Gustavo Espinoza m. (*)

El 26 de enero pasado el Juez Willy Ayala Calle, del segundo Juzgado Penal de Huamanga, capital del departamento de Ayacucho resolvió disponer la detención e impedimento de salida del país del general en retiro Clemente Noel Moral y nueve de sus colaboradores en los años en los que el uniformado desempeñó la más alta jerarquía política y militar en la región, en el marco de la llamada "lucha contra la subversión".
Se recuerda, en efecto, que el 29 de diciembre de 1982 el gobierno del entonces presidente Fernando Belaúnde Terry dispuso la incursión militar en el departamento de Ayacucho para cuyo efecto nombró al citado general al mando de la Segunda División de Infantería y le otorgó la jerarquía de Jefe del Comando Político-Militar de la Zona de Emergencia, función que desempeñó durante un año, hasta el 31 de diciembre de 1983.
En ese lapso, se acreditó la desaparición de 255 personas, además de otras modalidades de terrorismo de Estado: ejecuciones extrajudiciales, habilitación de centros clandestinos de reclusión, empleo de la tortura y privaciones ilegales de la libertad. Para fundamentar la acusación penal en el caso, el Juez encargado de la causa presentó 14 testimonios recogidos por la fiscalía de derechos humanos de la ciudad.
Con el general Clemente Noel, han sido involucrados en la misma acusación los nueve más importantes mandos castrenses en el periodo: el ex Ministro de Guerra de ese entonces, general Oscar Brush Noel y el general Arnaldo Briceño Zevallos, en el periodo Presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada; los coroneles Julio Carvajal Dángelo, Carlos Millones D'Estéfano y Carlos Saldaña Vásquez, jefes operativos y administrativos en la región; y los comandantes Carlos Torres Rodríguez, Edgar Paz Avendaño, Arturo Moreno y Humberto Orbegozo, quien desempeñó en ese tiempo el puesto de Jefe del Cuartel Los Cabitos, centro principal de operaciones de la institución armada.
Más recientemente, y ya en "la vida privada", el general Noel hizo alarde de sus acciones, en los años en los que imperaba la más absoluta impunidad. Publicó, en efecto, un libro titulado "Testimonio de un soldado", en cuyas páginas aseguró que había recuperado Ayacucho para el Estado Peruano. Aludía, por cierto al restablecimiento de las autoridades políticas y municipales, así como los puestos policiales, que funcionaron en un 90% el terminar la etapa.
La opinión que, en torno al tema dio posteriormente la Comisión de Verdad y Reconciliación, difiere sustantivamente de esa apreciación. Asegura, en efecto que Ayacucho se convirtió en el principal escenario de la violencia, tanto por el accionar de Sendero Luminoso como por los procedimientos ilegales de los aparatos represivos del Estado.
"El cuartel Los Cabitos -dice el informe de la CVR- se convirtió en el principal centro clandestino de reclusión, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada del departamento". En esa línea de trabajo y luego de inspeccionar las instalaciones y el subsuelo del establecimiento cuartelario de Ayacucho, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos estableció en diciembre del año pasado la existencia de fosas clandestinas y halló cadáveres con evidentes signos de violencia.
"Un general no se hace responsable por las acciones de sus soldados", dijo Noel Moral, cuando fue requerido por la prensa limeña. Con la ayuda de otros oficiales como él, incriminados por los mismos delitos, constituyó recientemente la llamada "Asociación de Defensores de la Democracia contra el terrorismo" e hizo circular un documento que presento, a su vez como "testimonio" de oficiales del ejército que participaron en la lucha en aquellos años.
"Los hombres que vestimos uniforme militar -dice- fuimos a la zona declarada en emergencia a defender nuestro pueblo, a defender la democracia que se encontraba amenazada, sin otro interés que el cariño a la patria que nos vio nacer y en cumplimiento del deber.. Hoy, después de varios lustros, confabulan marxistas, leninistas, maoistas, sederistas, pucallactas, activistas de derechos humanos y algunas ONGs para denunciar a los que lograron la paz que hoy gozamos".
