Bolpress

Se unificó aún más bloque que lucha por la recuperación real de la propiedad de los hidrocarburos bolivianos. Debido a su actitud intransigente, las mismas empresas han sido responsables de crear un ambiente por demás hostil en su contra. Un grupo de abogados demandó ante la justicia la nulidad de 76 contratos vigentes suscritos hace ocho años por el poder Ejecutivo con empresas extranjeras. La querella fue entregada en momentos en los que uno de los consorcios podría ser sometido a juicio por haber contrabandeado petróleo.

La semana pasada las empresas se declararon dueñas de las reservas energéticas y el gobierno, tradicional defensor de la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras, tuvo salir al frente para aclarar que, según la Constitución, las reservas de gas y crudo son propiedad del Estado.

Los contratos pactados en el primer gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) 'son nulos de pleno derecho porque no nacieron a la vida jurídica', sostuvieron los abogados Juan Carlos Lazcano y Santiago Berríos. 'Esos contratos no existen a la vida jurídica del país, son nulos de pleno derecho por cuanto adolecen de requisitos fundamentales y esenciales previstos en la Constitución', argumentó Lazcano. La presidencia del Congreso certificó por escrito que los contratos no cumplieron los preceptos constitucionales, apuntó.

La demanda civil fue presentada ante la Corte Superior de Justicia de La Paz. El Tribunal Constitucional se había pronunciado hace dos años por la legalidad de los contratos suscritos por el gobierno con las firmas Repsol-YPF, Chaco, Andina, Transredes y Petrobras. Según los abogados independientes, en caso de prosperar el contencioso, presentarán otra demanda de indemnización al Estado por la explotación ilegal del gas y petróleo.

En tanto, el MAS planea conformar una comisión congresal para enjuiciar a la empresa petrolera Chaco, filial de la transnacional British Petroleum, acusándola del contrabando de 26 mil barriles de petróleo reconstituido. Además pide, la reversión al Estado de esa capitalizada. El diputado Jorge Alvarado anunció el proceso judicial luego de que el ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, informó en la Cámara de Diputados que la empresa no tenía el permiso para realizar la exportación.

El presidente de la Aduana, Rodrigo Agreda, reiteró que la petrolera se acogió al arrepentimiento eficaz y pago más de un millón de dólares para evitar un proceso por contrabando de petróleo. 'Ante la inminencia de un proceso de fiscalización por parte de la Aduana Nacional a la empresa Chaco, sobre la exportación de petróleo reconstituido efectuada en febrero (..), la empresa solicitó (..) acogerse al arrepentimiento eficaz', según un comunicado divulgado por la Aduana.

Independientemente del reconocimiento de haber incurrido en acciones no legales en la exportación de crudo, la Aduana Nacional debería iniciar las acciones pertinentes después de concluir la investigación de oficio. Agreda informó que iniciaron un proceso de investigación y no descarta que en el mismo salgan a relucir nuevos elementos de juicio que comprometan más a Chaco.

El ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, declaró que 'yo no he dado la autorización (para la venta de petróleo reconstituido a Chile) porque Chaco hizo su solicitud extemporáneamente y la solicitud no era correcta'. El MAS anunció un proceso judicial contra el directivo de Chaco, el colombiano Octavio Pastrana, por evasión de impuestos y el contrabando de alrededor de 26 mil barriles de petróleo reconstituido (tipo de petróleo que pasa por refinería) a Chile, en febrero pasado. La Cámara Boliviana de Hidrocarburos no se pronunciará sobre el tema, ya que considera que es un asunto entre privados.

En principio, el Presidente Carlos Mesa se oponía a la fórmula parlamentaria de aplicar una regalía de 18% y un impuesto del 32% no deducible ni compensable, también resistida por las petroleras. Sin embargo, la actitud intransigente de las empresas podría obligarlo a modificar su opinión. Las empresas no están dispuestas a reconocer los mandatos emanados del referéndum. La petrolera Britsh Gas asegura que la nueva norma aprobada en la Cámara de Diputados violenta el tratado que Bolivia firmó con Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Senado, cuya comisión de Desarrollo Económico analiza la ley, tiene la posibilidad de incorporar ajustes a la versión aprobada este mes por sus colegas diputados, que obligaría a que la legislación sea considerada por el pleno del Congreso. Bolivia produce 54,9 trillones de pies cúbicos de gas natural y es la segunda potencia gasífera sudamericana después de Venezuela.

Desde el inicio del proceso de capitalización de YPFB, hace ocho años atrás, las empresas capitalizadoras (Chaco, Andina y Transredes) han generado 600 empleos, la mayoría ocupados por extranjeros. Según el ministro de Hidrocarburos, sería un error pensar que la industria petrolera es generadora de fuentes de empleo. A diferencia de otros sectores productivos, las empresas del sector no absorben mano de obra local.