gubernamentales, sin embargo, no
contemplaron el estallido de las fuerzas subterráneas del pueblo quiteño
exacerbadas por el perdón y el regreso impune de Abdala Bucaram.
Teniendo a radio la Luna como un medio facilitador -una radio que ya ha jugado
un importante papel en los derrocamientos de Bucaram en 1997 y de Mahuad en
2000- el pueblo de Quito inicia en la noche del 13 de octubre una serie de
creativas y novedosas protestas. Cacerola en mano, mujeres, jóvenes, niños,
adultos, familias enteras se concentran en el parque de los Shyris, al norte de
la ciudad, y luego van a la Corte Suprema de Justicia en donde son violentamente
reprimidos por la policía. Los ciudadanos efectuaron igualmente escrache en los
domicilios del Presidente Gutiérrez y en un hotel de lujo donde se encontraba el
Presidente de la Corte de facto, Guillermo Castro que anuló los juicios contra
Bucaram.
El movimiento ciudadano, espontáneo y autoconvocado, tiene, sin embargo, algunos
objetivos claros: cuestiona a todos los partidos políticos que en 25 años de
democracia han sido incapaces de resolver los problemas y solo han velado por
sus intereses particulares, exige la salida no solo de la Corte sino del
gobierno de Gutiérrez y del Congreso, convertido en lugar de mercadeo y de
compra venta de conciencias.
El 14 y 15 de abril, el movimiento ha crecido en cantidad como en iniciativas.
La protesta pacífica cambia de escenarios y de tiempos. Las acciones se
descentralizan, se expande a muchos puntos de Quito y a otras ciudades, se
efectúa por las noches, cuando la gente ya ha cumplido sus horarios de trabajo.
Para intentar aplastar el movimiento ciudadano, Gutiérrez, en la noche del 15,
decreta el estado de emergencia en el Distrito Metropolitano y la disolución de
la Corte Suprema de Justicia, lo que implica restricciones a los derechos y
libertades individuales.
Esa noche, sin embargo los militares no salieron a cumplir los operativos de
control y represión que implican el estado de emergencia.
El pueblo quiteño hace caso omiso del estado de emergencia, la gente asumió que
Gutiérrez se había declarado dictador y continuó con más fuerza las protestas y
manifestaciones. Por la mañana del sábado 16, se lleva a cabo una concentración
ciudadana en el parque de los Shyris, rompiendo en la práctica el estado de
emergencia. Según varias versiones de prensa, varios elementos de las cúpula
militar, encabezados por el comandante de la Fuerza Terrestre, general Luis
Aguas, se habrían opuesto a la medida, que incluía la clausura de Radio La Luna.
A ello se debe agregar, que la embajadora de Estados Unidos, Kristy Kenny, que
tiene mucha influencia en el gobierno de Gutiérrez, también le transmitió al
presidente su desacuerdo, según señaló el diario El Comercio.
Horas después de que un juez aceptó un recurso de amparo interpuesto por los
organismos de derechos humanos, mediante el cual dejó sin efecto el estado de
emergencia, el coronel Gutiérrez, a las 16h00, anunció la suspensión del mismo.
Entre tanto, como una fórmula para darle un balón de oxigeno al régimen, el
presidente del Congreso, Omar Quintana, luego de una reunión con Gutiérrez,
decidió convocar a una sesión extraordinaria para el 17 de abril con el fin de
ratificar la disolución de la Corte.
A estas alturas, el presidente ha perdido toda credibilidad. Por la noche, se
reactivan las manifestaciones en las se escucha un golpeteo incesante de tablas,
cacerolas, botellas de plástico, etc.
Caravanas salen del norte de Quito y del Sur hacia el centro y otras suben desde
los valles cercanos. Los manifestantes están en el centro histórico, buscando
llegar a Palacio. Bandas armadas del gobierno se enfrentan con la gente que va
hacia el centro de la ciudad, golpeando carros y agrediendo a personas. La gente
se mantiene hasta horas de la madrugada siendo violentamente disuelta por la
policía con gases lacrimógenos, lo que afecta sobre todo a mujeres y niños y
niñas. Se registran 29 detenidos que fueron dejados en libertad al siguiente
día, luego de que interpusieron un recurso de Habeas Corpus al alcalde Paco
Moncayo.
El movimiento interpela a los medios de información, especialmente a la TV, por
no cubrir las movilizaciones y la represión, planteándose varias iniciativas
como apagar la TV durante los noticieros e ir a reclamar a la sede de los
mismos.
Durante la tarde, se interfiere la señal de la Luna y varias radios se ofrecen
para continuar las transmisiones, si la emisora es cerrada.
Las protestas se extienden a Cuenca, Ibarra, Otavalo y Riobamba en donde también
se realizan "cacerolazos".
Por la tarde y noche, la gente se concentra en las inmediaciones del Congreso,
donde se lleva a cabo la sesión extraordinaria para tratar el tema de la Corte
de Justicia. No solo exige la salida del Gutiérrez sino de todos los diputados.
Presionados por la movilización ciudadana, los diputados, luego de incidentes e
intentos de agresión personal, aprueban, por unanimidad, la propuesta de la
oposición de dejar sin efecto la resolución del 8 de diciembre del año pasado,
con la que se eligió a los magistrados de la Corte Suprema Justicia allegados a
Bucaram y al gobierno.
Con las últimas decisiones del Congreso, la crisis aún está lejos de resolverse.
El camino y los procedimientos para elegir a los nuevos magistrados será un tema
de controversia, pues serán los nuevos magistrados los que revisen las
providencias dictadas por la Corte saliente, incluida la anulación del juicio a
Abdala Bucaram. El movimiento ciudadano de Quito anuncia nuevas movilizaciones
para exigir la salida de Gutiérrez y de todos los políticos corruptos, mientras
en Guayaquil el alcalde socialcristiano Jaime Nebot convocó a una marcha
motorizada para la tarde de este lunes 18 para pedir no la salida sino
rectificaciones del gobierno.
