En un comunicado de prensa de varias organizaciones sindicales, partidos políticos y de movimientos sociales, estas denuncian graves atropellos contra el derecho al asilo en Costa Rica. Aumenta la preocupación por nuevos secuestros o extradiciones a Colombia de refugiados colombianos residentes en Costa Rica.

Luego del gran acto de masas en el Cabildo cruceño del 28 de enero, convocatoria de tanta magnitud como no es posible recordar una similar en Santa Cruz en los últimos años, se cierra un capítulo duro y cargado de incomprensiones mutuas - principalmente el de la movilización cruceña en pos del reconocimiento político de su entidad autonómica- para abrirse una nueva etapa, reflexiva y de necesaria evaluación de lo ocurrido, desde la perspectiva de los nuevos e insurgentes actores.

La convocatoria y el resultado invitan a revisar la objetividad y los análisis hasta ahora empleados pues no es posible aceptar pacíficamente que las explicaciones sobre las motivaciones del movimiento autonómico -al menos las más difundidas- sean las únicas que interpreten convenientemente un fenómeno de la magnitud observada.

Ahora bien, según lo anticipábamos en anteriores escritos, el remezón estaba destinado a calar profundamente en el espíritu omnipresente de la bolivianidad, a ambos lados del conflicto que, en las jornadas apuradas de los últimos días, terminó por imponerse de manera irrefutable. Es una primera y buena noticia.

En verdad, incluso el presidente Mesa, acorralado por la presión insostenible de una tenaza desde Oriente y otra, más doméstica pero igualmente pertinaz, la de los agricultores cocaleros en los Yungas del Occidente, vino en proclamar que el Cabildo resultó una fiesta democrática en que triunfó el sentir boliviano al momento en que cientos de miles de voces entonaron el Himno Nacional, reafirmando la vocación bolivianista de los cruceños movilizados, en coincidencia con los sentimientos de unidad nacional a lo largo y ancho de todo el país.

Pero no todas son alegrías y ahora la nación grigotana debe restañar heridas, propias y aún ajenas, para aceptar, con todas sus consecuencias, el desafío en la construcción de la que quizá sea la primera de las autonomías bolivianas, fundadas -como todo hecho social de trascendencia histórica- en la fuerza de su masiva convocatoria ciudadana (sustento social), mas allá de las leyes y la 'legalidad constitucional' que, para algunos defensores a ultranza de la ley y no de su destinatario, ve en el Derecho no un instrumento, sino un fin en sí mismo.

Y será una paradoja que los dirigentes cívicos de otras latitudes del país que, en un momento previo, se alinearon frontalmente contra el civismo cruceño, ejerciten -porque el precedente de la designación autónoma de la primera autoridad política departamental vendrá a integrar el marco jurídico futuro a sancionarse en la Constituyente- el derecho público a nombrar su prefecto, gobernador o como quiera llamarse al personero principal del aparato estatal oficial, invocando -precisamente- el 'inconstitucional' nombramiento a ser autorizado, posiblemente, por un próximo decreto del presidente Mesa.

Añádase a lo anterior el que habiéndose obtenido el reconocimiento político de la autonomía -el más importante, desde luego, porque la voluntad de hacerlo desencadena las demás consecuencias- falta establecer el régimen jurídico-financiero de sustento efectivo de la autonomía, el que, en un segundo y vital momento posterior, permite la concreción del primero. Este punto, a no dudarlo, es o será el tema de fondo en la Constituyente, aunque pueden anticiparse sus aristas en el debate previo.

Finalmente, y en un tema que debiera ser tratado en esta etapa pre-constituyente a fin de evitar ingresar a la discusión de las autonomías con supuestos no consensuados oportunamente, resta respondernos a otra inquietante pregunta: ¿sólo se reconocerán autonomías departamentales o, si es el caso, también regionales?

Volvamos a las primeras notas destinadas a la evaluación. La primera gran tarea en Santa Cruz -y que deberán afrontar los que vengan a asumir esta función del Poder Público- es la de sentar bases para la homogeneización social interna, esto es, superar, por el consenso, la única vía posible en trances de extrema polarización, la contradicción surgida al interior de las mismas movilizaciones sociales de las semanas de la víspera.

No por minoritaria, la voz de los colonizadores del Norte, o de los desarraigados del monte y de la villa, es menos importante que el reconocimiento del apoyo masivo a la autonomía cruceña ratificado el viernes 28, que si no se traduce en satisfacción inmediata de las altas expectativas de la ciudadanía podría diluirse peligrosamente. Es más, la incidencia social de aquélla, especialmente rural, revela, acaso desde una óptica más próxima a los clásicos, la gran contradicción campo-ciudad, notablemente visible en los últimos días de la movilización autonómica que, como la primera tarea que hemos señalado, debe ser superada históricamente.

