J. Osvaldo Calle Quiñónez
Bolpress

Los contratos de las petroleras serán demandados de nulidad, por no contar con la ratificación congresal exigida por la Constitución. Las petroleras, que ya se sienten dueñas del gas, descuidaron ese requisito que muestra que operan sin haber cumplido con las leyes bolivianas.

Según el 5 párrafo del artículo 59 de la Constitución, una de las atribuciones del Poder Legislativo es 'autorizar y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado, así como los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales'.

Por esta razón, los contratos para la explotación de hidrocarburos, cuya propiedad constitucionalmente es de dominio inalienable e inprescriptible del Estado, deben estar refrendados por el Congreso , pero no lo están, un aspecto reconocido por su presidente Hormando Vaca Diez.

'Yo soy parlamentario desde hace muchos años. Esto (refrendación de contratos) no ha sucedido', dijo el parlamentario.

De manera implícita, el presidente de la Cámara de Diputados, Mariio Cossio, dijo que esa 'trasgresión' será parte del pasado cuando las petroleras acepten la nueva ley de Hidrocarburos.

Demanda de nulidad

La demanda de nulidad fue presentada en la víspera por el diputado Roberto Fernández, junto a un grupo de juristas y militares. Este grupo considera que los contratos son violatorios de Constitución y de las normas bolivianas.

La propuesta fue conocida en un contexto en el que el debate sobre la nueva Ley Petrolera centra la atención de la población en la que hasta los más moderados piden ampliar la participación estatal en el negocio petrolero, mientras los más radicales piden la nacionalización.

'Lo cierto es que el problema puede ser resuelto en el nivel jurídico, porque todos los contratos con las empresas multinacionales han nacido a la vida del derecho con una serie de vicios legales fácilmente demostrables', dice un artículo del abogado Santiago Berríos publicado en El Diario. El jurista forma parte del grupo que presentó la demanda.

'Siendo los contratos Nulos del Pleno Derecho, es factible que se trámite judicialmente esa nulidad (...). No debemos ignorar lo establecido por el Art. 8º inciso h) de la CPE que impone a toda persona el deber fundamental de resguardar y proteger los bienes e intereses de la colectividad, y con mayor grado a los gobernantes, así como a los representantes nacionales que se precian de ser los representantes del pueblo, so pena de incurrir en el delito de traición a la patria, si acaso no cumplen con ese deber', dice el abogado.

Arbitraje inviable

Las petroleras que presionan para evitar la aprobación de una nueva ley de Hidrocarburos que les obliga a elevar la participación del Estado en el negocio petrolero, anunciaron que llevarían a Bolivia a procesos de arbitraje, si finalmente se promulga la nueva ley petrolera en las condiciones aprobadas por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la falta de la ratificación congresal a los contratos petroleros hace que las transnacionales tengan los pies de barro, porque no se han cumplido todos los requisitos establecidos por las leyes para su vigencia plena.

Berríos asegura que 'los contratos anticonstitucionales no pueden tener vigencia, ni pueden ser sujetos de arbitraje alguno, toda vez que al estar sometidos a las leyes bolivianas, solamente una autoridad jurisdiccional boliviana es la que tiene competencia para procesar aquella'.

El decreto de Goni

Por ahora, como todo argumento las transnacionales afirman que tienen contratos firmados al amparo del decreto 24806 --firmado por Gonzalo Sánchez de Lozada dos días antes de la conclusión de su primer mandato-- el mismo que fue declarado constitucional por el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, la existencia de un modelo de contratos, no implica que estos tengan una aprobación congresal exigida por la Constitución cuyo artículo 31 señala que 'son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la Ley'.

La demanda presentada 'se constituye en un verdadero desafío para la justicia boliviana', dijo Fernández, mientras el abogado Juan Carlos Lazcano adelantó que también se pedirá que las empresas petroleras indemnicen al Estado por daños y perjuicios.