Cristiano Morsolin

'El Ecuador ha entrado en un periodo oscuro de su historia democrática'. Así definieron los directivos de la Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos ALDHU a las muertes, atentados, amenazas que se han producido en los dos últimos años, coincidentalmente en el periodo de gobierno del coronel Lucio Gutiérrez.

Once organizaciones de derechos humanos del Ecuador se unieron el miércoles 9 de marzo y exigieron del Gobierno Nacional una respuesta frente a los atentados a dirigentes sociales, gremiales, políticos y periodistas, sucedidos entre el 2003-2005.

Patricio Pazmiño - Director del Centro de Derechos Económicos y Sociales CDES (www.cdes.org.ec), manifestó que la comunidad nacional e internacional están vigilantes de la ola de violencia que existe al momento, por lo que exigió, a nombre de los organismos de Derechos Humanos, al Presidente Gutiérrez que dé plenas garantías para el ejercicio de una oposición critica y democrática y una apertura para acoger propuestas alternativas sobre políticas gubernamentales que hoy se encuentran en entredicho.

Alexis Ponce - coordinador de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos APDH, añadió que para los organismos de derechos humanos es importante que de manera publica el Gobierno Nacional se abstenga de afirmar la tesis de que se trata de autoatentados, que deje establecida la forma en que frenaran estos e informe periódicamente sobre los resultados de estas acciones.

Según las estadísticas de las organizaciones, se han producido 44 'casos impunes de violencia política'. Han contabilizado tres asesinatos de lideres sociales (Angel Shingre, Maria Lalvai y Sebastián Robalino), 10 ataques armados y atentados (Leonidas Iza, presidente de la Confederación de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador CONAIE, Enrique Ayala - deputado socialista, Rosa Cabezas - gobernadora de Esmeraldas, Rodrigo García, diputado de Pachacutik, entre otros), 13 amenazas a periodistas (Kinto Lucas y Pablo Dávalos de la revista TINTAJI - www.tintaji.org.ec, Paco Velasco de Radio Luna, entre otros), seis amenazas de muerte, tres persecuciones, dos ataques con bombas, dos ataques a instituciones, dos ataques a autoridades universitarias, una golpiza y una lista negra.

Gustavo Larrea - representante de la Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos ALDHU identifico que todas las personas amendratadas o amenazadas 'son lideres sociales y políticos que ha expresado criticas al régimen o están en la oposición'. A su criterio 'son grupos organizados paraestatales, parapoliciales o paramilitares, perfectamente organizados, entrenados, armados y financiados que operan en Ecuador'.

Juan de Dios Parra - representante de la Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos ALDHU, hice un llamado 'al Gobierno Nacional a dar muestras fehacientes de su voluntad para reponer un clima de paz y de respecto de los Derechos Humanos, en el que las discrepancias legitimas, las protestas ciudadanas y las acciones de la autoridad, puedan desarrollarse en el marco institucional mínimo de respeto a la ley, a la vida, la libertad y la honra de las personas'.

Angel Shingre, la historia ejemplar de un mártir

En la lista de violaciones a defensores de derechos humanos se encuentra el asesinato de Angel Shingre, mártir por la defensa de la Amazonia. Su historia fue presentada por Esperanza Martinez de Acción Ecológica: 'Angel Shingre (Catacocha - Loja, 1957) tuvo una larga trayectoria como dirigente campesino. Se caracterizó por sus dones de líder y tenaz defensor de los derechos de los agricultores, actividades que las ejerció con más firmeza desde que se traslado a la provincia de Orellana, en 1977.

Shingre también se dedico a la defensa de los derechos ambientales en el Oriente Ecuatoriano, especialmente en la región de Orellana, victima de las operaciones petroleras Texaco. Fue promotor ecologista de la Red de Monitoreo Ambiental de la Amazonia, Miembro fundador del Comité de Afectados por las Actividades Extractivas de Recursos Naturales en la Amazonia y Coordinador de la Oficina de Derecho Ambiental en la provincia de Orellana.

En el año 1998, siendo promotor ecologista, fue detenido por varios días en la cárcel de Coca, acusado por Petroecuador de haber provocado un derrame de crudo en su propia finca. La empresa petrolera le puso un juicio por robo y sabotaje cuya sentencia después de dos años fue favorable al acusado por haberse comprobado su inocencia, pues se demostró que se encontraba a mas de Km. 150 durante el suceso.

Por este trabajo, orientado a defender el medio ambiente, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales, en general de toda la población, Angel Shingre recibió muchas amenazas, principalmente de personas relacionadas con empresas petroleras que le consideraban 'una piedra en el zapato', ya que este luchador no tenia miedo de enfrentarse en publico a los funcionarios petroleros por defender a los campesinos, que son los mas perjudicador con los impactos sociales y ambientales de esta actividad.

El pasado 4 de noviembre del 2003, Angel Shingre, de 45 años, fue secuestrado y acribillado a balazos en las cercanías de El Coca. El crimen tuvo lugar precisamente cuando se inicio el juicio por la reparación de los graves daños ambientales ocasionados por la TEXACO en la región selvática, y en el contexto de un crecimiento de la actividad en la frontera norte del país, por efecto de las presiones de EEUU hacia una mayor intervención del Ecuador en el 'Plan Colombia'. Hasta el momento no se detiene a los culpables de este execrables crimen'.

Denuncias internacionales

La presión internacional para que el Gobierno proteja a las victimas de atentados y amenazas se endurece. Los organismos de Estado, Procuraduría, Chancillería, Fiscalia y Ministerio de Gobierno empezaron a actuar sobre las medidas de cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH de la Organización de Estados Americanos OEA.

El viernes 11 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH expreso su preocupación por la inestabilidad y la fragilidad institucional del país. La fragilidad del estado de derecho en Ecuador se agravó con la remoción de cinco de los nueve vocales del Tribunal Constitucional, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, y los 31 jueces de la Corte Suprema de Justicia, señalo el Presidente de la CIDH Clare Roberts. En una rueda de prensa en Washington, el Presidente del CIDH, enfatizó 'la independencia e imparcialidad judicial son esenciales para proteger los derechos humanos y la vigencia del estado de derecho'.

A finales de marzo defensores de los derechos humanos de los quince países que integran la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo PIDDHH y dos premios Nóbel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel y Rigoberta Menchù, llegaran al Ecuador para observar las garantías de seguridad y libertad de expresión en el país, informó el activista de derechos humanos Alexis Ponce. Los delegados provendrán de México, Haití, El Salvador, Guatemala, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Honduras, entre otros. Durante tres días los delegados se reunirán con las victimas de amenazas y atentados y con autoridades del Gobierno, Fiscalia, Congreso, Policía, entre otros, para luego hacer un informe que será enviado al jefe de Estado, a la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas.

El relator especial para la independencia de magistrados y abogados de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Leandro Desouy, esta visitando el Ecuador desde el 13 hasta el 17 de marzo. El 1 de abril, en la sesión de la Comisión Derechos Humanos de la ONU en Ginebra Despauy presentará su informe sobre la situación judicial en Ecuador.


* Cristiano Morsolin, educador-periodista italiano, operador de redes internacionales. Co-fundador del Observatorio Independiente sobre la Región Andina SELVAS. Trabaja desde 2001 en Latinoamérica con experiencias en Ecuador, Perú, Brasil.