Pablo Alfano
Brecha

En menos de tres semanas el actual gobierno comprobó que su antecesor le había legado deudas, juicios, contrataciones y derroches millonarios hasta ahora ocultos. Todo hace suponer que las auditorías que se llevarán a cabo en las distintas reparticiones estatales se convertirán en un verdadero manual sobre cómo dilapidar el dinero público.

Durante la campaña electoral, Tabaré Vázquez dijo que si llegaba a la Presidencia pondría en marcha auditorías en todas las reparticiones estatales para detectar malos manejos por parte de la administración anterior. Si bien insistió en que las auditorías se harían 'sin espíritu revanchista' también prometió no amparar la corrupción en caso de que fuese detectada.

En sintonía con esa promesa, la nueva directora de la Auditoría Interna de la Nación (AIN), la economista Laura Remersaro, anunció el lunes 14 que las auditorías no se transformarán en una 'caza de brujas'. Para realizar esta tarea se hará un llamado abierto entre contadores de la administración central. Además, se aprovechará un convenio firmado a principios de mes con la Universidad de la República, que proporcionará al gobierno estudiantes avanzados de Ciencias Económicas para apoyar estos controles.

Pero antes de que se inicien las auditorías el gobierno comenzó a orejear las cartas que le dejó su antecesor y, como era previsible, descubrió que el mazo está marcado. Varios ministerios y organismos públicos realizaron sus propias inspecciones y hallaron las primeras irregularidades.

El caso más paradigmático ocurrió en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), donde los controles internos comenzaron el 2 de marzo en cada una de las reparticiones de la cartera. El titular del MTOP, Víctor Rossi, logró detectar serias irregularidades en el contrato establecido entre el Estado y el Consorcio Ruta 1 para construir el puente sobre el río Santa Lucía y la doble vía de esa ruta entre Montevideo y Libertad. Tras comprobar que las obras estaban atrasadas casi seis años, entre otra larga lista de reiterados incumplimientos, Rossi resolvió, el viernes 11, iniciar el proceso para rescindir el contrato.

El Consorcio Ruta 1 ganó la licitación en 1998 y se convirtió en el primer concesionario que ejecutó una obra vial a cambio del cobro de los peajes. El acuerdo original establecía que los trabajos debían estar finalizados a fines de setiembre de 2000. Pero el 13 de setiembre de ese año, la Dirección de Vialidad del MTOP le concedió al consorcio una prórroga de dos años. A cambio, la empresa se comprometió a realizar tareas de conexión, un intercambiador de nivel en camino Tomkinson, entre otros trabajos.

Para setiembre de 2001 debía estar colocada la estructura metálica del puente sobre el Santa Lucía, pero ni siquiera había comenzado a fabricarse porque la empresa española Ursa Lastra no había recibido el adelanto estipulado. Los atrasos se fueron acumulando, pero el Consorcio Ruta 1 siguió cobrando el peaje y destinando una parte a las obras que, a esa altura, iban a paso de tortuga y cosechaban varias observaciones.

En setiembre de 2003 los servicios jurídicos del MTOP aconsejaron la rescisión del contrato por los reiterados incumplimientos, pero finalmente fue renegociado un nuevo plazo para culminar las obras.

Consorcio Ruta 1 está integrado por la argentina Empresa Victorio Américo Gualtieri SA (socio mayoritario), Compañía Bimper SA, y Construcciones Laín SA. Los bienes, la maquinaria, los ingresos y las cuentas bancarias del consorcio fueron embargados por la Dirección General Impositiva, por un valor cercano a los 4,5 millones de dólares. Victorio Américo Gualtieri está embargado en ambas márgenes del Plata por más de 20 millones de dólares por una gran evasión fiscal.

De albañil a empresario

La historia empresarial de Gualtieri en Argentina está llena de incumplimientos, juicios y dudas sobre el origen de su fortuna. En la década de 1990 Gualtieri trabajaba de albañil. De un día para el otro, se convirtió en el principal contratista de obras públicas en la provincia de Buenos Aires. Muchos vinculan su meteórica carrera empresarial a los favores prodigados por el ex presidente Eduardo Duhalde.

En 1999 la DGI argentina detectó que el empresario cometió 'serias irregularidades tributarias' y en 2003 fue detenido -y luego excarcelado- por contrabando de explosivos.

Aquí en Uruguay el Consorcio Ruta 1 sostuvo, en un comunicado de prensa, que la decisión del gobierno de Tabaré Vázquez de rescindir el contrato fue 'impactante y sorpresiva' y manifestó 'su profunda satisfacción y orgullo por tener hoy completado el 96 por ciento de una muy importante y compleja obra pública nacional'.

Luego de reclamarle al Estado que le permita culminar 'el ínfimo 4 por ciento de la obra total faltante, la que insumirá sólo cinco meses más de ejecución', solicitó entablar una negociación con el MTOP.

La reunión entre los concesionarios y el ministro Rossi se realizó el miércoles 16. Los empresarios ratificaron su intención de culminar los trabajos del puente sobre el Santa Lucía en cinco meses, pero el ministro espera una propuesta más amplia que también contemple las deudas que el consorcio mantiene con la DGI.

La empresa -que emplea a unas 600 personas directa o indirectamente- lleva recaudados en el peaje de Santiago Vázquez unos 28 millones de dólares y argumenta que ejecutó obras por algo más de 53 millones. Si bien tiene intención de continuar las negociaciones con el MTOP el consorcio no descarta, en caso de que el contrato sea rescindido, demandar al Estado por unos 31 millones de dólares.

El ministro Rossi dijo que está determinado a que los contratos se cumplan. Cualquier planteo que haga el concesionario para subsanar las irregularidades no puede corregir el atraso de casi seis años en las obras, agregó. Rossi adelantó que en caso de que la concesión caiga el MTOP está en condiciones de retomar los trabajos y finalizarlos en un breve plazo.

En otros ministerios también comenzaron a destaparse tarros que despiden mal olor. Ni bien asumieron, las nuevas autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se encontraron con una inesperada sorpresa: una empresa que suministraba carne al Instituto Nacional de Alimentación (INDA) le entabló al Estado un juicio por un millón de dólares por falta de pago, según dijo el titular del MTSS, Eduardo Bonomi.

El INDA reconoce que recibió carne de este proveedor y que no la pagó, pero al parecer la deuda se generó por la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas de no enviar las partidas de dinero correspondientes en tiempo y forma, explicaron fuentes del MTSS. Las autoridades son conscientes de que el juicio está prácticamente perdido y que la cifra original de un millón de dólares se elevará por los costos y costas que surgirán del proceso judicial. Bonomi indicó que la demanda comenzó en 1994 y que se llegó a esta situación por la práctica habitual de los anteriores gobiernos de establecer 'chicanas' para 'tirar para adelante los juicios y que pague el que viene'.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores también hubo ingratas sorpresas. Por ejemplo, una deuda por 11 millones de dólares que el Estado uruguayo mantiene con varios organismos internacionales a raíz de atrasos en diversos pagos. Según dijo el canciller Reinaldo Gargano (AM Libre, miércoles 9), 'podemos perder el voto en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización Panamericana de la Salud' si no se pagan rápidamente 500 mil dólares adeudados.

En el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) varios hallazgos pusieron los pelos de punta a los nuevos jerarcas. Las irregularidades más graves se descubrieron en OSE, algunas de las cuales BRECHA denunció en plena campaña electoral. Pero también hay otras. Pocos días antes de dejar su cargo el ministro Saúl Irureta autorizó la construcción de cuatro cooperativas de viviendas, sabiendo que el MEF no había enviado los fondos para las obras, dijo el subsecretario del MVOTMA Jaime Igorra. Se trata de complejos ubicados en la plaza Isabelino Gradín, cerca de la terminal de ómnibus de Galicia y Río Branco.

Igorra se mostró asimismo sorprendido por la gran cantidad de contratos de obra y de asesores con sueldos que 'superan ampliamente lo que perciben los secretarios de los centros comunales que tanto han criticado los partidos tradicionales'. Hasta ahora la cantidad de contrataciones es imposible de cuantificar, explicó, porque 'todos los días siguen apareciendo sorpresas'.

El jerarca dijo que una de las prioridades de la auditoría que se hará en el MVOTMA será investigar dónde fueron a parar los casi 100 millones de dólares del Fondo Nacional de Vivienda que deberían estar disponibles para construir soluciones habitacionales. Igorra cree que ese dinero 'nadie se lo llevó para la casa' pero tiene la firme convicción de que fue 'desviado' por las anteriores autoridades para ser utilizado, por ejemplo, en el pago de deudas y de jubilaciones. El esclarecimiento del destino de este dinero -que equivale a lo que se prevé gastar en un año en la ejecución del Plan de Emergencia- es un viejo reclamo de FUCVAM.

Otro hallazgo preocupante es la diferencia de dinero existente entre el presupuesto aprobado en el Parlamento para la ejecución de viviendas y lo que realmente se volcó a su construcción. Esa diferencia tiene su explicación en gastos superfluos que generalmente son destinados a consultorías y asesorías que muy a menudo son adjudicadas por clientelismo político.

