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La investigaciòn sobre las violaciones a los derechos humanos se abre la caja de pandora
Samuel Blixen
Eppur si muove: desde Brasil Manuel Cordero miente para salvar el pellejo;
desde las páginas de Últimas Noticias los nostálgicos agitan supuestos
descontentos castrenses para atajar lo inevitable; desde la obsecuencia judicial
algún fiscal más realista que el rey pretende decidir por el presidente.
Los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz y María Claudia García de Gelman
están en el orden del día de la investigación sobre las violaciones a los
derechos humanos: las inminentes inspecciones en los cuarteles de los batallones
13 y 14 de Infantería podrían desentrañar los misterios que ocultan esos
verdaderos cementerios clandestinos y facilitar la aplicación del artículo 4 de
la ley de caducidad.
Los cortesanos civiles de los dictadores -políticos, periodistas, abogados,
magistrados- están tan habituados a la genuflexión que ni siquiera advierten los
cambios de humores: la comandancia del Ejército y el generalato ven con buenos
ojos la decisión de Tabaré Vázquez de impulsar la investigación sobre los
desaparecidos. El teniente general Ángel Bertolotti coincidió, en conversaciones
previas con el entonces presidente electo, en la necesidad de resolver el
problema que cuestiona a la institución desde hace treinta años. Aunque según
Últimas Noticias algunos generales interpretaron como un "balde de agua fría"
los anuncios de Vázquez, y efectuaron llamados telefónicos a oficiales retirados
para "ponerse a las órdenes", tales trascendidos contrastan con las afirmaciones
explícitas de otros generales, como el jefe de la División IV, Manuel Saavedra,
quien no sólo descartó que exista tensión en el Ejército, sino que ratificó el
compromiso de realizar los máximos esfuerzos para cumplir con el artículo 4.
La nueva postura militar tiene un costado pragmático: tarde o temprano la verdad
surgirá a la superficie, y frente al costo político de mantener la
intransigencia los mandos han concluido que es preferible la oferta de Vázquez
de agotar todos los esfuerzos administrativos para averiguar el destino final de
los desaparecidos y eventualmente hallar los restos. Esa propuesta
implícitamente deja de lado una iniciativa presidencial para promover cualquier
tipo de castigo o sanción penal.
El punto de inflexión en este nuevo esquema de la solución del "problema" de los
derechos humanos radica en los casos de Michelini-Gutiérrez Ruiz y de la nuera
del poeta Juan Gelman, María Claudia García de Gelman. Vázquez afirmó en su
discurso del 1 de marzo -y reiteró en una entrevista al periodista Jorge Lanata
que se emite hoy, viernes, por Canal 12- que los tres asesinatos (en realidad
cinco, porque junto con los dos legisladores fueron ejecutados William Whitelaw
y Rosario Barredo) no están amparados por la ley de caducidad: el caso de los
dos legisladores, porque ocurrió en Buenos Aires; y el de María Claudia, porque
fue un acto "criminal", es decir, un asesinato con la finalidad de robar una
recién nacida. Ello implica que los dos casos pueden ser ventilados en la
justicia, que eventualmente puede condenar a los criminales, aunque éstos sean
oficiales y personal subalterno del Ejército.
En el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz existen dos investigaciones en trámite: en
el juzgado penal a cargo del juez Roberto Timbal, para determinar las
responsabilidades de las autoridades uruguayas de la época, en particular el
presidente Juan María Bordaberry y el canciller Juan Carlos Blanco, sobre
quienes recae la sospecha de que ordenaron los secuestros y asesinatos de Buenos
Aires; y una investigación en el juzgado federal argentino a cargo del juez
Rodolfo Canicoba Corral que puede culminar con el pedido de extradición de los
autores materiales e intelectuales. En su momento los oficiales José Gavazzo,
Manuel Cordero y Jorge Silveira y el policía Hugo Campos Hermida fueron
procesados en Argentina por su vinculación con los asesinatos.
La causa uruguaya cobrará en los próximos días un impulso sustancial cuando se
reciba desde Argentina la documentación oficial probando que los pasaportes de
Michelini, Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira Aldunate fueron retenidos por
expresa solicitud del gobierno uruguayo de la época. Esa documentación había
sido solicitada al Ministerio de Defensa y al de Relaciones Exteriores por
iniciativa de la fiscal Mirtha Guianze, pero hasta la culminación del gobierno
de Jorge Batlle los dos ministros, Yamandú Fau y Didier Opertti, no habían
cumplido con la solicitud y habían dejado trascender que tal documentación no
existía. Ahora se descuenta que los flamantes ministros, Azucena Berrutti y
Reinaldo Gargajo, ordenarán la búsqueda de esa documentación y, en todo caso,
averiguarán las razones de su desaparición.
