James Petras
Traducido para Rebelión por J. A. Julián

Un conflicto diplomático y político de importancia surgió entre Colombia y Venezuela tras el descubrimiento de una operación encubierta del Gobierno colombiano en Venezuela, consistente en el secuestro de un líder izquierdista colombiano, Rodrigo Granda, en la que estuvieron implicados efectivos reclutados entre los servicios militares y de seguridad de Venezuela.

Tras una investigación realizada por el Ministerio venezolano del Interior y tras analizar el testimonio y los informes de periodistas y otros observadores políticos bien informados se llegó a la conclusión de que la planificación y la ejecución de esta violación flagrante de la soberanía venezolana es responsabilidad de los más altos niveles del Gobierno colombiano, incluido su presidente, Álvaro Uribe. Una vez establecida la participación directa del Gobierno de Colombia, el Gobierno venezolano solicitó una disculpa pública, a la vez que buscaba una solución diplomática, cargando la responsabilidad en los consejeros presidenciales colombianos. El régimen colombiano pasó inmediatamente a la ofensiva y puso en marcha una agresiva defensa de su implicación en la violación de la soberanía venezolana y, a mayor abundamiento, de su pretensión de legitimar actos futuros de agresión en base al concepto de "seguridad nacional". Como consecuencia, el presidente Hugo Chávez retiró a su embajador en Bogotá y suspendió todos los acuerdos comerciales y políticos de Estado a Estado hasta tanto se produzca una disculpa pública oficial. En respuesta, el Gobierno de EE UU dio su apoyo incondicional a la violación colombiana de la soberanía venezolana y exhortó al régimen de Uribe a agravar aún más el conflicto. Lo que comenzó como un conflicto diplomático relacionado con un incidente específico se ha convertido en una crisis grave y definitoria en las relaciones políticas de EE UU y América Latina, con consecuencias militares, económicas y políticas potencialmente explosivas para toda la región.

Un conflicto con mucho en juego

Al justificar el secuestro en Venezuela de Rodrigo Granda, líder izquierdista colombiano, el Gobierno de Uribe anunció una nueva doctrina de política exterior que reproduce la de la Administración Bush: el derecho de intervención unilateral en cualquier país del que el Gobierno colombiano sospeche o asegure que está proporcionando refugio a adversarios políticos del Gobierno (que el régimen tacha de "terroristas") que pudieran amenazar la seguridad del Estado. La doctrina Uribe de intervención unilateral reproduce el discurso de guerra preventiva lanzado a finales de 2001 por el presidente Bush. Resulta evidente que la acción y las declaraciones de Uribe muestran una influencia profunda de la dominación que Washington ejerce sobre las políticas del actual gobierno colombiano a través de su programa ampliado de ayuda militar, de 3.000 millones de dólares por año, y la consiguiente penetración de todo el aparato de la política de defensa.

La doctrina militar ofensiva de Uribe implica varias propuestas políticas importantes:

1. el derecho a violar la soberanía de cualquier país, incluso mediante el uso de la fuerza y la violencia, directamente o con ayuda de mercenarios locales;

2. el derecho a reclutar y corromper funcionarios militares y de seguridad para servir los intereses del Estado colombiano;

3. el derecho a asignar fondos destinados a contratar cazadores de recompensas o "terceros" a fin de que realicen acciones violentas e ilegales en otros países;

4. la confirmación de la supremacía de las leyes, los decretos y las políticas colombianas sobre y contra las leyes soberanas del país en el que se decide intervenir.

La doctrina Uribe es con toda evidencia una repetición flagrante de las declaraciones globales imperialistas de Washington, que tiene por objeto hacer de Colombia una potencia subimperialista regional subordinada a EE UU. Si bien la actual agresión concreta afecta a las relaciones de Colombia con Venezuela, la doctrina Uribe sienta las bases para la intervención militar unilateral en todo el hemisferio. La doctrina Uribe es una amenaza para la soberanía de cualquier país en el hemisferio: su intervención en Venezuela y la justificación de ésta proporciona un precedente para la agresiones futuras.

Precedentes recientes de intervención unilateral

La doctrina Uribe no es original: es una imitación de las declaraciones de la Administración Bush y del Gobierno israelí. Ambos Gobiernos han proporcionado un falso marco legal para su intervención extraterritorial en otros países. En los últimos cinco años, el Pentágono se ha venido jactando abiertamente de tener "fuerzas especiales" dedicadas a realizar operaciones de comando en el mundo entero, entre cuyas misiones figuran asesinatos de "terroristas sospechosos". El Estado judío es conocido por sus "pelotones de la muerte" extraterritoriales, las acciones de algunos de los cuales se han llegado a conocer públicamente.

La adopción y la práctica colombiana de la citada política extraterritorial, como parte de su estrategia de intervención unilateral, no es una coincidencia, toda vez que las fuerzas colombianas de seguridad han sido formadas y aconsejadas por las policías políticas secretas estadounidense e israelí. Más directamente, Washington, a través de su programa militar de ayuda de 3.000 millones de dólares, está en una posición de control y mando de todos los sectores del Estado colombiano, y es por lo tanto capaz de determinar la doctrina de seguridad del Gobierno. Es todavía más relevante el hecho de que Uribe cuenta personalmente con una larga práctica, a gran escala, de utilización de pelotones de la muerte antes de su llegada a la Presidencia y antes de la recepción de la ayuda masiva de EE UU. Al tomar prestada la doctrina Bush de su Estado-patrón, Uribe ha internacionalizado las prácticas de terror que ha llevado a cabo durante los últimos veinte años en Colombia.

Antes de la reciente oleada de secuestros transfronterizos de perfil alto (Trinidad en Ecuador, Granda en Venezuela), el Gobierno Uribe realizó intervenciones frecuentes de secuestro y asesinato líderes de populares y soldados de países vecinos, a la vez que proporcionó apoyo material y político a presuntos golpistas, especialmente en Venezuela. Docenas de refugiados colombianos que huían de los pelotones de la muerte fueron perseguidos hasta Venezuela y asesinados o secuestrados durante los últimos tres años por fuerzas colombianas paramilitares y de seguridad. Seis soldados venezolanos cayeron víctimas de las fuerzas colombianas de seguridad en un incidente "inexplicado". Más recientemente, en 2004, más de 130 efectivos paramilitares colombianos, y otros irregulares, se infiltraron en Venezuela para realizar actos de violencia terrorista de provocación, a fin de encaminar el golpe de estado de los opositores venezolanos y sus colaboradores estadounidenses. Poco después, las fuerzas colombianas de seguridad y la CIA intervinieron en Ecuador para secuestrar a un antiguo negociador de paz de las FARC, el más importante grupo guerrillero de Colombia.

Lo que es nuevo, y más nefasto, es que la política de facto del Gobierno Uribe de extraterritorialidad se ha convertido en una doctrina estratégica de jure de intervención militar unilateral. Colombia ni siquiera disimula en su práctica de una política selectiva encubierta de violación de la soberanía de otros países, sino que ha declarado públicamente la supremacía de sus leyes y de su derecho a aplicarlas en cualquier lugar del mundo en el que unilateralmente decida que está en juego su seguridad nacional. Las groseras violaciones por parte de Colombia de la soberanía venezolana y ecuatoriana son una política aprobada y dictada exclusivamente a los más altos niveles del Estado colombiano –prerrogativa exclusiva del presidente Uribe– aprobada claramente al más alto nivel del Gobierno de EE UU por su principal portavoz diplomático en Colombia, el embajador Woods ("Aprobamos la acción de Uribe al 100%"). El incidente Granda no es simplemente un incidente diplomático aislado que pueda resolverse a través de unas negociaciones bilaterales de la buena fe. El secuestro forma parte de una más amplia estrategia que implica preparativos –ideológicos, políticos y militares– para una confrontación político-militar de gran envergadura con Venezuela.

Las finalidades de la doctrina Uribe

La articulación y práctica de la doctrina Uribe tiene varias finalidades.

