La Triple A de Argentina,
implicada en la estrategia Cóndor de los años 70 y 80

La Operación Colombo, preludio del plan de exterminio de la oposición chilena

La mano de Estados Unidos
y su Doctrina de Seguridad Nacional en los dos operativos

Stella Calloni Corresponsal
La Jornada

Los responsables del plan de exterminio que asoló el Cono Sur durante 20 años

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Augusto Pinochet (Chile), Alfredo
Stroessner (Paraguay), Jorge Rafael Videla (Argentina), Gregorio Alvarez
(Uruguay), Hugo Banzer (Bolivia) y Joao Baptista Figueredo (Brasil)

Buenos Aires, 9 de febrero. La decisión de jueces chilenos de procesar al ex dictador Augusto Pinochet por la llamada Operación Colombo, antecedente y parte de la Operación Cóndor, coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur de América en los años 70 y 80, podría abrir caminos para la justicia argentina, que descuidó -hasta ahora- investigar la participación de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y grupos de inteligencia locales en esta acción.
La Operación Colombo fue una acción típica de contrainsurgencia, en el contexto de la Doctrina de Seguridad Nacional estadunidense de la época.
Pinochet, ante la presión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para establecer el paradero de 119 chilenos detenidos y desaparecidos, que contaba con la ayuda de la Triple A argentina y sectores de inteligencia local, además de la dictadura de Brasil, ideó la Operación Colombo para poder inventar que los desaparecidos habían muerto en Argentina durante enfrentamientos de la izquierda o cuando se preparaba una guerrilla en el norte de este país para ingresar a Chile por la cordillera de los Andes.
La verdad es que habían sido asesinados por la dictadura pinochetista y luego desaparecidos; hace muy poco se encontraron los cuerpos de algunos de ellos en excavaciones ordenadas en distintos puntos de ese país por la justicia chilena.
Para llevar a cabo la Operación Colombo contaron con medios periodísticos como parte de la guerra sucia y la difusión manipulada de la información en Chile, Brasil, Argentina, además de algunas agencias internacionales que publicaban las "noticias" preparadas por la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina, policía política chilena).
Entre abril y julio 1975 aparecieron en distintos lugares de esta capital y también en la provincia de Buenos Aires cuatro cadáveres decapitados, las manos y los pies quemados o carbonizados, y entre las ropas llevaban documentos chilenos que en realidad eran falsos y que correspondían a algunos de los desaparecidos en Chile.
Se les había colocado banderas y leyendas de organizaciones chilenas, como si fueran ejecutados por venganzas políticas.
Los nombres de los documentos falsos correspondían a David Silberman Gurrovich, Jaime Robotham, Luis Guendelman y Juan Carlos Perleman Ide, todos ellos, como se comprobó posteriormente, detenidos y desaparecidos en Chile.
El poderoso diario derechista chileno El Mercurio informaba el 12 de Julio de 1975: "Miristas (del Movimiento de Izquierda Revolucionario) muertos en Argentina eran buscados en Chile".
A la vez, esto mismo se publicaba en otros medios y también algunos diarios de Tucumán trabajaban en esa operación, para informar que "se preparaba un ejército guerrillero" en esa provincia para luego pasar a Chile, noticias todas originadas en el comité de prensa de la Dina".
El 3 de julio de 1975, el diario La Tercera de Chile informaba que habían sido capturados en Salta, Argentina, grupos guerrilleros "con enlace en Chile y que tenían ramificaciones en Bolivia y Uruguay".
El 15 de julio de 1975 comenzó a circular una revista en Buenos Aires, llamada Lea, en donde apareció Isabel Perón, presidenta de Argentina entonces, diciendo que estaba "enferma de asco" al ver las "vendettas de la izquierda chilena".
La nota aparecía basada en una información procedente de México, titulada "La vendetta de la izquierda chilena", en la cuál se afirmaba que 60 "extremistas chilenos habían sido asesinados por sus compañeros en los últimos meses a lo largo de América Latina y Europa".
Entonces se publicó la lista que, junto con la de otros izquierdistas chilenos supuestamente muertos en enfrentamientos -los cadáveres de Buenos Aires y sus alrededores, y los del norte del país-, sumaban los nombres de los 119 desaparecidos cuyo destino requería la ONU a Pinochet.
Estas noticias servían para usarlas en el mundo y de esta manera desorientar a los investigadores de la ONU.
La revista Lea -se descubrió luego- fue impresa sólo una vez en una imprenta que perteneció a José López Rega, ex secretario y ministro del ex presidente Juan Domingo Perón (fallecido en 1974), y luego hombre fuerte del gobierno de Isabel Perón.
También se prestó a la campaña el diario O Día de Curitiba (Brasil), que estaba en bancarrota y fue reflotado para esta operación.
El caso lleva a la Triple A y a otros sectores militares y policiales de Argentina, que como declaró Enrique Arancibia Clavel, agente de la Dina detenido y condenado aquí por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, en septiembre de 1974, colaboró ampliamente con la Dina.
En Argentina falta aún saber a quién pertenecían esos cuerpos, seguramente víctimas de las Triple A, una de cuyas figuras clave citadas en testimonios de Arancibia Clavel, como colaborador constante, era el ex comisario Héctor García Rey.
Cuando García Rey, hombre clave de la Triple A -acusado por el abogado paraguayo Martín Almada de haberlo interrogado mientras estaba en manos de la dictadura paraguaya, dentro del esquema del Plan Cóndor-, fue nombrado jefe de la policía de Tucumán en 1973, surgió un dato importante.
En su currículo se adjudicaba algunas "acciones heroicas" de la resistencia peronistas y se decía que "entre 1962 y 1963 permaneció en México, donde desempeñó la función de asesor y conformó la Tropa de Asalto de la policía mexicana".
También se menciona su paso por Chile y España (entre los años 60 y 1962), y dice haber regresado al país en 1967 para trabajar en la actividad privada.
García Rey fue coordinador general del Ministerio de Bienestar Social dirigido por José López Rega, fundador de la Triple A, cargo al que renunció para asumir la jefatura de la policía de Tucumán, donde desató una represión feroz; finalmente debió alejarse ante denuncias por torturas, para trabajar luego directamente en la Triple A.
La copia del currículo fue entregado a La Jornada por el periodista e investigador Marco Taire, quien denunció anteriormente a este periódico que García Rey fue acusado en Tucumán de haber participado en la matanza de Tlatelolco, en 1968, como apareció en La Gazzeta de Tucumán cuando se pedía su renuncia a la jefatura de policía.
García Rey estuvo en cursos especiales en Estados Unidos junto con otra figura clave de la Operación Cóndor, como lo fue el director de la Policía Técnica de Paraguay, Antonio Campos Alum.