En el centro de las acusaciones que enarbola el general Noel y quienes lo secundan está por cierto la Comisión de Verdad y reconciliación a la que acusa de pretender "desprestigiar y destruir a las fuerzas del orden". Para él, son "izquierdistas" y "pro senderistas" todos quienes denuncian hoy sus crímenes.
Aunque la justicia es lenta -lentísima en el Perú de hoy- hace mucho que las cosas se sepan, que se rompa la cortina de silencio que los principales medios de comunicación tendieran en torno al drama nacional de los ochenta y que dejó una estela de brutalidades inéditas en la vida nacional.
La gran campaña que hacen las fuerzas ligadas a la Mafia en el Perú de hoy, y que toma cuerpo pretextando acabar con el gobierno inepto y deplorable de Toledo; tiene en verdad una veta escondida: busca crear un clima de desorden generalizado que permita a los acusados por crímenes de esta naturaleza, eludir sus culpas y asegurar su impunidad. Y es que en esos predios, crece el miedo ante el inexorable correr de los acontecimientos. Recientemente, en efecto, la Primera Sala Penal de Huanuco confirmó mandato de detención contra otro uniformado, el general Oswaldo Hanke Velasco, Comandante General del Frente Huallaga y del coronel Jesús del Carpio Cornejo, Jefe de Estado Mayor operativo de la citada dependencia. Ellos, en complicidad con el entonces coronel Mario Salazar Cabrera y el actual general en actividad Miguel Rojas García, secuestraron e hicieron desaparecer ilegalmente a un ciudadano al que consideraban "terrorista". Ahora están ante la ley.
Por ahora hay que recordar simplemente que este Oswaldo Hanke aparece también vinculado a la detención y tortura de detenidos en las instalaciones de la Comandancia General del Ejército -El Pentagonito-, así como a la cremación de los restos de los allí asesinados. Eso lo confirma también el reciente, y exitoso, libro publicado en Lima por el periodista Ricardo Uceda, y que los aludidos no han rectificado.
No obstante, estos acusados no aceptan pasivamente la acción de la justicia. Se defienden haciendo gala de recursos ilimitados y de una falta de ética política francamente deplorable.
Recientemente, en efecto, un coronel retirado del ejército -Angel Arturo Castro Flores- publicó en una página completa en el diario limeño "La Razón" - caracterizado vocero de la Mafia fujimorista- un encendido artículo defendiendo a Clemente Noel, Wilfredo Mori y otros, asegurando que ellos no tienen que defenderse "por haber ganado una guerra justa".
Para sustentar sus "razones", el coronel Castro se toma la libertad de citar a quien resulta ser ciertamente un paradigma de asesinos de su calaña: el almirante Emilio Massera, ex Comandante en jefe de la Armada Argentina y ex integrante de la Junta de Gobierno de su país en los años del general Videla. Con orgullo recuerda por cierto el alegato que hizo ese marino ante el tribunal que lo juzgó en Buenos Aires en la década de los ochenta: "No he venido para defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa.
Y la guerra contra el terrorismo fue una guerra justa". Transcribe en la extensión que le permite el diario de los Wolfenson, prácticamente toda la "defensa" que hace Massera no sólo de su comportamiento, sino de la actividad delictiva de los otros uniformados que comparecieron con él y de sus subordinados, responsables de los mismos crímenes.
Se trata, por cierto, de una batalla que en el Perú está en su punto. Aquí, la inoperancia -o la complicidad- de los jueces ha permitido que se acumulen los expedientes por estas causas y que no se sigan las diligencias ordenadas por ley. De ese modo, diversos acusados han cumplido más de 36 meses de detención sin juicio, lo que les ha servido para lograr una mañosa libertad basada en el "exceso de carcelería".
Así están en la calle ya el coronel Fernando Rodríguez y el sub oficial Nelson Carvajal, pero en abril saldrán probablemente todos los integrantes del siniestro "Grupo Colina", autor de los crímenes más abominables consumados en los años de apogeo de la dictadura.
La crisis que hoy afronta la Procuraduría del Estado, y que se expresara recientemente en la destitución de quienes la jefacturaban, es ciertamente la antesala de algo muy peligroso: el triunfo del abuso y la impunidad, la victoria del crimen y la derrota de las poblaciones afectadas por la sangre y por la muerte (fin) (*) Miembro del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera