Luis Enrique González
Prensa Latina

La euforia por el triunfo de la izquierda es hoy una realidad en Uruguay, en especial por la toma de posesión dentro de unas horas de Tabaré Vázquez, pero sin esconder las profundas preocupaciones por el caos en el cual recibe el país.

El ascenso de la coalición Encuentro Progresista-Frente Amplio constituye un momento histórico al recibir el respaldo de más del 50 por ciento de los ciudadanos que acudieron a las urnas en los comicios del 31 de octubre último, quienes desde mañana se encargarán de pedir cuentas al nuevo presidente.

Pero en realidad apenas la mitad de esos votantes se autodeclara partidario de la izquierda. El resto castigó a las organizaciones tradicionales.

Según el dirigente tupamaro y actual líder del Senado, José Mujica, hasta el mandatario saliente, Jorge Batlle, dio una mano, por el mal gobierno ejercido por colorados y nacionales en los más de 170 años de hegemonía de derecha.

Vázquez asume la primera magistratura con la gran interrogante sobre si su gabinete podrá responder a las demandas de unos habitantes esperanzados en el cambio hacia una mejor nación, como prometió la campaña de la izquierda.

La crisis económica de 2002 fue letal para la derecha y de hecho costo la presidencia a los partidos tradicionales, mientras casi deja atadas las manos a la izquierda en ascenso, que debe encontrar las fórmulas de la salvación nacional.

Para tener una visión del efecto de la crisis se debe mirar el desmoronamiento del Partido Colorado, que en unos años paso del 40 por ciento del apoyo popular a un escaso 10 por ciento.

Las consecuencias del neoliberalismo se dejan ver en la recesión iniciada en Uruguay en 1999. Tres años después la fuga de capitales alcanzó el 46 por ciento de los depósitos en dólares, con un costo para las entidades financieras de unos dos mil millones de dólares, el 11 por ciento del producto interno bruto.

El desempleo creció al 20 por ciento y la población por debajo del índice de pobreza alcanzó casi un 1.600.000, aproximadamente la mitad de todos los habitantes de este país.

La herencia del gobierno de coalición es mucho mayor después de un período en el cual se deterioraron las principales variables macroeconómicas, con caídas de las importaciones en un 37 por ciento, de las ventas al exterior (19,8) y de la inversión (50), mientras la inflación superó el 37 por ciento.

Un gobierno que nada tuvo que ver recibe una deuda pública de 13.428 millones de dólares y los compromisos de pago de los próximos 30 años ascienden a 19.511 millones.

El gabinete de Vázquez está obligado a egresar durante el lustro de mandato por concepto de pago de amortización 6.552 millones, al margen de los intereses para el mismo período, de dos mil millones de dólares.

Ante estas y otras cifras, el gobierno de izquierda tiene muy poco margen de maniobra con el reto de satisfacer el programa de intentar acabar con la indigencia.

Tiene el dilema de procurar cumplir sus promesas proselitistas y enfrentar las presiones del pago de la deuda por las instituciones financieras y de la nueva oposición, que desde ya estará empeñada en regresar al poder.