Una coincide con la política imperialista estadounidense y de las élites colombianas, de derrocar el Gobierno Chávez para eliminar la oposición a la dominación imperial de EE UU a nivel internacional y regional. Chávez se opone a las guerras de EE UU en Irak y Afganistán, así como a sus planes para invadir Irán y, en América Latina, Chávez se opone al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.

En segundo lugar, la doctrina Uribe intenta destruir los lazos comerciales cubano-venezolanos, a fin de desestabilizar el Gobierno revolucionario cubano.

En tercer lugar, la doctrina Uribe está dirigida a mantener a Venezuela como exportador exclusivo de petróleo a EE UU, en un momento en que el Gobierno Chávez ha firmado acuerdos comerciales para diversificar sus mercados petroleros a China y otros países.

En cuarto lugar –y sin duda es el aspecto más importante desde la perspectiva estricta de la supervivencia del Gobierno Uribe–, resulta fuertemente perturbador para el Gobierno colombiano el impacto social positivo que las políticas de bienestar Chávez tienen entre la mayoría de colombianos que viven en la pobreza, especialmente su reforma agraria recientemente anunciada y su defensa de las empresas públicas nacionales (especialmente la empresa petrolera estatal) dentro del marco de instituciones libres y democráticas. Las políticas de austeridad de Uribe, el desplazamiento por vía militar y paramilitar de 3 millones de campesinos, su promoción creciente de la concentración de la riqueza y de la reducción radical de los servicios sociales, y, peor aún, las violaciones sistemáticas y de gran envergadura y largo plazo de los derechos humanos y democráticos colocan a Uribe en las antípodas de la Venezuela del presidente Chávez, que proporciona una alternativa viable, accesible y visible de fácil comprensión para los miles colombianos que emigran a Venezuela. Con su intervención en Venezuela, su apoyo a EE UU y a sus golpistas locales, Uribe espera socavar el atractivo político de toda política revolucionaria, tanto si ésta toma la forma electoral, guerrillera o de movimientos sociales.

La finalidad más inmediata de la doctrina Uribe es derrotar los movimientos guerrilleros colombianos, formados por unos 20.000 combatientes, que controlan o influencian la mitad del territorio de Colombia. El propósito de las recientes intervenciones es ejercer presión sobre los Gobiernos vecinos para aliarse con los pelotones de muerte colombianos en una campaña regional destinada a resolver los problemas internos de las élites sociales colombianas; es decir, el propósito es la aniquilación de la oposición a la dominación regional por parte de EE UU. La rimbombante campaña internacional de propaganda "antiterrorismo" del Gobierno Uribe es la admisión del fracaso de su campaña interna de contrainsurgencia. Las acusaciones de Uribe de que el Estado venezolano "está protegiendo" o "está proporcionando santuario a los terroristas" son claramente falsas, y Uribe no proporciona ninguna prueba sistemática de ello. El objetivo real es someter a chantaje al Estado venezolano –o a sus sectores más débiles y maleables– para que abdiquen de su papel de mediadores neutrales de paz y se sometan a las órdenes del aparato securitario de Colombia y EE UU.

Terrorismo: Propaganda y práctica

Es un hecho reconocido mundialmente que el Gobierno Uribe es uno de los gobiernos que practican las peores formas de terrorismo de Estado en el mundo en el nuevo milenio. Decenas de miles de campesinos, activistas de los derechos sociales y humanos, sindicalistas y periodistas han sido asesinados directamente por las fuerzas de seguridad, sea directamente por los militares, sea por grupos paramilitares financiados por el Estado. Cada día del año, docenas de campesinos y críticos del régimen son asesinados. El terror de Estado es la característica definitoria del Gobierno Uribe y de la misión consultiva y militar de EE UU que lo asiste. Sin embargo, a la manera más clásicamente totalitaria, es el verdugo terrorista quien acusa a las víctimas de los crímenes cometidos contra éstas.

