Insiste la Central Obrera Boliviana (COB) en la renuncia del presidente Carlos Mesa

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, reiteró su demanda de que renuncie el presidente Carlos Mesa, por lo que llamó incapacidad gubernamental para solucionar los grandes problemas del país.

Solares exigió además el cierre del parlamento, controlado por partidos tradicionales, y dijo que ni el ejecutivo ni el legislativo tienen posibilidades de solucionar los grandes conflictos sociales que, afirmó, vuelven a plantearse en Bolivia.

El gobierno no tiene políticas para afrontar los conflictos que ya han comenzado, sostuvo Solares, quien aludió así al bloqueo de un vital paso de la frontera con Argentina y a los anuncios de otras protestas.

Señaló que, tras la dimisión de Mesa y el cierre del Congreso, se debe convocar nuevas elecciones generales en un plazo de tres a seis meses.

El dirigente obrero confirmó que las bases de la COB y otras organizaciones se disponen a reiniciar manifestaciones a favor de una ley de hidrocarburos que recupere la propiedad estatal del gas y el petróleo.

Esas organizaciones defienden una legislación en esa materia aprobada el mes pasado por la Cámara de Diputados, en medio de presiones sociales, y que ahora analiza el Senado.

El presidente de la cámara alta, Hormando Vaca Diez, al instalar la crucial sesión senatorial, adelantó que las bancadas acordaron aprobar globalmente el texto de los diputados, para analizar desde mañana en detalle el mismo.

El Senado debe decidir sobre las propuestas de modificaciones presentadas por una comisión senatorial que analizó en las semanas precedentes la legislación de los diputados, que restablece la propiedad estatal sobre los hidrocarburos.

La norma fija además un nuevo régimen tributario para las transnacionales petroleras -que rechazan la ley-, de 50 por ciento sobre la producción bruta, promueve la empresa estatal del rubro y asigna poderes decisivos al Estado en el negocio.

Las organizaciones sociales rechazan cambios de fondo al texto de los diputados y algunas han advertido que tomarán medidas radicales para inclusive cerrar el Congreso si su posición no es respetada por los legisladores.

Según el punto de vista de esas agrupaciones, los parlamentarios deben acatar la decisión nacionalizadora de la rebelión social que en octubre de 2003 obligó a renunciar a la Presidencia al neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada y que se expresó además en un referendo sobre el tema en julio de 2004.

El ministro de Gobierno (Interior), Saúl Lara, declaró ayer que el gobierno presume que las protestas sociales por la ley de hidrocarburos apuntan a desestabilizarlo y provocar el retiro del presidente Mesa.

Entretanto, continúa cerrado por una protesta regionalista el paso fronterizo entre San José de Pocitos (Bolivia) y Salvador Mazza (Argentina), que impide el tránsito de camiones con diesel importado del vecino país para aliviar la escasez del combustible.

La falta de diesel reavivó el movimiento autonomista de la región oriental de Santa Cruz, de hegemonía empresarial, que exigió normalizar el suministro de diesel y atender demandas referidas a la autonomía, bajo la amenaza de realizar nuevas protestas.