Aurelio Suárez Montoya
La tarde

La propaganda oficial, empecinada en la creación de una realidad virtual, quiere transmitir que en el campo colombiano reina el progreso. Las imágenes que muestran a las autoridades entregando a algunos campesinos títulos de parcelas fragmentadas de predios sometidos a extinción de dominio intentan reiterar las señales de recuperación del agro de la funesta apertura de los noventa agravada con la violencia.

La realidad real es diferente para miles de familias rurales. Los grandes proyectos, o macroproyectos, que se impulsan en aras de la presunta 'modernización' y de la adecuación del país a los planes del libre comercio están amenazando la permanencia en sus predios de amplios grupos de agricultores y campesinos. Un caso relevante es el de las zonas de 'páramo'. Este ecosistema, existente sólo en Colombia y Ecuador, está en la mira de instituciones e inversionistas. Nuestra geografía cuenta con 1'300.000 hectáreas de páramo de las cuales el 80% están intervenidas por la presencia del hombre. El 41% de la papa de Cundinamarca y el 35% de la de Boyacá se cultivan en sus inmediaciones si se considera 'páramo', como lo hace el ministerio del Medio Ambiente, el territorio ubicado arriba de 3.000 metros de altura. El Senado aprobó ya, y se tramita en la comisión quinta de la Cámara, la ley de Páramos que establece prohibiciones de uso de las tierras cobijadas en esas áreas, vedando allí la producción de papa y de leche.

Adicional a ésta, se tramita la de Agua, que retoma la legislación existente sobre las concesiones del líquido, pero remarca su aprovechamiento con criterios de rentabilidad, incluyendo las que se otorguen sobre fuentes y nacimientos de recursos hídricos, y también la ley Forestal que, como lo ha dicho el ex ministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, 'atenta contra los derechos territoriales y culturales de las minorías étnicas'.

Para adelantar dicha política de páramos, implantar 'la dimensión económica y financiera' de tales sistemas y acordar 'las oportunidades de negocios y los actores económicos' de los 'servicios ambientales' que la naturaleza ofrece allí, las corporaciones autónomas regionales los clasifican como reservas naturales y así controlan los usos del territorio para después montar los negocios de interés para los inversionistas, bien de bosques, de agua, de turismo o de biodiversidad.

Además del éxodo proyectado desde los páramos, hay otros casos igualmente inicuos. Está la expulsión de centenares de familias de la Sabana de Bogotá cuyos pequeños terrenos pueden ser arrasados por la concesión vial Briceño- Tunja-Sogamoso, donde el consorcio constructor para tener altas tasas de retorno, en asocio con el Instituto Nacional de Concesiones -INCO- y amedrentando con la figura de la expropiación en pro 'del interés general sobre el individual', ofrece $ 4.500 por metro cuadrado a estos pequeños productores a cambio de sus medios de vida adquiridos durante una existencia llena de esfuerzos y de la destrucción de sus raíces culturales e históricas construidas por generaciones.

En Quinchía (Risaralda) la firma ANGLOGOLD está merodeando sobre las zonas mineras auríferas que allí existen y que han sido, por la vía de la minería artesanal, complemento para el menguado ingreso de caficultores e indígenas; el cual, según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD es el más bajo entre 51 municipios del Eje Cafetero. No pocas personas afirman que la zozobra que se vive en ese municipio es el mismo prólogo que en algunos casos de apropiación de riqueza forzada han padecido otras regiones con potencial minero análogo.

También INCODER reveló, en un estudio sobre la usurpación de terrenos de comunidades negras del Urabá chocoano en los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, por parte de nueve empresas cultivadoras de palma africana, que junto con la violencia, esos cultivos motivaron desplazamientos desde el 'territorio tradicional'.

En los tiempos del 'corazón grande' los desplazamientos medidos por las agencias internacionales y los boletines oficiales apenas registran los motivados por la sarracina. Los otros, los causados por la tormenta neoliberal, que coloca los negocios por encima de los derechos de los pobres e indefensos, no se registran y, si se hace, es para enumerarlos como expresiones del atraso, sin incidencia, o como el merecido por quienes han depredado el medio ambiente; es la típica falacia ideológica muy propia de los tiempos del 'corazón grande'.