Uribe envió un cuerpo de 130 paramilitares para aterrorizar Venezuela, dio apoyo a un golpe violento fallido y luego proporcionó asilo y apoyo material a los miembros principales del golpe en su exilio, y de manera flagrante sobornó a soldados venezolanos para que traicionasen a su país para perpetrar un secuestro: este Uribe acusa ahora a Chávez de acoger a terroristas y pide una "conferencia internacional sobre el terrorismo". El propósito de Uribe al hacer esta demanda de una conferencia regional no es discutir el terrorismo de Estado, que es endémico y está fuertemente incrustado en su régimen (con el apoyo de EE UU), sino justificar la propia doctrina Uribe de intervención unilateral y movilizar a otros clientes regionales de EE UU en apoyo de su guerra interna y ejercer presión sobre el Gobierno Chávez para que se subordine a la doctrina securitaria de Colombia.

Chávez ha reconocido la amenaza mayor a la seguridad que plantea el secuestro antes citado y ha suspendido los proyectos económicos y militares de Estado a Estado, a la vez que ha retirado a su embajador en Bogotá. Ha propuesto a Uribe una reunión bilateral de jefes de Estado para resolver las diferencias por lo que se refiere al secuestro y a otros incidentes parecidos. Ni las importantes maniobras diplomáticas del Ministerio de Asuntos Exteriores venezolano ni la agresiva campaña de propaganda del Estado de seguridad colombiano permiten ignorar el hecho de que el Estado colombiano, en defensa de sus propios intereses y de los del Estado imperial de EE UU, están siguiendo una línea de confrontación militar directa con Venezuela.

Implicaciones de la doctrina Uribe

Las implicaciones políticas y militares de la doctrina Uribe suponen un desvío extremo de las normas reconocidas del Derecho internacional y se aproximan a las prácticas beligerantes de los sátrapas imperiales. Si todos los países aplicasen la doctrina Uribe estaríamos ante un mundo de guerras constantes, conquistas y luchas de liberación prolongadas en América Latina.

La doctrina Uribe exige un estado de beligerancia permanente que le permita intervenir militarmente más allá de sus fronteras nacionales en la persecución de su oposición revolucionaria. Esta política significa que todos y cada uno de los países latinoamericanos debería limitar su soberanía según las definiciones colombianas de la "seguridad nacional". Esto es claramente inaceptable para cualquier país independiente, como Venezuela, pero en cambio el régimen de Gutiérrez en Ecuador ha aceptado ser un "cliente de segundo nivel", un cliente del Gobierno Uribe que a su vez es un cliente de EE UU.

Igualmente grave, la doctrina Uribe rechaza las fronteras reconocidas, lo que significa que se otorga el derecho a violar fronteras nacionales sin consultar a los países cuyas fronteras viola. El no reconocimiento de fronteras y límites nacionales está a un paso, corto, de la anexión de regiones adyacentes, por razones de "seguridad" o económicas. En el reciente pasado (1992), Colombia estuvo a punto de provocar la guerra con Venezuela, al enviar sus buques de guerra a aguas venezolanas. El concepto que maneja Uribe de una guerra ideológica internacional sin fronteras es una reproducción exacta del proyecto imperial de Bush trasladado a la región andina. Claramente, Uribe aspira a desempeñar un papel subimperial en la región septentrional de América del Sur, bajo la tutela de EE UU.

La doctrina Uribe constituye un rechazo inequívoco de todos los principios de las Naciones Unidas y es una violación del derecho internacional, ya debilitado por el asentimiento de la mayoría de los principales países latinoamericanos a la invasión conducida por EE UU de Haití, el secuestro de su líder elegido (el presidente Bertrand Aristide) y la presencia de unidades militares coloniales latinoamericanas en la isla.

Por último, la doctrina Uribe permite hacer avanzar el funcionamiento militar conjunto entre EE UU y las fuerzas armadas de Colombia como escudo avanzado para la consolidación del poder imperial de EE UU en América Latina. El cínico apoyo –al 100%– de Washington a la intervención de Uribe pone en claro que se trata de una actividad conjunta, sancionada y aprobada por los funcionarios de las fuerzas militares y especiales de EE UU que actúan en el Ministerio colombiano de Defensa.

