En el país que presentó en Ginebra el pasado año una resolución contra Cuba por violación de los derechos humanos

Adital

Niños y jóvenes de la calle continúan siendo asesinados por escuadrones de la muerte en Honduras. En los últimos seis años, han sido víctimas de esta violencia cerca de 520 niñas, niños y jóvenes. Se estima que 9 mil menores vivan en las calles del país centroamericano. Según informaciones de la prensa, la organización no gubernamental Compartir acusa al gobierno de ser indiferente a los crímenes. La conclusión es que un 23 por ciento de las muertes son de responsabilidad de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y de Comités de Seguridad Ciudadana. Se da la circunstancia que el gobierno hondureño fue quien presentó en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra del pasado año una resolución de condena contra Cuba.
El coordinador del Programa de Apoyo Legal para los niños de la calle, de la organización de derechos humanos Casa Alianza, Gustavo Zelaya, cree que estos grupos formados por el Ministerio de Seguridad hondureño son en realidad paramilitares. El informe anual de Casa Alianza señala que hay la falta de investigación en casi la totalidad de las ejecuciones.
La Ley de Control de Armas y la normativa sobre la prohibición de uso de fusiles de asalto no han sido suficientes para contener los crímenes. Casa Alianza estima que un 78 por ciento de los casos fue a causa de la utilización de armamento bélico, particularmente el fusil automático AK-47. Alianza informa que sólo en 2004 han sido asesinados 395 menores de 23 años, la mayor parte en los centros penitenciarios y de internamiento para menores de edad. Sólo en enero de este año 34 muertes, entre ellas de 10 niños y 24 menores de 23 años, se registraron a causa de la violencia en Honduras, según el informe de la organización humanitaria estadounidense Casa Alianza. Los crímenes ocurrieron en Tegucigalpa en 30% y San Pedro Sula, a 180 kilómetros al norte de la capital, en 20%.
De 2002 al 2004, 88 menores murieron en los centros de detenciones. El local campeón de ocurrencias fue la granja penal de El Porvenir, departamento de Atlántida, con un 40 por ciento de los casos. A éste le sigue con un 30 por ciento el penal de San Pedro Sula. Según la entidad, 97,72 por ciento de las ejecuciones corresponden al sexo masculino y el 2,27 por ciento son mujeres.
Para agravar aún más la situación, la atención a los casos por parte del gobierno no es suficiente. La Unidad Especial de Investigación del gobierno federal sólo atendió 400 de los miles de casos de muertes de infantes, ocurridos desde enero de 1998, y únicamente 88 denuncias fueron remitidas a la Fiscalía General de la República. Solamente tres han culminado con juicios en los que se ha condenado a los autores.
El presidente Ricardo Maduro ha reconocido que en muchos hechos han participado agentes de la policía, pero sólo dos de ellos han sido declarados culpables. El comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, reveló que en Honduras operan justicieros particulares y estatales que realizan una especie de "limpieza social" de presuntos maleantes. Para Custodio, la nación vive la más grave ola de violaciones a los derechos humanos desde la década del 1980.
Con sede en Nueva York, Casa Alianza es una organización sin fines de lucro, dedicada a rehabilitar y defender a los niños de la calle en México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Es la filial de Covenant House en América Latina.