Casas vacías, gente en la calle

La auditoría en el MVOTMA intentará por otra parte averiguar para quién construyó el Banco Hipotecario (BHU) cerca de 5 mil viviendas que hoy están vacías. En su discurso en las escalinatas del Palacio Legislativo el presidente Vázquez anunció que se hará un inventario de las casas del BHU y el MVOTMA que se encuentran desocupadas. 'Es sencillamente inadmisible que haya gente durmiendo en la calle cuando hay viviendas vacías', afirmó Vázquez. Pero el problema no termina ahí.

Igorra subrayó que esas 5 mil viviendas vacías le cuestan al Estado unos 3 millones de dólares por año debido a que se contrató un servicio 222 para que los policías las vigilen y eviten el ingreso de intrusos. 'Queremos saber por qué se mandaron construir tantas viviendas si no existía demanda. Eso sin contar el dineral que implica la gran cantidad de casas que hay sin terminar a lo largo y ancho del país', sostuvo. De todas formas, Igorra dijo que los apartamentos en cuestión serán ocupados por personas en condiciones de pobreza extrema una vez que, a través del Plan de Emergencia, puedan reinsertarse en el mercado laboral.

Además, adelantó que las autoridades comenzarán una recorrida por todos los locales del MVOTMA y del BHU 'porque no puede ser que se esté pagando alquiler por lugares que casi no se utilizan'.

Una situación similar se detectó en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Esa cartera dispone de 38 oficinas en todo el país, pero alquila 25 inmuebles a un costo mensual cercano a los 220 mil pesos. Como se comprobó que algunos de los locales arrendados están subutilizados, las autoridades decidieron prescindir de los alquileres y trasladar esas oficinas a propiedades vacías del ministerio.

Paralelamente, y en el marco de la revisión de contratos con personas y empresas, se detectaron decenas de contrataciones -algunas por montos muy elevados- consideradas injustificadas. 'El problema es que en la letra chica de un altísimo porcentaje de estos contratos aparecen una serie de cláusulas que hacen muy difícil anularlos', graficó una fuente ministerial.

En plena transición, el ministro José Mujica y el subsecretario Ernesto Agazzi descubrieron que 1.100 funcionarios cobraron durante los últimos 17 años sobresueldos con partidas de dinero que originalmente eran para organismos internacionales. Agazzi explicó que desde 1987 este millar de funcionarios contratados por el mecanismo de arrendamiento de obra y de servicios cobró en dólares un complemento salarial por el cual nunca volcó aportes al BPS (véase BRECHA, 14-I-05).

En el ex Ministerio de Deportes el caos administrativo no parece nada irrelevante. El ministro de Turismo, Héctor Lescano, solicitó el miércoles 16 al presidente Vázquez que cuando comiencen las auditorías se prioricen los controles en esa desaparecida secretaría de Estado.

El Ministerio de Deportes se creó durante el mandato de Batlle como parte de un compromiso con el Partido Nacional. Estuvo a su frente el actual diputado herrerista Jaime Trobo hasta que, en 2003, los blancos abandonaron la coalición de gobierno y Batlle nombró como ministro interino al titular de Turismo, Pedro Bordaberry.

Ya en la transición Lescano advirtió que en ese ministerio existían 'cajas negras'. Una vez que asumieron las nuevas autoridades comprobaron un gran caos administrativo y antiguas deudas con agencias de viajes, organismos públicos y varias empresas privadas. En declaraciones realizadas ayer, jueves, a Búsqueda, Lescano dijo que si bien no quería abrir juicios hay en esa dependencia 'una situación extremadamente complicada en materia escalafonaria y de partidas presupuestales'.

Otra repartición pública muy reñida con la austeridad era el Ministerio del Interior. Por orden del ministro José Díaz en el casco central de esa cartera la flota oficial fue reducida de 200 a 28 vehículos. Los 172 sobrantes volvieron a los garajes del ministerio y ahora se estudiará si se destinarán a cubrir faltantes en otros organismos públicos o a reforzar el patrullaje en las calles. La medida fue tomada al comprobarse que muchos jerarcas utilizaban los coches oficiales para su uso personal y que incluso se los llevaban los fines de semana para sus domicilios o casas de veraneo.

Por otra parte, el ministerio investigará el uso de los llamados 'fondos reservados' y pretende incluir en el próximo presupuesto una norma para eliminar estos gastos, del que no queda registro alguno. El gobierno de Batlle destinó 5 millones de pesos anuales a este rubro, que fueron utilizados por varias dependencias policiales, en especial Inteligencia. Eso sin contar que algunas reparticiones policiales reciben ayuda monetaria o equipamiento de parte de organismos extranjeros. Parte de esos fondos, que no tienen por qué ser declarados, se emplearon en operaciones encubiertas o para pagar a informantes, explicaron fuentes policiales. La idea es que estos gastos confidenciales sean pura y simplemente eliminados.