Lidia Baltra
PUNTO FINAL

La compra del semanario concertacionista Siete+7 por Copesa más la fusión de VTR con Metrópolis-Intercom, las dos únicas empresas de TV pagada en el país, están rebalsando el vaso de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en el país. 'Es la tendencia mundial', suelen decir personeros empresariales. Y hacen la vista gorda frente a que con esto se está limitando un derecho democrático: el derecho constitucional a recibir una información adecuada para formar ciudadanos.

Ya lo dijo el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano: 'Nunca tantos han sido tan incomunicados por tan pocos. Cada vez son más los que tienen el derecho de escuchar y de mirar, pero cada vez son menos los que tienen el privilegio de informar, opinar y crear'.

La concentración de los medios de comunicación fue uno de los temas del Foro Social Chileno. En el panel 'Globalización, comunicaciones y democracia', moderado por Víctor Hugo de la Fuente, lo debatimos con Bernard Cassen, director general de Le Monde Diplomatique (Francia); el comentarista de televisión Raúl Sohr; la directora de Radio Tierra, Pía Matta; Sergio Ferrada, de medios alternativos en La Legua, y la que escribe en representación de Wacc (Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana), ONG de comunicaciones con sede en Londres.

Entre las propuestas, surgió la de apoyar los medios alternativos, a diferencia de lo que hicimos a comienzos de la transición cuando dejamos morir aquellas valientes publicaciones que dieron la batalla por una expresión diversa bajo dictadura: Apsi, Análisis, Cauce, La Epoca y Fortín Mapocho.

Política de comunicaciones

La otra proposición fue cambiar la actual política de comunicaciones, que permite el orden de cosas vigente. Aunque los partidarios de 'la mejor política de comunicaciones es la que no existe' digan que no hay una, sí existe: es aquella donde el mercado decide qué medios pueden funcionar y, naturalmente, sobreviven los más fuertes (con la honrosa excepción de Punto Final). Es decir, subsisten aquellos que cuentan con mayor capital para usar tecnología de última generación, comprar insumos, contratar personal calificado, levantar una red de distribución exclusiva, etc. Y en un círculo vicioso, son los que logran la mayor parte de la torta publicitaria para financiarse. Hoy, en Chile, son los que fructifican y crecen. Varios ya pertenecen o incluyen a accionistas de transnacionales de las comunicaciones.

En la prensa escrita, tenemos el oligopolio del grupo Edwards, con El Mercurio, Las Ultimas Noticias y La Segunda y trece diarios en regiones; y el grupo Saieh, que con Copesa publica La Tercera, La Cuarta, Qué Pasa y ahora el ex semanario concertacionista Siete+7, que reaparecerá como diario.

En radio, dos transnacionales lideran el dial: Consorcio Radial de Chile, del grupo español Prisa y del colombiano Caracol; e Iberoamerican Radio Chile, del grupo Claxon, donde participan el venezolano Cisneros y otros. En televisión, de las cinco cadenas nacionales cuatro pertenecen a empresas privadas. En dos participa el Opus Dei y en tres hay capitales transnacionales como Televisa (Megavisión), Cisneros (Chilevisión, recientemente vendida al grupo nacional Piñera) y el magnate mexicano Angel González (Red TV). Sólo TVN ofrece una leve alternativa al pensamiento hegemónico, 'leve' puesto que su directorio es tan 'pluralista' como nuestro Parlamento.

Unas pocas transnacionales controlan los medios audiovisuales, electrónicos y tradicionales. El mensaje único se ve ahora billones de veces multiplicado, en cantidad y velocidad, por el avance creciente de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) manejadas por el capital y el mercado. Justo lo que requiere la globalización del modelo hegemónico para eternizarse.

