Latinoamérica
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Asesinato de religiosa en Brasil, con olor a latifundio
Nora Di Pacce
La religiosa norteamericana Dorothy Stang, de 73 años de edad, quien fue
asesinada a tiros, vivía hace más de 30 años en Brasil y era consciente de los
riesgos que corría por defender un proyecto sustentable para la Floresta
Amazónica y los derechos de los trabajadores rurales sin tierra.
'Cualquier persona que intenta ocupar una tierra pública explotada ilegalmente
por terratenientes o madereras recibe una amenaza de muerte. Esa es nuestra gran
preocupación, porque quienes las lanzan están fuertemente armados'. Esto decía
Dorothy Stang el pasado 3 de febrero, nueve días antes de ser asesinada, al
denunciar ante el ministro de Derechos Humanos, Nilmário Miranda, las amenazas
contra tres agricultores.
La historia se repite en Brasil una y otra vez. Latifundistas, madereras que
explotan ilegalmente los recursos forestales de la Amazonía, y bandas de
pistoleros contratados para amenazar, aterrorizar y asesinar a indios,
campesinos y a sus líderes.
También se repiten las reacciones altisonantes de las autoridades: 'Estamos
indignados', 'Investigaremos hasta las últimas consecuencias', 'Este crimen no
quedará impune' 'No queda lugar en Brasil para este tipo de actos'. Pero,
resulta reiterativo, vacío y, sobretodo, poco convincente reproducir una vez más
las declaraciones de altos funcionarios, ministros y hasta del propio presidente
de la Nación.
¿Qué más hace falta denunciar? ¿Cuántas pruebas más necesitan la justicia y el
Gobierno federal y estatal para poner fin a la explotación y usurpación ilegal
de tierras públicas, destinadas a la reforma agraria y, en el caso de la
Amazonía, a la preservación de la biodiversidad?
En 1999, la religiosa asesinada comenzó a organizar el Proyecto de Desarrollo
Sustentable (PDS) en el municipio de Anapú, en el norteño Estado de Pará, que
actualmente beneficia a 600 familias. Debido a ese trabajo, la misionera de la
Orden de Notre Dame, y varios de sus colaboradores más cercanos habían sido
amenazados en reiteradas ocasiones por terratenientes y madereros que explotan
ilegalmente árboles considerados exóticos y en extinción, como la caoba, cedro y
jatobá, que valen fortunas en el mercado negro.
En el último año se registraron diez denuncias ante la Justicia del Estado de
Pará, por amenazas lanzadas contra Stang. Según el coordinador de Greenpeace en
la Amazonía, Paulo Adário, 'el Gobierno de Pará no tomó ninguna medida para
garantizar la seguridad de la religiosa'.
La monja norteamericana pertenecía desde hace 20 años a la Pastoral de la
Tierra. En una carta abierta, la Pastoral lamenta que la monja sea la primera
muerte de un miembro de esa organización durante el Gobierno del presidente Luiz
Ignacio Lula da Silva. También se refiere a 'la saña de los terratenientes y
madereros de la región'.
La Comisión Pastoral de la Tierra, asegura que 30 campesinos y defensores de
trabajadores rurales han sido amenazados de muerte en el Estado amazónico de
Pará, uno de los lugares más violentos de Brasil. De las 53 muertes registradas
en los 27 Estados brasileños en el 2004 por conflictos rurales, 19 ocurrieron en
Pará, donde, además, se encuentra la mayor cantidad de haciendas con
trabajadores esclavos.
Aunque no es el único, Pará es uno de los Estados del país donde se registra la
mayor cantidad de conflictos a causa de la tierra y por cuestiones ambientales.
Aún está fresco el recuerdo del asesinato, en el Estado de Minas Gerais, de los
cinco inspectores del Grupo Móvil del Ministerio de Trabajo que hace poco más de
un año fiscalizaban haciendas en busca de trabajadores en estado de esclavitud.
También ellos eran blanco de amenazas y fueron asesinados a quemarropa por
pistoleros a sueldo, y, al igual que la hermana Dorothy Stang, el principal
sospechoso haber ordenado el asesinato es un hacendado.
La ministra brasileña del Medio Ambiente, Marina Silva, comparó la muerte de
Stang con la del sindicalista y líder campesino, Chico Mendes, asesinado a tiros
por el hijo de un terrateniente, en 1988.
En las últimas horas el ministro de Derechos Humanos, Nilmario Miranda, indicó
que ya se había identificado a los responsables directos del crimen, así como a
los autores intelectuales. La respuesta la dio la propia Dorothy Stang en 2002,
cuando dijo a la revista Outside: 'si llego a recibir una bala (...)sabemos
exactamente quién la disparó'.