Venezuela-Colombia: ¿lucha nacional o lucha de clases?

La amenaza colombiana a la soberanía de Venezuela es considerada por la oposición de derecha de Venezuela como una intervención afortunada. Tras fracasar en todos sus esfuerzos, violentos e inconstitucionales, para derrocar al presidente Chávez, la oposición burguesa está dispuesta a aceptar la hegemonía reaccionaria colombiana a cambio de la eliminación de su enemigo de clase, el movimiento chavista. Esta actitud quedó meridianamente clara en los debates del Congreso venezolano tras el secuestro de Granda: los grupos parlamentarios de la oposición condenaron la defensa hecha por el Gobierno venezolano de la soberanía nacional y justificaron la intervención de Uribe en Venezuela. Un congresista chavista, Luis Tascón, calificó de traición la defensa que hizo la oposición de las acciones de Uribe. Esto podría tener un significado más profundo: que los intereses de clase de los burgueses venezolanos son más importantes que cualquier lealtad hacia su país.

La idea de crear un "frente patriótico nacional" contra la agresión colombiana, presentada por algunos congresistas chavistas, pronto quedó claramente de manifiesto que era pura ilusión. La burguesía venezolana elige sus posiciones políticas basándose en lealtades de clase y no en llamadas al patriotismo. Los únicos defensores consecuentes de la soberanía venezolana se encuentran en la gran masa pobres urbanos, en los trabajadores con conciencia de clase y en las clases medias bajas progresistas de Venezuela, y entre sus contrapartes en Colombia. La vida real demuestra que el conflicto no es entre "colombianos" y "venezolanos" sino entre los trabajadores y campesinos patrióticos de Venezuela y sus enemigos entre las elites colombianas y sus auxiliares entre el burguesía traidora venezolana (escuálidos). La burguesía venezolana será un "caballo de Troya" en caso de invasión proveniente de Colombia y de EE UU. Hoy apoyan el secuestro criminal de Granda realizado por Uribe; mañana se convertirán en los quintacolumnistas saboteadores de apoyo a una invasión.

Colombia: un cliente estratégico del imperio de EE UU

Washington ha proporcionado más ayuda militar a Colombia que a todo el resto de América Latina junta, y más que a ningún otro país del mundo, con la excepción de Israel. La estrategia de EE UU gira en torno a la derrota del movimiento masivo e influyente de guerrilla como paso previo hacia la consolidación de su poder en la región andina y la cuenca superior del Amazonas. Una vez asegurada esta región, se convertiría en un trampolín para la invasión y ocupación de Venezuela y de sus yacimientos petrolíferos, y daría un fuerte golpe al Gobierno revolucionario en Cuba. EE UU, a través de Uribe, ha triplicado durante los últimos años el tamaño de las fuerzas armadas colombianas, que en la actualidad cuentan con más de 267.000 efectivos. Ha aumentado en gran medida su potencia de fuego aérea (helicópteros y aviones de combate) y ha proporcionado el armamento tecnológico más avanzado para detectar y seguir los movimientos de guerrilla.

Sin embargo, esta estrategia, capaz de masacrar a miles de campesinos simpatizantes de la guerrilla y de desplazar a varios algunos millones, no han podido conseguir ninguna ventaja militar estratégica sobre la guerrilla. Mientras el régimen colombiano esté trabado por la resistencia guerrillera, sólo puede desempeñar un papel limitado en cualquier invasión militar de Venezuela. Si Uribe se embarca en una invasión de Venezuela patrocinada por EE UU, puede situarse en una postura arriesgada que abra una buena parte del territorio colombiano a una ofensiva de la guerrilla. Entrar en una guerra de dos frentes (Este y Oeste) es una propuesta arriesgada, como Hitler pudo comprobar en la Segunda Guerra Mundial y como Bush está aprendiendo hoy en Oriente Medio.

El secuestro de Granda es sólo un "ensayo general" de un más amplio proyecto de escalada de las provocaciones destinado a comprobar la lealtad, la disciplina y la eficacia del sistema venezolano de seguridad. Washington está verificando hasta dónde puede empujar a Venezuela en la rendición de su soberanía y su control de las fronteras.

