En un último y desesperado intento por desarticular la creciente lucha popular contra las transnacionales y el neoliberalismo, el arrinconado presidente de Bolivia, Carlos Mesa, urgió esta noche al Congreso a convocar a elecciones para el último domingo de agosto, dos años antes de lo previsto.
La intención declarada de Mesa es acabar con los bloqueos y protestas que tienen semiparalizada Bolivia desde principios de marzo, así como imponer una ley de hidrocarburos que no afecte los intereses de las compañías petroleras que controlan las reservas de gas y petróleo del país y que han sido valuadas en más de cien mil millones de dólares. Hasta ahora, ambos propósitos han sido frustrados por los sectores sociales que se unificaron en un "frente revolucionario", que aglutina a todas las fuerzas sociales y movimientos populares del país.
"El Congreso ha bloqueado la posibilidad de cumplir el acuerdo (para aprobar una ley de Hidrocarburos pro petroleras), el Ministerio Público me ha bloqueado toda posibilidad de actuar (y romper los bloqueos de campesinos y trabajadores) con la ley en la mano, el diputado Evo Morales me ha bloqueado el país, y usted me va a pedir que gobierne y yo no puedo", dijo en un mensaje televisivo el atribulado presidente, que ya no puede hacer frente a las protestas sociales.
La semana pasada, Mesa había amenazado con su renuncia para doblegar a los sectores sociales y lograr un masivo apoyo de las clases medias, además de reorganizar a los grupos neoliberales y empresariales en torno suyo. Sin embargo, lo único que logró fue el respaldo a medias del Parlamento nacional, dominado por las fracciones neoliberales que gobernaron con su antecesor, el derrocado ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y que actualmente carecen de apoyo popular. El respaldo de las clases medias hacia Mesa se redujo a manifestaciones de escasa magnitud de funcionarios públicos y vecinos de los barrios más acomodados de las grandes ciudades, mientras, por el contrario, crecía la protesta de campesinos, cocaleros, trabajadores y vecinos de los barrios más empobrecidos de las ciudades y el campo.
En este escenario, el presidente llamó al Congreso a recortar su mandato constitucional que tiene vigente hasta agosto del 2007 y convocar a elecciones en cinco meses. Este pedido, sin embargo, no fue del agrado de los parlamentarios, cuyo mandato también concluiría la última semana de agosto de este año. Algunos diputados neoliberales calificaron la propuesta de Mesa como "precipitada", mientras que otros vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales la cuestionaron como "un nuevo chantaje" para los trabajadores y el Congreso.
En su discurso, Mesa plantea que el Congreso apruebe una ley adelantando la elección del Presidente, Vicepresidente, Senadores, Diputados y constituyentes. La nueva legitimidad que emerja de este proceso eleccionario, que está sujeto a la decisión que vaya a tomar el Congreso Nacional, permitirá gobernar como "debemos gobernar" con un Congreso que responda a la voluntad popular, dijo.
El presidente aseguró que ya no es posible seguir gobernando el país con los actuales parlamentarios porque "simple y sencillamente eso se acabó, se consumió en la propia incapacidad, en la propia insuficiencia; primero el 17 de octubre de 2003, luego el 5 de diciembre de 2004 cuando usted votó en las elecciones municipales".
Mesa sostuvo que se le quiere obligar a actuar con las Fuerzas Armas y la Policía para que se enfrenten a los bolivianos. En los puntos de bloqueo, los dirigentes campesinos, cocaleros y trabajadores de la COB anunciaron que no cederán al nuevo chantaje de Mesa y que continuarán con las medidas de presión hasta lograr la nacionalización del gas y el petróleo y la expulsión de la transnacional francesa del agua.