Todo ello pone en difícil situación a algunos personajes conocidos: desde su
refugio precario en Brasil (se sostiene que pronto levantará vuelo hacia
Paraguay ante la eventualidad de que la justicia brasileña acceda al pedido de
extradición de la justicia argentina por su participación en el Plan Cóndor) el
coronel (r) Manuel Cordero ensaya pueriles excusas. En una carta enviada a El
País alega su inocencia de todos los crímenes que se le imputan y sugiere que
puede probar que se encontraba en Uruguay cuando supuestamente actuaba en Buenos
Aires; en todo caso, dice que siempre actuó, en Buenos Aires, en tareas de
inteligencia ordenadas por sus superiores. (Al respecto, hay un antecedente: el
finado Hugo Campos Hermida pretendió desmentir los testimonios de sus propias
víctimas presentando ante una comisión investigadora documentos evidentemente
fraguados sobre supuestos viajes a Estados Unidos cuando en Argentina ocurrieron
los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz.) En su ansiedad por blanquear su
imagen, Cordero metió la pata: según declaraciones aparecidas el sábado 5 en La
República, el abogado Julio Martín Favero dice que aceptó defender al prófugo
después de recibir explicaciones sobre su inocencia en los asesinatos de los dos
legisladores.
Favero agregó: "El coronel Cordero me dijo, además, que a pedido del doctor
Sanguinetti, entonces presidente de la República, estuvo reunido con las esposas
de Michelini y de Gutiérrez Ruiz, respectivamente, aclarándoles a las mismas
sobre su situación y dándoles la absoluta seguridad sobre su inocencia,
aceptando las mismas las explicaciones dadas".
Al parecer, el abogado fue burlado en su buena fe: como expresamente afirmó a
BRECHA el senador Rafael Michelini, "es absolutamente falso que Cordero se haya
entrevistado con mi madre para aclarar su situación en el asesinato de mi padre.
Nunca mi madre recibió a Cordero y creo que tampoco lo hizo Matilde Rodríguez,
viuda de Gutiérrez Ruiz". Si la primera parte de las afirmaciones del abogado
son falsas, entonces puede decirse que también son falsas las referencias que le
hizo Cordero sobre las sugerencias del entonces presidente Sanguinetti. Pero, de
todas formas, sería interesante que el hoy senador Sanguinetti explicara si
efectivamente se reunió con Manuel Cordero para sugerirle que defendiera su
inocencia ante las viudas de los dos legisladores asesinados.
Cordero también está implicado en el secuestro y asesinato de María Claudia,
según la denuncia formulada en su momento por el poeta argentino. Este caso
también debería ser investigado por la justicia si, como afirma el presidente
Vázquez, no está comprendido en la ley de caducidad. Pero hay una diferencia con
el de Michelini-Gutiérrez Ruiz: el expediente respectivo fue archivado en 2003
por orden del entonces presidente Batlle.
Resulta en extremo difícil argumentar que el asesinato de María Claudia y el
robo de su bebé fueron acciones militares ordenadas por los mandos y ejecutadas
como actos de servicio en la lucha contra la sedición. Por lo pronto Batlle (que
confesó ante el senador Michelini que sabía que el capitán de Coraceros Jorge
Medina había sido uno de los asesinos materiales de María Claudia) se abstuvo de
dar explicaciones. Al respecto hubo algo insólito: antes de que Batlle se
pronunciara sobre el expediente Gelman, el fiscal Enrique Moller (un magistrado
hiperactivo, diligente y bien mandado) se atribuyó las potestades del Poder
Ejecutivo ordenando el archivo del caso en aplicación de la ley de caducidad,
una prerrogativa que sólo tiene el presidente. Si quería sacarle las castañas
del fuego a Batlle, fracasó porque el juez que entendía en la causa, Gustavo
Mirabal, no le hizo caso y reclamó la definición del presidente. Batlle
finalmente firmó la resolución de archivar.
Sin embargo, ahora, ante la eventualidad de que otro presidente defina que el
caso no está comprendido en la ley, Moller se adelantó a los acontecimientos y
declaró que para él "es cosa juzgada" y que mantendrá el archivo del expediente.
Según El País, "si el fiscal, que es el titular de la pretensión punitiva del
Estado, se mantiene en la decisión de archivarlo, no será posible reabrirlo".
Las cosas no son exactamente así: quien decidiría es el juez en función de una
notificación del Poder Ejecutivo. Para ello es necesario que Vázquez decida,
primero, revocar las decisiones adoptadas por Batlle; de hecho, al afirmar que
los dos casos están fuera de la ley, Vázquez está afirmando que tanto
Sanguinetti como Batlle se "equivocaron" al incluirlos en ella. Pero por ahora
no habrá confrontación (y sobre todo Batlle no tendrá que explicar, todavía, por
qué amparó al criminal Medina si no fue un acto de servicio el asesinato de
María Claudia): Vázquez pretende llegar primero a la dilucidación de qué pasó
con los restos de la nuera de Gelman, impulsando las excavaciones en el Batallón
de Infantería 13 donde, según testimonios, fue enterrada la joven.
Los estudios de los técnicos de la Universidad confirmaron que en los predios
del cuartel hay varios lugares donde pudieron producirse primero los
enterramientos (entre 1975 y 1978) y después las remociones de los restos, la
llamada Operación Zanahoria, entre 1984 y 1985. Insólitamente la justicia, que
en su momento ordenó "no innovar" para que no se realizaran obras de saneamiento
allí donde se supone que estuvieron las tumbas, y para preservar el terreno para
los estudios antropológicos y forenses, ahora se toma su tiempo para levantar
esa decisión de "no innovar", cuando lo que se pretende es iniciar las
excavaciones. Tanto sigilo y tanto tacto sólo confirman las sospechas: el 13 de
Infantería guarda en sus entrañas una "caja de Pandora".