Derechos de comunicación: Campaña Cris

Este tema preocupa a un grupo de ONGs especializadas en comunicaciones a raíz de la realización por Naciones Unidas de la Cumbre de la Sociedad de la Información. El debate comenzó en Ginebra, en diciembre del año pasado, y culmina en Túnez en marzo próximo. Para los convocantes -gobiernos y transnacionales de la comunicación reunidas bajo el alero de la Unión Internacional de Telecomunicaciones-, la 'sociedad de la información' se entiende como aquella de quienes tienen mayor o menor acceso a las TIC en calidad de consumidores, todo ello regido por el capital y el mercado.

En nombre de la sociedad civil, un grupo internacional de ONGs de comunicaciones abogan porque la 'sociedad de la información' se amplíe a una sociedad de la comunicación horizontal y dialogante. Y aunque fueron marginadas en Ginebra y debieron sesionar en forma paralela a la cumbre, se esforzaron por hacer oir su mensaje de que 'otra comunicación es posible'. La propuesta 'Construyendo sociedades de la información para las necesidades humanas' fue el resultado de su Foro Mundial sobre el Derecho a la Comunicación, coordinado por la campaña CRIS (sigla en inglés de Derechos de Comunicación en la Sociedad de la Información), promovida por la Wacc.

Uno de los principales objetivos del foro fue contribuir al nacimiento y comprensión de los 'Derechos de comunicación' y promoverlos para su reconocimiento y adopción como derecho humano. Para aclararlo, se emitió también una 'Declaración sobre los derechos de comunicación', presentada por el comunicólogo holandés Cees Hamelink.

Experiencia chilena

Bajo dictadura, un grupo de periodistas, comunicólogos y dirigentes sociales promovimos el 'Derecho a la comunicación' como lo llamábamos, así como una política de comunicaciones para la democracia que lo hiciera posible. Influida por el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (Nomic) que patrocinaba UNESCO en los 80, nuestra propuesta era notablemente más avanzada que la de la antigua democracia chilena previa al golpe de Estado.

Se basaba en el derecho a la libertad de opinión y expresión de la Carta de Derechos Humanos -el derecho de todas las personas a expresarse y a difundir públicamente, a buscar y recibir informaciones y opiniones-, pero perfeccionada con los aportes del Nomic. Sus principios básicos eran que la comunicación es un servicio a la ciudadanía, no una mercancía, y que todas las personas deben internalizar y llevar a la práctica el 'Derecho a la comunicación': derecho a emitir nuestros mensajes en los medios establecidos y a tener medios propios. En breve, pluralismo en el sistema de medios y dentro de cada medio.

Otra iniciativa importante era organizar a lectores, auditores y televidentes con una actitud crítica y activa ante los contenidos de los medios. Estas y muchas otras ideas para democratizar las comunicaciones se perdieron a nivel internacional por la oposición de Gran Bretaña y Estados Unidos, que las eliminaron de la UNESCO. Y en nuestro país, en los debates del anteproyecto de ley de prensa y en la política comunicacional adoptada por el gobierno de la Concertación. Con la llegada de nuestra pálida democracia la suerte de las comunicaciones quedó sellada: se había adoptado el sistema neoliberal legado por la dictadura y por lo tanto, el modelo comunicacional debía serle funcional.

Como Wacc, su promotora, tiene filiales en los cinco continentes, la campaña Cris se realiza actualmente en Italia, Bolivia, Colombia, Uruguay y Estados Unidos. En Ecuador partió en julio dentro del Foro Social de las Américas, donde las ONGs latinoamericanas de comunicación emitieron la declaración 'Otra comunicación es posible'.

En Chile estamos atrasados. Nuestras organizaciones sociales debieran movilizarse para conocer, hacer suyos, difundir y más tarde pedir, nuestros derechos de comunicación. Sólo cuando todos los chilenos lo exijamos, estaremos en condiciones de cambiar la actual política de comunicaciones basada en la ley del mercado por otra que garantice el pluralismo y la igualdad de oportunidades para la difusión de todas las ideas.