La inmediata decisión del presidente Chávez de romper las relaciones económicas y militares, de llamar a su embajador y de exigir de que Uribe renuncie a su política de intervención unilateral (enmarcada en el lenguaje diplomático de petición de disculpas) fue un duro golpe a esta clase de intervención paso a paso, que conduciría a la invasión.

Los esfuerzos de Uribe y Washington de introducir una cuña entre la resistencia popular en Colombia y el Gobierno Chávez utilizando el "problema terrorista" como cachiporra política, ha tenido en parte resultados inesperados: ha despertado una potente corriente oculta de sentimiento nacionalista en Venezuela, a la vez que afecta seriamente a sectores importantes de la economía colombiana, incluidas las élites que apoyan generalmente a Uribe.

La propuesta de Washington y Uribe de una conferencia internacional en la que se discuta el problema del terrorismo se basa en su reconocimiento de que, hoy, la mayoría de los regímenes latinoamericanos están impacientes por servir a los intereses imperiales de EE UU. Durante el período previo de guerra económica y política continua contra el Gobierno elegido de Chávez por parte de la derecha autoritaria, el brasileño Celso Amorin organizó un grupo de países que llamó "Amigos de Venezuela" compuesto por líderes neoliberales iberoamericanos hostiles, entre otros el ex presidente Aznar y el presidente Bush (ambos apoyaron el fallido golpe militar), los presidentes Fox de México y Lagos de Chile (destacados librecambistas) y, por supuesto, Brasil, que otorgó a la oposición política derechista venezolana un estatuto idéntico al del Gobierno elegido. Con todo acierto, Chávez rechazó la mediación de tales "amigos". Hoy Lula ofrece sus servicios de nuevo "para mediar" entre un agresor internacional y un país soberano. Cuba aparte, ni uno solo de los regímenes clientelares latinoamericano ha condenado la agresión de Uribe; peor aún, ni uno solo ha mostrado claramente su oposición a la doctrina de extraterritorialidad implícita. El presidente Chávez es claramente consciente de las trampas de una "cumbre internacional" dominada por gobiernos neoliberales hostiles y favorables al imperio, que ya han aceptado y se han sometido a la doctrina antiterrorista Bush-Uribe.

Chávez actúa con todo acierto al contraponer el concepto de un foro bilateral en que el foco esté en la intervención y las pretensiones hegemónicas de Colombia, donde los problemas de la política brutal de Uribe de terrorismo de Estado puedan convertirse en parte del debate público sobre el "terrorismo". Por supuesto, Washington "aconsejará" a Uribe que no lo acepte. Chávez podría entonces ordenar a su ministro de Asuntos Exteriores que lleve el asunto la Asamblea General de la ONU como cuestión de urgente importancia para la paz, la seguridad y la soberanía nacional. Chávez ha dado respuesta ya a la agresión pública continua de EE UU firmando acuerdos de exportación de petróleo y de inversiones con China, Rusia, América Latina y Europa. La suspensión de importaciones de productos agrícolas colombianos podía desencadenar un esfuerzo más intenso para promover la producción agrícola local, dar empuje a una reforma agraria más expeditiva y mas inversión pública en la producción local de alimentos.

El secuestro de Granda y la corrupción de algunos funcionarios venezolanos pueden servir de llamada de atención para los líderes venezolanos sobre las amenazas reales para la soberanía nacional que emanan de la doctrina Uribe, apoyada por EE UU. La amenaza es real, sistémica e inmediata. El presidente Uribe tiene el apoyo de una potencia imperial, pero Chávez tiene el apoyo de la mayoría abrumadora de venezolanos y cuenta con el hecho de que estarían dispuestos a luchar para defender su tierra, su Gobierno y su derecho a vivir como pueblo soberano. La cuestión de la soberanía venezolana no es ahora simplemente una cuestión de maniobras diplomáticas, sino de organización de la gran masa de los venezolanos para convertirse en una fuerza de disuasión militar formidable ante toda agresión armada.