Hay grandes y atroces desigualdades sociales que subvierten el espíritu más pacífico y que deben, con cargo a igual magnitud de responsabilidad histórica que atañe en su solución al común de los pueblos y naciones bolivianas, imputarse formalmente a la incapacidad manifiesta de las clases privilegiadas de todo el país, todavía encaramada en la cúspide de su modelo económico-social y su amado sistema político que ha profundizado la exclusión y el desequilibrio. Esta es la verdadera oligarquía que debe ser derrotada.

En efecto, el problema de la tierra labrantía concentrada en pocas manos, la preservación del medio ambiente y la biodiversidad, el aprovechamiento racional y garantizado de la riqueza hidrocarburífera en beneficio principalmente de la colectividad y no de una agenda de negocios particular, por señalar los más urgentes, son cuestiones que están incardinadas en los tres andariveles de discusión, debate y confrontación social de los últimos años:

(i) lo social y económico,

(ii) lo cultural e identitario y, finalmente,

(iii) lo ecológico y propio de la biodiversidad

¿Será la complejísima tarea de homogeneización social interna de los próximos años, próxima a una verdadera revolución en la ingeniería social porque confluyen las tres anteriores cuestiones, encomendada a los hombres del movimiento autonómico?

Parécenos que una nota de prudencia exige dejar esta responsabilidad a las instancias políticas que, seguramente renovadas en el cuerpo social cruceño por fuerza de los acontecimientos últimos, son las más aptas para esta labor. Es más, encauzada la cuestión identitaria por el carril que corresponde, recién puede acometerse la tarea con los demás pueblos bolivianos -tarea también histórica- de resolver o enrutar el debate social y económico, así como el de la lucha por la preservación de las riquezas naturales e hidrocarburíferas por el canal apropiado en las instancias eminentemente políticas y no cívicas, pero en un momento histórico posterior, más oportuno para el reclamo y mejor armado ideológicamente según aconseja un mínimo racional de suma de fuerzas en la estrategia y la táctica.

Esta distinción de los momentos históricos, en un tiempo de gran aceleración política, no parece haber sido meditada convenientemente por nuestros analistas y políticos -sea del tono que fueren- empeñados en ignorar la entidad social propia que tiene la reivindicación nacional, regional e identitaria, tal como se constató en la movilización cívica cruceña.

En Bolivia, al parecer, no se diferencia, entonces, lo que es urgente de lo que es importante y, por esta vía y en franco despropósito, lo accesorio y secundario tiene igual trascendencia, perdiéndose de vista el orden natural de las tareas sociales y políticas. El resultado es que, finalmente, la riquísima textura de la protesta nacional y cultural, fue dejada de lado y, naturalmente, fue mejor aprovechada ¡y cómo! por otros sectores menos prejuiciosos y más activos y eficientes en la conducción de la protesta autonómica.

En el mundo profundamente interrelacionado de hoy se exige, además, una notable capacidad de integración con el resto de las comunidades sociales, incluso aquellas cuyo consenso no parece, a primera vista, necesario encontrar. Aunque no era de esperar que los conductores de la movilización hubieran diseñado una agenda de contactos y previsto, oportunamente, un mínimo irreductible de apoyo o simpatía por la causa que sustentaban, el hecho es que, en más de algún momento, la movilización quedó reducida y aislada en su centro geográfico, carente de cualquier fuerza política exterior de apoyo y, por el contrario, fue blanco de duras cuanto acervas críticas por su accionar aparentemente desestabilizador de la frágil institucionalidad democrática.

Que se sepa, sin embargo, no hay registrado, en las crónicas del universo mundo, ningún cambio social importante -y la refundación del Estado es el primero de ellos por sus graves connotaciones- que no tenga un carácter profundamente desestabilizador del sistema. Así es y la 'legalidad constitucional' configura, apenas, un intento normativo de morigerar los efectos traumáticos que todo cambio presupone.

Al cerrarse este primer capítulo en la azarosa lucha por el nacimiento del nuevo Estado boliviano y sus autonomías podemos constatar otro hecho. A diferencia de lo que ocurrían escasos seis meses atrás, hoy en día los bolivianos han formado convicción en la tarea urgente de cambiar la forma estatal. Es la segunda buena noticia en la búsqueda del consenso general que, sobre estos puntos, parece encontrar más de alguna coincidencia pacífica, a diferencia de las experiencias traumáticas de otros países en trance similar.

En España, por citar un ejemplo, las crueles heridas de la sangrienta Guerra Civil no podían ser cerradas a tiempo de la nueva Constitución de 1978, en medio de una ola de atentados terroristas y la amenaza secesionista de los grupos separatistas vascos o catalanes. La construcción de las autonomías españolas tomó más de un decenio y el tiempo, ese silencioso apaciguador de pasiones dejó atrás el horror del enfrentamiento fratricida como una experiencia histórica singular que hoy, a casi treinta años de su Constituyente, nos muestra un país distinto del que dejara el legado franquista y su visión maniquea expresada en su Estado centralizado.

Aquí, en Bolivia, en las horas y en los trances más difíciles de nuestra Historia, digámoslo con convicción: cantamos nuestro Himno Nacional y seguimos avanzando en fe y esperanza de construir una sociedad mejor.